El estado moderno como estado trabajo 3 - Franco Galarza

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El estado moderno como estado- nación. 
En la formación del estado-nación se encuentra la necesidad de homogeneizar 
a una población que no necesariamente posee elementos culturales y 
simbólicos en común y que los ciudadanos obedezcan a las autoridades en 
tanto organización política. La tarea de la construcción de la nacionalidad 
consiste en lograr que habitantes de regiones aisladas entre sí, unifiquen sus 
intereses materiales y construyan lazos espirituales en común, así como 
acepten las normas legales y que se identifiquen como integrantes de una 
misma comunidad social y política. 
A continuación, se destacan los elementos característicos de un estado 
moderno: 
 El Estado se instituye como arbitro neutral por sobre los conflictos de la 
sociedad. Frente a la esfera de lo privado, el derecho como neutral permite 
visualizar al Estado como el lugar de lo público, separado de lo privado. 
 La burocracia está formada por un cuerpo de profesionales especializados 
que se rigen por leyes y órdenes escritas. A diferencia de los 
administradores medievales, estos profesionales reciben un salario por su 
labor y están separados de los medios que administran porque no son sus 
posesiones personales. 
 El ejercicio de la soberanía es de carácter absoluto, indivisible e irrevocable. 
Aunque el soberano es considerado un poder originario, en la actualidad, su 
ejercicio presenta dos límites: el interno, establecido por la constitución y las 
leyes; y el externo, establecido por los acuerdos internacionales que el 
Estado firma voluntariamente. 
 El Estado tiene la capacidad para generar recursos simbólicos, elaborar 
principios de identificación colectiva y valores en común, que naturalicen las 
relaciones de poder y ofrezcan sentido de pertenencia a una población 
extensa y heterogénea. 
 Posee un centro de poder político que monopolice los recursos de coerción 
física y los restantes medios de administración que le permiten ejercer la 
dominación. 
Según Weber, el Estado “es una relación de dominio de hombres sobre 
hombres, basada en el medio de la coacción legitima”. Para lograr esta 
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dominación, el Estado cuenta con variados recursos , desde los medios de 
coacción que le proporcionan las fuerzas militares y policiales; los recursos 
económicos; los recursos de información, que le permiten acceder e influir 
sobre los medios informativos y sobre la opinión publica en la búsqueda del 
consenso; hasta los recursos ideológicos, para generar niveles de aceptación 
voluntarios al orden político establecido, difundidos por diversas instituciones, 
entre las que se encuentran las instituciones educativas. 
La conformación estatal en América Latina: el Estado configura a la 
nación. 
Para estudiar el proceso de conformación de los Estados nacionales, hay que 
tener en cuenta, según el politólogo argentino Oscar Oszlak, un plano material 
y un plano ideal. En lo material se generan relaciones sociales capitalistas 
dentro un territorio delimitado, desarrollando intereses diferentes. En el plano 
ideal, la creación de símbolos y valores que producen sentimientos de 
identificación y pertenencia a un mismo cuerpo social, por sobre los diferentes 
intereses existentes en la sociedad civil. 
Entre los problemas a resolver para construir la base material e ideal de la 
Nación se incluyeron: las grandes distancias, los intereses diferentes entre el 
mundo urbano y el rural, la persistencia de prácticas y valores propios de 
periodo colonial más allá de la independencia, la desarticulación de los circuitos 
comerciales regionales que provocaron la revolución y las guerras civiles. Estos 
temas han sido parte del proceso histórico de organización del Estado- nación 
en los países latinoamericanos. 
El Estado liberal (1862-1880) 
En 1862, con la presidencia Mitre, se inició formalmente la construcción del 
Estado nacional argentino, basado en los principios del liberalismo. Para ello se 
organizaron diferentes instituciones, como la justicia federal y la Corte 
Suprema, el Ejército y el Colegio Militar de la Nación, la Escuela Naval y el 
sistema educativo en los niveles primario y secundario. El período del Estado 
liberal se extendió hasta el ascenso de Julio Roca a la presidencia de la Nación 
en 1880. 
A partir de la Ley de Aduanas de 1863, la organización de la economía se basó 
principalmente en el librecambio, que se apoyaba en la economía agraria 
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exportadora- importadora, sostenida por el ingreso de inmigrantes al país que 
servían como mano de obra. También, el Estado solicitó préstamos de capital 
extranjero como forma de funcionamiento de la economía nacional. 
La Ley de Aduanas impactó y provocó una profunda crisis en las economías 
del interior del país. Como consecuencia, se generaron levantamientos 
populares en la región noroeste que fueron reprimidos por el ejército. Por otro 
lado, esta política económica benefició a los sectores de la burguesía comercial 
y terrateniente, así como al sector comercial extranjero, de origen 
principalmente británico. 
El sistema político se organizó a través del sufragio popular, que no era 
entonces obligatorio ni secreto. A estas características se le sumaba el ejercicio 
de la violencia en los comicios y diversas formas de fraude que tergiversaban o 
impedían la libre expresión de la voluntad popular. Estas formas políticas 
generaban la resistencia armada de los sectores perdedores, como el caso de 
Mitre en 1874 o los autonomistas porteños en 1880. A estas prácticas políticas 
viciadas que se establecían desde el propio Estado se sumaba la abstención 
de la mayor parte de la ciudadanía, por lo que los gobernantes eran elegidos 
por una minoría. 
El Estado liberal oligárquico (1880-1916) 
Con la llegada de Roca a la presidencia de la Nación se inauguró un régimen 
de gobierno que fue conocido como oligárquico. 
La oligarquía es una forma de gobierno en el cual el poder es ejercido por un 
número reducido de personas que forman parte de la elite de notables, ya sea 
por su riqueza o por su prestigio social. Según el historiador Natalio Botana, 
existe oligarquía cuando un pequeño número de personas ubicadas en 
posiciones privilegiadas de la sociedad se apropia de las posiciones 
dominantes de poder y cierra el acceso a otros integrantes de la elite de 
notables. 
Esto sucedió en la Argentina, donde se inauguró un sistema gubernamental, 
que impedía el acceso a los cargos elegibles no solo a la mayoría de los 
ciudadanos, sino al resto de la minoría privilegiada. Los excluidos de las 
principales decisiones políticas eran varios sectores que estaban en 
condiciones de disputar también esos lugares de poder, pero no habían salido 
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favorecidos en las alianzas políticas. Esto explica el surgimiento de diversas 
impugnaciones al régimen, ya no provenientes de sectores populares como las 
ocurridas en el noroeste, sino de los sectores medios urbanos, como la 
Revolución del Parque de 1890. Dicho acontecimiento estuvo protagonizado 
por Leandro Alem, Bartolomé mitre y Aristóbulo del Valle, entre otros 
partidarios, de la Unión Cívica Radical, que cuestionaban al gobierno de Juárez 
Celman. 
Desde la economía, el período registró la consolidación de la gran propiedad 
territorial y el incremento de la inmigración y la colonización. Las políticas 
públicas apuntaron a la construcción y el financiamiento de la infraestructura 
económica. También se iniciaron políticas de salubridad, pero las políticas 
sociales continuaron bajo la lógica de la beneficencia. El acceso al sistema de 
jubilación les fue concedido a los militares y a los maestros a fines del siglo XIX 
y a otros sectores de la administración pública en 1904. 
A pesar de estas novedades, para 1914 solo el 7% de la población 
económicamente activa estaba inscripta en una caja de jubilación, y el sistema 
social continuaba siendo altamente excluyente paragran parte de la sociedad. 
El Estado liberal democrático (1916-1930). 
A partir de la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912 se organizaron las bases 
legales y políticas para la incorporación y ampliación de la ciudadanía al 
electorado. En aquel momento, el radicalismo pedía establecer “la pureza del 
sufragio”. A esto se sumaba la creciente conflictividad que generaban los 
reclamos de las organizaciones obreras anarquistas y socialistas por las 
condiciones laborales y salariales. En consecuencia, el sector modernista de la 
oligarquía propuso modificar el sistema electoral para facilitar la incorporación 
de los sectores medios y trabajadores. Pretendía generar un compromiso de 
los radicales y su electorado con el sistema político y a la vez separarlo de la 
clase obrera conducida por el sindicalismo. 
La reforma electoral estableció el voto obligatorio de todos los varones mayores 
de 18 años (universal), en forma secreta (cuarto oscuro y boleta impresa), y 
con el padrón militar como lista de electores. 
En 1916, los resultados electorales otorgaron la mayoría de los votos a la UCR 
y consagraron como presidente a Hipólito Yrigoyen, contra lo esperado por la 
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elite reformista. Una vez en el gobierno, el radicalismo implementó políticas 
sociales y sancionó leyes que reconocieron derechos para los trabajadores 
respecto de sus condiciones de trabajo, contratación laboral y jubilación. Sin 
embargo, se produjeron una serie de huelgas y manifestaciones que fueron 
reprimidas por el gobierno, conocidas como la Semana Trágica de 1919 y el 
asesinato de obreros, que exigían mejores condiciones laborales en la 
Patagonia, en 1921. El gobierno de Yrigoyen fue derrocado por el golpe de 
Estado de 1930. 
El Estado de Bienestar (1946-1955). 
En 1930 se produjo una crisis económica que afectó las economías de los 
países centrales del mundo. Para encontrar una salida a esta profunda crisis, 
se reorganizaron las funciones estatales con el objetivo de regular las 
relaciones de producción y ampliar los derechos sociales. A esta fuerte 
intervención estatal en la economía se la denominó Estado de bienestar. Se 
impusieron controles sobre los mercados e incluso se fomento el desarrollo de 
empresas públicas proveedoras de bienes y servicios a precios bajos o 
subsidiados por el Estado. 
También, el Estado, en este nuevo rol de regulador, se ocupó de garantizar la 
negociación entre el capital y el trabajo como forma de evitar la conflictividad 
social y asegurar la redistribución del ingreso. El objetivo era lograr y sostener 
el bienestar mínimo de los habitantes, como derecho y no como concesión o 
beneficencia. Para ello, se implementaron mejoras en las condiciones laborales 
y de vida de los trabajadores, que consistieron en el desarrollo de la protección 
legal de los derechos laborales y en el suministro de servicios públicos 
gratuitos o de bajo costo al conjunto de la sociedad, como los de salud, 
educación, transporte, vivienda o recreación. 
En la Argentina, el período que más se aproxima a este modelo de Estado de 
bienestar corresponde al primer peronismo (1946-1955). Los mecanismos de 
intervención económica preexistentes, como las juntas reguladoras y el Banco 
Central (de carácter supuestamente mixto pero dirigido por banqueros afines a 
los intereses extranjeros), fueron potenciados y modificados específicamente. 
La estatización del Banco Central, junto con la nacionalización de los depósitos 
bancarios, le otorgó al Estado el control del crédito y a través del Instituto 
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Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) el control de la casi totalidad del 
comercio exterior, generando excedentes de divisas para fomentar la 
industrialización y el mercado interno. 
La estatización de las empresas de servicios públicos y la creación de otras le 
confirieron al Estado peronista la condición de “Estado empresario”, y la 
posibilidad de intervenir sobre los mercados de bienes y servicios. Esta 
regulación se complementó con un conjunto de políticas sociales que 
reconocían como derechos las necesidades de los trabajadores y otros 
sectores populares. Esta política se plasmó en la reforma constitucional de 
1949, inspirada en el constitucionalismo social, que garantizaba los derechos 
de los trabajadores, sus familias, niños y ancianos. 
A diferencia del modelo de Estado de bienestar que se implementaba en los 
países centrales, el gobierno peronista se constituyó como el eje de un nuevo 
modelo de acumulación de la economía argentina, centrado en la 
industrialización sustitutiva y el mercado interno, y en la ampliación de 
derechos sociales y el protagonismo político de la clase trabajadora y otros 
sectores populares. 
Esta mayor presencia estatal generó lo que algunos denominan el Estado 
social, ya que se basa en las necesidades, los derechos y las libertades de los 
ciudadanos. 
El Estado desarrollista (1955-1966) 
Luego de la llamada Revolución Libertadora cambia en la Argentina el régimen 
político, pero continúa el modelo intervencionista del Estado en el desarrollo. 
Este modelo dominó la escena política hasta la segunda mitad de los años 60. 
En términos de promoción social, preconizaba un fuerte sector público, el orden 
económico se basaba en un rol “medio” con intervención o regulación por medio 
de planificación. La idea fuerza de este modelo fue el crecimiento económico, lo 
que significó una postergación del Estado benefactor. 
Políticamente, y en términos de la participación ciudadana, este modelo de 
Estado se desarrolló en el marco de una democracia con restricciones y 
proscripción. Fue un periodo que priorizó un rol de mayor protagonismo al 
empresariado y a la racionalidad del sector público en detrimento de los 
sindicatos y la movilización popular. 
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El Estado burocrático- autoritario (1966-1973). 
El Estado burocrático- autoritario se caracteriza por la intervención de los 
sucesivos golpes de estado de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en 
Argentina en 1966. 
El politólogo Guillermo O´Donnell planeó la siguiente caracterización para 
analizar esta nueva configuración del Estado: 
1- Sus principales objetivos se basan en la restauración del orden y la 
disciplina social, supuestamente cuestionado por los sectores populares, 
y la normalización de la economía. 
2- La conducción estatal la ejercen las Fuerzas Armadas, como 
organización especializada en la coacción. A su vez, la conducción de la 
economía queda protagonizada por representantes de la burguesía, 
bloque de clases sociales integrado por las fracciones urbanas del 
capital privado, nacional y extranjero, carácter monopólico u oligopólico. 
3- Implica la exclusión política de sectores populares, ya que clausura la 
vida democrática y suprime la ciudadanía. 
4- Favorece un patrón de acumulación económica fuertemente 
concentrado en el capital privado oligopólico, algunas empresas 
estatales, y la transnacionalización de la economía. 
5- La burocratización de este tipo de Estado supone que la gestión de las 
instituciones públicas y de las empresas privadas se basa en los criterios 
de “racionalización”. 
6- Finalmente, al intentar justificar sus intervenciones sobre la vida social, 
económica y política bajo el rótulo de racionalización, somete el 
tratamiento de los problemas a criterios supuestamente objetivos y 
tecnocráticos. 
En 1966 se produjo una intervención militar encabezada por el Gral. Onganía 
que pretendía resolver la crisis surgida a partir de 1955. En este caso, el golpe 
fue protagonizado por un sector de las Fuerzas Armadas con apoyo de partidos 
políticos opositores al peronismo y a sectores sociales, eclesiásticos y 
empresariales. 
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La proscripción del peronismo de los procesos electorales y la dinámica política 
que esto había desatado llevaron a un proceso denominado de “empate 
hegemónico”: las alianzas económicas, sociales y políticasque accedían al 
control del aparato estatal no podían estabilizarse políticamente. Aquellas 
fuerzas que podían desgastar a las alianzas en el poder y desestabilizarlas no 
lograban acceder al poder o, cuando lo lograban, no podían sostenerlo. Los 
militares pretendían resolver este “empate” construyendo una nueva alianza de 
clases dirigida por el capital extranjero. Para lograrlo, Onganía estableció 
objetivos económicos sociales y políticos, que en un proceso sin términos de 
duración remodelaría la sociedad argentina según sus deseos de orden y 
modernización económica. 
Crisis del Estado de bienestar y Estado neoliberal. 
La crisis del Estado de bienestar se puede explicar a partir de sus aspectos 
económicos y políticos. 
 La cuestión económica se vincula con el alto costo fiscal que implican los 
denominados gastos sociales. En este tipo de gastos se incluyen los 
servicios de salud, educación, vivienda, transporte, deporte y cultura. A su 
vez, como gasto fiscal también se incluyen los subsidios a la producción 
que reciben diferentes sectores empresariales, como reintegros a las 
exportaciones, precios especiales para combustibles y energía, exenciones 
de impuestos o créditos baratos de la banca estatal. 
 La cuestión política reconoce el fortalecimiento relativo de los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales, que por las políticas de pleno 
empleo que fomenta el estado de bienestar se encuentran en mejores 
condiciones para reclamar y presionar tanto al sector empresarial como al 
propio Estado para mejorar sus condiciones de vida. En algunos casos los 
trabajadores organizados coparticipan en la toma de decisiones políticas 
sobre el rumbo general de la sociedad. Una situación similar presentan las 
corporaciones de empresarios, que también presionan en beneficio propio 
sobre la orientación general del estado de bienestar. En definitiva, lo que se 
cuestiona en el factor político es de carácter ideológico en la medida en 
que el Estado pierde autonomía frente a los distintos factores de poder de 
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la sociedad que lo condicionan fuertemente en la orientación general de 
sus políticas. 
Los factores económicos y políticos contribuyen en el proceso de 
deslegitimación del Estado de bienestar. Desde la perspectiva neoliberal se 
acentúan las críticas sobre la ineficiencia de la administración pública en 
general, así como las virtudes de la empresa privada por sobre la pública, la 
mayor eficacia del mercado para asignar recursos económicos al colocar los 
valores individuales por sobre los sociales. 
A partir del golpe de Estado de 1955, en la Argentina el Estado de bienestar 
comenzó un proceso de decadencia que se profundizó con la dictadura militar 
de 1976. Una vez en el poder, el gobierno militar inició una política de 
endeudamiento del estado, suspendió las políticas sociales, transfirió el capital 
social acumulado al sector privado, liberó la economía y dejó a la industria 
argentina a merced de los productos importados. 
Las políticas neoliberales se desarrollaron en la década de 1990 durante las 
presidencias de Menem (1989-1999) y De la Rúa (1999-2001). En 2001 se 
produjo una crisis como consecuencia de varios factores político-económicos. 
Entre ellos se encontraban la acumulación de endeudamiento extremo, la fuga 
de capitales y la pérdida de las reservas monetarias del Banco Central, la 
incautación de los ahorros de los sectores medios ( que genero el llamado 
“corralito”), las altas tasas de desocupación, los niveles de pobreza y miseria y 
la destrucción de la capacidad productiva de la economía. La crisis producto 
del modelo neoliberal dejó una tremenda deuda económica, social y política. 
 
	El Estado desarrollista (1955-1966)