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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
 
La inserción de la perspectiva de género en el presupuesto 
participativo de la Ciudad de México y sus mecanismos de 
monitoreo 
 
T E S I S 
 
Que para obtener el título de: 
 
Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública 
(Opción Ciencia Política) 
 
P R E S E N T A : 
Mariana Molina Riquelme 
 
Asesora: 
Dra. Alicia Márquez Murrieta 
 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2018 
 
UNAM – Dirección General de Bibliotecas 
Tesis Digitales 
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respectivo titular de los Derechos de Autor. 
 
 
 
	 	
 
 
 
 
 
 
 
Esta tesis se realizó gracias a la Beca de Tesis 2016 de CONACyT que 
otorgó el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	
Agradecimientos 
 
 
A Dylan (Q.E.P.D.) por ser mi primera compañera en la vida independiente. 
 
A Abraham, por ser mi amor, así como mi presente y futuro sonriendo. 
 
A Gabriela, por ser mi sexta sinodal, mi correctora de estilo y editora, pero 
sobre todo, por ser mi mamá. 
 
A mi papá Pol, por enseñarme a ser valiente, diferente y única. 
 
A mi hermano Marco por ser la mitad de mi vida. 
 
A mis abuelos Gloria, Rafael (Q.E.P.D), Lili y Roque, por quererme y 
cuidarme desde que nací. 
 
A la Dra. Alicia Márquez porque sin usted este trabajo no hubiera sido 
posible. 
 
A Adrián, Iván, Brenda, Carlos H., Luis, Carlos O., Alan, Abraham, Aline, 
Sandra y Nicté por su valiosa amistad. 
 
Por último, a Jagger, Rolo y Lía por enseñarme que no importa qué tan 
complicado sea un final, siempre hay nuevos comienzos… 
 
 
 
 
 
 
 
	 	
 
 
 
 
 
 
“Mide lo que se pueda 
medir, y lo que no, hazlo 
medible” 
 
 Galileo Galilei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	
Índice 
 
Introducción ....................................................................................................................... 1	
Capítulo I. Referentes conceptuales .............................................................................. 12	
1.1.	Definiciones	de	participación	ciudadana	...............................................................................	12	
1.1.1.	Participación	ciudadana	institucionalizada	(PCI)	............................................................	14	
1.2.	¿Qué	es	el	género?	................................................................................................................	17	
1.2.1.	Definición	de	Perspectiva	de	género	..............................................................................	21	
1.2.2.	Igualdad	Sustantiva	.........................................................................................................	23	
1.3.	Presupuesto	Público	..............................................................................................................	26	
1.3.2.	¿Qué	son	los	presupuestos	públicos	sensibles	al	género?	.............................................	29	
1.3.3.	Presupuesto	Participativo	...............................................................................................	34	
1.3.4.	Presupuesto	participativo	con	enfoque	de	género	........................................................	43	
Capítulo II. Antecedentes ................................................................................................ 49	
2.1.	Surgimiento	del	presupuesto	participativo	en	la	Ciudad	de	México	.....................................	49	
2.2.	Precedentes	del	presupuesto	sensible	al	género	en	la	Ciudad	de	México	............................	62	
2.2.1.	¿Cómo	surgen	los	presupuestos	sensibles	al	género	a	nivel	federal?	............................	62	
2.2.2.	¿Cómo	surgen	los	presupuestos	públicos	con	enfoque	de	género	en	la	Ciudad	de	
México?	....................................................................................................................................	68	
2.3.	Inserción	de	la	perspectiva	de	género	en	el	presupuesto	participativo	de	la	Ciudad	de	
México	..........................................................................................................................................	74	
2.3.1.	Descripción	y	análisis	de	los	primeros	proyectos	del	presupuesto	participativo	local	con	
perspectiva	de	género	..............................................................................................................	78	
Capítulo III. Panorama del monitoreo y la evaluación .................................................. 83	
3.1.	Distinción	entre	monitoreo	y	evaluación	..............................................................................	87	
3.1.1.	¿Qué	es	el	monitoreo?	...................................................................................................	88	
3.1.2.	¿Qué	es	la	evaluación?	...................................................................................................	93	
3.2.	Monitoreo	sensible	al	género	................................................................................................	96	
3.2.1.	Monitoreo	del	presupuesto	sensible	al	género	............................................................	103	
3.3.	Monitoreo	de	la	participación	ciudadana	institucionalizada	...............................................	106	
3.4.	Diagnósticos	de	los	mecanismos	de	monitoreo	implementados	en	la	Ciudad	de	México	a	
tres	tipos	de	presupuestos:	presupuesto	participativo	con	y	sin	enfoque	de	género,	y	públicos	
locales	con	perspectiva	de	género	.............................................................................................	112	
3.4.1.	Mecanismos	de	monitoreo	del	presupuesto	participativo	de	la	Ciudad	de	México	....	113	
3.4.2.	Mecanismos	de	monitoreo	implementados	en	el	presupuesto	participativo	con	
enfoque	de	género	.................................................................................................................	126	
	 	
3.4.3.	Mecanismos	de	monitoreo	de	los	presupuestos	públicos	con	perspectiva	de	género	en	
la	capital	del	país	....................................................................................................................	133	
Capítulo IV. Inserción de la perspectiva de género en el monitoreo del presupuesto 
participativo que cuenta con enfoque de género en la Ciudad de México .............. 141	
4.1.	Análisis	de	la	situación	actual	del	monitoreo	del	pp	con	y	sin	perspectiva	de	género	en	la	
Ciudad	de	México	.......................................................................................................................	141	
4.2.	Descripción	general	de	las	propuestas	................................................................................	150	
4.2.1.	Propuesta	de	modificación	del	formato	de	registro	de	los	proyectos	del	pp	con	enfoque	
de	género	para	favorecer	el	monitoreo	diferenciado	............................................................	151	
4.2.2.	Propuesta	de	inserción	de	la	perspectiva	de	género	en	los	mecanismos	existentes	que	
ejecuta	el	IECM	para	monitorear	y	evaluar	el	presupuesto	participativo	local	......................	172	
Conclusiones generales ................................................................................................ 179	
Recomendaciones generales ........................................................................................187	
Bibliografía ..................................................................................................................... 189	
Anexo 1 ........................................................................................................................... 211	
1	
	
Introducción 
 
En los últimos veinticinco años se ha presentado un auge de nuevas prácticas 
participativas a nivel micro-local en diversos países1, ejemplo de ello se identifica 
en el creciente número de casos de presupuesto participativo en ciudades como 
Porto Alegre, Ciudad de México, Nueva York, Seúl, Montevideo, París, entre 
otras2. Esta expansión también se refleja en un aumento de publicaciones e 
investigaciones sobre cómo fortalecer y complementar los sistemas democráticos 
(Montecinos, 2009). 
 
Estas nuevas experiencias basadas en la participación ciudadana se explican 
desde distintos enfoques dependiendo de la región donde se implementan y 
estudian. En Europa3, por ejemplo, se considera que estas nuevas prácticas 
locales emergen como producto de la modernización del Estado; y por lo general, 
son prácticas que se implementan para generar una democracia de proximidad4, 
concepto francés que hace referencia a un gobierno que tiene mayor cercanía y 
comunicación de calidad5 con su población, pero sin tintes de deliberación, sino 
más bien de consulta (Sintomer, 2005). Es decir, se privilegia el diálogo para que 
la toma de decisiones sea más cercana a los ciudadanos. 
 
																																																								
1	 Además del presupuesto participativo, también se han impulsado prácticas como el 
plebiscito, referéndum, consulta ciudadana, entre otros. 		
2	Cabe señalar que estas prácticas no se restringen exclusivamente al ramo micro-local, 
pues también hay experiencias participativas de mayor alcance territorial, como el 
presupuesto participativo nacional de Bolivia, Guatemala, Perú y Nicaragua. Para 
profundizar en los casos a nivel nacional, así como en sus principales complejidades y 
dificultades, se recomienda revisar textos de Goldfrank (2006), Arrollo (2006) y Shack 
(2005).	
3	 Principalmente se han desarrollado en España e Italia; en menor medida pero con 
potencial crecimiento, Francia y Alemania; y de forma muy esporádica, en Inglaterra.	
4	Sintomer (2005), define a la democracia de proximidad como “una toma de decisión 
geográficamente más cercana a la gente, y un sistema en el cual hay más comunicación 
entre los políticos y la sociedad (…) se valoriza el diálogo, y al ciudadano activo” (pp.7).	 
5 Por calidad se comprende la valorización del diálogo, donde interactúan ciudadanos 
dispuestos a participar de forma recurrente para exponer, argumentar, deliberar, proponer 
y votar determinados proyectos (Sintomer, 2005).		
2	
	
Caso distinto se observa en Latinoamérica, donde han proliferado las prácticas 
basadas en la participación local, que por lo general, surgen para subsanar la 
crisis o al menos, el cuestionamiento que existe hacia la democracia 
representativa que impera a nivel macro. Esta situación se ha nutrido al plantear 
que no basta con que un país se presente en lo legal-formal como democrático, 
sino que en sus prácticas se cuestione ¿cuál es la calidad de su democracia? 
¿cuál es su desempeño? y ¿qué tan satisfecha está la sociedad con su sistema 
político?6. Respuestas que sin duda devienen en nuevas incógnitas como ¿de qué 
forma evaluar la calidad de la democracia? ¿qué criterios elegir? entre otras7. 
 
Así, en cada país latinoamericano se abordó de distinta manera este debate desde 
finales del siglo pasado; sin embargo, de forma general se observa una tendencia 
a implementar diversos mecanismos que coadyuvan a la sostenibilidad de los 
sistemas democráticos representativos. Uno de estos mecanismos son los que 
derivan de la democracia participativa, los cuales se han insertado como 
complementos, más no como suplementos, de la democracia representativa. Su 
finalidad ha sido legitimar las decisiones públicas porque las acercan a los 
ciudadanos y, por ende, generan corresponsabilidad y co-creación del bienestar 
social. 
 
Las prácticas participativas locales se han expandido en América Latina porque en 
esta región existe un mayor cuestionamiento hacia la democracia representativa, 
pues sus procesos y resultados han sido altamente cuestionados por múltiples 
sectores. Bolos (2003) sostiene que esta situación es producto de los gobiernos 
autoritarios, y de los contextos de excesiva centralización bajo los que se 
																																																								
6 Debate que ha sido trabajado por autores como Philippe Schmitter (2005) en “Calidad de 
la democracia: Las virtudes ambiguas de la rendición de cuentas”. Leonardo Morlino 
(2005) en “Calidad de la democracia. Notas para su discusión”, y Guillermo O’Donnell 
(comp) (2003), con “Democracia, desarrollo humano y ciudadanía. Reflexiones sobre la 
calidad de la democracia en América Latina, por mencionar algunos de sus textos. 
7	 Si bien es cierto que este debate de la política comparada se ha analizado desde 
múltiples perspectivas y ha experimentado cambios interesantes, para el desarrollo de 
esta tesis no se ahondará en el tema porque requiere de una reflexión y análisis extenso 
que modificaría los objetivos del presente trabajo. 	
3	
	
desenvolvieron durante el siglo pasado. Factores que considera se mantuvieron 
en distintas intensidades dependiendo el país durante sus respectivas transiciones 
hacia la democracia. 
 
Por ende, en la actualidad las democracias latinoamericanas que emanaron de 
estos contextos (autoritarismo y centralización excesiva de las decisiones 
públicas), suelen presentar altos niveles de corrupción y clientelismo, escasos 
niveles de aceptación hacia su gobierno, exigua o nula participación ciudadana en 
asuntos públicos y escaso interés en la política por parte de los ciudadanos. En su 
informe de 2016, el Latinobarómetro mostró que la democracia en América Latina 
se ha consolidado de forma imperfecta porque en esta región, la violencia, 
corrupción y desigualdad, son características ancladas y potentes que detienen la 
implementación óptima y el desarrollo adecuado de una democracia plena. 
 
De igual manera, el Informe sobre la Democracia en América Latina. Hacia una 
democracia de ciudadanos y ciudadanas (PNUD, 2004), expuso que la pobreza 
multidimensional, la desigualdad, la discriminación, la exclusión social, el rezago 
educativo y la falta de oportunidades igualitarias, son elementos que generan un 
escenario poco alentador para la consolidación y desenvolvimiento de una 
democracia de ciudadanos y no simplemente electoral. 
 
La desigualdad impide que todas las personas puedan tener un acceso igualitario 
a los derechos, lo cual vulnera su condición porque no les permite tener acceso a 
las mismas oportunidades de desarrollo. No obstante, a nivel jurídico, se establece 
que a todas las personas se les otorgan los mismos derechos por el hecho de ser 
humanos, sin embargo, más allá de esta igualdad formal, es importante reflexionar 
que pese al reconocimiento legal de los derechos de las y los ciudadanos, hay 
características como el sexo, el género, las preferencias y orientaciones sexuales, 
la raza, la religión, entre otras, que han impedido de forma injusta, que las 
personas puedan ejercer de forma igualitaria sus derechos. Por lo tanto, es 
relevante considerar que no basta con una igualdad de jure, es decir, formal, sino 
que también es necesaria una de facto, donde los resultados sean tangibles y 
4	
	
observables, donde se vislumbre a la igualdad como derecho, principio y realidad. 
Mientras no exista una igualdad sustantiva (de facto), la democracia está 
vulnerada porque hay sectores de la sociedad que no pueden ejercer de forma 
igualitaria sus derechos políticos, sociales, entre otros, pues existe una 
desigualdad material y estructuralque les impide un desarrollo pleno e igualitario. 
 
Otra arista que coadyuva a la generación de esta crisis, o nutre el cuestionamiento 
existente de la democracia representativa, son las instituciones que presentan 
problemas de eficiencia porque los recursos existentes no son utilizados de forma 
óptima y no hay un monitoreo diferenciado ni sistemático hacia los recursos 
públicos; y de ineficacia, porque las políticas públicas y acciones gubernamentales 
no resuelven por completo los problemas para las que fueron creadas, y se 
desconocen sus principales fallas porque no se evalúan desde diversas 
perspectivas los resultados que producen (Montecinos, 2009). Opacidad que es 
favorecida por los endebles o nulos mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas implementados; escenarios que se alejan de sistemas óptimos y 
favorables como lo es el gobierno abierto. 
 
Sin duda, la conjunción de los elementos antes citados, más los que se puedan 
agregar dependiendo del contexto político de cada país latinoamericano, han 
traído consigo bajos niveles de legitimidad hacia la democracia representativa. 
Frente a este escenario, se han hecho presentes diversas experiencias de 
participación ciudadana institucionalizada con la finalidad de sobrellevar la crisis 
representativa y complementar este sistema de gobierno. 
 
Entre las alternativas que han proliferado en estos últimos años, se encuentra el 
presupuesto participativo (en adelante pp), el cual ha sido objeto de estudio desde 
diversos enfoques, y ha generado una multiplicidad de información, la cual, 
Montecinos (2009) agrupa en tres grandes áreas que se relacionan con los 
principales temas que han surgido sobre esta práctica participativa, y enlista los 
autores más prominentes que han trabajado en cada una de ellas. 
5	
	
La primer área hace referencia a los estudios que tienen como finalidad difundir 
los efectos positivos del pp, como lo es la rendición de cuentas y el fomento de la 
participación ciudadana en contextos donde permea el clientelismo, corrupción e 
ineficiencia de recursos. Los autores que han abordado estos temas son Souza 
(2004), Nylen (2003), Buenrostro (2004), Gómez (2007), Abascal (2004), Navarro 
(1998), Baiocchi (2001) y Jacques (2003), principalmente. 
En la segunda área, Montecinos (2009) agrupa los autores que se enfocan en 
analizar cuáles fueron las condiciones que dieron lugar al pp en Brasil, cuál es el 
papel que juegan las instituciones públicas para concluir con éxito su 
implementación, y cuál es el diseño institucional del pp. Estos son estudios que 
permiten conocer qué factores son necesarios para garantizar una implementación 
exitosa del pp en otras ciudades fuera de Brasil. Entre los autores que destacan 
en el desarrollo de este rubro se encuentran: Schneider (2006), Goldfrank (2006), 
Sintomer (2005) y Cabannes (2005). 
Por último, en la tercer área, Montecinos (2009) ubica los trabajos que se enfocan 
en analizar al pp como una institución de la democracia participativa. Aquí se hace 
énfasis en la relación existente entre la democracia participativa y la 
representativa, así como sus condiciones, ventajas y desventajas. Asimismo, se 
reflexiona en valorar la relación entre los tipos de democracias como 
complementos y no como suplementos; situación que se problematiza cuando se 
cuestiona ¿cómo articular esta conjunción sin que exista una subordinación? 
Cuestionamiento que se ha tornado en un amplio debate. En este sentido, las 
autoras Tatagiba y Texeira (2007) han ejemplificado el tema de la subordinación 
mediante un estudio de caso realizado en Brasil; y autores como Montecinos y 
Resende (2012) han problematizado que el complemento sólo se da en la teoría, 
más no en la práctica. 
Sin duda, el que existan múltiples tipos de estudios y enfoques para el análisis y 
comprensión del pp, es un indicador del auge e importancia que está cobrando a 
nivel mundial, pero en mayor medida en Latinoamérica, región donde se ha 
implementado el pp en diversas ciudades de Brasil (primer país que lo llevó a 
6	
	
cabo, y su caso más famoso es el de la ciudad de Porto Alegre), México, 
Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Chile, por citar algunos 
casos (Montecinos, 2009). 
El pp en cada país tiene sus especificidades que lo hacen único, pues en cada 
región varía dependiendo del entorno político, social, cultural, económico, etcétera. 
Sin embargo, es altamente probable que el modelo de Porto Alegre siga siendo la 
referencia central porque es el caso político más conocido y difundido en la mayor 
parte de los países donde se espera un incremento en el número de casos de 
presupuestos participativos (Sintomer, 2005). 
La experiencia del pp en Porto Alegre, Brasil, surge en 1989; la cual en un inicio 
tuvo conflictos para su adecuada implementación; sin embargo, con el tiempo 
evolucionó y se perfeccionó, y en “1990 se posicionó como una de las 40 
innovaciones urbanas en todo el mundo, y en 1996 se expuso el pp en la 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos-
Hábitat II, la cual tuvo lugar en Estambul en junio del mencionado año” (Sousa, 
2004: 394). 
 
Hoy en día, haciendo un análisis retrospectivo se puede decir que el pp en Brasil 
ha fungido como motor de cambio en la redistribución de recursos mediante la 
participación ciudadana. Organismos internacionales como el Banco Mundial, 
retoman el caso del pp en Brasil como una práctica exitosa que merece ser 
estudiada y difundida para alentar a las autoridades a implementar este tipo de 
ejercicios por los impactos positivos que ha mostrado, y a innovar, dependiendo 
sus contextos y las necesidades de sus ciudadanos, en lo relacionado a los 
mecanismos locales de participación ciudadana que implementan. 
 
El caso mexicano 
 
Otra ciudad donde también se ha desarrollado el pp es la Ciudad de México, la 
cual desde 2011 presentó de forma unificada el proceso del pp en sus 16 
7	
	
delegaciones; pues con anterioridad, habían existido experiencias aisladas y 
distintas sobre el pp. Ejemplo de ello se identificó en la delegación Tlalpan, donde 
se llevó a cabo el programa “Hacia un Presupuesto Participativo” del 2001 al 
20038. 
 
El pp local fue implementado de manera homologada por el Instituto Electoral de 
la Ciudad de México (de ahora en adelante IECM) como un mecanismo de 
participación ciudadana institucionalizada en el 2011. Hoy en día, en la capital del 
país encontramos un pp que intenta abarcar y atraer a mayores sectores de la 
población mediante la diversificación de los proyectos que se pueden registrar. 
 
Sin embargo, al ser el pp un mecanismo de reciente aplicación se desenvuelve de 
forma compleja porque enfrenta diversas problemáticas por la poca participación 
ciudadana, y los endebles mecanismos de control y monitoreo que presentan los 
recursos otorgados. Situación que se constató en el diagnóstico realizado en esta 
tesis sobre los mecanismos de monitoreo que se implementan en el pp, pues se 
visibilizó que si bien es cierto que desde el 2015 se han implementado 
herramientas de monitoreo de impacto y seguimientos presupuestales, destaca 
que esta información no es pública; por lo tanto, se desconocen los avances, 
retrocesos o estancamientos del pp. 
 
A pesar de que se desconocen los resultados e impactos que está produciendo el 
pp porque sus mecanismos de monitoreo no son abiertos, el IECM optó por 
diversificar el pp; ejemplo de ello se identifica en el pp con enfoque de género que 
se aplica desde el 2015 en la Ciudad. 
 
Sin embargo, se desconoce por qué y cómo se insertó la perspectiva de género en 
el pp, cuál es su importancia, la necesidad, o la urgencia de que se llevara a cabo 
este mecanismo de participación ciudadana institucionalizada en la capital del 
país. Asimismo, sobresale que no fue posible identificar textos que retomen y8	Si se desea ahondar en el pp de esta delegación, revisar Maldonado (2015) y Morales 
(2005). 	
8	
	
problematicen la temática del presupuesto participativo con perspectiva de género 
en la Ciudad de México, ni que conjuguen estas tres aristas: participación 
ciudadana-monitoreo-género. 
 
Por estas razones, en esta tesis se planteó el siguiente objetivo general: describir 
el proceso de inserción de la perspectiva de género en el presupuesto participativo 
de la Ciudad de México, así como las herramientas de monitoreo que se han 
utilizado y difundido en portales electrónicos para los proyectos del presupuesto 
participativo del 2011 al 2017, con la finalidad de analizar si su implementación es 
satisfactoria y es aplicable al presupuesto participativo diferenciado, y proponer la 
implementación de un nuevo mecanismo de monitoreo con perspectiva de género. 
 
En este sentido, se definieron como objetivos específicos: 
 
• Investigar cómo se incorporó el enfoque de género en el presupuesto 
participativo de la Ciudad de México. 
• Describir y analizar los mecanismos de monitoreo que se han difundido en 
portales electrónicos sobre el presupuesto participativo con y sin enfoque 
de género. 
• Proponer una modificación al formato de registro de los proyectos del 
presupuesto participativo con enfoque de género con la finalidad de recabar 
información que permita monitorearlo. 
 
En concordancia con estos objetivos, se desarrollaron dos preguntas clave que 
tuvieron la función de dirigir la investigación para la tesis, a saber: ¿cómo se 
insertó la perspectiva de género en los proyectos del presupuesto participativo de 
la Ciudad de México? y ¿cómo se pretende monitorear su implementación? 
 
Objetivos que se relacionan directamente con la hipótesis de la tesis: “los 
mecanismos de monitoreo que se han aplicado desde 2011 al 2017 al 
9	
	
presupuesto participativo no permiten conocer el desempeño del presupuesto 
participativo con enfoque de género que se implementa en la Ciudad de México”. 
Para dar respuesta a las interrogantes planteadas, en primera instancia, se 
desarrollan los referentes conceptuales que dan sustento a esta tesis, es decir, se 
define qué se comprende por participación ciudadana, perspectiva de género, 
presupuesto público, presupuesto participativo, monitoreo, indicador, evaluación, 
entre otros; con el fin, de generar una base conceptual que permitiera comprender 
el presupuesto participativo con enfoque de género, así como sus mecanismos de 
monitoreo implementados en la capital del país. 
 
De forma específica, para responder la primera interrogante: ¿qué impulsó la 
inserción de la perspectiva de género en los proyectos del presupuesto 
participativo de la Ciudad de México? se llevó a cabo una investigación de 
gabinete y entrevistas a actores que tienen un papel clave en el desarrollo del pp 
con y sin enfoque de género en el IECM; con el fin de describir en el segundo 
capítulo, cómo y por qué se insertó la perspectiva de género en el pp. 
 
Ahora bien, para poder comprender a cabalidad el pp con perspectiva de género, 
es necesario conocer el pp local y sus antecedentes, por lo tanto, en el segundo 
capítulo también se describen los orígenes de este mecanismo de participación 
ciudadana institucionalizada. De igual manera, en el capítulo citado, se 
desarrollaron los antecedentes de los presupuestos públicos con enfoque de 
género en la Ciudad, para conocer las diferencias y similitudes que hay en el 
origen de dos mecanismos que basan su forma de incidencia en el presupuesto, 
pero uno (los presupuestos públicos diferenciados) desde mandatos 
institucionales, y otro (el pp diferenciado) desde la participación ciudadana. 
 
Una vez conocido y analizado el panorama de creación del pp que cuenta con 
enfoque de género, y para poder dar respuesta a la segunda interrogante de esta 
tesis: ¿cómo se pretende monitorear la implementación del pp con perspectiva de 
género? se elaboró en el tercer capítulo, un diagnóstico enfocado en los 
mecanismos de monitoreo que se implementan en la actualidad al pp con 
10	
	
perspectiva de género, para conocer si estas herramientas de medición permiten 
saber el desempeño de este presupuesto diferenciado. Asimismo, se configuraron 
los respectivos diagnósticos de monitoreo del pp y de los presupuestos públicos 
sensibles al género, para conocer si se lleva a cabo un monitoreo, qué aspectos 
monitorean y con qué regularidad lo hacen. Esta información permitió conocer en 
dónde estamos en materia de monitoreo del pp con y sin enfoque de género, así 
como de los presupuestos etiquetados locales9. 
 
Uno de los principales hallazgos identificado en los diagnósticos, fue que el pp con 
enfoque de género se ha desarrollado bajo un escenario de opacidad porque no 
existe a nivel de proyecto un seguimiento público, sistemático ni puntual, que 
permita conocer su desempeño, así como los tipos de participación ciudadana que 
convergen en su desarrollo. De forma general, se observa que no existen las 
bases mínimas para que se lleven a cabo evaluaciones pertinentes hacia el pp 
enfoque de género, pues los insumos básicos que se necesitan para llevarse a 
cabo, provienen del monitoreo, y éste al ser opaco, disperso y difuso, no es 
funcional porque no emite información fiable de forma sistemática que permita la 
comparabilidad de los datos. 
 
Frente a este escenario, se optó por ir más allá de la crítica sobre los escasos 
mecanismos de monitoreo provenientes del gobierno y de la sociedad civil 
organizada, y brindar una propuesta de cómo generar un mecanismo de monitoreo 
con enfoque de género que se pudiera aplicar al pp local; y que permitiera conocer 
																																																								
9	Se acota que para conformar estos diagnósticos únicamente se consideró la información 
públicamente disponible en vía internet, pues uno de los principios del gobierno abierto es 
que en la actualidad para fomentar y ampliar la transparencia, así como la rendición de 
cuentas, es necesario utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), 
para que la información sea accesible, reutilizable y de amplia difusión. Por ende, para 
generar los diagnósticos se partió del supuesto de que la información pública debe 
ubicarse en sitios electrónicos. Sin embargo, esto no significa que la información no 
pueda existir en físico en los archivos de las instituciones; sino que fue un criterio que se 
utilizó para seleccionar la información que se tomó en cuenta para la formulación de los 
diagnósticos. Los diagnósticos se hicieron desde tres niveles: gubernamental, sociedad 
civil organizada y ciudadanía en general. La finalidad fue observar desde tres 
perspectivas, cómo monitorean estas prácticas y conocer qué sector muestra un mayor 
interés por hacer seguimientos sistemáticos e integrales. 
11	
	
de manera diferenciada, qué tipos de participación ciudadana convergen en el 
desarrollo de este pp, y cuáles son sus procesos y resultados. Por lo tanto, se 
propone modificar el formato de registro de los proyectos del pp ante el IECM para 
incorporar la perspectiva de género en el formato, y así, crear los insumos 
necesarios para hacer los seguimientos que permitan optimizar y potencializar los 
resultados enfocados en la generación de la igualdad sustantiva. 
 
Siguiendo esta idea, en el capítulo cuarto, se presenta la propuesta del formato 
modificado, y un ejemplo que únicamente tiene la finalidad de mostrar de manera 
práctica cómo se podrían desarrollar los proyectos en este nuevo formato. Sobre 
estos asuntos trata la presente tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12	
	
Capítulo I. Referentes conceptuales 
 
En el 2015 se planteó por primera vez en la Ciudad de México un punto de 
encuentro entre dos modelos que con anterioridad habían coexistido, pero no 
convergido:el presupuesto participativo y el enfoque de género a nivel 
presupuestal. De la intersección de ambos modelos, surge el presupuesto 
participativo con perspectiva de género en la capital. El estudio de dicha 
convergencia, su desarrollo e implementación son uno de los objetivos centrales 
de esta tesis. Para comprenderlo a cabalidad, en este capítulo se definen y 
entrelazan los conceptos que ayudan a aprehenderlo, a saber: participación 
ciudadana, género, perspectiva de género, presupuesto, presupuesto sensible al 
género, presupuesto participativo y presupuesto participativo con enfoque de 
género. Siguiendo este orden de ideas, el primer tema que se aborda es la 
participación ciudadana. 
 
1.1. Definiciones de participación ciudadana 
	
Si bien es cierto que existen distintos tipos de participación como la ciudadana, 
popular, comunitaria, política y social10; consideramos importante en primera 
instancia, definir lo que en este trabajo se entiende por participación, prefijo de los 
términos antes mencionados. Para Bolos (2003) “en la actualidad, el término 
participación es utilizado para explicar la incidencia de individuos y grupos sociales 
en las diferentes etapas en las que se resuelven asuntos de interés público, es 
decir, en la consulta, discusiones, planteo de propuestas y, en algunos casos, en 
la gestión de recursos. (…) La participación es considerada como un medio para la 
democratización de los espacios institucionales y de las relaciones” (pp. 7). 
 
Una vez definido el prefijo, se acota que los conceptos que le siguen (popular, 
ciudadana, entre otros) no son excluyentes entre sí porque confluyen dentro de la 
																																																								
10 Para profundizar en sus definiciones y diferenciaciones, se recomienda consultar texto 
de Cunill (1991). 
13	
	
misma esfera pública11, “y poseen un común denominador: la búsqueda de 
beneficios sociales” (Aguirre, 2014: 212); sin embargo, es menester señalar que 
dentro de esta gama de tipologías, en esta tesis, sólo se retoma la de la 
participación ciudadana, la cual hace referencia a los ciudadanos que llevan a 
cabo “las actividades que, interactuando ante y con el Estado, buscan 
transformarlo para incidir en el diseño, definición y programación de las políticas 
públicas” (Aguirre, 2004: 213). 
 
En este sentido, Ziccardi (2004) considera que es una “forma de inclusión de la 
ciudadanía en procesos decisorios, incorporando sus intereses particulares (no 
individuales) respecto a determinadas temáticas” (pp.10). Definición que se 
complementa con la de Cunill (1991), quien argumenta que la “participación 
ciudadana se refiere a la intervención de los particulares en actividades públicas 
en tanto portadores de determinados intereses sociales” (pp. 57). 
 
Siguiendo estos argumentos, consideramos que la participación ciudadana tiene 
que ver con aquellos espacios de inclusión donde interactúan diversos sectores, 
como el social y gubernamental, para plantear intereses particulares y generar 
soluciones colectivas. 
 
Ahora bien, dentro de la participación ciudadana también existen distintas 
modalidades y medios12, pero en esta tesis nos apegamos al tipo de participación 
ciudadana que se “encuentra circunscrita a espacios y mecanismos 
reglamentados de interacción entre gobernantes y gobernados. Es decir, a la 
participación ciudadana institucionalizada”13 (de ahora en adelante PCI) (Espinosa, 
2004:38); porque consideramos es la categoría de análisis que permite explicar la 
																																																								
11 Por esfera pública se comprende un espacio donde conviven múltiples actores que se 
interrelacionan de diversas formas e intercambian y difunden información y necesidades 
de interés general relativas a su comunidad (Arendt, 2009). 
12 Si se desea conocer al respecto revisar texto de Cunill (1991), Ziccardi (1998) y 
Saltalamacchia y Ziccardi (2005). 
13 Acotamos que sólo se utiliza la categoría analítica PCI cuando se refiere a este 
fenómeno específico normativo, mientras que el concepto de participación ciudadana se 
utiliza de forma general para abordar los procesos participativos. 
14	
	
ejecución del presupuesto participativo de la Ciudad de México, ya que se trata de 
un mecanismo estipulado por la Constitución local14, y normado por la Ley de 
Participación Ciudadana15 y la Ley de Presupuesto Participativo16. 
 
1.1.1. Participación ciudadana institucionalizada (PCI) 
 
La institucionalización de la participación ciudadana se comprende como la 
apertura de espacios sustentados en un marco legal, que tienen la finalidad de 
instaurar y regular la relación de cooperación y coordinación entre el gobierno y 
los ciudadanos para reivindicar el carácter público de las decisiones políticas. 
 
En este sentido, se puede comprender a la PCI como “aquellos casos que 
representan una respuesta -individual o colectiva- desde lo social a una 
convocatoria (con sustentos normativos) realizada por parte de las autoridades 
gubernamentales en aquellos espacios institucionales que éstas designan o crean 
para involucrar a sectores de la población en alguna actividad específica de lo 
público” (Bolos, 2013: 7) 
 
Sin embargo, es menester señalar que la participación ciudadana presenta 
múltiples problemas y dificultades para incorporarse y mantenerse activa como 
forma de organización social y gubernamental. En este sentido, Ziccardi (2004) 
argumenta que es indispensable explorar los marcos jurídicos para evaluar hasta 
qué punto la PCI está incentivando al ciudadano a participar, organizarse y 
pronunciarse. Argumento con el que coincidimos porque si la mayor parte de las 
leyes que deben empoderar al ciudadano están redactadas como candados para 
que no exista una cogestión, entonces será nula o escasa la corresponsabilidad 
entre gobierno y sociedad. 
																																																								
14 Específicamente en el Artículo 26 “Democracia participativa”, apartado B: presupuesto 
participativo. Para revisar a detalle la máxima Ley local, consultar el siguiente enlace 
http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/589/746/ef5/589746ef5f8cc44747517
6.pdf (13/03/2017). 
15 http://www.aldf.gob.mx/archivo-cd085f88915447b193f6d4b7b04769d3.pdf (13/03/2017). 
16 http://www.aldf.gob.mx/media/banners/LeyPresupuestoParticipativo.pdf (13/03/2017).	
15	
	
Siguiendo con la idea anterior, “se debe observar (…) que la labor legislativa no 
reduzca el alcance de los derechos ciudadanos, por el contrario, la acción 
legislativa debería reafirmarlos al dotar de herramientas jurídicas a los ciudadanos 
para que los derechos puedan ser ejercidos libremente” (Briseño, 2011: 10).	Pero 
generar esta sinergia y corresponsabilidad entre gobierno-sociedad, no depende 
exclusivamente de la redacción del marco jurídico, porque aunque los 
mecanismos de PCI tengan un sustento legal que fomente el ejercicio de la 
participación ciudadana, si los ciudadanos no los hacen efectivos y no tienen 
intenciones de intervenir en las decisiones y actividades estatales, ni de llevar a 
cabo procesos de deliberación e interacción social para definir sus intereses, 
necesidades y propuestas particulares, no se puede concretar una gobernabilidad 
democrática17. 
 
Siguiendo esta reflexión, Font (2004) argumenta que al generar o instaurar 
cualquier mecanismo de participación ciudadana, se debe considerar que el tipo 
ideal del ciudadano no siempre se ubica de forma mayoritaria como se quisiera, 
por lo tanto, se debe estar consciente que pueden prevalecer los ciudadanos poco 
informados y/o con nulo o escaso interés en asuntos públicos. 
 
Para Font (2004), este dilema se acompaña de otro factor exógeno a los 
mecanismos institucionales de participación ciudadana: la cantidad de tiempo libre 
que tiene cada persona y cuánto están dispuestos a otorgar para asuntos 
comunes. Situaciónque el autor problematiza al plantear que, si el tiempo libre es 
escaso, la energía e intensidad participativa se verán afectadas directamente; y, 
por ende, es probable que exista una tendencia sobre el tipo de personas que 
acuden a las asambleas a deliberar conflictos y a tomar decisiones que deberían 
																																																								
17 Para Prats (2001), la gobernabilidad democrática existe “cuando la toma de decisiones 
de autoridad y la resolución de conflictos entre los actores estratégicos, se producen 
conforme a un sistema de reglas y fórmulas que podemos calificar como democracia” (pp. 
104). Para el autor, la clave de la democracia es la igualdad política. Bajo la misma 
perspectiva, Castelazo (2004) argumenta que la gobernabilidad democrática consiste en 
reconocer y considerar el conflicto como parte de la relación entre el gobierno y la 
sociedad, el cual es posible administrarlo apelando a la corresponsabilidad de ambos 
actores en la vida pública. 	
16	
	
ser de la colectividad, lo cual afecta el desarrollo de la PCI porque la participación 
ciudadana que la nutre no es integral ni inclusiva, sino que sólo son ciertos 
sectores sociales los que participan. 
 
Asimismo, otro riesgo que afecta a la PCI es que sus mecanismos se multipliquen 
de forma inercial, es decir, que por una tendencia de implementar prácticas 
basadas en la participación ciudadana, no se valore ni analice si se pueden aplicar 
al contexto, si han tenido éxito en otras ciudades, si son factibles, etcétera. El 
hecho de institucionalizar la participación ciudadana bajo múltiples mecanismos 
que no son operacionales o que nunca se llevan a cabo, puede devenir en que se 
formule una opinión pública sobre la participación ciudadana como no funcional 
porque a pesar de que se repite en múltiples ocasiones como un mecanismo de 
inclusión, no se visibilizan sus beneficios ni sus campos de acción, y por lo tanto, 
se pierde la idea de valorarla como un estilo de hacer política (Borja, 2002). 
 
Sin embargo, a pesar de las problemáticas que puede enfrentar la pci, en varios 
de los territorios donde se ubica una crisis o un cuestionamiento hacia la 
democracia representativa, se han generado distintas alternativas basadas en que 
el ciudadano participe. Ziccardi (2004) argumenta que “cualquier proyecto que 
pretenda abrir espacios de participación ciudadana deberá plantearse claras 
estrategias que le permitan reforzar el sector asociativo, buscar la participación del 
ciudadano no organizado y potenciar un cambio hacia una cultura más 
participativa” (pp. 12). Un ejemplo de este tipo de alternativas participativas 
institucionalizadas es el pp, el cual tiene la función de involucrar a la ciudadanía en 
el proceso de decisión de prioridades del presupuesto de determinada colonia, 
desde un enfoque de gestión conjunta donde a través de debates y negociaciones, 
se toman decisiones colectivas sobre cómo distribuir una parte del presupuesto 
público para aumentar el bienestar. 
 
Resumiendo, la participación ciudadana es un concepto amplio que se puede 
abordar desde múltiples perspectivas, sin embargo, la literatura especializada 
coincide en plantear que la característica esencial de este tipo de participación es 
17	
	
que los ciudadanos participen en espacios específicos (predeterminados), para 
expresar sus intereses sociales pero particulares, con el fin de co-diseñar y co-
crear propuestas de incidencia social. De igual manera, la participación ciudadana 
institucionalizada se guía bajo el mismo objetivo, pero con la diferencia de que sus 
mecanismos de participación, están regulados por alguna norma local o federal. 
 
Otro concepto que se presenta bajo múltiples definiciones es el de género, el cual 
también es un pilar conceptual en esta tesis, porque posteriormente se retoma 
para analizar desde una perspectiva de género los mecanismos de participación 
ciudadana institucionalizada y sus respectivas vías de seguimiento que existen en 
la Ciudad de México. 
 
1.2. ¿Qué es el género? 
	
El género es una categoría que impulsó el feminismo académico anglosajón, en la 
década de los setenta del siglo pasado, con el fin de marcar una diferencia entre 
los preceptos de la biología y las construcciones sociales y culturales que se 
formulan hacia las mujeres y los hombres (Lamas, 1999). 
	
Siguiendo esta idea, el género se comprende como el cúmulo de ideas, creencias 
y atribuciones sociales, construidas en cada cultura y periodo histórico, que ha 
tomado como base la diferencia del sexo (INMUJERES, ONU Mujeres, 2014c). A 
través del género se define lo femenino y lo masculino, lo cual se sitúa en el 
registro de lo simbólico (Scott, 2000). 
 
Bajo la misma perspectiva, Marta Lamas retomando a Simone de Beauvoir en su 
texto El Segundo Sexo, considera que “las características humanas consideradas 
como “femeninas” (o masculinas) son adquiridas por las mujeres (y por los 
hombres) mediante un complejo proceso individual y social, en vez de derivarse 
“naturalmente” de su sexo” (Lamas, 2013: 9). 
 
18	
	
Asimismo, West y Zimmerman (1999), definen el género como “un elemento 
emergente de situaciones sociales; es tanto el resultado, como la razón 
fundamental de varios arreglos sociales y un medio de legitimar una de las 
divisiones más fundamentales de la sociedad” (p. 111). Para estos autores, el 
género se configura mediante prácticas sociales que gracias a su constante 
reproducción y reafirmación, se presentan como prácticas naturales y obligatorias 
adheridas a determinada categoría sexual. 
 
En otras palabras, el hacer género se consolida mediante un proceso diario que 
implica una constante reafirmación social y personal de pertenecer a una 
categoría sexual18. Sin embargo, el ser parte de una categoría sexual trae consigo 
diversas consecuencias sociales, una de ellas es la asignación desigual de poder. 
 
Se torna necesario comprender cómo se ha formulado el género en nuestro 
contexto y observar cómo ha evolucionado, para poder entender los múltiples 
impactos desiguales que esta configuración simbólica ha tenido. En este sentido, 
Scott (2000) considera que es de suma relevancia estudiar el género para conocer 
su significado y sus múltiples implicaciones a nivel social, cultural, político, 
económico, etc., con el fin de analizar cómo el género ha coadyuvado a mantener 
el orden social, o bien, de qué forma ha promovido el cambio en determinado 
territorio y periodo. 
 
																																																								
18	Es relevante acotar que sexo, categoría sexual y género no son lo mismo. El sexo es el 
cúmulo de los rasgos, características fisiológicas, anatómicas, biológicas y cromosómicas, 
que han sido socialmente convenidas para poder diferenciar a los seres humanos entre 
mujeres y hombres, así como de los demás animales. La categoría sexual es el conjunto 
actitudes y actividades que la sociedad ha estipulado son apropiadas para determinado 
sexo; lo cual se relaciona directamente con el género, porque el hacer género surge de la 
exigencia de ser miembro de una categoría sexual. Asimismo, es importante acotar que 
sexo y categoría sexual no siempre están relacionadas, es decir, se puede tener un sexo 
masculino, pero presentarse ante la sociedad como mujer y ostentar la categoría sexual 
de mujer y hacer género diario, reproduciendo y reafirmando prácticas sociales que se 
han destinado a la mujer (West, Zimmerman, 1999). En esta tesis no se ahonda más en 
estas definiciones porque no son el objeto de la misma, sin embargo, si se desea 
profundizar en esta reflexión se recomienda revisar textos de West, Zimmerman (1999), y 
Lamas (1999). 
19	
	
Siguiendo esta idea, Scott (2000) plantea la necesidad de comprender el género 
desde dos perspectivas interrelacionadas; es decir, el género es “un elemento 
constitutivo de las relaciones sociales basadas enlas diferencias que distinguen 
los sexos19, y el género es una forma primaria de relaciones significantes de 
poder” (pp. 289). Definición que consideramos es de suma relevancia porque 
conjuga dos factores, pues hace mención de la dimensión cultural y social del 
género porque lo posiciona como un elemento constitutivo de las relaciones 
sociales, pero también acota que el género “es el campo primario dentro del cual o 
por medio del cual, se articula el poder” (Scott, 2000: 292). 
 
Sin duda, valorar el género como un factor que puede legitimar, articular y/o 
modificar el ejercicio del poder, es una reflexión que amplía el campo de estudio 
del género como categoría analítica porque las relaciones de género dejan de 
posicionarse exclusivamente en el ámbito social y cultural, para adentrarse en la 
arena de las relaciones de poder. 
 
La finalidad de que el género también sea reconocido como una representación 
del ejercicio del poder, recae en la importancia de valorar que los sistemas y 
estructuras bajo los que se sostiene el ejercicio del poder dominante son 
legitimados y reproducidos por roles sociales y culturales, donde el género tiene 
un peso fundamental. 
 
Resumiendo, el género es una construcción social que fomenta y reproduce de 
forma cotidiana, las actitudes, acciones, características, roles, estereotipos, etc., 
que se han relacionado a cada categoría sexual. La reproducción diaria y 
constante de estas prácticas sociales ha traído consigo que se asimilen como 
“naturales, normales y obligatorias” para los hombres y las mujeres. Asimismo, el 
																																																								
19	Para Scott (2000), “el género como elemento constitutivo de las relaciones sociales 
basadas en las diferencias percibidas entre los sexos, comprende cuatro elementos 
interrelacionados: 1. Símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones 
múltiples. 2. Conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los 
significados de los símbolos. 3. Las instituciones y organizaciones sociales. 4. Identidad 
subjetiva” (pp. 291). 	
20	
	
hacer género ha servido como medio para legitimar y/o modificar la organización 
de la estructura social, cultural, política, económica, etc., porque el género tiene un 
papel relevante en la distribución del ejercicio del poder. 
 
De igual forma, es importante volver a mencionar que el género se presenta de 
forma diversa dependiendo la región, es decir, los elementos que se derivan o lo 
conforman, son cambiantes y se adaptan al contexto de determinado territorio. Por 
lo tanto, el género no puede ser una construcción social a nivel macro, porque en 
lo micro, bajo tesituras interculturales, se otorga sentido y significado a las 
personas de formas distintas e incluso contradictorias entre culturas. Escenarios 
donde debe permear la otredad para comprender lo distinto y no caer en 
criminalizaciones basadas en lo propio; en palabras de Gayle Rubin, cada 
sociedad tiene su sistema sexo/género20. 
 
Por lo tanto, frente a esta multiplicidad de sistemas sexo/género, es relevante que 
se estudie de forma específica de qué forma se construyen en cada sociedad para 
comprender sus estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, etc. Hoy 
en día, la forma en la que se reconocen y analizan las diferencias de género, es 
mediante la implementación de la perspectiva de género como categoría de 
análisis; pues mediante este enfoque se identifican y estudian las prácticas 
sociales que conforman el género en determinado contexto, y se formulan 
mecanismos específicos (como son los presupuestos etiquetados o el pp 
participativo con perspectiva de género), que inciden en los rubros que se 
presentan como áreas de oportunidad para revertir la desigualdad basada en el 
género, y crear un bienestar común. Siguiendo esta idea, a continuación se 
																																																								
20 Para ahondar en la temática de cómo a través de la cultura se otorga sentido y 
significado al género, se recomienda revisar los textos que retoma Lamas (2013), porque 
hace una compilación breve presentando lo que considera relevante de textos, ensayos, 
libros, etcétera, que desde su perspectiva, son clave para comprender el género; ejemplo 
de ello son: Sexual Meanings: the Cultural Construction of Gender and Sexuality de 
Sherry B. Ortner y Harriet Whitehead (1981). Salvatore Cucchiari (1996) en “La revolución 
de género y la transición de la horda bisexual a la banda patrilocal: los orígenes de la 
jerarquía de género”. La serie de libros editados por Linda Nicholson (1990) Thinking 
Gender, y Margaret Mead (1935) con Sex and Temperament in Three Primitive Societies. 	
21	
	
ahonda en la definición de perspectiva de género21 con la finalidad de clarificar los 
conceptos nucleares de la tesis. 
 
1.2.1. Definición de Perspectiva de género22 
 
En 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en 
Beijing, se posicionó la perspectiva de género como un enfoque fundamental y 
estratégico para estudiar, promover y acelerar el desarrollo y sostenimiento de la 
igualdad sustantiva23. Como resultado de esta Conferencia, se emitió la 
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, donde entre otros factores, los 
Estados Miembros se comprometieron a incorporar la perspectiva de género en la 
normativa y política pública para reafirmar su compromiso con la igualdad de 
género. Asimismo, en 1997, se emitieron las conclusiones convenidas por el 
																																																								
21	En consecuencia con los objetivos de esta tesis, sólo se expone la definición de la 
“perspectiva de género”; es decir, no se ahonda en su origen. No obstante, se presenta un 
esbozo de cuáles son sus principales antecedentes. En la década de los setentas del 
siglo pasado, comenzaron distintos movimientos feministas enfocados en la búsqueda de 
la igualdad entre hombres y mujeres. Ejemplo de ello, se visualizó en el movimiento 
vinculado al enfoque individualista de los derechos de las personas. Este enfoque se 
relacionó con la ideología de género y uno de sus principales aportes fue el modelo del 
igualitarismo, el cual, entre otras cosas, propuso la eliminación de cualquier particularidad 
que hiciera diferente a los hombres y a las mujeres. En contra parte, el movimiento 
feminista que se vinculó con el enfoque relacional, el cual es uno de los principales 
antecedentes de la perspectiva de género, tuvo como principal argumento la búsqueda de 
la igualdad sin rechazar la diferencia de cada ser humano. Es decir, debía existir una 
igualdad de derechos y oportunidades sin homogeneizar a las mujeres con los hombres. 
Si se desea ahondar más, se recomiendo revisar Miranda (2012).	
22	En América Latina se ha utilizado como sinónimo la perspectiva y el enfoque de género, 
no obstante, existe un debate de que estos dos conceptos no tienen el mismo significado, 
pues la perspectiva de género se vincula más con la ideología y la interpretación que se 
hace de la realidad, pero desde una visión sujeto-objeto; mientras que el enfoque de 
género se relaciona con un método en el que la política pública se focaliza atendiendo las 
particularidades de determinado contexto, es decir, no se hace una interpretación del 
objeto con base en los lentes de género que cada persona tiene, sino que sigue un 
método que coadyuva a implementar de forma óptima el enfoque de género en las 
acciones públicas. No se ahonda en este debate porque no modificaría los objetivos de la 
presente tesis. 
23 La igualdad sustantiva se refiere a lograr que la igualdad de género sea tangible y no 
sólo se aprecie en el imaginario del deber ser de la teoría y la norma (Inmujeres, ONU 
Mujeres 2014a:15). Si se desea ahondar en el concepto de igualdad sustantiva, revisar el 
acápite 1.2.2. de la presente tesis. 
22	
	
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)sobre la 
perspectiva de género, donde la definen como: 
 
El proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los 
hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o 
programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia 
destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, 
así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la 
aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en 
todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres 
y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la 
desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros 
(INMUJERES, ONU Mujeres, 2014c: 13). 
 
Implementar el enfoque de género es aceptar que hay múltiples desigualdades 
que emanan del género entre los sectores sociales, las cuales, si bien son 
producto de la historia, la cultura, la sociedad, la política, entre otros factores, no 
se pueden ni deben seguir reproduciéndose de forma sistemática porque esto 
puede afectar e impactar directamente el desarrollo y crecimiento igualitario de la 
sociedad y de la democracia porque el poder se ejerce de forma desigual. 
 
El género no sólo es una construcción social que determina prácticas sociales, 
sino que también es una construcción que expresa una estructura de poder 
estratificada y jerarquizada (Serret, et.al., 2008), por lo tanto, la perspectiva de 
género debe “explicar la acción humana como un producto construido con base en 
un sentido subjetivo” (Lamas, 2013: 11), que ha devenido en escenarios 
desiguales que se consideran injustos porque no permiten el desarrollo pleno de 
cada sector. Este escenario se ha sustentado en análisis integrales desagregados, 
que expresan las múltiples desigualdades y necesidades existentes, ya sean 
legales, económicas, políticas, sistemáticas, entre otras, que hay entre hombres y 
mujeres y que afectan implícita y explícitamente su bienestar. 
 
23	
	
Siguiendo esta reflexión, las investigadoras Alesina y Prato (2009) consideran que 
la perspectiva de género se debe integrar como una herramienta conceptual 
temporal que permita analizar, monitorear y evaluar los clivajes de la sociedad y 
las intervenciones públicas, partiendo de las situaciones disímiles de los sectores 
para comprender las distintas consecuencias y efectos que traen consigo. 
 
Lamas (1999) acota que la perspectiva de género no es un sinónimo de estudios 
sobre la mujer, porque estos últimos a diferencia de los que tienen insertada la 
perspectiva de género, no tienen la finalidad de lograr contextos igualitarios, sino 
que se centran en demostrar otro tipo de hipótesis no vinculadas necesariamente 
con el logro de la igualdad sustantiva. Para la autora, la perspectiva de género es 
un enfoque que busca generar un escenario de igualdad, donde el género deja de 
ser un elemento que de facto implica desigualdad (Serret, et.al., 2008: 53). 
 
Resumiendo, la perspectiva de género es un enfoque que permite visibilizar y 
analizar las construcciones sociales que se hacen sobre el género y que han 
devenido en una desigualdad de oportunidades de crecimiento y desarrollo para 
determinados sectores en un contexto específico. Mediante la implementación de 
este enfoque, se valora la realidad de forma diferenciada porque se reconoce que 
la sociedad no es homogénea, y por ende, si se ubican desigualdades se 
presentan propuestas temporales sensibles al género que tienen la finalidad de 
corregir estas desventajas para lograr la igualdad sustantiva. 
 
1.2.2. Igualdad Sustantiva 
 
Es importante detenernos en el concepto de igualdad sustantiva porque hoy en 
día, es el concepto básico que hace referencia a la generación de una igualdad 
real, que se lleve a la práctica, es decir, de facto y no simplemente de jure. 
Asimismo, es relevante mencionar que el concepto de igualdad sustantiva no 
significa lo mismo que el de igualdad como derecho o principio; no obstante, cabe 
resaltar que son complementarios entre sí porque la igualdad como derecho 
24	
	
otorga a todos los seres humanos (sin distinción) los mismos derechos24. Al 
otorgar los mismos derechos se procura una igualdad de condiciones que tiene el 
fin de aspirar a la justicia. El otorgar de forma igualitaria a todos las personas los 
mismos derechos humanos, se le conoce como igualdad formal porque en 
diversas fuentes legales nacionales e internacionales se estipula la igualdad de las 
personas frente a la ley (SCJN, 2015). 
 
Mientras que el principio de igualdad, se relaciona con la forma en la que se debe 
interpretar la ley, es decir, con base y procurando la igualdad, se deben hacer la 
lecturas hermenéuticas y aplicaciones de las normativas. En otras palabras, la 
igualdad debe ser considerada como un medio y un fin en sí mismo (SCJN, 2015). 
 
Asimismo, es importante reflexionar a la igualdad más allá del andamiaje jurídico, 
pues es relevante evaluar si la igualdad formal que se expresa en leyes, realmente 
se traduce en una igualdad de facto, es decir, sustantiva. La razón por la que es 
relevante hacer esta reflexión, es que hoy en día, desafortunadamente persisten 
desigualdades materiales porque el sexo, el género, las preferencias sexuales, la 
raza y la religión, continúan siendo características que determinan si una persona 
tiene acceso a determinado derecho (SCJN, 2015). Por ejemplo, la ley estipula 
que se deben otorgar los mismos derechos y existir un acceso igualitario a los 
mismos, a todas las personas sin distinción alguna; no obstante, en lo cotidiano es 
posible observar que si una persona tiene una preferencia sexual distinta a la 
heterosexual, puede existir discriminación para el acceso a oportunidades 
laborales, de vivienda, etcétera. 
 
De igual manera, en la actualidad se vislumbra una desigualdad estructural porque 
sectores de la sociedad (las mujeres, los indígenas, entre otros) que 
históricamente han estado marginados, continúan en una situación de 
sometimiento (SCJN, 2015). Por ejemplo, las niñas y mujeres tienen el mismo 
derecho que las demás personas de decidir sobre su vida, sin embargo, en 
																																																								
24	El concepto se mencionó por vez primera en el artículo primero de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. 	
25	
	
comunidades de Chiapas todavía existen casos donde los padres venden a las 
niñas como objetos de valor o las utilizan para intercambios comerciales. 
 
Frente a este escenario, es importante reconocer que ante la presencia de 
condiciones de desigualdad material o estructural que imposibilitan el disfrute de 
una igualdad real para todas las personas, es necesario llevar a cabo acciones 
con distintos enfoques, como es el de género, que tienen la finalidad de coadyuvar 
a la generación y sostenibilidad de una igualdad sustantiva, es decir, una igualdad 
real donde todas las personas pueden ejercer de forma igualitaria sus derechos. 
 
Para la igualdad sustantiva no basta con decretar que la igualdad debe ser para 
todos los seres humanos, sino que es necesario crear herramientas legales y 
prácticas temporales que permitan generar escenarios de igualdad real, en otras 
palabras de igualdad sustantiva. Es importante remarcar que las medidas 
enfocadas en generar igualdad sustantiva deben ser temporales, es decir, sólo se 
deben implementar durante la transición de escenarios de desigualdad hacia la 
igualdad de facto; si estas medidas se vuelven atemporales significa que no hay 
avances en materia de generación de igualdad y que los contextos de desigualdad 
y vulnerabilidad por género se perpetúan y transmiten de forma generacional. 
 
El concepto de igualdad sustantiva surge en el 2004 por parte del Comité para la 
eliminación de la Discriminación contra la mujer(Comité CEDAW), en específico 
en su recomendación General Nº 25, se describe que la igualdad de género debe 
tener un sustento jurídico, pero también, debe llevarse a cabo mediante acciones 
concretas y específicas, que permitan materializar la igualdad entre géneros. 
Inmujeres y ONU Mujeres (2014c) decretaron que “el logro de la igualdad 
sustantiva exige la adopción de una estrategia eficaz encaminada a corregir la 
distribución de recursos y el poder entre el hombre y la mujer” (pp.9). 
 
De igual forma, para Facio (2008) la igualdad sustantiva es la conjunción de dos 
factores: el campo legal (leyes, cuerpos normativos, decretos, etcétera) y la acción 
cotidiana; para la autora, estas áreas deben interactuar de forma paralela para que 
26	
	
se logre la igualdad sustantiva, porque si sólo se generan normas relacionadas a 
la materia, pero no se formulan los mecanismos que permiten materializar la 
igualdad, y además no se monitorea ni evalúa el desempeño de éstos, es poco 
probable que se avance en la creación de un escenario igualitario para todos los 
ciudadanos. 
 
Siguiendo esta idea, en la actualidad se implementan mecanismos de incidencia 
con perspectiva de género para lograr la igualdad sustantiva, como son los 
presupuestos con enfoque de género y los presupuestos participativos con 
perspectiva de género; los cuales, se definen en los siguientes apartados con el 
objetivo de identificar las especificidades y complementariedades de cada uno. Sin 
embargo, para poder comprender su importancia como mecanismos diferenciados 
de distribución de recursos, en primera instancia se define qué es un presupuesto 
público. 
1.3. Presupuesto Público 
	
Desde una visión económica, el presupuesto es un plan financiero que se elabora 
cada determinado tiempo fiscal para expresar los recursos que se les asignaron a 
distintas áreas para cubrir pagos específicos. Siguiendo esta perspectiva, se 
comprende que el presupuesto público “constituye la herramienta esencial a través 
de la cual el gobierno materializa sus objetivos económicos y de desarrollo social, 
cultural y político, siendo la principal manifestación de su acción política, ya que 
refleja sus prioridades sociales y económicas” (Área de la mujer, 2007: 5). 
 
En esta tónica, el presupuesto público es el instrumento financiero básico de la 
administración pública porque establece la distribución, gestión y orientación de 
los fondos públicos, los cuales, en su conjunto, deben coadyuvar a la realización 
de los objetivos y las metas nacionales previamente planificadas. Asimismo, el 
presupuesto público cobra relevancia porque es la expresión monetaria de los 
compromisos políticos adquiridos, es decir, esclarece cuáles son las prioridades 
de los gobernantes y cuántos recursos destinan para actividades específicas. 
 
27	
	
En México, el ciclo presupuestario está compuesto por siete etapas, en primera 
instancia se encuentra la Planeación25, la cual tiene la función de establecer los 
objetivos a corto, mediano y largo plazo que se buscan realizar a nivel local y/o 
federal. En segundo lugar, se ubica la Programación26, proceso en el que se 
definen los programas presupuestarios que ejecutarán las dependencias y 
entidades, así como los recursos que necesitarán (Transparencia presupuestaria, 
201727) (Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2017). 
 
La tercer etapa se denomina Presupuestación, en el cual se deben evaluar las 
políticas de gasto público, la Ley de Ingresos, los avances logrados del 
cumplimiento de metas y objetivos, entre otros documentos financieros. Una vez 
analizada esta información se generan los ante proyectos de presupuesto de 
egresos por dependencia, los cuales contienen las estructuras programáticas 
presupuestales por año fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
genera el proyecto de presupuesto de egresos federal con base en los que envían 
las distintas dependencias, y lo entrega a la Cámara de Diputados para que 
posteriormente aprueben la Ley del Presupuesto de Egresos; en esta Ley se 
describe “la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos 
de los tres poderes (…), de los organismos autónomos (…), y de las 
transferencias que se hacen a los gobierno estatales y municipales” 
(Transparencia presupuestaria, 2017) (Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 2017). 
 
																																																								
25	 Rubro regulado en la Ley de Planeación federal, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_281116.pdf. 
26 La segunda y tercer etapas están reguladas en el “Título Segundo de la Programación, 
Presupuestación y Aprobación” de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
27 El sitio Transparencia Presupuestaria es un portal de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que tiene la función de conglomerar toda la información relacionada con 
los recursos públicos, es decir, muestra en qué se gasta, para qué se gasta y quién gasta 
el presupuesto. http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Presupuesto. 
Asimismo, en el portal se observa el ciclo presupuestario federal que se toma como base 
para los presupuestos de egresos subnacionales. El cual se retomó en esta tesis. 
28	
	
La cuarta etapa es la de Ejercicio y Control28. Cada dependencia se encarga de 
ejercer los recursos otorgados con base en su planeación; pero para asegurar que 
el gasto se haga de forma adecuada, se implementan diversos controles para 
promover el uso eficiente de los recursos. Bajo esta idea, la quinta etapa se 
denomina Seguimiento29, la cual se enfoca en monitorear el uso de los recursos 
públicos, pero también el cumplimiento de metas mediante indicadores. Con base 
en los insumos que se obtienen del seguimiento, es posible pasar a la etapa 
número seis, la cual se titula Evaluación30, en la cual se valora la información de 
cada programa mediante evaluaciones de diseño, impacto, consistencia y 
resultados, etcétera, con el objetivo de identificar áreas de mejora y optimizar su 
desempeño. Por último, al final de cada año fiscal se presenta la cuenta pública y 
los informes de labores, los cuales son parte de la etapa de Rendición de Cuentas, 
y describen cómo se gastó el dinero y cuál es la deuda del gobierno31 
(Transparencia presupuestaria, 2017) (Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 2017). 
 
Resumiendo, el presupuesto público es un instrumento de suma relevancia porque 
es un reflejo e indicador de los compromisos y las prioridades de determinado 
gobierno; por lo tanto, es relevante monitorearlo y evaluarlo para analizar de qué 
forma se están distribuyendo los recursos públicos. Siguiendo esta idea, Sousa 
(2004) añade que mediante la valoración del presupuesto se puede determinar si 
se está definiendo como un mecanismo redistributivo y de inclusión, o, de 
exclusión social. 
 
																																																								
28	Rubros regulados en el “Título Tercero del Ejercicio del Gasto Público Federal,” de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
29	Rubro regulado en el “Capítulo II, de la Transparencia e Información sobre ejercicio 
federalizado” de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
30	Rubro regulado en el “Capítulo Sexto de la Información, Transparencia y Evaluación” de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf. 
31 A partir del 2013, mediante el “Programa para un gobierno cercano y moderno” el 
gobierno mexicano optó por incorporar en la etapa de Rendición de Cuentas el enfoque 
de Gobierno Abierto, el cual se desarrolla en el capítulo tres de la presente tesis. 
29	
	
Una vez definido lo que se comprende en esta tesis como presupuesto público y 
expuesto por qué es un mecanismo de relevanciaque merece ser estudiado, se 
ahonda en la definición de presupuestos públicos con perspectiva de género, con 
la finalidad de desarrollar otro de los pilares conceptuales de la tesis; por lo tanto, 
a continuación se expone por qué surgen este tipo de presupuestos y cuáles son 
sus principales funciones. 
 
1.3.2. ¿Qué son los presupuestos públicos sensibles al género? 
	
Hoy en día, existen mecanismos específicos diferenciados que tienen la finalidad 
de generar igualdad sustantiva, como son los presupuestos públicos con enfoque 
de género, los cuales parten de la premisa de que los presupuestos públicos no 
son neutrales al género porque cada sector social “tiene intereses y necesidades 
distintas que hacen que el acceso a los recursos y beneficios se realicen de forma 
desigual” (Alesina y Prato, 2009: 11); y por lo tanto, los impactos de las acciones 
públicas tampoco son iguales para los diferentes sectores. 
 
Sin embargo, con anterioridad no se consideraba en el ciclo presupuestario una 
distinción de género, lo cual dificultaba visibilizar los efectos diferenciados de las 
políticas y programas públicos; incluso, las fases del ciclo relacionadas al 
monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, ignoraban esta diferencia porque 
partían del axioma de neutralidad de género; situación que trajo consigo 
mediciones y valoraciones sesgadas que tendían a hacer generalidades que no 
permitían observar las diferencias sociales basadas en el género. 
 
Este escenario empezó a cambiar en la década de los setentas32 porque en 
múltiples foros, convenciones y demás eventos nacionales e internacionales33 se 
																																																								
32	“El año 1975 marcó un hito, pues a partir de él la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) proclamó el Año Internacional de la mujer, y los asuntos relativos a ésta fueron 
incluidos de manera sistemática en el programa de la ONU. De 1976 A 1985 fue el 
periodo que comprendió el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, la cual era la 
iniciativa de alcance mundial que buscaba tanto examinar la condición y los derechos de 
30	
	
comenzaron a estudiar y difundir por primera vez los temas relacionados al 
género; lo cual, posteriormente traería como resultado análisis complejos de 
múltiples variables, como género e ingresos, género y presupuestos, entre otros. 
Asimismo, esta situación cambió porque las presiones sociales emanadas de los 
movimientos feministas y las voces de las organizaciones de la sociedad civil, 
jugaron un papel fundamental en la época, pues criticaron la expresión de la 
desigualdad plasmada desde el mayor instrumento de distribución de recursos de 
la política pública, es decir, el presupuesto público. 
 
Frente a este escenario, se presentaron los presupuestos públicos sensibles al 
género (de ahora en adelante PPSG)34, los cuales son mecanismos que 
institucionalizan el enfoque de género en el ciclo presupuestario35. Flérida Guzmán 
(2007), define la institucionalización de la perspectiva de género como el “proceso 
mediante el cual las demandas de igualdad de género (…) se incluyen en las 
políticas públicas como un valor o un objetivo en las rutinas y las normas de las 
instituciones para mejorar la condición y la posición de las mujeres” (pp. 132) y los 
varones. 
 
																																																																																																																																																																									
las mujeres, como pretendía colocarlas en los puestos de toma de decisión en todos los 
niveles” (Carreón, 2015: 5). 	
33 Ejemplo de ello a nivel mundial son la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), “aprobada en 1979 y entró en vigor 
en 1981. Su importancia radica en que fijó una pauta a nivel internacional porque aclaró el 
concepto de igualdad entre hombres y mujeres. En 1985 se llevó a cabo la Conferencia 
Mundial para el Examen y Evaluación de los logros del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, en la cual se aprobaron las Estrategias de 
Nairobi, que se orientaron hacia el futuro para el adelanto de las mujeres, y que se 
aplicarían hasta el 2000” (Carreón, 2015: 6). La Plataforma de Acción de Beijing tuvo 
lugar en 1995 y fue adoptada por 189 países. A nivel local, se presentó la Asamblea 
Nacional de Mujeres para la Transición a la Democracia en1996. En 1990, se aprobó el 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), como acto reafirmante sobre la importancia de 
eliminar la discriminación basada en el sexo. 
34 Los cuales también se han denominado presupuesto con perspectiva de género o 
presupuesto con enfoque de género. 
35 El cual se desglosa en Planeación; programación, presupuestación, ejercicio-control, 
monitoreo, evaluación y seguimiento. 	
31	
	
Siguiendo esta reflexión, se comprenden los presupuestos con perspectiva de 
género como aquellos “instrumentos fundamentales de la política pública para 
avanzar hacia la igualdad sustantiva (…), donde la igualdad de género figura no 
sólo como fin en sí mismo sino como medio para alcanzar mejores estándares de 
vida para la sociedad entera” (ONU Mujeres, INMUJERES, 2014: 4). 
 
En primera instancia, los PPSG reconocen y analizan las diferencias (políticas, 
culturales, económicas, sociales, etcétera) y los roles sociales que hay entre los 
hombres y las mujeres en lugares determinados, así como los efectos que éstos 
tienen en el desarrollo de cada uno de los sectores. Una vez comprendidos los 
escenarios disímiles, se adoptan medidas presupuestarias especiales, que son y 
deben ser de carácter temporal, para tratar de cambiar las desigualdades 
existentes en contextos específicos mediante la inclusión de los diversos sectores 
sociales en la planeación, ejecución, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas 
(de impactos diferenciados) de los recursos públicos; procedimiento que en su 
conjunto trae consigo, según los supuestos de la literatura, procesos más eficaces, 
igualitarios y redistributivos. 
 
Asimismo, se acota que los presupuestos sensibles al género también tienen la 
función de empoderar al sector que se identificó está en desventaja frente a los 
demás; porque recordemos que el género es un factor de relevancia para la 
distribución del ejercicio del poder, el cual ha sido desigual porque con base en el 
género se ha beneficiado y legitimado a los hombres como mayores detentores de 
poder; por lo tanto, este tipo de acciones con enfoque de género tienen el objetivo 
de que los sectores que no han podido ejercer poder de forma igualitaria, lo hagan 
con el fin de fomentar y desarrollar sociedades realmente democráticas36. 
																																																								
36 En política pública, el enfoque de género se ha enfocado en dos sectores de la 
población: las mujeres y los hombres. Sin embargo, en la actualidad hay un debate de 
suma relevancia que cuestiona este enfoque binario. Autoras como Nancy Fraser han 
retomado este tema al plantear que el enfoque de género también debería abarcar a 
poblaciones de la diversidad sexual, es decir, transgéneros, transexuales, etcétera. Si 
bien se reconoce la importancia de este debate, se acota que para la presente tesis, 
retomarlo y ahondar en él, implicaría modificar los objetivos de investigación. Si se desea 
ahondar en el tema, se recomienda revisar Fraser en Iustitia Interrupta (1997). 
32	
	
Sin embargo, Acuña (2006) menciona que para que los mecanismos que tienen la 
función de empoderar sean eficaces, es fundamental que la persona que está en 
desventaja, tenga la voluntad de participar, proponer y apropiarse de este tipo de 
mecanismos; es decir, que sea parte del debate, de las propuestas y de las 
prácticas encaminadas a su empoderamiento. De igual forma, Acuña (2006)