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El-papel-del-sector-publico-en-la-promocion-de-la-pesca-y-acuacultura-en-el-estado-de-Hidalgo-1990-2010

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 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO 
 
 FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
 
 EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO EN LA 
 PROMOCIÓN DE LA PESCA Y LA ACUACULTURA 
 EN EL ESTADO DE HIDALGO 1990-2010 
 
 
 TESIS 
 QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 
 LICENCIADA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
 (OPCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 
 
 PRESENTA 
 LAURA EDITH ROJAS GARCÍA 
 
 ASESOR DE TESIS 
 MTRO. JORGE ALBERTO DETTMER GONZÁLEZ 
 
 
 
 
 
 Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2017 
 
UNAM – Dirección General de Bibliotecas 
Tesis Digitales 
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mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
 
 
 
1 
 
 
TESIS DE LICENCIATURA 
 
EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO EN LA 
PROMOCIÓN DE LA PESCA Y LA ACUACULTURA 
EN EL ESTADO DE HIDALGO 1990-2010 
 
 
 
Investigación realizada gracias al Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM <<IN302513 
>> <<Promoción de Pesca y Acuicultura en el Estado de Hidalgo>>. 
 
 
Agradezco a la DGAPA-UNAM la beca recibida. 
 
 
 
 
 
 
LAURA EDITH ROJAS GARCÍA 
 
 
 
 
2 
 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
 
Gracias a Dios por caminar junto a mí y nunca dejarme sola, por mostrarme lo valioso 
de cada persona y por encontrarme con gente tan maravillosa. 
A mi familia, quienes me impulsan a seguir mi camino y me apoyan en cada paso y son 
mi único aliento de vida. 
A mamá Laura, papá Juan, Cynthia y Diego, porque el amor supera todas las barreras 
y siempre los voy a amar. 
A Ingrid, Cynthia, Berenice, Carmen y Lupita por ser y haber sido mis mejores amigas, 
por estar ahí para levantarme para vivir mil aventuras. 
Al sr. Aharon Choukroun Iluz, por haberme apoyado todos estos años, por ser el 
primero en extender sus brazos y mostrarme la generosidad de su alma. 
A mis seres queridos y quienes se convirtieron en la familia que elegí tener, por poder 
recurrir a ustedes para guiarme, por regalarme un abrazo y compartir risas e 
intercambiar experiencias. 
A mi maestro Jorge Dettmer por su paciencia y su valiosa asesoría en la elaboración de 
este trabajo. 
A mis profesores, por sus valiosos comentarios y aportaciones, para mi formación 
académica y personal. 
 
 
 
 
 
3 
 
EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO EN LA PROMOCIÓN DE LA PESCA 
Y LA ACUACULTURA EN EL ESTADO DE HIDALGO 1990-2010. 
 
 
 
 
Si el científico aporta con toda libertad ideas sobre lo deseable y el político, sobre esta 
base, decide lo que es posible, se puede evitar la confrontación de la limitada lógica 
política de la ciencia con la limitada lógica científica de la política. 
José González Pedrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
ÍNDICE DE CONTENIDO 
 
Introducción……………………………………………………………………………............6 
 
Capítulo I. 
Propuesta de un esquema de análisis de contenido de las políticas 
públicas………………………………………………………………………………………….8 
1.1 El Modelo de Coalición Promotora……………………..…………………………….…11 
1.2 Definición del problema, Acción del Estado y Establecimiento de la 
agenda………………………………………………………………………………….…..16 
1.3 Activismo de las políticas públicas……….…….……………………………………….20 
1.4 Objetivos, metas y estrategias en el subsistema de políticas………………………..24 
 
Capítulo II 
Las políticas pesqueras y acuícolas en México 1970-2010…...……………………...31 
2.1 Periodo 1970-1976………………………………………………………………………..31 
2.2 Periodo 1976-1982………………………………………………………………………..34 
2.3 Periodo 1982-1988………………………………………………………………………..36 
2.4 Periodo 1988-1994………………………………………………………………………..39 
2.5 Periodo 1994-2000………………………………………………………………………..42 
2.6 Periodo 2000-2006………………………………………………………………………..44 
2.7 Periodo 2006-2012………………………………………………………………………..46 
 
Capítulo III 
Política pesquera y acuícola en el Estado de Hidalgo 2005-2011…………………...54 
3.1 Características geográficas, económicas, sociales y políticas del Estado de Hidalgo 
……………………………………………………………………………………………....56 
3.2 Estadísticas pesqueras y acuícolas de la entidad…………………………………….61 
3.3 Infraestructura pesquera y acuícola de la entidad…………………………….………75 
 
 
 
5 
 
Capítulo IV 
El esquema de análisis de contenido de las políticas públicas pesqueras y 
acuícolas…………………………………………………………………………..………..…80 
4.1 Actuación del Estado y Agendas institucionales……………………..………………..80 
4.2 Las Agendas Político-Administrativas…………………………………………………..82 
4.2.1 Política Pública Federal 2001-2006…………..……………………………………..83 
4.2.2 Política Pública Federal 2007-2012……………………………….…………………85 
4.2.3 Política Pública Estatal 2005-2011………………………………...………………..87 
4.2.4 Agentes en la política pública: Mezcla Pública o Mixta (abierto - 
cerrado)………………………..………………………………………………………..90 
 
Capítulo V 
Reflexiones sobre la política pesquera y acuícola……………….…………….…….101 
5.1 Problemas generales de la actividad pesquera y acuícola………..………………..106 
5.2 Conclusiones…..…….……….………………………………………………………….109 
 
Glosario de abreviaturas…………………………………………………………………..113 
Glosario general…………………………………………………………………………….114 
Bibliografía……….………………………………………………………………………….117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los sectores de pesca y acuicultura son actividades importantes dado los beneficios 
económicos e impactos sociales que puedan llegar a alcanzar en las comunidades 
donde se llevan a cabo. Varios son los factores que contribuyen a lo anterior, y es justo 
una de las responsabilidades de la Administración Pública crear programas y por tanto 
políticas públicas adecuadas que fortalezcan aquellas actividades que fomenten el 
empleo, aumento de ingresos, mayor oferta alimentaria, arraigo de la población, etc. 
La vida de la Administración Pública en el sector primario ha decrecido. Es un hecho 
que se han realizado Políticas Públicas en pro del sector, pero es también verdad que, 
el diseño e implementación de éstas, no se realizan con base en las necesidades 
reales de cada región o comunidad. El contenido de las políticas públicas debe 
contener los elementos necesarios que contribuyan a valorar el panorama real y actual 
del sector pesquero y acuícola y a partir de esto, proponer soluciones, alternativas y 
llamar a la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanos y ejercer verdaderamente 
un acto de democracia. 
El siguiente trabajo consta de 5 capítulos. El primer capítulo concierne al desarrollo de 
la propuesta de esquema de análisis de contenido de las Políticas Públicas pesqueras 
y acuícolas del estado de Hidalgo. Se parte del Modelo del Coaliciones Promotoras, en 
la conformación de redes de grupos, capaces de modificar y/o replantear la dimensión 
de las Políticas Públicas a partir de la toma de decisiones. Sin embargo, una decisión 
pública no siempre va acompañada de una serie de estrategias, así que, la distancia 
que existe entre la inacción pública y las Políticas Públicas se diferenciaa partir del 
impacto que tenga el problema público a los valores, creencias y principios de las 
Coaliciones Promotoras. 
No obstante, cuando la decisión nos lleva a una Política Pública, esta tendrá un 
impacto ponderable dependiendo del nivel de activismo de dicha política, temática 
planteada por el autor José Luis Méndez, en el cual dicho nivel de activismo variara en 
función de la legitimidad, claridad y participación de los actores involucrados, la cual es 
la base del esquema planteado. 
7 
 
De este modo, en el segundo capítulo abordo el contexto histórico de las políticas 
pesqueras y acuícolas en México en el período 1970-2010, en el cual se enmarcan los 
puntos sobresalientes de los planes y programas a nivel federal, donde se expone el 
panorama legislativo de la pesca y acuicultura dentro de las administraciones federales. 
El estado de Hidalgo se contextualiza en el tercer capítulo. Se describen los 
indicadores socio-económicos, bajo los cuales se ilustra el dinamismo de los diferentes 
factores de producción, los cuales permiten que el estado ocupe uno de los primeros 
sitios de los estados sin litoral, en la producción de la pesca y acuicultura. Y a pesar de 
que el capital humano no ha presentado desproporcionadas variaciones en un lapso de 
40 años, podría deducirse que la población se ha ido adaptando a las condiciones, tan 
es así, que se han establecido todo tipo de organizaciones y sociedades cooperativas 
que refuerzan la actividad pesquera y acuícola, alimentando el arraigo, entre otras 
variables. 
En el capítulo cuarto se aplica el esquema de análisis de Contenido de las Políticas 
Públicas, mismo que considera los programas federales y estatal entre 2006 y 2012. El 
esquema de análisis parte de los criterios o indicadores seleccionados, mismos que 
son revisados en el contenido de las Políticas Públicas pesqueras y acuícolas, así 
como los objetivos, metas, estrategias, financiamiento, evaluación y agentes 
involucrados. Porque el propósito del esquema es analizar el contenido las Políticas 
Públicas acorde a los criterios planteados como básicos para el desarrollo de los 
programas. 
Finalmente se presentan las conclusiones y se sostiene que el análisis de contenido de 
las políticas públicas implica ser responsable en el ejercicio de la toma de decisiones y 
por tanto refleja la importancia en el uso de la información y comparte la idea de que el 
aprendizaje es capaz de modificar el comportamiento de las instituciones en el largo 
plazo. 
 
 
 
8 
 
Capítulo I 
Propuesta de un esquema de análisis de contenido de las políticas 
públicas 
 
Los marcos de análisis utilizados dentro de las ciencias sociales nos brindan una guía 
para explorar aquello que tratamos de analizar y que requiere “experimentos” en cuanto 
a ideas, conceptos y términos ligados a una teoría y por tanto a una posición, desde la 
cual se parte para colocar cada pieza del objeto de estudio dentro de un campo de 
análisis y, con esto llegar a la comprensión del tema en cuestión. 
El autor Wildavsky citado en Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de 
políticas públicas (Parsons Wayne, 2007: 67) con respecto al análisis comenta: 
“El análisis es imaginación. Ejercicios experimentales de pensamientos” 
Al analizar describimos hechos y del mismo modo exponemos nuestros juicios, puesto 
que toda descripción de un hecho está ligada a valores, creencias, principios e incluso 
tradiciones. Así que, el análisis de las políticas públicas encierra valoraciones 
subjetivas, ya sea por la propia naturaleza de la política o por el estudioso de esta. Y en 
la búsqueda de las aseveraciones menos soslayadas y mejor construidas, diversos 
teóricos apegados a sus conocimientos y desde luego valoraciones, diseñan esquemas 
de análisis por medio de los cuales los estudiantes se guían y tratan de ordenar ideas y 
añadir elementos de estudio. 
Con respecto al marco de análisis de políticas públicas, el autor Parsons hace 
distinción de dos enfoques preponderantes que rodean a la Ciencia de las Políticas 
Públicas: 
• Análisis de políticas públicas: usa conocimiento EN y PARA el proceso de 
políticas públicas, con el fin de apoyar los argumentos de la toma de decisiones, 
basadas en investigaciones y otras herramientas; 
• Análisis del proceso de políticas públicas: donde el conocimiento trata DEL 
proceso de formulación de las políticas públicas, abarcando desde la definición 
de un problema hasta la evaluación de la política que se ha elaborado. 
9 
 
El primer marco será relevante para este trabajo, puesto que encierra el uso de la 
información para la toma de decisiones, sin embargo, no podemos pasar por alto que el 
análisis de las políticas públicas tiene muchas aristas, enfoques y criterios, los cuales 
nos llevarían a mirar una misma política pública desde diferentes perspectivas y por 
ende nos arrojaría diversos resultados. 
Las políticas públicas son un medio de articulación de los alcances que competen al 
sector público, social y privado, es decir, una corresponsabilidad resultado de una 
negociación y participación activa de gobernados y gobernantes. 
Las Políticas Públicas son un encuentro entre la Administración Pública y la sociedad. 
Es necesario recordar que el desarrollo del análisis de las Políticas Públicas tiene dos 
momentos importantes con base en el teórico Harold D. Lasswell: el primero se sitúa en 
los años cincuenta, conocido como el movimiento de las “ciencia de las políticas” y 
segundo, ubicada entre los setenta y ochenta, la continuación de la configuración del 
análisis de la Políticas Publicas a partir de las críticas al Estado social. 
El primer momento es fundamental para la vida y funcionamiento del gobierno, puesto 
que el centra a las actividades teóricas como productoras de conocimiento fértil que 
alimenta la toma de decisiones. El segundo momento trata de reconstruir la naturaleza 
pública de los actos de gobierno. De acuerdo a Luis F. Aguilar, Harold D. Lasswell 
define el objetivo y objeto de estudio del análisis contemporáneo de las políticas: 
generar conocimiento del proceso de la política y conocimiento en el proceso de la 
política. 
Knowledge of y Knowledge in son producidos a partir del análisis de las Políticas 
Públicas. El segundo tipo de conocimiento es importante para el desarrollo de este 
trabajo, debido a la coincidencia en la concepción sobre la importancia de la 
incorporación de información y teorías en el proceso de la toma de decisiones con el 
único fin de “enriquecer, depurar y orienta la construcción, el examen y la selección de 
opciones (Aguilar Villanueva, Luis F., 1990: 249). 
Lo anterior indica que se debe superar la racionalidad limitada para concebir una 
Política Pública racional y transparente. Por lo tanto, se exige que la Política Pública 
sea abierta y plural, lo que nos lleva a incorporar a los agentes privados, ya sea por el 
medio individual o colectivo a participar en la Administración de la vida Pública, esto es, 
10 
 
que sea generado la corresponsabilidad y la incorporación de la opinión pública, 
responsabilidad económica y social en la toma de las decisiones. 
Otro enfoque que capta la atención de este trabajo, es el desarrollado por el autor 
Gordon, misma que adapta el teórico Parsons (Parsons Wayne, 2007: 89) con respecto 
a la variedad de análisis de las políticas públicas: 
» Análisis de determinación de las políticas públicas; 
» Análisis del contenido de las políticas públicas; y 
» Seguimiento y evaluación de las políticas públicas. 
 
De los análisis mencionados, el que refuerza el propósito del trabajo, es el orientado 
hacia el contenido de las políticas públicas, por lo que me persuade a consentir que el 
interés por los elementos que engloban las políticas públicas es realmente una 
constante imprescindible para los estudiosos de estas, entonces, el análisis del 
contenidode las políticas públicas implica la descripción de la misma y la forma en que 
está se desarrollo en relación con otras políticas previas o bien puede basarse en un 
marco teórico/valorativo que busca ofrecer una crítica de las políticas públicas. 
Para el contenido de las políticas públicas, el conocimiento es una fuente importante de 
poder, como lo podrían ser los recursos económicos y/o tecnológicos. La comprensión 
y análisis de los formuladores de políticas, funcionarios y desde luego estudiosos de las 
políticas públicas debe apoyarse en la información más completa y precisa, lo que 
implica ser responsable en el ejercicio de la toma de decisiones. 
Es por ello que me propuse desarrollar un esquema de análisis de contenido de las 
políticas públicas que contemple los elementos básicos en las políticas públicas 
pesqueras y acuícolas, tomando en consideración las características propias de este 
sub-sector primario, ya que este esquema propuesto puede resultar inapropiado para 
otros sectores o asuntos públicos. Será un esquema que considere el uso de la 
información de los diferentes ámbitos de gobierno y que dependiendo del manejo u 
omisión de datos se clasificara dentro de los criterios propuestos. 
 
11 
 
1.1 El Modelo de Coalición Promotora 
El modelo de análisis propuesto por Paul Sabatier y Jenkins-Smith ha inspirado parte 
de este esquema de análisis caracterizado por el uso de elementos indispensables en 
la conformación de las políticas públicas, que pueden ser utilizadas indistintamente 
debido a que, como resultado de la construcción de análisis, éste puede moldearse a 
las necesidades de los formuladores o aquellos interesados en conocer los elementos 
imprescindibles que debería contener toda política pública relativa a la pesca o 
acuicultura. 
Si bien, la construcción del esquema de análisis toma como base el esquema de 
Sabatier-Smith, he retomado ideas de diversos teóricos con el fin de plantear un 
esquema general sin perder de vista la relación entre las políticas públicas de los 
diferentes ámbitos de gobierno y las conceptualizaciones más usuales. Así mismo, 
añado algunas ideas y premisas del autor José Luis Méndez, quien establece que las 
políticas públicas también se caracterizan por su nivel de activismo, sin olvidar las 
aportaciones del teórico Luis F. Aguilar. 
El modelo de Coalición Promotora originada por Paul Sabatier y Jenkins-Smith nace de 
la creencia de la necesidad de una explicación detallada y minuciosa de la teoría del 
proceso de las políticas públicas. Ningún cabo suelto podría exponerse y mucho menos 
no comprobarse, de tal suerte que los ensayos prueba-error son altamente necesarios 
y por lo mismo debería reunir diversos enfoques, premisas y marcos que permitieran 
desarrollar la “mejor” teoría y pronosticará cualquier cambio en las políticas públicas. 
Parsons Wayne (Parsons Wayne, 2007: 224) resume las ideas claves del teórico 
Sabatier: 
• El procesos de políticas públicas puede entenderse en el contexto de las “redes” 
y “comunidades” de políticas públicas; 
• El análisis de políticas públicas nos “ilustra” a largo plazo, tan es así que el 
análisis de políticas públicas modifica gradualmente los argumentos en torno a 
los problemas de políticas públicas; 
• La importancia de las creencias, valores e ideas que constituyen dimensiones 
obvias en las políticas públicas; 
12 
 
• La influencia de los factores socioeconómicos en la formulación de las políticas 
públicas, así como el impacto de estos; y 
• Los sistemas de creencia de los grupos de élite se componen de una “jerarquía” 
o “estructura”. 
De acuerdo a Sabatier-Smith el proceso de políticas públicas debe conceptualizarse 
bajo el término de subsistemas de políticas públicas, entonces 
¿Qué es el subsistema de políticas? 
Es la composición de actores provenientes del triángulo de hierro (poder legislativo, 
grupos de presión y burocracia), analistas académicos, los think-tank, investigadores, 
periodistas y otros actores en los diferentes ámbitos de gobierno involucrados en algún 
problema de políticas, que no se limita a los tomadores de decisiones. Estos actores 
forman coaliciones dentro del subsistema promovidos por sus convicciones y recursos, 
quienes están en competencia por ejercer la mayor influencia posible sobre y durante el 
proceso de toma de decisiones de una política e incluso en la evaluación de esta. 
La importancia de este subsistema dentro del esquema desarrollado por Sabatier-Smith 
se determina por las relaciones inter-sociales que se estructuran dentro del subsistema, 
que forma parte del sistema social, en el que convergen múltiples subsistemas no 
necesariamente políticos, pero donde la formación de redes es una de las 
características más sobresalientes de este esquema. 
La conexión entre las coaliciones promotoras que conforman el subsistema de las 
políticas públicas gira en torno a aspectos centrales y secundarios. Los aspectos 
centrales forman una unión que, cuando se encuentra en disputa, la composición de los 
integrantes de la coalición promotora o coaliciones es estable en relación a las 
posiciones respectivas de cada “lado”, pues existe mayor acuerdo en los aspectos 
centrales de una política, mientras que en aspectos secundarios de la misma, tiende a 
existir menor arreglo. 
Lo que suscitaría el cambio de los aspectos centrales y secundarios, menciona el autor 
en referencia a los temas centrales, se debería a las perturbaciones en los factores “no 
cognitivos” externos al subsistema, tales como cambios macroeconómicos o nuevas 
coaliciones. En tanto que los aspectos secundarios se verían modificados por el 
aprendizaje orientado a las políticas públicas, que son resultado de la experiencia que 
13 
 
cambian preceptos dentro del sistema de creencias de los individuos o colectividades 
(Parsons Wayne, 2007:227) 
Las coaliciones más allá de sus convicciones y recursos 
 “buscan alterar el comportamiento de las instituciones gubernamentales con el fin de 
cumplir objetivos específicos en aspectos centrales de las políticas públicas”…Buscan 
propiciar el cambio mediante el uso de “instrumentos de orientación” directos e 
indirectos… (Parsons Wayne, 2007:227). 
Las coaliciones, menciona el teórico Sabatier, aprenden de la experiencia del cambio y 
se esfuerzan por reorientar sus ideas y estrategias canalizadoras de políticas públicas 
con el fin de comprender el mundo y sus propios objetivos de política -sin que debamos 
olvidar que es un mundo que ellos caracterizan, limitan y perciben como tal. 
Y siendo el subsistema político parte del gran sistema social (legal, económico, 
institucional, etc.) y teniendo en cuenta su interacción con otros subsistemas, la manera 
en la que se enmarcan las limitaciones y recursos del subsistema hace que se 
clasifiquen por dos tipos de parámetros de fuerza: estabilidad y cambio (eventos 
externos). Donde la interacción entre los “parámetros relativamente estables” y los 
eventos externos determinan los cambios en el subsistema de las políticas públicas. 
El autor Parsons divide la hipótesis de los autores Sabatier y Jenkins-Smith en dos 
áreas: 
1. Comportamiento de los actores en el subsistema 
 
• Con las convicciones centrales en disputa la alineación de aliados y 
oponentes es estable en periodos de 10 años. 
• Los actores dentro de la coalición promotora mostrarán consenso en 
cuanto al núcleo de políticas públicas, aunque no de igual forma en 
aspectos secundarios de una política. 
• Un actor o coalición renunciara a los aspectos secundarios de un 
sistema de convicciones antes de reconocer debilidades en el núcleo 
de las políticas. 
14 
 
• Mientras una coalición promotora conserve el poder los atributos 
centrales de los programas gubernamentales probablemente no 
cambiaran. 
• Mientras no existan cambios o perturbaciones externas significativas, 
como por ejemplo en lascondiciones socioeconómicas, las coaliciones 
que rigen sistemas más amplios o en resultados de políticas públicas 
en otros subsistemas, no se modificaran las bases originales del (os) 
programa (s) gubernamental (es). 
 
2. Aprendizaje orientado a las políticas públicas 
 
• Es más probable que el aprendizaje orientado a las políticas públicas 
atraviese el sistema de convicciones cuando hay un nivel intermedio 
de conflicto informado entre ambos. 
• Los problemas que disponen de datos y teorías cuantitativas son más 
conducentes a este tipo de aprendizaje que los datos y teorías 
cualitativas. 
• Los problemas que implican sistemas naturales son más conducentes 
a este tipo de aprendizaje que aquellos que implican sistemas sociales 
o políticas. La experimentación controlada es más factible. 
• Es más probable que el aprendizaje orientado a las políticas públicas 
atraviese los sistemas de convicciones cuando exista un foro lo 
suficientemente prestigiado para exigir la participación de 
profesionales y cuando este dominado por las normas profesionales. 
Un conveniente y útil esquema en voz de los críticos para los sistemas abiertos, con 
amplia participación, constante involucramiento de organizaciones y grupos de interés, 
sobre todo en temas relacionados con medio naturales y difícilmente razonable en 
temas que circunscriben círculos más cerrados de consulta hacia temas como la 
política de defensa nacional. 
No es un esquema aplicable o satisfactorio en estilos de políticas públicas poco 
pluralistas, estadistas o corporativista-democrático, donde la formulación de políticas es 
centralista en la distribución territorial del poder, arreglos políticos y administrativos. 
Parsons (Parsons Wayne, 2007: 231) señala que incluso puede reconocerse como un 
15 
 
esquema egocéntrico, pues las condiciones macroeconómicas como parte de las 
limitaciones y recursos del subsistema siendo considerados eventos externos que 
perturban las perspectivas centrales de la política son finalmente una actividad 
cognitiva, contrario a lo que señala el autor Sabatier. 
En cuanto a lo que se considera como un evento independiente o exterior a las 
coaliciones, John Child señala: 
Son las élites que existen dentro de las organizaciones las que contextualizan la 
imagen del entorno exterior para facilitar sus elecciones estratégicas (Parsons Wayne, 
2007: 231) 
El aprendizaje orientado hacia las políticas públicas parece ser –señalan- un proceso 
exclusivo de los actores del subsistema, como los grupos de interés, think-tank, 
servidores públicos, políticos y profesionales, mientras que la opinión pública siendo 
modesta, no tiene el tiempo, inclinación o interés alguno en participar en la toma de 
decisiones. Por esto mismo el autor Parsons (Parsons Wayne, 2007:231) realiza la 
siguiente pregunta ¿El éxito de las coaliciones promotoras se define a partir de su 
capacidad de aprendizaje? Y entonces ¿Qué realmente une a las coaliciones 
promotoras? 
A lo que podría contestar con la declaración del economista Keynes, quien 
argumentaba que son las ideas los verdaderos dirigentes que definen las políticas 
públicas en el largo plazo, en lugar de ser los intereses los promotores de la política y 
la unión de las coaliciones. De modo similar el teórico Sabatier enuncia que el 
aprendizaje orientado hacia las políticas públicas en el largo plazo tiene mayor 
capacidad de modificar las agendas y decisiones de gobierno que el propio ejercicio del 
poder. 
Por otro lado, en el Modelo de Coaliciones Promotoras, los llamados “intermediarios de 
políticas públicas” son quienes tratarán de lograr acuerdos conciliatorios entre las 
diferentes coaliciones. Se les denomina de este modo, debido a que buscan usar su 
influencia en las acciones de las instituciones gubernamentales por medio de sus 
“instrumentos de orientación”. Los denominados intermediarios serían servidores 
públicos, funcionarios electos, comisiones y tribunales, quienes se limitan a conciliar 
16 
 
(más adelante expondré una modificación en el uso del concepto “intermediarios de 
políticas públicas”) 
 
1.2 Definición del problema, Acción del Estado y Establecimiento de la 
Agenda 
Para el autor Sabatier, la agenda está dominada por el grupo de élite, por lo que el 
análisis del establecimiento de la agenda es intrínseco a las actuaciones e intereses de 
los grupos que conservan el poder. Sin embargo es necesario precisar y establecer el 
cómo se desarrolla y se priorizan ciertos problemas sociales sobre otros, así como es 
ineludible recordar que la agenda se divide en sistémica, institucional e incluso en 
político-administrativo1. Los teóricos de las dos primeras tipologías de agenda 
pertenecen a Roger Cobb y Charles Elder (Aguilar Villanueva, Luis F., 2000: 31), 
mientras que el último tipo de agenda mencionado tiene origen en Anderson (Aguilar 
Villanueva, Luis F., 2000: 30). 
Las definiciones de los problemas sociales parten de los juicios de hecho y de valor, 
correspondiendo al efecto y causa. El juicio de hecho nos lleva a un juicio de causa y 
de valor que intenta dar sentido, contexto e interpretación, mismo que utiliza el analista 
para entender el hecho en sí mismo, lo que convierte al analista en observador-
participante, al ser juez y parte. 
La definición de los problemas públicos involucra principios, creencias, opinión y por lo 
tanto, reflexión y valoración por parte de los analistas de todos aquellos factores que 
intervienen en el mismo. Se identifican a actores, procesos, orígenes, impactos, costos, 
territorio, para ser interpretado y así determinar las alternativas posibles de dicho 
problema público, ya que teniendo en cuenta el ámbito institucional al que pertenece 
dicho problema se consideran los recursos legales, monetarios y administrativos para 
atender y actuar institucionalmente. 
 
1 Los temas que entran en la agenda se clasifican por su importancia o impacto social, económico y 
político, además del interés que exista alrededor por parte de las coaliciones. Los autores Cobb y Elder 
(Aguilar Villanueva, Luis F., 2000: 31) dividen la agenda en sistémica o institucional. En el primer tipo de 
agenda también se le denomina constitucional o pública que hace referencia a derechos universales, 
unipersonales; temáticas más genéricas y abstractas. En tanto que la agenda institucional, formal o 
gubernamental refleja asuntos más explícitos y sobre los que el gobierno ha fijado ya su atención. 
17 
 
Los problemas públicos necesitan estudio e interpretación para definirse como tales 
utilizando una metodología propia, como la observación de datos, inferencia lógica y el 
establecimiento de las relaciones causales. Todo esto nos ayudará a apreciar los 
diversos factores y valorar los antecedentes, la situación actual y situaciones futuras: el 
costo de actuar o no hacerlo, aunque eso implicaría la disponibilidad del factor tiempo. 
Una herramienta que presiona a los involucrados y provoca –me atrevo a decir- que los 
analistas o tomadores de decisiones actúen aún con más apego a las convicciones e 
intereses que les rodean que a la verdadera lógica de lo realmente necesario, se 
relaciona con la factibilidad política: la suma de restricciones y oportunidades que 
envuelven a los tomadores de decisiones. 
Ahora bien, un aspecto considerable es el que se refiere a ¿Quién determina un 
problema público? En la postura del Modelo de Coaliciones Promotoras se señalaría 
que son los grupos de élite, como los constructores de la agenda en conjunto con los 
intermediarios de las políticas. 
Los actores como servidores públicos, representantes del poder legislativo y judicial 
forman el triángulo de hierro, los cuales comparten intereses, información, 
conocimientos, etc., y puesto que responden a motivaciones y convicciones en común, 
se crean redes de asuntos dondese encuentran o interceptan intereses particulares, lo 
que los lleva a compartir información, recursos y preceptos que los mantienen unidos, y 
que en aspectos secundarios de la política difieren en un alto grado como lo señalaría 
el Modelo de Coaliciones Promotoras. 
Es en esta parte del proceso de políticas públicas donde el papel de los intermediarios 
de políticas públicas adquiere mayor relevancia, puesto que la esfera de los 
intermediarios se ha ampliado a periodistas, organizaciones y asociaciones civiles, 
organizaciones privadas, etc., y como se mencionó anteriormente, estos mediadores 
llegan a influir en la definición de los problemas públicos, aumentan la legitimidad de 
una decisión pública o no y desde hace algún tiempo, también intervienen en las 
evaluaciones de políticas públicas. 
Un punto a considerar dentro del esquema que se desarrolla gira en torno a las 
acciones gubernamentales, es decir, cuando un gobierno decide no actuar, manifiesta 
alguna postura o implementa una política pública, aunque cualquiera que sea su 
18 
 
proceder, el gobierno siempre estará llevando a cabo una acción derivada de una 
decisión. La acción gubernamental implica la toma de decisiones, una postura y por 
tanto de una valoración. Veamos ahora que implica la Decisión en el ámbito de las 
Políticas Públicas, apoyándome en la visión del autor José Luis Méndez (Méndez José 
Luis, 2010:115). 
Se utiliza la palabra decisión en diferentes aspectos de la vida, pero en el ámbito 
político y de las políticas públicas, poco se llega a discutir sobre si es realmente una 
decisión parte de una Política Pública o la Política Pública es una variable 
independiente de esta. El autor Méndez (Méndez José Luis, 2010:120) explica que la 
diferencia entre ambas se divide en cuatro niveles sobre la actuación del Estado: 
1) Inacción pública: el Estado no reconoce un problema y por lo tanto no hay una 
consciencia de no actuar a través de instrumentos gubernamentales. 
 
2) Decisión pública: el Estado reconoce un problema, realiza un diagnóstico, 
establece objetivos pero decide no tomar acciones específicas para solucionar el 
problema. 
 
3) Política pública: el Estado ante un problema determinado ejecuta una 
estrategia o programa de acciones como resultado de diagnósticos dirigidos a la 
solución a través de incentivos –monetarios, legales, organizativos- y formas –
gestión pública directa- gestión semi-pública, subcontratación. 
 
4) Combinación de lo anteriormente señalado añadiendo factores diversos, 
como un mal diagnóstico o circunstancias cambiantes 
La decisión pública contiene elementos de la formulación de una política pública, pero 
son acciones independientes que no forman parte de un paquete de estrategias y no 
actúan en conjunto para producir impactos determinados. El autor Méndez menciona: 
una “decisión pública” sería una acción pública específica que no busca el 
desencadenamiento de un paquete de acciones de tipo estratégicos (Méndez José 
Luis, 2010: 122) 
Este aspecto es relevante para evaluar como analistas si lo que el Estado ha llamado 
como política pública es en verdad una política pública y no un conjunto de acciones 
19 
 
que logrando diversas consecuencias se vinculan y parecieren ser el efecto de una 
política pública. Por lo que tendríamos que analizar si se han establecido estrategias o 
acciones determinadas para atender el problema público. 
Antes de continuar, señalo que los siguientes elementos indispensables para la 
construcción del esquema de análisis de contenido: las cuatro diferencias entre la 
decisión y las políticas públicas: inacción pública, decisión pública, políticas públicas y 
la combinación de las anteriores. El actuar del gobierno se puede observar y analizar a 
través de los elementos antes mencionados, para poder diferenciar el nivel de 
valoración que ha obtenido un asunto público. 
Descrito lo anterior, considero que el Plan Nacional de Desarrollo sería homólogo a la 
Agenda Institucional para los fines de este trabajo, pues el objeto del Plan Nacional de 
Desarrollo es fijar ejes rectores que impulsarán el progreso del país. En el caso de las 
entidades federativas podrían ser los Planes Estatales de Desarrollo, que en la 
generalidad se alinean al Plan Nacional de Desarrollo. 
 Una de las cuestiones que más pesa en cualquiera de las agendas, son los intereses 
de los grupos mejor organizados o con más recursos y que detentan el poder, como 
serían los grupos de élites y de presión, quienes disponen de tiempo, recursos e 
inclinación hacia asuntos específicos. Estos grupos son las denominadas coaliciones 
promotoras en el poder, quienes logran a través de los intermediarios de políticas 
públicas arreglar las agendas para proteger o refrendar sus creencias y valores y no 
debe olvidarse que no solo es una coalición, sino una lucha entre coaliciones por influir 
en mayor medida en el proceso de toma de decisiones. 
Por otro lado, encontramos que la Agenda Político-Administrativa está integrada por las 
demandas que los formuladores de políticas o intermediarios de las políticas públicas 
han escogido o respecto de las cuales se sienten obligados a actuar (Aguilar 
Villanueva, Luis F., 2000:30). Esta tipología de agenda me parece más peculiar con 
respecto a la institucional, pues en esta agenda, después de ser valorado el problema y 
definido, se ha decidido actuar. Entonces los Programas Sectoriales de las entidades 
de la Administración Pública federal, estatal o municipal se ubicarían dentro de la 
Agenda Político-Administrativa. 
 
20 
 
1.3 Activismo de las políticas públicas 
Basándome en el texto de José Luis Méndez (Méndez José Luis, 2010: 115) sobre el 
análisis integral de las políticas públicas, incluyo y adecuo su contribución al análisis de 
las políticas públicas pesqueras y acuícolas, ya que valiéndonos de diferentes recursos 
cognitivos haré uso de los conceptos retomados y los adecuaré, recordando que es 
una realidad que construida a partir de creencias, ideas y tradiciones. 
El autor Méndez aclara que su interés radica en el grado de eficacia de una política 
pública y no en que tan pública es realmente la política debido a que el cumplimiento 
de los objetivos es más relevante, ya que la intervención de sectores privados (o 
sociales) puede lograr lo que una política pública llegaría a hacer sin éstas. 
El teórico Méndez utiliza los términos “activo” y “pasivo” en alusión al lenguaje 
empleado en los estudios de la política exterior mexicana por dos razones básicas: la 
primera tiene origen en el grado de actividad de los actores y la segunda; porque el 
criterio de “activismo” implica el grado de legitimidad de los diferentes elementos de las 
políticas públicas. El activismo de la política pública se divide entonces en: 
• Política pública activa 
 
Donde la legitimidad del problema es alta para la mayoría de los funcionarios 
públicos “normativos”, “operativos” así como para los grupos sociales 
involucrados. El diagnóstico y la solución son claros y legítimos y bien conocidos 
por los actores, dando paso al establecimiento de un plan formal. La estrategia 
también es clara y legítima e implica la coordinación entre el Estado y los 
actores involucrados en la política. Los recursos de organización, 
presupuestarios y legales son adecuados o suficientes para la ejecución del 
nivel de acción previsto, donde la jerarquía es centralizada, pues las entidades 
relacionadas con el problema están bajo el mando de las esferas 
gubernamentales. 
 
• Política pública semi-activa: 
 
La legitimidad del problema es mediana, el diagnóstico y sus supuestos no son 
claros e inclusive es confuso para los involucrados, así como la solución 
21 
 
propuesta no es clara, legítima y bien conocida. La estrategia al igual que la 
solución no es clara, ya que prevé una mínima coordinación hasta cierto nivel de 
actuación.Los recursos de organización, presupuestarios y legales se 
encuentran en un grado intermedio de acción previsto para la estrategia, por lo 
que la ejecución del grado intermedio de acción es apenas cercano a lo 
planeado. 
 
• Política pública pasiva 
 
La legitimidad del problema es baja, puesto que la definición del problema es 
confusa y poco legitima. El diagnóstico utilizado para definir el problema, 
soluciones y estrategias son imprecisas, por lo que no se plasmaría en un 
programa de acción o paquete de estrategias y estaría más enraizado con 
declaraciones públicas y con un nivel de involucramiento y coordinación por 
parte de los actores bajo. Los recursos económicos, organizacionales y jurídicos 
serían apenas suficientes para la ejecución del grado de acción pensado en el 
diagnóstico, lo que implicaría que las organizaciones encargadas son esferas 
bajas, con poca autoridad sobre las entidades relacionadas con el problema y 
con recursos presupuestarios con bajo grado de acción y además que no están 
basadas en leyes o decretos específicos que les den sustento legal amplio 
apenas les permitiría ejecutar muy austeramente alguna estrategia. 
 
Estas divisiones representan el nivel de activismo de las políticas públicas que se han 
construido, más no descifra el grado de participación pública, pero que nos acerca a los 
temas que de inmediato son abordados por los actores involucrados y que son 
diagnosticados y probablemente resueltos dependiendo de la participación de los 
ámbitos gubernamentales, así como del grado de recursos disponibles y en dado caso 
de los instrumentos jurídicos existentes y lo que estos permitan hacer. 
La diferenciación entre activa, semi-activa y pasiva radica principalmente en el grado 
de legitimidad y claridad, es decir, el nivel de aceptación, empero ¿Cómo medir la 
legitimidad? Evidentemente es un aspecto que no puede estandarizarse, sin embargo, 
si afirmamos que la legitimidad tiene una relación directa con la aceptación, esto a su 
vez, nos lleva a la validaciòn en todos sus aspectos o al menos lo más y entendemos 
22 
 
por tanto, que existe claridad en la información del mismo. En resumen, mientras mayor 
transparencia exista en el porqué, para qué y para quienes de las políticas públicas, la 
legitimidad podría aumentar. 
Este es otro elemento para construir el esquema de análisis de políticas públicas: el 
activismo de las políticas públicas: Activa, Semi-activa y Pasiva, con base en mayor a 
menores elementos básicos definidos y claros la política pública se ubicaría entre 
Activa o Pasiva, ¿Cuáles serían los criterios o indicadores básicos en las políticas 
públicas? 
Siendo este trabajo un experimento que se moldea a cada paso, los criterios o 
indicadores harán uso de los datos cuantitativos y cualitativos en torno a la pesca y 
acuacultura utilizados por los gobiernos federal y estatal, ya que es preciso tener 
noción sobre la información con la que se proyectan las políticas públicas, no podemos 
pasar por alto que aunque la información fuese abundante y explicita, los formuladores 
de políticas públicas o los estudiosos de estas, enfrentan el problema de seleccionar la 
información adecuada y pertinente sobre la que es superflua. Es por ello que le otorgo 
al conocimiento del tema a tratar un papel preponderante en el análisis desarrollado. La 
información siendo un elemento cuantitativo resulta ser en la mayoría de las veces una 
herramienta cualitativa y viceversa. 
Ahora bien, ¿Cómo ubicar a los intermediarios de políticas públicas en el tejido de 
redes de información? La respuesta más fácil sería decir que son aquellos entes y/o 
actores que actúan como conexión entre la coalición promotora dominante –el origen 
de la Política Pública- y la coalición promotora secundaria, en otras palabras, son la 
línea de comunicación entre los detentadores de decisiones políticas principales y las 
demás coaliciones. Los intermediarios de políticas públicas hoy en día juegan un papel 
estratégico en la implementación de las políticas públicas y controlan el flujo de 
información, por tanto, influyen en el flujo de opacidad o claridad en los problemas 
públicos. 
La información es poder mencionan algunos autores y si el ejercicio del poder es 
utilizar datos cuantitativos y cualitativos, podríamos decir entonces que el teórico 
Sabatier no se equivocaba sobre el peso del aprendizaje orientado hacia las políticas 
públicas y la capacidad de estas para modificar las agendas y decisiones 
23 
 
gubernamentales, porqué ¿Qué es el aprendizaje sin la adquisición de información y 
por tanto de conocimientos? 
Es debido a lo anterior, que he fijado mi atención en los elementos más indispensables 
de las políticas públicas, ¿Cuánta información fue utilizada por las coaliciones o 
intermediarios de políticas públicas para construir el diagnóstico o panorama del 
problema público a tratar y cuánta para solucionarlo? 
Las políticas públicas desprendidas de los planes y programas federales, estatales y 
municipales en torno a la actividad pesquera y acuícola deben plantearse retomando 
algunas de las siguientes condiciones propuestas por el autor Luis F. Aguilar (Aguilar 
Villanueva, Luis F, 2000: 20): 
❖ Planteamientos del problema por medio de obtención de información oficial y no 
oficial 
❖ Definición de objetivos 
❖ Definición de metas 
❖ Diseño de opciones y recursos e insumos 
❖ Fijación de responsabilidades 
❖ Bosquejo del programa con calendarización 
❖ Desarrollo de normas, procedimientos, lineamientos 
❖ Seguimiento a la implementación 
❖ Criterios e indicadores de evaluación 
❖ Examen de impactos 
❖ Consecuencia de beneficios 
 
Con base en las condiciones fijadas por el autor Luis F. Aguilar, construyo los 
siguientes criterios que serán básicos en el desarrollo del diagnóstico del problema 
público del sector pesca y acuacultura y, por tanto no pueden ser omitidas, sino claras 
y especificas, de esta manera entre más elementos claros, definidos y legítimos dará 
lugar a un mayor grado de activismo, y entre menos definidos y claros sean, menos 
activa se podrá considerar dicha política pública. He de utilizar dos criterios para los 
24 
 
indicadores relativos a la profundidad o especificidad de cada uno. El primero, 
generalidad, se refiere a lo superflua que pueda ser el indicador en cuestión, es decir, 
que no se aborda con especificidad o profundidad el mismo, mientras que el segundo 
se agudiza por la exactitud o minuciosidad de los datos presentados. 
• Diagnóstico claro, del cual se derivan los siguientes indicadores que se rigen 
bajo dos criterios: generales o específicos; 
1. Importancia o impacto actual 
2. Tipo de pesca o acuacultura realizada en el país 
3. Tipo de flota o Centros/Granjas/Pesquerías Acuícolas existentes 
4. Mano de obra involucrada en la actividad 
5. Bienes de capital (físicos, tecnológicos, materiales) 
6. Infraestructura (Puertos, Granjas, Centros Acuícolas, Centros de 
Comercialización) 
7. Producción por destino de actividad, diferenciándose de la destinada 
nacional e internacionalmente 
8. Ubicación del desarrollo de la actividad pesquera y acuícola 
9. Financiamiento 
10. Obstáculos, problemas, deficiencias 
11. Contexto, tendencias, áreas de oportunidad y alternativas 
12. Fuentes de información. 
 
1.4 Objetivos, metas y estrategias en el subsistema de políticas 
Coincido con el autor Méndez en razón de la importancia que adquiere el cumplimiento 
de los objetivos y metas establecidos en la política pública. Los objetivos definidos 
impactan en el nivel de activismo de las políticas públicas, así como las metas. Los 
objetivos se tornan parte de una política pública activa en cuanto más definidos (acorde 
con las metas, estrategias y líneas de acción) sean y viceversa en el caso de la política 
pública pasiva; 
Con respecto a las metas, estas son cuantificables, por loque son medibles en tiempo 
y acciones concretas, por lo que me basare en tres indicadores: 
• Límite de tiempo establecido para su cumplimiento (tiempo para observar 
resultados esperados); 
25 
 
• Claridad y especificidad (en relación con los objetivos planteados) y; 
• Propuesta de indicadores. 
Las estrategias son imprescindibles ya que son parte de las líneas de acción y por 
tanto deben ser coherentes con los objetivos y metas planteados, pues estás serán los 
medios por los cuales se cumplirán los propósitos del programa en cuestión, además 
de ser claros y considerar la capacidad actual de los responsables de llevar a cabo la 
política pública. El quinto elemento a considerar son los recursos económicos, puesto 
que la delimitación y presupuestación del gasto público forman parte de una buena 
planeación estratégica, de una proyección económica que podrá ser evaluada con los 
resultados. 
El siguiente criterio es una valiosa pieza del rompecabezas de la estructura de la 
política pública: la evaluación. El obtener resultados acerca del impacto de las políticas 
públicas y las acciones nos proporcionará un aprendizaje orientado hacia las políticas 
públicas, porque nos mostrará las deficiencias en el camino de la implementación o en 
el mejor caso, nos permitirá advertir las elecciones que fueron más apropiadas para 
cumplir con el mayor numero de objetivos y metas. 
Del mismo modo encontraremos que los indicadores de la evaluación de las políticas 
públicas es una condición que debe contener todo programa, ya que es indispensable 
tener herramientas que permitan a los mismos agentes involucrados medir la eficiencia 
y eficacia de la política pública. La evaluación de cualquier programa debe contener 
cuando mínimo los siguientes indicadores: desempeño, impacto, consistencia con 
presupuesto e informes y resultados. 
El grado de jerarquización de las políticas públicas tiene mucho que ver con estilos 
centralistas, por tanto supondría que las esferas gubernamentales de mayor poder son 
las fuentes principales de recursos para la ejecución de la política pública elegida, 
tendríamos a bien realizar alguna clasificación del actuar de las instituciones 
involucradas, partiendo de la idea de que las instancias descentralizan además de los 
recursos, las actividades operativas de la política pública, ya sean estas activas o 
pasivas y, no es precisamente una descentralización de funciones, sino una delegación 
de actividades a las diferentes coaliciones o miembros de estas, sean de origen público 
o privado. 
26 
 
Me remito a la teoría de mezclas sectoriales que nos lleva a pensar en el trabajo que 
no solo realizan las entidades públicas, sino que incluye la participación de entidades 
no oficiales y bastante bien legitimadas en las políticas públicas son las que en muchas 
ocasiones además de influir en la agenda, intervienen en el proceso operativo e 
inclusivo en la evaluación. 
Las mezclas aluden al entorno institucional y organizacional de la implementación y los 
resultados de las políticas. El término de mezcla, señala el teórico Parsons, se utiliza 
para denominar lo que otras palabras son limitadas en cuanto a la conceptualización, 
debido a las relaciones de comunicación y acción entre diferentes actores: 
La interacción entre el sector público y privado ha permitido actuar a este último en la 
atención de diversos asuntos públicos, ya sea en el desarrollo de infraestructura, 
políticas urbanas, desarrollo regional, medio ambiente, etc. Quizás una de las razones 
más destacables que expone Parsons se debe a la experiencia en la teoría y práctica 
del sector empresarial. 
Las instituciones privadas y organizaciones comunitarias, son un eje de apoyo para la 
implementación de la política pública, ya que pueden lograr, como intermediarios de la 
política, incrementar la aceptación y por tanto legitimidad de la política pública electa. 
Así las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones privadas han mostrado 
una mezcla de actuación con el gobierno, de modo que, incluso han asumido la 
responsabilidad en la prestación de ciertos servicios públicos. 
Las coaliciones promotoras ubicadas en el subsistema de la política, son mezclas de lo 
público y lo privado o estrictamente públicas, donde encontraríamos que la 
jerarquización a partir del plan formal de la política pública partiría de: 
• Instituciones centrales 
Son las instituciones en las que los tomadores de decisiones se encuentran en 
el debate, negociación y donde en mayor probabilidad se determina la 
factibilidad del problema público y donde se originan las alternativas para 
atender este. 
• Instituciones operativas-colaborativas. 
Son las instituciones que llevan a cabo la implementación ya sean públicas o 
privadas, pero en las que reside la responsabilidad de llevar a cabo todo el 
27 
 
proceso de ejecución. Incluye a las instituciones descentralizadas y 
paraestatales. 
• Instituciones evaluadoras 
Son las instituciones públicas o privadas que tienen el propósito de realizar una 
evaluación al personal, a las metas y objetivos y al impacto generado a partir de 
la implementación de una política pública. 
 
El siguiente esquema refleja lo retomado por las diferentes teorías mencionadas en 
este capítulo y que dan origen a la propuesta de Esquema de Análisis de Contenidos 
de las Políticas Públicas: 
o Actuación del Estado: Inacción pública, Decisión pública, Política pública o 
combinación y su lugar en las Agendas Institucionales (Federación, Entidades y 
Municipios): Grado de alineación a la coalición promotora dominante del poder 
central. 
o Las Agendas Político-Administrativas (Federación, Entidad y Municipio) y el 
Activismo de Políticas Públicas: Activa, Semi-activa y Pasiva, que de acuerdo a 
mayor a menores elementos definidos y claros la política pública se ubicaría 
entre Activa o Pasiva: 
• Diagnóstico claro, del cual se derivan los siguientes indicadores que se rigen 
bajo dos criterios: generales o específicos; 
13. Importancia o impacto actual 
14. Tipo de pesca o acuacultura realizada en el país 
15. Tipo de flota o Centros/Granjas/Pesquerías Acuícolas existentes 
16. Mano de obra involucrada en la actividad 
17. Bienes de capital (físicos, tecnológicos, materiales) 
18. Infraestructura 
19. Producción por destino de actividad, diferenciándose de la destinada 
nacional e internacionalmente 
20. Ubicación del desarrollo de la actividad pesquera y acuícola 
21. Financiamiento 
22. Obstáculos, problemas, deficiencias 
23. Contexto, tendencias, áreas de oportunidad y alternativas 
24. Fuentes de información. 
28 
 
El criterio General hará referencia al elemento en cuestión sin entrar en 
detalles o especificaciones, mientras que el criterio específico se dirigirá a lo 
concreto o preciso que sea el indicador. 
• Objetivos definidos. Los objetivos se tornan parte de una política pública 
activa en cuanto más definidos (acorde con las metas, estrategias y líneas de 
acción) sean y viceversa en el caso de la política pública pasiva; 
• Metas definidas Las metas son cuantificables, por lo que son medibles en 
tiempo y acciones concretas; 
o Límite de tiempo establecido para su cumplimiento (tiempo para observar 
resultados esperados) 
o Claridad y especificidad (en relación con los objetivos planteados) 
o Indicadores 
• Estrategias definidas y coherentes. Las estrategias deben ser coherentes con 
los objetivos y metas planteados, pues las estrategias serán los medios por 
los cuales se realizarán los propósitos en el programa, además de ser claros 
y considerar la capacidad actual de los responsables de llevar a cabo la 
política pública. 
• Recursos económicos 
o En las partidas de los presupuestos anuales 
o Establecidos en fideicomisos 
o Establecidos en cualquier otro tipo de financiamiento definido. 
• Criterios de evaluación 
o Resultados 
oIndicadores 
o Impacto 
o Consistencia con presupuesto 
o Informes 
• Agentes involucrados en la Política Pública: Mezcla Pública o Mixta (abierto-
cerrado) 
o Instituciones centrales (principales) 
o Instituciones operativas-colaborativas. 
o Instituciones evaluadoras 
 
29 
 
 Inacción pública 
El Estado no reconoce un 
problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Redes Redes Redes 
Son subsistemas de Políticas 
Buscan cambiar o no, el 
comportamiento de las instituciones 
gubernamentales a través de la 
agenda. 
Agenda institucional Agenda Política 
Administrativa 
Implica toma de decisiones que 
derivan según sea el caso. 
Que 
 Decisión Pública 
El Estado reconoce un 
problema, realiza un 
diagnóstico, establece 
objetivos pero decide no 
tomar acciones específicas. 
 Políticas Públicas 
El Estado ante un problema ejecuta 
una estrategia o programa como 
resultado de diagnósticos dirigidos 
a la solución a través de incentivos 
y gestión pública directa. 
Combinación de 
todo lo anterior. 
 Si es bajo 
Nivel de activismo de Política Públicas variará en función 
de la claridad del diagnóstico y demás elementos, así como 
de la legitimidad. 
 Si es confuso 
 Si es alto 
Política 
Pública Activa 
 Política Pública Semi-Activa 
Política 
Pública Pasiva 
Diagnóstico, Indicadores, objetivos, 
metas, estrategias, recursos económicos, 
criterios de evaluación y agentes 
público/privado involucrados. 
 Coaliciones Promotoras 
30 
 
 
Los analistas de las políticas públicas se interesan por diversas etapas del proceso de 
formulación de políticas públicas, ya sea desde la definición de los problemas hasta la 
evaluación de estas. Las políticas públicas constituyen la corresponsabilidad entre la 
sociedad y el gobierno, un canal de comunicación lleno de diversos modos de 
organización y complejidades en el comportamiento humano. Los resultados de las 
políticas públicas son importantes, puesto que estas nos llevan a mejores técnicas para 
la toma de decisiones, nos llevan al aprendizaje orientado hacia las políticas públicas. 
Podemos crear marcos de análisis encaminados hacia la descripción de los eventos, 
marcos explicativos que analizan como es que ocurrieron los hechos, marcos 
normativos o ideales, pero siempre apoyados en el uso de la información. 
La elección de las teorías o esquemas de análisis de políticas públicas también parte 
de lo que los estudiosos utilizaron como herramientas o condicionantes, ya que 
incluimos a las teorías y esquemas a partir de la existencia de los siguientes 
elementos: 
 Tiene sentido 
 Si se sostiene 
 Si es consistente con la evidencia disponible 
 Cuánto explica 
 Si es convincente 
 Si enriquece la comprensión del tema 
 Si aporta algo diferente en relación al resto de las teorías 
 
Lo cierto es que rompemos paradigmas y construimos nuevos a partir de los previos. Y 
retomando una cita de James A. Jones (Parsons Wayne, 2007: 28) “Quien sea el 
primero en identificar un problema social, será también el primero en delinear los 
términos para su discusión”. Asimismo quien sea el primero en construir un esquema 
de análisis de contenido de políticas públicas será también el primero en limitar los 
alcances del mismo. 
 
31 
 
Capítulo II 
Las políticas pesqueras y acuícolas en México 1970-2010. 
 
Se abordara a lo largo del capítulo la historia administrativa concerniente a la pesca y 
acuicultura, entre 1970 y 2010 con el fin de exponer el panorama de dichas actividades 
durante cuarenta años, destacando los cambios más sobresalientes en las 
legislaciones, planes y programas durante cada sexenio, iniciando a partir de la 
administración del ex presidente Luis Echeverría Álvarez. 
2.1 Periodo 1970-1976 
El primer paso de la pesca en México en el que se deja entrever la importancia que 
adquiría este sector, es en el que la Dirección General de Pesca bajo el mando de la 
Secretaría de Industria y Comercio se convierte en Subsecretaría de Pesca publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de enero de 1971 durante el mandato 
del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. 
Otro paso significativo consistió en otorgarle a este sector, herramientas jurídicas que 
respaldaran y reorganizaran dicha actividad, lo anterior se traduce en la Ley Federal 
para el Fomento de la Pesca publicada el 25 de mayo de 1972 en el Diario Oficial de la 
Federación, la cual permitió sentar las primeras bases de administración en la materia. 
Los autores Cruz Ayala e Igartúa Calderón (CONAPESCA, 2010: 233) destacan los 
siguientes aspectos relevantes en torno a la pesca durante parte del desarrollo 
compartido: 
• Aumentar la producción con valor agregado y promover el consumo de 
productos marinos; 
• Programar la capacitación pesquera e intensificar la investigación tecnológica2; 
 
2 De acuerdo al Ingeniero Humberto Lanz las primeras escuelas en México de Pesca (entre 1948 y 1950 
señala) tenían una matrícula reducida integradas por jóvenes con una edad mínima de 16 años, con 
educación primaria como antecedente. Su formación duraba 2 años con cursos básicos de navegación, 
mecánica y pesca. No obstante, los centros educativos contaban con planes de estudio que incluían 
prácticas en la mar, en este sentido expone el Ing. Lanz que “no siendo posible jurídicamente que se 
llevaran a efecto, pues la legislación que regulaba las actividades de marina y pesca no contemplaban 
en absoluto esta situación, ya que al estudiante, para poder embarcar, se le exigía la documentación 
oficial que se expide a las tripulaciones regulares…la mayoría de edad…además, en el caso particular 
32 
 
• Renovar y ampliar la flota pesquera con participación del sector social, público y 
privado; 
• Fomentar la piscicultura rural como alternativa productiva para los campesinos; 
• Optimizar la normatividad vigente para garantizar la calidad de los productos 
nacionales; 
• Estimular el uso de los productos marinos para el consumo humano directo; 
• Establecer la debida coordinación con las instancias de la Administración 
Pública; 
• Proponer estímulos fiscales para el desarrollo pesquero; y 
• Mantener la exclusividad de las cooperativas pesqueras sobre siete especies, 
incluida la tortuga. 
 
En febrero del año de 1972 se establece el Plan Nacional de Educación Pesquera 
Integral y se instaura la Dirección General de Educación Tecnológica Pesquera que 
dependía de la Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior de la SEP 
(CONAPESCA, 2010: 236). El Plan Nacional de Educación Pesquera Integral y su 
respectivo Programa Integral de Educación Pesquera Nacional de acuerdo a la Revista 
de la Educación Superior (Revista de la Educación Superior, Número 2, Volumen 1, 
Abril-Junio 1972: 1), tenían por objetivo crear escuelas secundarias técnicas pesqueras 
para dotar a sus alumnos de formación adecuada y ofrecerles la oportunidad de: 
• Incorporarse como socio activo a la Cooperativa de egresados de su propia 
Secundaria Técnica; 
• Ingresar a las Escuelas Náuticas de la Secretaría de Marina para seguir la 
carrera de Capitán de Pesca de Altura; 
• Prestar servicios calificados en la industria pesquera y conexas como aspirante 
a motorista de tercera o ayudante en refrigeración; y 
• Continuar sus estudios en una Preparatoria Técnica Pesquera. 
Uno de los objetivos del programa sería la transformación de los cinco Centros de 
Capacitación Pesquera de la Secretaría de Industria y Comercio en: Progreso, 
 
de las embarcaciones dedicadas a la explotación de las especies reservadas…para poder pescar a 
bordo de lasmismas se requería ser miembro activo de la sociedad” (Lanz Humberto, 1981: 179). Es por 
ello que resulta notorio el expedir un artículo sobre la investigación científica, dado los antecedentes, 
además de que en el Programa de Educación Pesquera Integral se reconsidera esta situación y es por 
ello que se acuerda que los alumnos egresados automáticamente se conviertan en socios activos. 
33 
 
Campeche, Alvarado, Manzanillo y La Paz, convirtiéndolas en Secundarias Técnicas 
Pesqueras y transformando el Centro Nacional de Ciencias y Tecnologías Pesqueras 
del Puerto de Veracruz (dependiente de la Secretaria de Educación Pública) en una 
Preparatoria Técnica Pesquera. De acuerdo a Lanz Humberto (Lanz, Humberto, 1981: 
80) se crearon 30 escuelas de este tipo ubicados en ambos litorales de la República 
Mexicana en 1975. 
Los representantes de la Secretaria de Marina, Subsecretaria de Pesca, las 
Universidades Autónomas de Baja California, Nayarit, Sonora, Nacional Autónoma de 
México, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y los Centros de 
Capacitación Pesquera involucradas en dicho programa, asumieron que la figura de 
Fideicomiso que se instituía (DOF 10/02/1972) tendría como fiduciaria a Nacional 
Financiera, S.A., misma que se encargaría de la operación de transformación de los 
Centros a los que se dotaría de equipos, barcos, artes de pesca, talleres, refacciones, 
lubricantes y combustibles acorde a las necesidades de enseñanza. 
En 1973 la Dirección General de Educación Tecnológica Pesquera se transforma en la 
Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar, la cual pone en operación los 
Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del Mar en Sonora, Baja California Sur, 
Oaxaca, Campeche y Veracruz, entre otros, mismos que se convertirían en alternativas 
para los egresados de las Escuelas Técnicas Pesqueras. 
La política en materia acuícola en los años del desarrollo compartido se ciñe bajo su la 
Ley Federal de Aguas de 1972 (DOF 11/01/1972), la cual señalaba que bajo la 
dirección de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y con la colaboración de las 
dependencias competentes y en función de las atribuciones adquiridas, trabajarían en 
conjunto para establecer los llamados Distrito Acuícolas. 
Las dependencias que colaborarían serían las Secretarías de Agricultura y Ganadería y 
de Industria y Comercio y en determinados casos, el Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización. La Secretaría de Recursos Hidráulicos sería la encargada de 
los proyectos de constitución de los Distritos de Acuacultura -como también se le 
denomina a la Acuicultura-, además de ser la responsable de la operación y 
mantenimiento y, con respecto al desarrollo de investigación científica se coordinaría 
con las secretarías de Educación Pública y Marina. 
34 
 
Los Distritos de Acuacultura se integrarían por: las corrientes, lagos, lagunas, litorales e 
interiores y esteros, así como las porciones correspondientes de los mares territoriales, 
zonas federales, zonas marítimo terrestres respectivas y la plataforma continental. El 
objeto de dichos distritos sería la preservación y mejoramiento de las condiciones 
naturales de las aguas de propiedad nacional para el fomento y la explotación de 
especies acuáticas animales y vegetales y la explotación de sales y minerales de 
acuerdo al artículo 88 de la ley antes mencionada. 
De este modo, aunque en dependencias distintas, las actividades pesqueras y acuícola 
fueron organizándose estratégicamente en los planes de desarrollo del país. Otro 
hecho significativo fue la proclamación del establecimiento de la Zona Económica 
Exclusiva que representaría el ejercicio de la soberanía nacional y la jurisdicción sobre 
aguas con extensión máxima de doscientas millas náuticas, reformando el artículo 27 
constitucional (DOF 06/02/1976). 
El entonces presidente Echeverría enfatiza meritoriamente la contribución de la 
educación en las actividades primarias desde el nivel básico hasta el superior (Cámara 
de Diputados, 2006: 338): 
“El esfuerzo de llevar la enseñanza a las diversas zonas del país implicó profundas 
transformaciones en la estructura educativa tradicional. Era necesario vincular la 
escuela a las realidades geográficas y a las necesidades y potencialidades económicas 
de cada región. 
Por tradición heredada y no revisada durante muchos años, contamos con gran número 
de profesionistas para el sector de los servicios, que muchas veces no encuentran 
acomodo en las ciudades y se improvisan como técnicos en alguna rama relacionada o 
no con sus estudios. México requiere técnicos preparados -no improvisados - para el 
mejor aprovechamiento de sus recursos naturales, técnicos que superen las 
concepciones elitistas de la educación y que remplacen el apego miope a una profesión 
individualista por la lealtad a su país y la solidaridad con su pueblo”. 
2.2 Periodo 1976-1982 
En la Administración Pública del ex - presidente José López Portillo se iniciaron los 
primeros cambios administrativos para reorganizar y dar forma y estructura al aparato 
estatal (DOF 29/12/1976), mismos que se plasmaron a través de la expedición de la 
35 
 
primera Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual es el resultado de la 
reforma administrativa, que eleva el rango de la Subsecretaria a Departamento con el 
fin de ser congruente e integrar las funciones dispersas en las diferentes secretarías 
para lograr constituir una política unitaria y congruente, según se destaca en la 
exposición de motivos de dicha ley. 
Para la reorganización de la industria pesquera, el Departamento de Pesca se apoyaría 
principalmente con las entidades paraestatales Ocean Garden Products3, Inc., 
Productos Pesqueros Mexicanos, S. A. de C. V., el Fondo Nacional de Fomento de 
Sociedades Cooperativas Pesqueras y un Fideicomiso para cubrir gastos de la 
Comisión Nacional Consultiva de Pesca, entre otras. 
Ahora bien, en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de abril 
de 1978, el sector paraestatal sufre cambios nuevamente, y en el sector adyacente al 
Departamento de Pesca se agrega la empresa Pesquera del Balsas, S.A. de C.V., 
(antes perteneciente a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial) y se 
desagregan los Fideicomisos para cubrir gastos de la Comisión Nacional Consultiva de 
Pesca, para la prevención y control de las aguas y el desarrollo de la fauna acuática. 
 
Con estos movimientos de acuerdo a Rafael Ibarra Consejo, el sector público pesquero 
asume funciones concretas de gobierno: “básicamente formular y conducir la política 
pesquera del país, regular la actividad, promoverla y fomentar su desarrollo y su 
explotación racional, fomentar la organización social del trabajo pesquero, promover y 
realizar actividades de acuacultura” (Ibarra, Consejo, Rafael, 1981: 140). 
Para la tarea encomendada al Departamento de Pesca, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público instituye que el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S.A. de C.V. 
BANFOCO (DOF 05/06/1941) se denomine en el futuro Banco Nacional Pesquero y 
Portuario S.A. (DOF 31/12/1979) con capital del gobierno federal no menor al 51% y sin 
participación o propiedad de acciones por parte de extranjeros. 
 
3 Hasta julio del año 2006 la empresa comercializadora Ocean Garden Products pertenecía a las 
empresas paraestatales bajo la dirección del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext). Esta 
empresa podría considerarse la más importante en el ramo de comercialización y distribución de la 
producción a nivel nacional e internacional (como Estados Unidos, Canadá, Japón y países europeos) 
del sector pesquero y acuícola (Financiera Rural, 2007: 18). 
36 
 
Su objetivo era la promoción y financiamiento de actividades pesqueras, portuarias y 
navieras y de las relacionadas con estas, medianteoperaciones celebradas con sujetos 
dedicados a dichos ramos o con intervención de otras instituciones de crédito; así como 
con organizaciones y sociedades cooperativas de la industria pesquera. Entre sus 
facultades sobresalientes se encontraban: 
• Actuar como agente financiero y asesor técnico del gobierno federal; 
• Otorgar créditos; 
• Promover, organizar, transformar o fusionar empresas o sociedades mercantiles; 
y 
• Gestionar concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación de 
servicios públicos o para el aprovechamiento de los recursos marinos. 
 
Las actividades del Banco Nacional Pesquero y Portuario S.A. se orientarían al 
progreso de la actividad pesquera y en comparación con las facultades que 
desempeñaba el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S.A. de C.V. (BANFOCO), 
estas se encauzarían a otorgar crédito a las Sociedades Cooperativas dedicadas a la 
pesca como parte del dinamismo otorgado a este sector en desarrollo. 
En 1977 el presidente José López Portillo proclamó el primer Plan Nacional de 
Desarrollo Pesquero 1977-1982. Los objetivos del plan se concentraban en: 
• Fuente de empleo bien remunerado; 
• Asegurar la autosuficiencia de alimentos básicos; 
• Elevar el nivel de vida (principalmente el sector rural); 
• Reducir el déficit comercial; y 
• Constituir a la actividad pesquera en un factor que coadyuve a dinamizar la 
economía nacional y en especial el sector industrial (Banco Nacional de 
Comercio Exterior, 1977: 1171) 
 
2.3 Periodo 1982-1988 
El 4 de enero de 1982 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El Departamento de Pesca se 
denominaría a partir de entonces Secretaría de Pesca, elevando en jerarquía a la 
37 
 
actividad pesquera dentro de la organización administrativa del país, aunque sin 
modificaciones sustanciales en el campo de las atribuciones o competencias delegadas 
al Departamento de Pesca. 
En cuanto a la organización del sector paraestatal relacionado con la pesca y 
acuacultura, se publican las entidades adscritas a la Secretaría de Pesca (DOF 
03/09/1982), dividiéndose entre una participación mayoritaria o minoritaria, destacando 
las paraestatales Ocean Garden Products Inc., Productores Pesqueros Mexicanos S.A. 
de C.V., el Fideicomiso para el Fomento y Apoyo del Desarrollo Pesquero y el Fondo 
Nacional de Fomento Cooperativo Pesquero. 
Pronto comienza el sexenio del considerado primer presidente del neoliberalismo: 
Miguel de la Madrid Hurtado acompañado de la crisis económica y la necesidad de 
organización del aparato estatal, produciéndose de esta manera cambios en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal en torno a la competencia de la 
Secretaría de Pesca (DOF 29/12/1982) que puntualizan las relaciones 
intergubernamentales de dicha secretaria. 
El presidente De la Madrid continúa con el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero 1982-
1988 de su antecesor e inicia a la par un programa nacional en torno a la Zona 
Económica Exclusiva para realizar investigaciones y obtener estudios que permitieran 
ampliar el conocimiento sobre los recursos pesqueros. El proyecto contó con la 
participación de la Secretaría de Marina, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), la Conferencia Nacional Cooperativa de la República Mexicana, la 
Cámara Nacional de la Industria Pesquera, Productos Pesqueros Mexicanos, la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Politécnico Nacional y las 
universidades de provincia (Soberanes Fernández, José Luis, 1994: 21). 
Este proyecto recibió el nombre de Programa de Prospección y Evaluación de los 
Recursos Pesqueros de la Zona Económica Exclusiva y el Mar Territorial que tenía por 
objetivos de acuerdo a Alcalá Graciela (Alcalá, Graciela, 2003: 89); 
• Estimación de los recursos pesqueros de la Zona Económica Exclusiva y del 
Mar Territorial; 
• Definición de las áreas de concentración de los recursos; 
• La canalización e identificación de los recursos potenciales; y 
38 
 
• Determinación de las regiones óptimas para la explotación pesquera nacional. 
El 6 de febrero de 1984 se publica en el Diario Oficial de la Federación el nuevo 
reglamento interior de la Secretaría de Pesca, mismo que da origen a las Direcciones 
Generales de Personal, Recursos Materiales y Servicios y Recursos Financieros y la 
Dirección General de Delegaciones Federales de Pesca4, esta última se convierte en la 
Coordinación General de Delegaciones Federales de Pesca que trabajaría en 
colaboración con los Comités Estatales de Planeación para el Desarrollo. 
Dentro de los Fideicomisos más preponderantes en los años ochenta destaca el 
Fideicomiso Fondo Nacional para el Desarrollo Pesquero (FONDEPESCA). El 16 de 
abril de 1982 la Secretaría de Programación y Presupuesto en el ejercicio de su 
competencia determina que Nacional Financiera S.A. no administraría más el 
Fideicomiso para el Otorgamiento de Créditos a las Cooperativas Pesqueras para la 
Adquisición de Barcos Camaroneros (FIPESCO) y esta tarea sería asignada al Banco 
Nacional Pesquero y Portuario, S.A. 
Más adelante, en el Acuerdo signado por la Secretaría de Programación y Presupuesto 
(DOF 29/02/1984) se extinguió el Fideicomiso para el Fomento y Apoyo del Desarrollo 
Pesquero, puesto que el Fideicomiso para el Otorgamiento de Créditos a las 
Cooperativas Pesqueras para la Adquisición de Barcos Camarones (FIPESCO) 
constituido en el Banco Nacional Pesquero y Portuario S.N.C5 cumplía con los mismos 
fines que ésta. 
De este modo FIPESCO se denominaría en adelante Fondo Nacional para el 
Desarrollo Pesquero (FONDEPESCA), enfocándose en ser un fideicomiso de 
promoción del sector pesquero, teniendo como objetivos el fomento de las actividades 
de captura, conservación, industrialización, distribución, comercialización y consumo 
final de los productos pesqueros (DOF 29/02/1984). 
 
4 Las Delegaciones Federales de Pesca se crean por Acuerdo el 5 de noviembre de 1979. Su creación 
obedeció al Programa Nacional de Desconcentración Territorial de la Administración Pública Federal. 
Existiría una Delegación Federal de Pesca –órgano desconcentrado- en cada entidad del país. Las 
Delegaciones se encargarían principalmente de los centros de acuacultura, viveros, criaderos, granjas y 
reservas acuícolas, entre otras facultades (DOF 05/11/1979). 
5 El Banco Nacional Pesquero y Portuario S.NC. se extingue el 30 de diciembre de 1989, sin dar 
consideraciones al respecto en el Diario Oficial de la Federación. S.N.C. corresponde a Sociedad 
Nacional de Crédito, aunque en su origen correspondía a S.A., Sociedad Anónima, pero la reforma a su 
Ley Orgánica cambio la denominación en 1985. 
39 
 
El 17 de septiembre de 1984 se publica el Programa Nacional de Pesca y Recursos del 
Mar. El secretario Pedro Ojeda Paullada expone la política pesquera del Estado 
Mexicano (Secretaría de Pesca, 1982-1985: 12) centrada en cuatro objetivos 
específicos: 
• Mejor alimentación de la población; 
• Generar empleo, especialmente en zonas y grupos más rezagados; 
• Captar divisas mediante la exportación de productos; y 
• Promover el desarrollo regional y comunitario y mejorar los niveles de vida para 
los pescadores. 
El Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar fomentó la coordinación 
intersectorial, es decir, indujo a que el desarrollo de la pesca y acuacultura tuviera la 
participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual capacitaría a 
los embarques en seguridad marítima; la Secretaría de Educación Pública otorgaría 
becas para la formación de los cuadros técnicos de administradores y; la Secretaría de 
Programación y Presupuesto plantearía programas para el empleo en la actividad 
pesquera y acuícola. 
En 1986 la Ley Federal de Pesca (DOF 26/12/1986) abroga la Ley de Fomento 
Pesquero

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