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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
 
 
Informe Final de Autoevaluación 
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PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 
 
Universidad: De Antioquia. Código ante el ICFES: 1201 
Facultad: Derecho y Ciencias Políticas 
Departamento: Formación Universitaria y Prácticas 
Dirección: Calle 67 No. 53-108, Bloque 14, Oficina 
Apartado Aéreo: 1226 
E-mail: derecho@derecho.udea.edu.co 
Página web: http://derecho.udea.edu.co 
Teléfono: 210 58 50 – 210 58 52 
Fax: 210 58 59 
Programa: Derecho 
Bases Legales: Creado por Decreto del 12 de diciembre de 1827 
Objetivos y estructura 
Administrativa de la Facultad: Acuerdo Superior No. 3 de 1982. 
 Decreto 1221 de 1990, con base en el cual se regula el plan 
 de estudios. 
Registro ICFES: SNIES 120143400000500111100 
Registro Calificado: Resolución 2947 del 28 de noviembre de 2001 
Modalidad: Presencial 
Jornada: Diurna 
Título que otorga: Abogado 
Número de estudiantes: 1490 
Número de profesores: 152: 36 de tiempo completo vinculados, 8 de tiempo 
 completo ocasionales, 3 de medio tiempo ocasional y 105 de 
 cátedra 
Número de egresados: 3702, hasta el 16 de septiembre de 2005 
 
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA REACREDITACIÒN 
DE ALTA CALIDAD 
 
 
La Universidad de Antioquia desde la expedición de la Ley 30 de 1992, se comprometió con la calidad 
de la educación y es así como el Plan de Desarrollo 1995-2006 trazó como uno de sus objetivos 
poner en práctica el sistema de autoevaluación y acreditación institucional. El Consejo Superior 
expidió el Acuerdo Superior 046 de 1995 que creó el Comité Central de Autoevaluación, coordinado 
por la Vicerrectoría de Docencia, teniendo como objetivo central garantizar la calidad institucional y el 
mejoramiento de todos los procesos para cumplir con la misión de la Universidad en la sociedad. 
 
En 1995 la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas inició las discusiones sobre la autoevaluación 
con fines de acreditación del pregrado en Derecho, expidiéndose en este mismo año la Resolución de 
Decanatura número 295 del 26 de mayo de 1995, por medio de la cual se conformó el Comité de 
Autoevaluación. Oportunidad que propició variadas reflexiones académicas, políticas y metodológicas 
en pro y en contra de tal proceso. No obstante, un gran número de profesores participaron en el 
proceso que dio lugar a la elaboración del informe final de autoevaluación presentado en el 2001; así, 
el programa fue evaluado por pares académicos designados por la Comisión Nacional de 
Acreditación, quienes recomendaron al Ministerio de Educación la acreditación de alta calidad, la cual 
fue concedida mediante la Resolución número 2947 del 28 de noviembre de 2001 por un período de 
cuatro (4) años. 
 
Durante el período de acreditación, los planes de acción de la Facultad y su ejecución tuvieron como 
guía las acciones mejoradoras planteadas en el proceso de autoevaluación y las observaciones y 
sugerencias hechas por los pares. Con el esfuerzo conjunto de profesores, estudiantes, empleados, 
egresados y directivos se llevó a cabo un proceso de fortalecimiento de la docencia, la investigación, 
la extensión, la regionalización, la internacionalización y la administración, de cuyos resultados da 
cuenta el presente informe, en la descripción de cada uno de los factores. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de seguir participando en el sistema de autoevaluación de alta 
calidad, el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, expidió la Resolución 007 del 22 
de septiembre de 2004, por medio de la cual se conformó un grupo de trabajo para la autoevaluación 
y reacreditación del programa de derecho, sede Medellín, con el fin de presentar el informe del 
proceso de autoevaluación, aplicar los instrumentos de verificación y realizar los procesos de 
socialización y convalidación con los diversos estamentos. 
 
Para adelantar este proceso, el grupo de trabajo se orientó a: 
 
1. Verificar la capacidad de la dependencia y el programa para generar acciones, proyectos y 
programas novedosos, identificados como experiencias significativas. 
2. Identificar debilidades y fortalezas señaladas en el proceso de autoevaluación anterior y el 
estado de las acciones mejoradoras y de mantenimiento que se llevaron a cabo. 
 
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3. Definir un plan de mejoramiento y mantenimiento de los planes, proyectos y programas a 
corto, mediano y largo plazo. 
 
 
Los parámetros para llevar a cabo el proceso de autoevaluación fueron: 
 
� Los lineamientos para la Acreditación de Programas del Consejo Nacional de Acreditación 
CNA, 2003. 
 
� El informe de autoevaluación realizada por el pregrado de Derecho en el 2001. 
 
� El Informe de evaluación externa realizada por los pares académicos, doctores Liliana 
Caballero Durán, Oscar Mejía Quintana y Gustavo Zafra Roldán. 
 
� La Resolución 007 del 22 de septiembre de 2004, mediante la cual se conformó el grupo de 
trabajo para la autoevaluación con fines de reacreditación, 2005. 
 
� Los formatos que sirvieron de guía para recoger la información, suministrados por la 
Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. 
 
� El documento guía para la Renovación de programas académicos del Consejo Nacional de 
Acreditación, CNA, 2003. 
 
� El documento sobre ponderación de factores y características para la autoevaluación 
elaborado por la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia en el año 2003. 
 
� El documento Guía para la elaboración del Plan de Mantenimiento y Mejoramiento elaborado 
por María Nubia Aristizábal Salazar y otros, Vicerrectoría de Docencia, U. de A., 2005. 
 
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1. PANORAMA HISTÓRICO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS Y DE SU PROGRAMA DE DERECHO∗∗∗∗ 
 
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia ha estado presente en los 
procesos históricos y sociales que han determinado la conformación del país. La Facultad ha 
participado en los debates ideológicos y políticos que marcaron la historia de la República, desde la 
fundación misma de la Universidad, que surgió en medio del contrapunto que suscitaron la 
confrontación y las divergencias entre Bolívar y Santander, entre muchos otros personajes de la 
patria. 
 
Los estudios de jurisprudencia fueron autorizados por el Libertador Simón Bolívar mediante el Decreto 
del 12 de diciembre de 18271. La autorización de enseñar jurisprudencia en el Colegio de Antioquia no 
habría de durar mucho, pues los estudios de derecho fueron suspendidos mediante Decreto del 25 de 
octubre de 1828 y sólo hasta 1832 se reanudaron. A lo largo del siglo XIX volvieron a presentarse 
suspensiones, pues la labor educativa se vio interrumpida por las distintas guerras civiles. 
 
A la par del debate ideológico, el programa de derecho tuvo injerencia en las guerras civiles y en otros 
movimientos armados, que se utilizaron como medios para la tramitación de conflictos determinantes 
en la conformación de la nación, lo que incluso llegó a las aulas. Ejemplo de ello es precisamente el 
primer abogado titulado por la Facultad, el doctor Marceliano Vélez, quien con el paso del tiempo 
llegaría a ser un famoso general que desempeñó un papel protagónico en las contiendas del siglo 
XIX. 
 
Si bien la Universidad surgió en medio del proyecto general de dotar a la nación entera de centros de 
educación superior, para las décadas de 1860 y 1870, bajo el liderazgo de prohombres como Pedro 
Justo Berrío, buscó expresar con determinación el cometido de la élite regional antioqueña, de 
instaurar una concepción del mundo y un proyecto de sociedad, que permitiera contrapesar las 
iniciativas que en ese sentido lasélites bogotanas habían pretendido realizar, con la creación de la 
Universidad Nacional. 
 
Por ello, la Universidad -y por ende la Facultad- se convirtieron en proyectos regionales concebidos 
para formar hombres que respondieran a las expectativas de esta élite, que miró en el conocimiento 
técnico la llave que pudiera abrir las puertas al desarrollo de los sectores agrario, minero, e industrial. 
En el aspecto cultural, esta idea de lo regional se realizó con la presencia de estudiantes como 
Antonio José Restrepo, Francisco de Paula Rendón y Tomás Carrasquilla, quienes luego figurarían 
como referentes de la noción de la antioqueñidad. 
 
 
∗ Los principales referentes en esta presentación son el discurso pronunciado por la Decana Marta Nubia Velásquez Rico en la 
efemérides de los Ciento Setenta y Cinco años de la Facultad , en el año 2002; el artículo “De la patria independiente a la patria 
en guerra”, elaborado por la profesora Luz María Restrepo Mejía para el libro Crónicas Universitarias, Universidad de Antioquia, 
2003, con ocasión de los 200 años de la Universidad, y el documento elaborado como informe de la Facultad para la Urna 
Bicentenaria en el año 2004. 
1 Decreto de creación de los estudios de jurisprudencia, Decreto del 12 de diciembre de 1827. 
 
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Bajo ese contexto, el derecho sirvió para contener los peligrosos avatares que las contradicciones del 
desarrollo económico y el progreso social implicaban. Se requería, simultáneamente, la regulación de 
un orden que pudiera propiciar el mantenimiento de una moralidad ligada a la tradición católica. 
 
Con el cambio de siglo y dejando un poco atrás los reveses de las guerras civiles, el peso específico 
de Antioquia en el plano nacional varió significativamente. Muestra de ello es el ascenso a la 
presidencia de la República, en 1910, del antiguo profesor de Derecho Romano y Ciencia 
Constitucional de la Escuela de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho, Carlos E. Restrepo. 
 
Consecuente, tanto con el ideario del programa como con el expresado en el pensamiento civilista y 
republicano de Restrepo, Antioquia propuso entonces al país un proyecto de Nación que trascendiera 
las guerras civiles del siglo XIX y que le permitiera adquirir una estabilidad de la que había carecido, 
como consecuencia de aquéllas, especialmente de la Guerra de los Mil Días. 
 
Hasta 1918 los estudios de derecho no dependieron de una estructura administrativa autónoma. 
Mediante ordenanza 14 del 2 de abril de este año, se separaron las escuelas de Medicina y 
Jurisprudencia. La Facultad marchó a la par con las transformaciones del país. En los años 20, como 
producto del proceso de modernización, se realizó un cambio en la estructura de los estudios de 
Derecho, buscando aportar a la construcción de una Colombia moderna. Esta variación consistió en 
otorgar preferencia a los estudios de economía, comercio, hacienda pública y estadística. La iniciativa 
culminaría décadas después con la formación de la Facultad de Ciencias Económicas del Alma Máter. 
 
El proceso de modernización, como era de esperarse, produjo sus efectos ideológicos, que se vieron 
reflejados en algunos movimientos estudiantiles que reclamaban la liberalización de las costumbres y 
que en gran parte eran un eco, en nuestro país, del movimiento universitario de Córdoba, Argentina. 
 
Esa presencia permanente del acontecer político del país se vio nuevamente reflejada en el contexto 
del debate ideológico de los años 30. La manifestación patente de lo anterior ocurrió, cuando un grupo 
de estudiantes y profesores decidieron marginarse para conformar la Universidad Católica Bolivariana 
(hoy Universidad Pontificia Bolivariana). Posteriormente, en las décadas de 1950 y 1960, otras facetas 
de estos conflictos y obviamente, otros actores, darían lugar al nacimiento de las Universidades de 
Medellín y Autónoma Latinoamericana. 
 
Esa sensibilidad de la Facultad ante los acontecimientos sociales, pero esta vez de una naturaleza 
muy diferente, fue la que permitió, en la década de los cuarenta, el ingreso de las primeras mujeres 
como alumnas del claustro. 
 
Una rápida mirada a la historia de a Facultad, deja en claro entonces, que ésta no ha sido ajena a los 
acontecimientos políticos y sociales, lo que ha supuesto un proceso de continuo ajuste que la ha 
llevado a adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos. 
 
La aplicación de proyectos educativos en el país y los consiguientes cambios en los perfiles 
pedagógicos y curriculares en la Facultad, confirman los vínculos que se han establecido en los 
 
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intentos de modernización educativa. De ello pueden dar cuenta, por ejemplo, las diferentes misiones 
asesoras extranjeras que estuvieron en contacto con la Universidad promediando el siglo XX. 
 
Los inocultables procesos de cambio social aceleraron el desarrollo urbano de los años 60 y 70, entre 
otras razones, por un veloz proceso de desplazamiento del campo a la ciudad, esta vez la Facultad 
tuvo la oportunidad de mostrar su gran capacidad de adaptación a la realidad social. Fue así como a 
mediados de la década del sesenta se empezó a organizar, por iniciativa del profesor Horacio 
Montoya Gil (muerto en la toma del Palacio de Justicia en 1985 cuando se desempeñaba como 
magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia), un programa de consultoría 
jurídica para los sectores más desprotegidos de la ciudad, como una forma de que el estudiante 
pudiese revertir a la sociedad, parte de los beneficios recibidos en su formación. 
 
Un hito en la historia de la Facultad se presentó a finales de los años sesenta, cuando la Fundación 
Ford apoyó a la Asociación para la Reforma de los Estudios de Derecho –ARED–. Fue una 
oportunidad en la que se debatió el conjunto de propuestas que sirvieron de base para la reforma de 
la Facultad de Derecho de 1968, que diseñó e impulsó decididamente Carlos Gaviria Díaz, entonces 
decano, quien en la revista Ared, definió el objetivo principal de la reforma: “su finalidad, pues, ha de 
ser clara y precisa; capacitar para entender el fenómeno jurídico como totalidad en sus auténticas 
dimensiones y en todos sus alcances, discerniéndolo de entre toda una maraña de fenómenos afines, 
con rigor impecable”2. En aras de que el estudiante pudiera, con espíritu crítico hacer valoraciones de 
las instituciones jurídicas, era preciso proveerlo de conocimientos provenientes de otras disciplinas 
como la sociología, la epistemología, las ciencias políticas, sicología, lógica, historia y lenguas, entre 
otras; así mismo las materias se redujeron en intensidad horaria para que los estudiantes pudiesen 
dedicarle más tiempo a la investigación y al estudio personal; el plan de estudios fue semestralizado 
y se cambió el régimen de evaluaciones: dejaron de ser exclusivamente orales y se introdujeron 
evaluaciones parciales. 
 
De esta manera la reforma, llevaba implícita una nueva postura frente a la comprensión del derecho, 
hacía suyos el estudio de la lógica deóntica, teoría jurídica, la hermenéutica y la filosofía del derecho, 
cuestionaba el sentido de esta disciplina como mera normalizadora de conductas, haciendo énfasis en 
su labor transformadora. 
 
Esta época fue un período de revueltas estudiantiles en el mundo y la Universidad y la Facultad no 
fueron ajenas a ello, siendo esta última un espacio para la reflexión política y para el debate de lo 
social. 
 
Hacía 1974, el gobierno liberal de Alfonso López Michelsen propone como política de su mandato la 
ampliación de cobertura en las universidades públicas, política que es llevada a cabo en la 
Universidad de Antioquia duplicando el número de estudiantes admitidos para el año de 1974-75. 
Circunstancia que hizo necesario el aumento delnúmero de profesores, lo que dio lugar a que 
egresados que culminaron sus estudios en la década del setenta, gente de una misma generación, 
 
2 Gaviria Díaz, Carlos. Intensificaciones En revista Ared, Revista de Doctrina y Jurisprudencia. Año 1. Volumen 1. No. 1 Bogotá 
D. E. 1970 Págs. 125-132”. 
 
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fueran vinculados como docentes a la Institución. Las nuevas vinculaciones, unidas a la reforma de 
los estudios de derecho de 1968, implicaron una trasformación significativa de la Facultad. Las que 
siguieron a esa no fueron otra cosa que procesos de ajuste a las regulaciones de orden central 
definidas por el congreso o por el gobierno de turno. 
 
Con posterioridad a la celebración de los ciento cincuenta años de la Facultad, en 1979, por iniciativa 
del profesor Luís Fernando Vélez Vélez se fundó la Asociación de Abogados de la Universidad de 
Antioquia, que aún permanece como una forma de mantener los vínculos de los egresados con la 
Facultad. 
 
En cumplimiento del Decreto 80 de 1980 que determinó la reorganización académico - administrativa de las 
universidades, se redefinieron los objetivos y la estructura de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
mediante el Acuerdo Superior No. 3 de 1982. Entre los objetivos se destacan: administrar la enseñanza del 
Derecho en el nivel de formación universitaria básica y avanzada, promover la investigación en los campos 
de la ciencias jurídica y política, impulsar el estudio de la ciencia política en el nivel de la formación 
universitaria, mejorar el nivel profesional de los titulados en derecho por medio de actividades diversas de 
extensión, ofrecer servicios de asistencia y consultoría jurídica. Es con fundamento en tal normativa que la 
actual estructura administrativa de la Facultad está compuesta por la Decanatura, la Vicedecanatura, los 
Departamentos de Formación Universitaria y de Prácticas y el Centro de Investigaciones. 
 
Se resalta en la década del 80 la extensión de los servicios del Consultorio Jurídico a diversos 
municipios del Departamento, inicialmente a Cocorná y con posterioridad a otros municipios del 
oriente cercano. 
 
El entorno confuso de la violencia de los años 80, trajo entre otras consecuencias, que la misma 
Universidad pareciera un campo de batalla. Parafraseando a la profesora María Teresa Uribe de 
Hincapié, ésta década discurrió “de manera bastante oscura; con una Universidad aislada y vuelta 
sobre sí misma, en un entorno urbano agobiado por la turbulencia social y por la eclosión de múltiples 
formas y actores de violencia, de cuyas alianzas y confrontaciones está hecha la historia reciente de 
la ciudad”. La Facultad de Derecho no fue ajena a este proceso, y puso su cuota en momento tan 
crítico con la muerte del profesor Luís Fernando Vélez Vélez. 
 
A partir de entonces, se develó la necesidad de pensar la realidad de los diversos fenómenos de 
violencia de la ciudad y el país, así como de asumir desde la academia la responsabilidad social que 
le compete a la Universidad: hallar las posibles alternativas a la encrucijada planteada por un estado 
permanente de conflicto. En este sentido, la Facultad ha orientado sus esfuerzos a la generación de 
espacios que permitan reflexionar sobre el conflicto, la promoción de los Derechos Humanos, el 
Derecho Internacional Humanitario, la Conciliación y la Mediación. 
 
En este contexto se creó el Centro de Conciliación Luís Fernando Vélez Vélez, a principios de 1990, 
adscrito al Consultorio Jurídico, en el cual los estudiantes adquieren las destrezas para intervenir en 
las nuevas formas con las que el derecho pretende solucionar conflictos entre los ciudadanos, por 
medio de los procedimientos dialógicos. 
 
 
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Sólo a partir de la década del noventa la Facultad ofreció programas de posgrado, consciente de que 
tales estudios no podían ser un simple repaso de conocimientos olvidados o una actualización 
superficial. El programa de Derecho de Familia fue aprobado en 1990, y la primera cohorte empezó 
en febrero de 1992. En 1990 se aprobó la especialización en Ciencias Forenses que la Facultad 
dirigió hasta mediados de la década, cuando se entregó a la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, pues se encontraban sus contenidos más afines a los de esa unidad académica. En el año 
de 1996 se creó el tercer programa de especialización, esta vez en Derecho Penal y luego, en 1999, 
se ofreció la especialización en Derecho Constitucional. 
 
Desde mediados de esta misma década, dentro del contexto de una nueva Carta Constitucional y de 
la autonomía universitaria, la Facultad empezó la reflexión sobre la necesidad de transformar el 
currículo del pregrado de derecho; de ello dan cuenta diferentes documentos elaborados a partir de 
las observaciones hechas por los profesores, el comité de currículo y recientemente también por 
egresados y estudiantes. Siguiendo las políticas de la Universidad, también desde mediados de la 
década del 90 la Facultad se comprometió en el proceso de autoevaluación del programa de derecho. 
 
Entre 1997 y 1999 la discusión curricular se centró en la concepción de una Facultad ideal, sobre los 
integrantes, objetivos, misión y visión de la misma. De manera concreta, respecto del pregrado de 
Derecho la reflexión giraba en torno de los elementos que debían integran su currículo y de una 
propuesta sobre el plan de estudios. 
 
Como producto de las discusiones, la misión y la visión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
quedaron plasmadas en estos términos: 
 
“La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, patrimonio científico, 
académico, cultural e histórico de la comunidad antioqueña y nacional, es una dependencia 
académica que desarrolla el servicio público de la educación superior en el campo jurídico y de la 
política, con criterios de excelencia académica y responsabilidad social. 
 
En ejercicio de la autonomía universitaria, y mediante la docencia, la investigación y la extensión 
cumple la misión de creación, transmisión y preservación del conocimiento y la cultura jurídico - 
política con respeto por la pluralidad y sin discriminaciones por razones de raza, sexo, condición, 
creencias y orígenes sociales. 
 
La Facultad desarrollará programas de pregrado y posgrado en el campo jurídico y la ciencia política, 
con alta calidad académica y pertinencia social, basados en la elaboración del conocimiento sobre la 
base del juicio y la crítica; con capacidad de producir efectos en la comprensión de los problemas 
regionales y nacionales, y de aportar soluciones a los mismos. Estas actividades las desarrollará 
mediante las actividades de investigación, docencia y extensión. 
 
Para desarrollar su misión, la Facultad entiende que una visión del campo jurídico tiene que hacerse 
cargo de las inescindibles relaciones de lo jurídico con lo político, lo social, lo económico y lo humano, 
sin que pretenda crear una cultura jurídica que suplante disciplinas afines, sino con la idea de que una 
 
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mirada científica de lo jurídico y lo político requiere examinar el origen de este conocimiento partiendo 
del supuesto de que nunca se da en forma pura ni se constituye de una vez por todas”. 
 
En lo que se refiere a actividades de investigación, si bien diversos profesores de la dependencia se 
habían dedicado de manera individual a las mismas, es a finales de los noventa cuando se empiezan 
a configurar grupos de investigación, propiamente dichos. Algunos profesores del área de penal 
venían trabajando en proyectos conjuntos desde años atrás, en torno a esos intereses se constituyó 
el Grupo de Investigación de Estudios Penales. A su vez, en desarrollo de lasactividades del Comité 
de Bioética de la Universidad de Antioquia se conforma el grupo Vida, Derecho y Ética, los cuales en 
la convocatoria Colciencias 2000 fueron escalafonados como grupo D. Así mismo el Centro de 
Investigaciones fue escalafonado por Colciencias en la Categoría C. En el año 2001 parte de los 
investigadores responsables de proyectos de investigación financiados por el CODI constituyeron el 
Grupo Derecho y Sociedad, el cual obtuvo reconocimiento de Colciencias en el año 2002. 
 
El proceso de Autoevaluación con miras a la Acreditación del programa de pregrado de derecho que 
se había iniciado desde 1995, de conformidad con los objetivos trazados por la Universidad en el Plan 
de Desarrollo 1995-2006, logró involucrar hacia el 2001 a 26 profesores en un proceso de critica y 
autocrítica y de construcción de la realidad de la Facultad; el informe final fue presentado según los 
protocolos propuestos por el Consejo Nacional de Acreditación -CNA -, dependencia que recomendó 
al Ministerio de Educación Nacional conceder la acreditación del programa de pregrado de Derecho, 
acreditación que fue otorgada por cuatro años, siendo éste el primer pregrado de Derecho que 
alcanzaba esta distinción entre las universidades públicas colombianas. 
 
El avance en las actividades de investigación permitió, hacia el año 2002, la creación de la Maestría 
en Derecho, proyecto que obtuvo registro en el 2003, y dio lugar a una amplia y profunda reflexión 
sobre el derecho como objeto de estudio y sobre la investigación jurídica y socio jurídica; su primera 
cohorte inició actividades en el año 2004. También en el mismo período fueron creadas las 
especializaciones en Derecho de la Seguridad Social, Derecho Administrativo, Derecho Económico 
Público, Derecho Procesal, Derecho Privado y Filosofía y Cultura Jurídica. 
 
Durante el período 2000 a 2002 el Comité de currículo del pregrado de derecho, recogiendo las 
observaciones de las áreas, planteó los ejes temáticos sobre los cuales elaborar un nuevo plan de 
estudios para el programa del pregrado de Derecho y estableció los fundamentos del mismo. 
 
En el 2002 esta reflexión se concentra en el documento reconocido como Santa Elena que sienta las 
bases para la elaboración del plan de estudios, partiendo del reconocimiento de relaciones 
conflictuales: individuo-individuo, individuo-Estado, Individuo-Mercado, entre otras y asumiendo que 
los sujetos que integran esas relaciones son el producto de las fuerzas sociales y políticas. Hasta ese 
momento los estudiantes del programa no habían participado del proceso de reforma curricular. 
 
Sobre las bases construidas por el Comité de Currículo se diseñó el programa de derecho para las 
regiones. Es así como a finales de ese mismo año 2002 fueron solicitados los registros para abrir el 
programa en cinco regiones: Oriente con sede en Carmen de Viboral, Bajo Cauca con sede en 
 
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Caucasia, Magdalena Medio, con sede en Puerto Berrío, Suroeste con sede en Andes y Urabá con 
sede en Turbo. Tales programas obtuvieron registro calificado durante los años posteriores. 
 
También en el año 2002 fructificó el proyecto de pregrado en Ciencia Política, que desde hacía 
algunos años se venía considerando como un posible programa a cargo de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas y el Instituto de Estudios Políticos. Fue así como se presentó un proyecto con base 
en un acuerdo de cooperación entre las dos dependencias, según el cual el programa dependería 
académicamente de ambas y administrativamente haría parte de la Facultad y se orientaría a abordar 
los problemas públicos, el desarrollo y la ciudadanía, campos concebidos como específicos y propios 
de los estudios contemporáneos y clásicos de la política. Este programa obtuvo su registro en el 2003. 
 
En este mismo año, los estudiantes de la Universidad emprendieron un movimiento tendiente a abrir sus 
espacios de participación en diversas instancias y como propuesta de la asamblea estudiantil, fue 
conformada una mesa argumentadora con integrantes de la administración de la Universidad y del estamento 
estudiantil; entre sus propuestas estaba la de ampliar la participación de los estudiantes en los procesos de 
transformación curricular y de autoevaluación de los programas. Esta situación hizo considerar la necesidad 
de establecer mayores espacios de participación de los estudiantes del pregrado de Derecho en Medellín, 
antes de proseguir con los procesos de transformación curricular y de autoevaluación del programa con miras 
a la reacreditación. 
 
Así, desde el 2004 mediante la Resolución 007 del Consejo de Facultad, se recompuso el comité de 
autoevaluación del programa y como parte del mismo el de reforma curricular, integrado por los 
coordinadores de las áreas académicas y los profesores, estudiantes y egresados, quienes 
voluntariamente han participado del proceso. Desde el mismo año, el trabajo de transformación 
curricular cuenta con un asesor designado por la Vicerrectoría de Docencia; bajo su acompañamiento 
se han llevado a cabo diversos talleres y actividades para profundizar las reflexiones sobre el objeto 
de estudio y contexto del programa, prioridades de formación, horizonte profesional y competencias, 
antes de continuar con la discusión sobre el plan de estudios. 
 
En el campo de la extensión se ha buscado siempre proyectar la Facultad en el ámbito regional y 
nacional con variedad de cursos, diplomados, seminarios y capacitaciones. Durante los últimos años 
estas formas de proyección social se ha incrementado y diversificado, buscando con ella mayor 
pertinencia e impacto en el medio. 
 
No es fácil hacer una relación de los egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas cuando se 
tienen ya 177 años de vida, y más difícil aún definir en qué consiste el sobresalir, como también es injusto 
ignorar a tantos que nos han precedido, y que son quienes hicieron de nuestra Facultad el centro de estudio, 
reflexión, conocimiento y cultura que es hoy en día. Puede sí señalarse que en esta fructífera vida de ciento 
setenta y siete años, los egresados de la Facultad se han consagrado en los más altos cargos de la vida 
social, política y cultural del departamento y la nación; no obstante, es más importante destacar que 
dondequiera que su profesión les ha ubicado, y en los campos de la vida social en los que les ha tocado 
desempeñarse, los egresados no han sido inferiores al espíritu que el Alma Mater de la raza les infundió; 
siempre han sobresalido por su entrega y solidaridad, haciendo con la profesión liberal que aprendieron en 
sus predios un servicio activo a su comunidad. 
 
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2. INFORMACIÓN GENERAL ACTUALIZADA SOBRE EL PROGRAMA 
 
El plan de estudios que rige el pregrado sigue los lineamientos del decreto 1221 de 1990. Durante el 
período objeto de evaluación se han realizado diversas modificaciones al plan de estudios, buscando 
su actualización permanente, mientras se implanta uno nuevo de conformidad con los lineamientos de 
la reforma curricular. Se ha efectuado el perfeccionamiento de los programas de las asignaturas, las 
áreas académicas han discutido y definido mejor sus contenidos. 
 
Los cursos del plan de estudios se administran en los Departamentos que tiene la Facultad; el de 
Formación Universitaria y el de Prácticas y a su vez, dentro de éstos, se distribuyen por áreas. Éstas 
están reorganizadas por la resolución 086 del 3 de mayo del año 2000 del Consejo de Facultad (Anexo A) 
 
� Área Básica de Derecho, incluye los cursos: Introducción al Estudio del Derecho, 
Hermenéutica, Introducción a la Sociología, Introducción a la Ciencia Política, Filosofía del 
Derecho y Ética. 
 
� Área de Derecho Privado, incluye los cursos: Obligaciones I, Obligaciones II, Bienes, 
Contratos, Derecho Comercial (ParteGeneral), Derecho Comercial II (Sociedades), Derecho 
Comercial III (Títulos Valores) 
 
� Área de Derecho de Familia, incluye los cursos: Parte General y Personas, Derecho de 
Familia, Sucesiones y Legislación del Menor 
 
� Área de Derecho Laboral, incluye los cursos: Derecho Laboral Individual, Derecho Laboral 
Colectivo y Seguridad Social 
 
� Área de Derecho Penal, incluye los cursos: Introducción al Derecho Penal, Teoría del Hecho 
Punible, Derecho Penal Especial, Criminología y Derecho Procesal Penal; 
 
� Área de Derecho Público, incluye los cursos: Teoría Constitucional, Derecho Constitucional 
Colombiano, Derecho Administrativo General, Derecho Administrativo Especial y Derecho 
Internacional Público. 
 
� Área de Derecho Procesal, incluye los cursos:Teoría General del Proceso, Derecho 
Procesal Civil, Derecho Procesal Laboral, Derecho Procesal Administrativo y Teoría de la 
Conciliación; 
 
� Área de Metodología, incluye los cursos: Metodología I, Metodología III y Metodología IV; 
 
� Área de Derecho Económico, incluye los cursos: Teoría Económica, Economía Colombiana 
y Hacienda Pública; 
 
 
 
 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
 
 
Informe Final de Autoevaluación 
12 
En el Departamento de Prácticas: 
 
� Área de Práctica Civil, que tiene a su cargo los cursos Consultorio Civil I y II. 
 
� Área de Práctica Penal, que tiene a su cargo los cursos Consultorio Penal I y II 
 
� Área de Práctica Laboral y Seguridad Social, que tiene a su cargo los cursos Consultorio 
Laboral I y II 
 
� Área de Práctica en Derecho Público, que tiene a su cargo el curso del Consultorio en 
Derecho Público. 
 
 
El plan de estudios cuenta con un núcleo de materias obligatorias, las cuales se organizan de acuerdo 
a los niveles de formación que va cumpliendo el estudiante así: La mayoría de las materias 
obligatorias son de tipo teórico, los cursos de derecho procesal y teoría de la conciliación tienen 
carácter teórico práctico y los cursos propios del Consultorio Jurídico, son de carácter práctico, y son 
los administrados por el Departamento de Prácticas: Consultorio Civil I y II, Consultorio Penal I y II, 
Consultorio Laboral I y II, Consultorio Alternativo y Consultorio en Derecho Público. Adicionalmente, 
existen materias optativas, que se programan cada semestre de acuerdo a las necesidades o 
propuestas de las diferentes áreas, que constantemente evalúan su pertinencia y articulación con los 
cursos obligatorios. 
 
El plan de estudios exige que el estudiante curse al menos 200 créditos, de los cuales 191 son de 
materias obligatorias y los restantes de materias optativas, siendo el número máximo de créditos que 
puede cursarse en cada semestre de 24, si se encuentra en condición de estudiante regular, y de 
hasta 32 créditos por semestre si está en situación de estudiante sobresaliente. Vale la pena también 
aclarar que esta última condición se adquiere cuando un estudiante termina un semestre y en él 
obtiene un resultado en el promedio crédito general del semestre de más de 4.0 (cuatro-cero) y en 
dicho semestre ha cursado y aprobado al menos veinte (20) créditos. 
 
Las materias están organizadas en diez semestres: los primeros ocho niveles contienen 
esencialmente los cursos teóricos, en menor medida teórico prácticos y los dos últimos semestres 
concentran las prácticas del Consultorio Jurídico. Cada curso cuenta con un programa, que propone 
el profesor y se discute y aprueba en la respectiva área y luego en el Consejo de Facultad. 
 
Los siguientes acuerdos han modificado el plan de estudios durante el período 2001-2005: (Anexo B) 
 
� Acuerdo 005 del 05 de abril de 2001. Por medio del cual se crea la versión 03 del pensum 
del programa de derecho. Teniendo en cuenta la necesidad de que los estudiantes de 
práctica pudieran ampliar su conocimiento en asuntos de seguridad social, dada la mayor 
cobertura que la ley 100 de 1993 trajo como consecuencia respecto de este tipo de trámites 
para el Consultorio Jurídico, este Acuerdo estableció una nueva versión del plan de estudios, 
pues creó un nuevo curso, Consultorio laboral II, en el décimo semestre. Para no aumentar el 
 
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Informe Final de Autoevaluación 
13 
número de créditos del plan de estudios fueron reducidos los correspondientes a los cursos 
Consultorio Laboral I y de Derecho Laboral Colectivo. Versión aplicable a partir del semestre 
2 del 2001, para quienes no hubiesen aprobado las asignaturas del nivel 1 de las prácticas. 
 
� Acuerdo 006 del 05 de abril de 2001. Introdujo modificaciones consistentes en cambiar la 
denominación del curso Metodología II por Hermenéutica, asignar como prerrequisito de 
"Sociología y criminología, Política Criminal" el curso de Introducción al Derecho Penal; 
asignar a "Derecho Internacional Público" el curso Contratos, además de modificar 
prerrequisitos de varios cursos electivos y crear uno nuevo. Tales modificaciones rigieron a 
partir del semestre 2-2001, para los estudiantes de las versiones 2 y 3 del pénsum. 
 
 En mayo de 2002 el Consejo de Facultad mediante Acta 11 del mismo año acordó modificar 
 parcialmente las versiones 02 y 03 del plan de estudios creando las materias electivas como 
 optativas I, II, III, IV y V, con la finalidad de facilitar el reconocimiento de materias cursadas en 
 otra universidad o en otro programa, lo cual posibilitó flexibilizar el plan de estudios. 
 
� Acuerdo 012 del 20 de agosto del 2002: Las discusiones del Consejo relativas a esta 
modificación dan cuenta de que se pensaba en la necesidad de que los estudiantes tuvieran, 
antes de llegar al Consultorio Jurídico, un acervo de conocimientos teóricos para poder 
tramitar los procesos de sucesiones, ejecutivos y asuntos relacionados con seguridad social, 
que eran bastante numerosos; por ello se modificó el régimen de precedencias incluyendo 
como prerrequisitos los cursos correspondientes a las versiones 01, 02 y 03 del plan de 
estudios: a Consultorio Civil I adicionó como prerrequisitos Sucesiones y Derecho Comercial 
III (títulos valores). A Consultorio Laboral I se le adicionó el prerrequisito de Seguridad Social. 
 
� Acuerdo 013 del 29 de agosto del 2002: Modifica el régimen de precedencias al curso 
Seminario de Iniciación a la Práctica Forense Civil, Penal y Laboral, debido a que se había 
visto entorpecido por la falta de conocimiento de algunos estudiantes en áreas cuyos cursos 
no constituían prerrequisitos, pues el trabajo de tal curso se basaba en la solución de casos y 
talleres que se extraen de los tramitados en el Consultorio Jurídico. Se le cambiaron los 
correquisitos de Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Laboral por prerrequisitos y se 
le adicionaron los prerrequisitos Derecho Procesal Administrativo, Sucesiones, Derecho 
Comercial III Títulos Valores y Seguridad Social. 
 
� Acuerdo 014 del 27 de febrero 2003: Mediante el cual se modifica el régimen de 
precedencias con el fin de posibilitar mayor agilidad en el desarrollo de la parte final del plan 
de estudios: a derecho de Familia se le elimina el prerrequisito de Derecho Procesal Civil y se 
establece el prerrequisito Obligaciones II; a Comercial III Títulos Valores se le elimina el 
prerrequisito Derecho Procesal Civil y se le adiciona como prerrequisito Obligaciones II. 
 
� El Acuerdo 018 de octubre 10 de 2003: Con el fin de facilitar que los estudiantes puedan 
acceder de manera más temprana a los conocimientos sobre metodologías de investigación, 
como posibilitar tuvieran mayores elementos para iniciar su trabajo de grado antes de la etapa 
final del curso del programa, este Acuerdo suprimió a Metodología IV el prerrequisitos 
 
 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
 
 
Informe Final de Autoevaluación 
14 
seminario de iniciación a la práctica. Adicionalmente, un gran número de materias que 
estaban clasificadas como no habilitables, ni validables, pasan a serlo, pues se considerópor 
el Consejo que tal restricción no tenía fundamentación. 
 
� Acuerdo 37 de abril de 2004: Tuvo el propósito de realizar algunos ajustes para lograr una 
mayor articulación entre los diferentes cursos, áreas y componentes prácticos y teóricos y 
simultáneamente mayor flexibilidad, atendiendo con ello las sugerencias de los pares 
evaluativos, que rindieron concepto en el proceso de autoevaluación y acreditación voluntaria. 
Teniendo en cuenta que desde hace varios años en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas se estuviera discutiendo la reforma curricular al programa de Derecho de Medellín, 
sin que el proceso hubiese llegado todavía a término, se buscaba remediar parcialmente 
algunos problemas que tenía el plan de estudios, mientras se culminaba el proceso de 
reforma curricular, problemas que habían sido diagnosticados no sólo por el Comité de 
Reforma Curricular, sino también por las áreas académicas, por los profesores de los 
diferentes cursos, por los estudiantes, por los pares evaluativos en el proceso de acreditación 
y por la misma administración de la Facultad. A efectos de obtener los fines propuestos, 
respecto de algunas asignaturas se consideró pertinente la supresión o inclusión de 
prerrequisitos o correquisitos y el ajuste de las equivalencias entre créditos e intensidad 
semanal en otras. 
 
 Por lo anterior, se tomaron entre otras las siguientes decisiones: al curso de Introducción al 
 Estudio del Derecho se le suprimieron los prerrequisitos, de modo tal que propiciase una 
 aproximación al Derecho más temprana y más armónica con las materias introductorias del 
 plan de estudios; a su vez se le instituyó como prerrequisito de cursos del segundo nivel que 
 requerían de los fundamentos básicos de la teoría del derecho; el régimen de precedencias 
 entre los cursos de Consultorio Jurídico sólo quedó establecido teniendo en cuenta el área 
 temática al cual pertenece cada uno. 
 
� Acuerdo 40 de abril de 2004: Por medio del cual se establece la versión 04 del plan de 
estudios. Se elimina del plan de estudios la asignatura Seminario de Iniciación a la Práctica y 
sus contenidos se integraron a los cursos de Derecho Procesal Civil, Laboral, Penal y 
Administrativo, a los cuales se les cambió la modalidad de teóricos a teórico-prácticos y se les 
aumentó la intensidad horaria. 
 
� Acuerdo 42 de 2005: Reforma las versiones 3 y 4 del plan de estudios. Mediante este 
acuerdo se modifican algunos prerrequisitos y se ubican en otros niveles algunos cursos. 
 
En el anexo 043 se presenta el plan de estudios versión 04, que es aplicable a la mayoría de 
estudiantes del programa, pues quienes aún se sujetan al 03 son escasos y se encuentran próximos a 
terminar el pregrado. (Anexo C) 
 
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Informe Final de Autoevaluación 
15 
Objetivos del programa 
 
El programa de Derecho de la sede central de la Universidad de Antioquia tiene un currículo 
determinado por el Decreto 1221 de 1990 por medio del cual se determinaron los requisitos mínimos 
para la regulación y funcionamiento de los programas de Derecho; en la actualidad el currículo está 
en proceso de reforma y con él sus objetivos. Por consiguiente los objetivos actuales para el 
programa de derecho son: 
 
Formar jurisconsultos, informados de la legislación y de su sentido social, con vasta aptitud técnica y 
contextura moral sólida, provistos de un ponderado criterio para la elaboración, la interpretación y la 
aplicación de las normas, conscientes de que la función del derecho consiste no sólo en mantener o 
restablecer el equilibrio social, sino también en alcanzar el desarrollo social de la Nación. 
 
Formar profesionales que conciban y practiquen el ejercicio de la abogacía, como una verdadera 
función social, tendiente a evitar y solucionar los conflictos que se presenten entre los particulares y 
entre éstos y el Estado. 
 
Fomentar la investigación científica, todo con miras al surgimiento y desarrollo de verdaderas 
escuelas de derecho. 
 
Preparar y capacitar a sus profesores e investigadores, así como brindar asesoría a los organismos 
públicos en las labores de creación y aplicación del derecho, el análisis objetivo de los problemas 
jurídicos nacionales, el estudio de los sistemas contemporáneos del derecho. 
 
 
Perfil profesional y ocupacional 
 
El programa no ha optado por un perfil específico; teniendo en cuenta los avances del proceso de 
reforma curricular del programa de Derecho puede afirmarse que ello seguirá constante, pues existe 
el propósito de que los egresados del pregrado de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas cuenten con una sólida formación en las teorías generales del derecho y principios jurídicos, 
que les permitan abordar la solución de problemas y conflictos jurídicos, que sean profesionales 
conscientes de las inescindibles relaciones de lo jurídico con lo político, lo social y lo económico, 
portadores de una perspectiva científica de lo jurídico que les permita examinar el origen de este 
conocimiento, partiendo del supuesto de que nunca se da en forma pura, ni se constituye de una vez 
por todas. 
 
El egresado del programa de Derecho tiene como campos de acción todos los sectores en los cuales 
se puede desempeñar un abogado: el Estado, en todas las ramas del sector público; la empresa 
privada; organizaciones no gubernamentales; educación superior, entre otros. Podrá desempeñar 
funciones tales como la judicatura, el ejercicio liberal de la profesión (litigio, consultoría, asesoría, 
conciliación) o las propias de cargos directivos o administrativos en instituciones públicas o privadas. 
 
 
 
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Informe Final de Autoevaluación 
16 
Estado del proceso de reforma curricular en el pregrado de Derecho 
 
Como se mencionó atrás, desde la segunda parte de la década del noventa se viene discutiendo 
sobre la revisión y reforma de su currículo; de ello dan cuenta diversos documentos que reposan en 
los archivos de la Facultad (Anexo D). A partir del año 2004, con la reconformación del grupo de 
trabajo encargado de la revisión y transformación curricular, que hace parte del equipo de 
autoevaluación del programa, con asesoría de la Vicerrectoría de Docencia, se ha hecho una 
planeación para la continuación del trabajo. 
 
El proceso de revisión curricular se organizó de forma separada al proceso de autoevaluación, 
mediante el seguimiento de un cronograma, la fijación de fases, la aplicación de metodologías y la 
entrega de documentos contentivos de los productos del trabajo. Como estrategias metodológicas se 
han llevado a cabo talleres y foros. Para la realización de cada actividad se motiva a los profesores, 
estudiantes y egresados. 
 
Se ha enfatizado que esta discusión “es un proceso, no un acto, o un simple documento, o una 
declaración de intenciones. Es un proceso abierto, consensual y ordenado. Como resultado del mismo 
debe producirse un plan de formación renovado en el más amplio espectro posible, haciendo visible 
además sus interacciones con la investigación sistemática, la cooperación y la extensión 
institucional”3. 
 
Desde el año 2004 hasta ahora se han retomado reflexiones sobre el objeto del derecho, el contexto, 
prioridades de formación, propósitos de formación y competencias, antes de retomar el tema del plan 
de estudios, cuyas bases había planteado el Comité de Reforma Curricular. 
 
Para la discusión del tema “El Objeto del Derecho”, se propuso a las diversas áreas académicas y al 
Consultorio Jurídico, los egresados y los estudiantes, preparar una ponencia y participar en los foros 
de discusión. Luego se buscaron convergencias y divergencias entre las ponencias para después 
presentar un documento, que fue puesto a consideración de todos los estamentos (Anexo D). 
 
Esta estrategia permitió una amplia participación de los diversos actores en el tema propuesto, pero al 
evaluarla se evidenció quelos tiempos para estas discusiones se hacían más largos dependiendo de 
los factores de contexto, en especial políticos, que se han vivido en la Universidad en el año 2005, ya 
que varias reuniones y foros programados debieron ser aplazados. 
 
Se propuso entonces realizar encuentros, aproximadamente cada 15 días, con una disponibilidad de 
tres horas, para agilizar las discusiones y luego presentar conclusiones en plenaria, las cuales fueran 
recogidas por un grupo coordinador que se encargara de elaborar un documento que se pusiera a 
consideración de los distintos participantes para que le hicieran observaciones. 
 
 
3 Documento Informativo número 2. Informe de proceso de revisión curricular. Octubre 7 de 2004. Grupo Coordinador del 
Proceso de Revisión Curricular. 
 
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Informe Final de Autoevaluación 
17 
Siguiendo esta estrategia, se ha trabajado en el proceso de revisión y reforma curricular sobre los 
siguientes temas: las prioridades de formación, las funciones profesionales del egresado, haciendo 
referencia a las funciones generales, ocupaciones y cargos en los cuales se puede desempeñar el 
egresado del programa, las competencias en el saber, en el hacer y en el ser en las que se formarían 
los estudiantes del programa. 
 
En la actualidad se está discutiendo sobre los temas de roles y competencias. Terminar está 
discusión constituye un compromiso de los estamentos, antes de pasar a reflexionar sobre el plan de 
estudios, créditos académicos y metodologías. (Anexo D). 
 
Es importante precisar que tanto el grupo de autoevaluación como el de revisión curricular, deben 
continuar con su trabajo, con el fin de lograr la calidad de los procesos educativos y administrativos y 
adoptar un nuevo currículo para el pregrado de Derecho. 
 
 
Población estudiantil 
 
La población estudiantil por semestre, durante el tiempo en que estuvo vigente la acreditación, 
incluyendo índices de retención y de deserción es la siguiente. El total de matriculados fue: 
 
 
SEMESTRE TOTAL MATRICULADOS DESERCIÓN 
2001 -02 1185 13 estudiantes 
2002 -01 1183 14 estudiantes 
2002 -02 1216 9 estudiantes 
2003 -01 1300 7 estudiantes 
2003 -02 1355 8 estudiantes 
2004 -01 1355 0 estudiantes 
2004 -02 1472 7 estudiantes 
2005 -01 1455 0 estudiantes 
 2005 -02 1490 0 estudiantes 
 
 
Número de egresados del programa 
 
Desde el año 1853, hasta septiembre del año 2005, se han graduado, 3.702 personas. Durante el 
período de acreditación el número de graduados fue de 626 personas. (Anexo E) 
 
Número de profesores al servicio del programa (discriminados por dedicación y niveles de 
formación) 
 
El programa cuenta con 152 profesores, de los cuales 36 son profesores de tiempo completo de 
planta, 8 son profesores de tiempo completo en la modalidad de ocasionales (vinculación temporal), y 
 
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Informe Final de Autoevaluación 
18 
3 son ocasionales de medio tiempo; es decir, cuenta con 45.5 tiempos completos. Los profesores de 
cátedra son 105. 
 
De los 36 profesores de planta que están vinculados en la actualidad 16 tienen título de maestría y 
dos título de doctorado, cuatro profesores son candidatos a magíster o están cursando estudios de 
maestría y trece son candidatos a doctores o están cursando estudios de doctorado. De los 
profesores ocasionales tres tienen título de maestría y cuatro son candidatos a magíster o están 
cursando estudios de maestría (Anexo F y G). 
 
 
Recursos académicos, bibliográficos e informáticos 
 
La dependencia cuenta con 150 (ciento cincuenta) computadores, todos con tecnología de punta; más 
de veinte programas de software, que incluyen todas las aplicaciones de Microsoft office, visualbasic, 
Microsoft, Project, SPSS (estadístico), visualstudio, Java, entre otros; acceso 24 (veinticuatro) horas, 
siete días a la semana, a la red mundial internet, acceso a las bases de datos notinet y datalegis, las 
más importantes en el medio nacional para la provisión de información jurídica actualizada en cuanto 
a normatividad, jurisprudencia y actualidad bibliográfica relativa al derecho; Dialnet, con acceso a 436 
revistas en el área de las ciencias jurídicas, Springerlink, con información sobre las ciencias sociales; 
Thomson Gale, OCDE, Ebsco Host, y Legisnet, todas las cuales ofrecen información permanente y 
actualizada sobre los problemas del Derecho. También se tiene acceso a los siguientes medios 
audiovisuales y ayudas de multimedia para los estudiantes: cuatro proyectores de video, dos dvd’s, 
dos cámaras fotográficas digitales y una de video, cuatro grabadoras de periodista, seis scanner, 
entre otros. 
 
En lo que respecta a recursos físicos, la dependencia posee un bloque dentro de la ciudad 
universitaria, dotado de cuatro pisos en los cuales se distribuyen las aulas de clase, las oficinas 
administrativas y de los profesores, así como un auditorio completamente dotado de equipos de 
audio, video y mobiliario, el cual fue restaurado durante el primer semestre de 2005. Además, los 
estudiantes tienen libre acceso a todas las demás dependencias de la Universidad: bibliotecas, 
centros de documentación, diversos espacios para el deporte y la recreación, Museo Universitario, 
Teatro al aire libre, Teatro Camilo Torres, servicio médico y sicológico, zonas de comidas, sala de 
computadores e informática de la facultad y de las otras facultades, zonas verdes, entre otras. 
 
En cuanto a recursos bibliográficos se remite al informe del Departamento de Bibliotecas (Anexo H). 
 
 
 
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Informe Final de Autoevaluación 
19 
3. DISEÑO METODOLÓGICO PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Para planear el proceso se propuso aprovechar el programa MS proyect, para el diseño y seguimiento 
de proyectos. Se recibió capacitación en el manejo del programa y posteriormente, el 
acompañamiento de un profesor adscrito a la Vicerrectoría de Docencia. Esto sirvió para realizar el 
diseño y estrategia general del proceso, a pesar de que en algunas ocasiones se hizo dispendioso, 
por tratarse de un proceso en el cual el trabajo se realizó de manera conjunta y simultánea por los 
diferentes participantes del mismo. 
 
La Vicerrectoría de Docencia realizó un acompañamiento permanente del proceso, especialmente la 
profesora asistente María Nubia Aristizábal, el equipo de trabajo las encontró pertinentes, tanto en lo 
teórico, técnico y estratégico para el proceso, como por el hecho entender la dinámica propia del 
pregrado de Derecho y asumirla. 
 
El carácter participativo del proceso permitió evaluar permanentemente la metodología que se utilizó y 
según el contexto y las necesidades, realizar ajustes concertados entre los participantes. 
 
 
Fases del proceso 
 
El diseño por fases permitió identificar los responsables, las actividades y la dedicación para el 
adecuado desarrollo del proyecto, así como la toma de decisiones y modificaciones necesarias en el 
desarrollo del mismo, con miras a obtener el mejor resultado posible. Las fases fueron las siguientes: 
 
� Sensibilización sobre la importancia de la autoevaluación con fines de reacreditación 
 
� Conformación del equipo de trabajo para la autoevaluación de acuerdo a la Resolución 007 
de 2004 del Consejo de Facultad. 
 
� Recolección de información con base en los instrumentos diseñados por Vicerrectoría de 
Docencia. 
 
� Revisión y análisis de información por factores. 
 
� Diseño de instrumentos (encuestas). 
 
� Aplicación de instrumentos (encuestas). 
 
� Análisis de la información recolectada 
 
� Preparación del informe final 
 
� Ponderación de las características. 
 
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Informe Final de Autoevaluación 
20 
� Elaboración del plan de mejoramiento. 
 
� Socialización y validación del informe. 
 
� Cierre del proceso. 
 
 
Participantesen el proceso 
 
Siguiendo las directrices de la Resolución 007 de 2005 emanada del Consejo de Facultad, se 
conformó un grupo coordinador encargado de la orientación del proceso y de servir de canal de 
comunicación con las directivas de la Universidad, de la Facultad y de los diversos estamentos 
relacionados con el programa (estudiantes, profesores, egresados, empleados y empleadores). 
 
También se conformó un grupo amplio organizado en comisiones, cada una encargada de uno o dos 
factores, con el fin de identificar las debilidades y fortalezas que según el informe de autoevaluación y 
el concepto de los pares tenía el programa en el 2001, así como examinar las acciones mejoradoras 
de las debilidades y las acciones de mantenimiento de las fortalezas durante el período 2001-2005, lo 
mismo que identificar y contribuir a la recolección de las fuentes soporte del proceso para evaluar las 
características que determinan la alta calidad de un programa, para finalmente sugerir acciones de 
mantenimiento a corto, mediano y largo plazo (formulación inicial por parte de las comisiones). 
 
Para conformar las comisiones se realizó un proceso de sensibilización dirigido a todos los 
estamentos relacionados con el programa para que se vincularan. Esta invitación se hizo por diversos 
medios como el correo electrónico, carteleras, reuniones y en el Boletín “Al Derecho” de la Facultad. 
 
Cada equipo de trabajo organizó su propia dinámica de reuniones y de discusiones. Para junio de 
2005 se solicitó a todas entregar informe del trabajo realizado. Los participantes en las comisiones 
fueron variando, algunos iniciaron el trabajo, otros permanecieron durante el transcurso del mismo y 
otros se fueron vinculando posteriormente (Anexo I) 
 
 
Fuentes de información 
 
Se analizó la documentación de la Universidad, de la Facultad y del programa, correspondiente a 
cada uno de los factores, características, aspectos e indicadores, de conformidad con los lineamientos 
del CNA. Un parte significativa de la información fue tomada de la página web de la Universidad y de 
sus bases de datos. Otra parte la aportaron diferentes dependencias, como la Vicerrectoría de 
Docencia y su Departamento de Admisiones y Registro, la Dirección de Bibliotecas, la Oficina de 
Jerarquía Docente, la Vicerrectoría Administrativa y los departamentos adscritos a ésta como el 
Departamento de Relaciones Laborales y el Departamento de Sostenimiento, la Dirección de 
Planeación, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Secretaría General, entre muchas otras. 
 
 
 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
 
 
Informe Final de Autoevaluación 
21 
Se utilizaron diferentes documentos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y del programa de 
pregrado de Derecho, como se evidencia en el informe y en la lista de anexos. Dentro de ellos se 
destacan la normativa expedida por el Consejo de Facultad y la Decanatura, los informes de gestión y 
los balances sociales, los documentos y actas sobre reforma curricular, documentos y actas 
elaborados por los diversos comités de la Facultad, profesores y estudiantes, así como el boletín “Al 
Derecho”; la página web también fue de gran ayuda. 
 
Como fuente de información primaria se emplearon las encuestas de percepción de estudiantes, 
profesores, empleados, directivos, egresados y empleadores sobre el programa, elaboradas a partir 
de los aspectos e indicadores de los lineamientos del CNA del año 2003. 
 
 
Instrumentos 
 
Los instrumentos para identificar las debilidades y fortalezas evidenciadas en el 2001 y las acciones 
de mejoramiento y de mantenimiento respectivas, así como las fuentes soporte de las mismas, fueron 
diseñados por Vicerrectoría de Docencia. El grupo coordinador elaboró una matriz que compara los 
factores y características de los lineamientos del CNA utilizados en el proceso del 2001 con los 
lineamientos del 2003; ello permitió analizar el estado y avances de las características durante el 
período 2001-2004. Así mismo, se elaboró una matriz para la recolección de las fuentes 
documentales a partir de cada uno de los indicadores que tienen tal soporte, lo cual facilitó la 
recolección y organización de tales fuentes. 
 
En las encuestas se siguió un modelo cuantitativo; para su elaboración, el grupo coordinador contó 
con el apoyo de la profesora Olga Lucía Lopera Quiroz de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
y del profesor Miguel Aigneren Aburto perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales. También en 
relación con estas fuentes se diseñó una matriz, en la cual se puede observar una ruta para identificar 
respecto de cada indicador el número de la pregunta correspondiente de la encuesta realizada a los 
distintos estamentos. Se realizó una prueba piloto de la encuesta de los estudiantes y profesores para 
identificar las dificultades de comprensión de las preguntas y efectuar los ajustes correspondientes. 
 
Las encuestas se aplicaron a los diversos participantes entre los meses de agosto y septiembre del 
2005. Del total profesores (152), la encuesta fue aplicada a una muestra de 33 profesores. 
 
Igualmente, a los egresados que se encuentran realizando estudios de posgrado y maestría y que 
participan en diferentes actividades de extensión en la Facultad de Derecho; a la última promoción de 
graduandos y a los miembro de la junta directiva de la Asociación de Abogados de la Universidad de 
Antioquia, teniendo en cuenta el gran número de egresados la muestra tomada fue de 134. 
 
Respecto de los estudiantes se eligieron cursos por cada nivel, de forma tal que fueran 
representativos de la población y que no se repitieran en otros cursos. Se escogieron los cursos y los 
profesores responsables de aplicar la encuesta. De un número total de 1.490 estudiantes 
matriculados en el semestre 2005-1, el total de encuestas aplicadas fue de 191. 
 
 
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Informe Final de Autoevaluación 
22 
En relación con los empleadores se les aplicó la encuesta a quienes vinculan estudiantes mediante 
contratos de aprendizaje, de un total de 24 empleadores, respondieron 9. 
 
A los directivos, 11 en total, se les hizo entrega personal de la encuesta. De éstas, se diligenciaron 10. 
Y a los empleados no docentes, 7 en total, se les hizo entrega personal de la encuesta y todas fueron 
diligenciadas. 
 
Análisis de la información y elaboración del informe final 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el CNA para el proceso de autoevaluación, la 
información que se recolectó, tanto de encuestas como de fuentes documentales, fue descrita 
centrando el análisis en las condiciones de desarrollo de cada uno de los factores, características y 
aspectos a evaluar, para lo cual se identificaron fortalezas y debilidades, y de manera comparativa, 
avances respecto de las condiciones existentes en el proceso de autoevaluación anterior. 
 
 
Ponderación de las características 
 
Para la ponderación de cada una de las características se tuvieron en cuenta los lineamientos de la 
Comisión Nacional de Acreditación y el documento elaborado por Vicerrectoría de Docencia sobre la 
manera de efectuarla. La ponderación tiene como propósito reconocer la incidencia de cada factor y 
característica objeto de evaluación en la calidad del Pregrado de Derecho de la sede de Medellín. 
 
Los pasos que se siguieron para realizar la ponderación fueron: 
 
1. Estudio del informe final sobre factores, características, aspectos e indicadores objeto de 
evaluación. 
2. Agrupación jerarquizada de los factores 
3. Asignación de valores y porcentajes a los grupos de factores. 
4. Asignación de valores a cada una de las características 
5. Ponderación del porcentaje del logro de cada una de las características en una escala de uno 
a cien. 
6. Calificación numérica de cada una de las características en una escala de uno a cinco. 
7. Peso de la calificación de cada característica respecto del total. 
 
Se conformaron tresgrupos de factores; el primero aglutina los de mayor trascendencia para un 
programa académico en una institución de educación superior acreditada, el segundo y el tercero son 
factores transversales a todos los procesos de los cuales se encarga la institución. 
 
Grupo 1: Factor 1: Misión y Proyecto Institucional 
 Factor 2: Estudiantes 
 Factor 3: Profesores 
 Factor 4: Procesos académicos 
 Factor 7: Egresados e impacto sobre el medio 
 
 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
 
 
Informe Final de Autoevaluación 
23 
 
Grupo 2: Factor 6: Organización, Administración y Gestión. 
 Factor 8: Recursos Físicos y Financieros 
 
Grupo 3: Factor 5: Bienestar Institucional 
 
 
Al hacer la ponderación entre grupos, en una escala de cero a cien (0 a 100) se asignó el siguiente 
puntaje: 
 
Al grupo 1: 75 puntos 
Al grupo 2: 16 puntos 
Al grupo 3: 9 puntos 
 
En el grupo 1, se estimó que el factor Procesos Académicos es el de mayor importancia, pues incluye 
los aspectos relacionados con el currículo; por ello, se le asignó un valor de 20 puntos. A los factores 
Estudiantes y Profesores les fueron asignados 15 puntos a cada uno, dada la importancia que tienen 
tales actores en el proceso enseñanza–aprendizaje y dado que los estudiantes son la razón de ser de 
la Universidad y el profesorado es el estamento con mayor permanencia en la institución y del 
programa, y el responsable en mayor medida de la planeación, ejecución y evaluación de los 
procesos académicos. 
 
Al Factor Egresados e Impacto sobre el medio se le adjudicaron 15 puntos, para destacar el 
compromiso social que ha caracterizado al programa de Derecho de la Universidad de Antioquia. 
 
Al Factor Misión y Proyecto Institucional se le asignó un valor de 10 puntos pues señala las directrices 
que soportan el desarrollo del programa. 
 
Respecto del grupo 2, a cada factor le fue asignado el mismo puntaje, 8 puntos, pues se consideró 
que tienen igual importancia las características asociadas a la organización, administración y gestión 
del programa, como a los recursos físicos y financieros necesarios para ostentar estándares de alta 
calidad, en la medida en que atraviesan todo el quehacer del programa académico. 
 
En cuanto al Bienestar Institucional, se retoma lo considerado por la Vicerrectoría de Docencia, ya 
que “es uno de los factores cuyo cumplimiento es de mayor responsabilidad en la calidad institucional, 
por lo cual se ha identificado como el factor con menor preponderancia en la evaluación de programas 
académicos que ostenten altos índices de calidad. En dicho contexto, la Institución considera que 
debe ofrecer programas y servicios que faciliten el desarrollo integral de los universitarios”. Es esta la 
razón por la que se le asignaron 9 puntos. 
 
Los resultados de este ejercicio de ponderación fueron registrados en la siguiente matriz de 
ponderación: 
 
 
 
 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
 
 
Informe Final de Autoevaluación 
24 
ESCALA 
LINEAMIENTOS 2003 
(Reacreditación 2005) 
 
Valor 
factor 
 
Porcentaje 
del logro 
Alto 
grado 
Mediano 
grado 
Bajo 
grado 
Insuficiente No se 
cumple 
 
TOTAL 
FACTOR 1: 
MISION Y PROYECTO 
INSTITUCIONAL 
GRUPO UNO 
10 PUNTOS DEL 75 % 
 
 
10 
 
 
92,0 
 
 
4,6 
 
 
9.2 
1. Misión institucional 3 90 4,5 2,7 
2. Proyecto institucional 2 100 5 2 
3. Proyecto educativo del 
 programa 
2 90 4,5 1,8 
4. Relevancia académica y 
 pertinencia social del 
 programa 
 
3 
 
90 
 
4,5 
 
2,7 
TOTAL 
FACTOR 2: 
ESTUDIANTES 
GRUPO UNO 
15 PUNTOS DEL 75% 
 
 
15 
 
 
98 
 
 
4,9 
 
 
14,7 
5. Mecanismos de ingreso 
 de los estudiantes 
3 100 5 3 
6. Número y calidad de los 
 estudiantes admitidos 
3 100 5 3 
7. Permanencia y deserción 
 estudiantil 
3 90 4,5 2,7 
8. Participación en 
 actividades de formación 
 integral 
 
3 
 
100 
 
5 
 
3 
9. Reglamento estudiantil 3 100 5 3 
TOTAL 
FACTOR 3: 
PROFESORES 
GRUPO UNO 
15 PUNTOS DEL 75% 
 
 
15 
 
 
89.3 
 
 
4.47 
 
 
13.4 
10. Selección y vinculación 
 de profesores 
3 100 5 3 
11. Estatuto Profesoral 2 80 4 1,6 
12. Número, dedicación y 
 nivel de formación de los 
 profesores 
3 90 4,5 2.7 
13. Desarrollo profesoral 3 100 5 3 
14. Interacción con las 
 comunidades académicas 
1 90 4.5 0.9 
15. Estímulos a la docencia, 
 investigación, extensión 
 o proyección social y a la 
 cooperación internacional 
 
1 
 
80 
 
4 
 
0.8 
16. Producción de material 
 docente 
1 80 4 0.8 
17. Remuneración por 
méritos 
1 60 3 0.6 
 
 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
 
 
Informe Final de Autoevaluación 
25 
TOTAL 
FACTOR 4: 
PROCESOS ACADÉMICOS 
GRUPO UNO 
20 PUNTOS DEL 75% 
 
20 
 
89.7 
 
4.485 
 
17.94 
18. Integralidad del currículo 2 90 4.5 1.8 
19. Flexibilidad del currículo 1 86 4.3 0.86 
20. Interdisciplinariedad 2 100 5 2 
21. Relaciones nacionales e 
internacionales del programa 
1 80 4 0.8 
22. Metodologías de 
 Enseñanza y aprendizaje 
1.5 90 4.5 1.35 
23. Sistema de evaluación 
 de estudiantes 
1 90 4.5 0.9 
24. Trabajo de los 
 estudiantes 
1 84 4.2 0.84 
25. Evaluación y 
 autorregulación del 
 programa 
 
1.5 
 
90 
 
4.5 
 
1.35 
26. Investigación formativa 2 90 4.5 1.8 
27. Compromiso con la 
 investigación 
2 92 4.6 1.84 
28. Extensión o proyección 
 social 
2 100 5 2 
29. Recursos bibliográficos 1 80 4 0.8 
30. Recursos informáticos 1 80 4 0.8 
31. Recursos de apoyo 
 docente 
1 80 4 0.8 
TOTAL 
FACTOR 5: 
BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 
GRUPO TRES 
9 PUNTOS DEL 9% 
 
 
9 
 
 
90 
 
 
4.5 
 
 
8.1 
32. Políticas, programas y 
 servicios de bienestar 
 universitario 
9 90 4.5 8.1 
TOTAL 
FACTOR 6: 
ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 
GRUPO DOS 
8 PUNTOS DEL 8% 
 
 
8 
 
 
95 
 
 
4.75 
 
 
7.6 
33. Organización, 
 administración y gestión 
 del programa 
 
 2 
 
90 
 
4.5 
 
1.8 
34. Sistemas de 
 comunicación e información 
3 100 5 3 
35. Dirección del programa 2 90 4.5 1.8 
36. Promoción del programa 1 100 5 1 
 
 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
 
 
Informe Final de Autoevaluación 
26 
TOTAL 
FACTOR 7: 
EGRESADOS E IMPACTO 
SOBRE EL MEDIO 
GRUPO UNO 
15 PUNTOS DE 75% 
 
 
15 
 
 
95 
 
 
4.75 
 
 
14.3 
37. Influencia del programa 
 en el medio 
8 94 4.7 7.5 
38. Seguimiento de los 
 egresados 
4 80 4 3.2 
39. Impacto de los 
 egresados en el medio 
 social y académico 
3 80 4 2.4 
TOTAL 
FACTOR 8: 
RECURSOS FÍSICOS Y 
FINANCIEROS 
GRUPO DOS 
8 PUNTOS DEL 8% 
 
 
8 
 
 
82.5 
 
 
4.125 
 
 
6.6 
40. Recursos físicos 2 80 4 1.6 
41. Presupuesto del 
 programa 
2 70 3.5 1.4 
42. Administración de 
 recursos 
4 90 4.5 3.6 
TOTAL 100 91.84 4.59 91.84 
 
 
Socialización y validación del informe 
 
El informe final fue socializado en diversas reuniones con los estamentos profesoral, estudiantil y de 
egresados, además se remitió a la dirección electrónica de cada uno de ellos. Y se vinculó a la página 
Web de la Facultad. 
 
Con las observaciones y ajustes se envió al Consejo de Facultad y a la Vicerrectoría de Docencia 
para su revisión final. 
 
 
 
 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
 
 
Informe Final de Autoevaluación 
27 
4. INFORME POR FACTORES 
 
FACTOR 1 
CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA MISIÓN Y AL PROYECTO 
INSTITUCIONAL 
 
Característica 1: Misión Institucional 
 
La institución tiene una misión claramente formulada: ésta corresponde a la naturaleza de la institución y es de 
dominio público. Dichamisión se expresa en los objetivos, en los procesos académicos y administrativos y en 
los logros de cada programa. En ella se explicita el compromiso institucional con la calidad y con los referentes 
universales de la educación superior. 
 
Tanto la misión de la Universidad como la de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se expresan 
en documentos institucionales. La misión de la Universidad de Antioquia está contenida en el Estatuto 
General (Anexo 001). La misión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas fue adoptada por el 
Consejo de Facultad en reunión del 20 de junio de 1997 y está en completa correspondencia con la 
naturaleza de la Institución, encargada de impartir, entre otras actividades, educación profesional e 
investigativa en distintos programas de educación superior. Se adecua a lo establecido en el 
ordenamiento jurídico, especialmente a los derechos y garantías constitucionales y a los parámetros 
establecidos en el sistema de legislación, reglamentación y determinación de sub-reglas de 
interpretación de la educación superior en Colombia, bajo los más altos parámetros de idoneidad, 
pertinencia social y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. 
 
Además, se corresponde con los referentes universales de la educación superior, al expresar el 
compromiso institucional con la universalidad, la pertinencia, la calidad, la responsabilidad social, la 
ética, la coherencia y la transparencia con el conocimiento y su aplicación a la vida profesional, la 
equidad, el respeto por el otro y el compromiso con el entorno. 
 
Existen y se utilizan diversos medios para difundir la misión institucional. La Facultad, con el propósito 
de darle mayor publicidad a su misión institucional entre sus diferentes estamentos y lograr de ellos 
un mayor compromiso con su cumplimiento y con el aporte de la institución al desarrollo de la región y 
del país, ha realizado la promoción de la misma a través de la página web http://derecho.udea.edu.co, 
donde tiene un link constante, la ha fijado en carteleras, en el boletín “Al Derecho” (Anexo 002), en el 
programa de inducción a estudiantes nuevos (Anexo 003) y la ha enviado por correo electrónico a 
estudiantes, profesores y estudiantes. Adicionalmente, se ha hecho mención a la misma en las 
reuniones con profesores vinculados y de cátedra. 
 
Al preguntar a los estudiantes sobre el medio por el cual han conocido la misión de la Facultad, la 
mayoría expresa que ha sido en el proceso de inducción y en la página web (un 77% de los 
consultados, en ambos casos). El medio que reconocen como el más débil mecanismo de 
 
 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
 
 
Informe Final de Autoevaluación 
28 
comunicación de la misión es la divulgación que se realiza en grupos, con un 40% de respuesta 
afirmativa como fuente de conocimiento de este elemento estratégico (4) 
 
El contenido de la misión se corresponde con los objetivos de los programas de derecho. El plan de 
estudios vigente fue elaborado a partir de los lineamientos que estableció el Decreto 1221 de 1990 del 
Ministerio de Educación Nacional, el cual estableció que los estudios de Derecho deben orientarse 
hacia “la formación de jurisconsultos, esto es, de ciudadanos informados de la legislación y de su 
sentido social, con vasta aptitud técnica y contextura moral sólida, provistos de un ponderado criterio 
para la elaboración, la interpretación y la aplicación de las normas, y conscientes de que la función del 
Derecho consiste no sólo en mantener o restablecer el equilibrio social, sino también el alcanzar el 
desarrollo social de la nación”. Así mismo, el programa se corresponde con lo establecido en la 
Resolución 2768 de 2003 (Anexo 004) del Ministerio de Educación Nacional sobre las características 
específicas de calidad para los programas de pregrado en Derecho. 
 
Sobre la correspondencia entre la misión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con el 
programa del pregrado de Derecho sede Medellín, el 82% de los estudiantes y el 89% de los 
empleadores la consideran entre alta y muy alta. (5) 
 
Los directivos, profesores, personal administrativo, estudiantes y egresados entienden el sentido de la 
misión y la comparten, en una categoría de alto grado. Respecto al entendimiento que tienen los 
estamentos sobre el sentido de la misión y los valores que la componen, los estudiantes en 
porcentajes mayores al 73% para cada componente dicen conocerlos y comprenderlos. Con 
porcentajes superiores al 70% para cada componente, dicen compartirlos. (6) 
 
El 78% de los empleadores consultados manifiestan conocer como componentes de la misión del 
programa, cada uno de los siguientes conceptos: responsabilidad social, compromiso social y espíritu 
crítico. Sólo el 44% de los empleadores consultados manifiestan conocer la creación, transmisión y 
preservación del conocimiento de la cultura jurídica como componentes de la misión. En referencia al 
grado en que estos componentes son compartidos en la misión, el que menor nivel evidencia de 
respuestas afirmativas tiene una participación del 44% de los consultados, mientras que el 
componente de mayor nivel tiene un 78% de afirmación. (7) 
 
La totalidad de los empleados no docentes consultados identifican la responsabilidad social como un 
componente valorativo en la misión de la Facultad. Igual sucede para la correspondencia de este valor 
con el pregrado de derecho. Respecto a los demás conceptos, el que en menor medida se considera 
parte de la misión, recibe un reconocimiento como tal del 57% de los consultados. (8) 
 
 
4 Ver cuadro número dos, resultado de la encuesta a estudiantes, pregunta número 3. Encuesta 001 
5 Ver tablas resultado encuestas a estudiantes pregunta número dos. Encuesta 001. Encuesta a empleadores pregunta número 
dos. Encuesta 006 
6 Ver cuadro uno resultado encuesta a estudiantes pregunta uno. Encuesta 001 
7 Ver cuadro uno, pregunta uno de los resultados de la encuesta a empleadores. Encuesta 006 
8 Ver cuadro uno, pregunta número uno de los resultados de la encuesta a empleados no docentes. Encuesta 004 
 
 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
 
 
Informe Final de Autoevaluación 
29 
El 100% de los directivos tiene un claro entendimiento de que los conceptos de excelencia académica, 
responsabilidad social, espíritu crítico, compromiso social y pluralismo hacen parte de la misión; El 90% de 
los directivos dice que la comprensión de los problemas regionales y nacionales, el aporte a soluciones a las 
problemáticas sociales y la relación entre lo jurídico, lo político, lo social, lo económico y lo humano están 
presentes en este elemento estratégico. (9) 
 
La menor proporción de los egresados que consideran que un componente en particular está presente 
en la misión es del 76%, mientras que la máxima proporción llega a un porcentaje del 91%. La menor 
proporción de los egresados que expresan compartir un componente en particular de la misión es del 
76%. La máxima proporción que expresa compartir un componente específico es del 92%. (10) 
 
La menor porción de los profesores consultados, por su parte, que manifiesta reconocer un 
componente en particular de la misión es del 82%, mientras que la máxima proporción es del 97% 
para un componente misional consultado. Al menos un 82% de los profesores consultados comparte 
los componentes. El componente con la mayor proporción de docentes que dicen que lo comparten 
tiene una participación del 94% de los docentes consultados. (11) 
 
Lo anterior significa que hay un gran avance respecto de la pasada autoevaluación, en la cual una de 
las debilidades era el desconocimiento de la misión por parte de algunos estamentos, así como la 
determinación de los mecanismos de difusión de la misma. Como se puede evidenciar, esta dificultad 
ha sido superada, tal como lo manifiesta la respuesta obtenida en las encuestas. 
 
La misión se ha traducido en la postulación de políticas