No resulta relevante aquí discutir sobre si la utilización de estos conceptos es reconducible a la noción utilizada en el Derecho Administrativo de los “conceptos jurídicos indeterminados”, ni de la relación de éstos con la discrecionalidad administrativa y/o judicial. Lo importante es advertir que, en función del grado de racionalidad aportado por la autorregulación, ésta puede ser entendida cómo el único modo de integrar el contenido de tales conceptos, convirtiéndose pues, su cumplimiento, en cierto modo, en obligatorio, aunque sea de facto.