una parte del CP (la que alude a materias en las que las CC.AA. gozan de competencias: ordenación del territorio, patrimonio histórico, medio ambie...

una parte del CP (la que alude a materias en las que las CC.AA. gozan de competencias: ordenación del territorio, patrimonio histórico, medio ambiente, flora y fauna, consumidores, etc.) con el simple recurso de tipificar en sus leyes infracciones administrativas que presenten algunas especialidades respecto de los tipos penales. Si la concurrencia se da entre una norma penal y otra sancionadora estatal, los argumentos en favor de la prevalencia de la primera derivan del carácter de ultima ratio del Derecho penal y el propio sistema de fuentes establecido en la CE. El Derecho penal constituye la última de entre todas las medidas que es dable utilizar para proteger bienes jurídicos, de modo que sólo puede intervenir (esto es, el Estado sólo lo puede utilizar) cuando se considere que los demás medios de protección (responsabilidad civil, medidas de policía, sanciones administrativas, etc.) resultarán inadecuados o insuficientes. Por ello se considera que la pena constituye la ultima ratio y su misión es definida como protección subsidiaria de bienes jurídicos. Pero este principio no sólo tiene una dimensión negativa o limitadora (que exige utilizar el Derecho penal sólo en ese caso), sino también otra positiva y fundamentadora: si el legislador competente, dentro del margen de estimación de que goza para ello, considera que determinados bienes jurídicos o determinados ataques a los mismos han de ser protegidos por el Derecho penal porque los demás medios de reacción resultarían insuficientes, esa decisión es indisponible (salvo para el propio legislador orgánico) y debe ser mantenida, pues de lo contrario los referidos bienes se verían privados de la tutela reforzada que se les ha dispensado a través del Derecho penal. El Estado, vimos que decía el artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, «no debe establecer más penas que las estrictas y evidentemente necesarias». Pero de lo que en último término se ha considerado necesario no puede prescindirse; lo necesario no puede considerarse, sin incurrir en clara contradicción lógica y semántica, contingente, disponible u opcional. Y ello es lo que ocurriría si, ante un concurso de normas penales y administrativas, se admitiera la aplicación de la primera en el tiempo o de la que resulte especial. Más aún: si se aplicara el criterio cronológico, las consecuencias penales de los comportamientos podrían quedar a disposición de la propia Administración o, incluso, de los propios particulares cuando aquélla actuara previamente, pues éstos podrían evitar un posterior proceso penal no recurriendo la sanción y cumpliendo su contenido.