Historia Argentina 1880-2015 - resumen

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Unidad I: 1880-1930
Primera Parte, 1880-1916
El año de 1880 puede considerarse como una bisagra en la historia nacional debido a que se lo entiende como un momento en que nace una Argentina “moderna”, dejando atrás a la Argentina “tradicional”. Tres factores contribuyeron decididamente a ello y a la consolidación del Estado Nacional, a saber: la federalización de la ciudad de Buenos Aires; la denominada “Campaña al Desierto”; y el progresivo aumento del poder central en detrimento de los provinciales.
· La sanción por el Congreso Nacional en 1880 de la ley que designó a la ciudad de Buenos Aires como la Capital de la República vino a terminar con un problema, la “cuestión capital”, que se venía arrastrando prácticamente desde la Independencia del país y que había desatado conflictos políticos y también armados ente Buenos Aires y el Interior.
· Las autoridades españolas durante la época colonial como así también los sucesivos gobiernos patrios, llevaron adelante una política de expansión del espacio territorial hacia el sur de lo que hoy es nuestro país, a veces pactando con los pueblos originarios y otros reprimiéndolos. La culminación de esa política se dio entre los años 1879/1880, cuando una expedición militar punitiva al mando del general Julio A. Roca dio muerte a pueblos indígenas y expulsó a otros de sus tierras, incorporando amplias zonas de la región pampeana y la Patagonia al control efectivo de la República.
· En los años previos e inmediatamente posteriores a 1880, los gobiernos nacionales fueron adquiriendo cada vez más atribuciones y poder en detrimento del que poseían las provincias. Por caso, se sancionaron el Código Civil, el Código Penal y el Código Comercial; se creó el Ejército y la Armada, suprimiéndose las milicias provinciales; y se estableció el peso como unidad monetaria en todo el territorio nacional.
Las transformaciones operadas en el país a partir de 1880 fueron expuestas e implementadas por la denominada “Generación del ’80”, un grupo de hombres integrantes de una elite que se entendió a sí mismo con aptitud para comandar el país hacia un destino de modernización y “progreso” pero con prescindencia de los sectores populares, de allí a la implementación del fraude electoral como forma de acceso y mantenimiento en el poder. Una “oligarquía ilustrada” que adscribía a la filosofía positivista, anticlerical, liberal en materia económica pero autoritaria en política, cuya expresión partidaria fue el Partido Autonomista Nacional (PAN).
El primer presidente de este régimen conservador fue Julio A. Roca, quien gobernó bajo el lema de “Paz y Administración”, orientación que no fue exclusiva de nuestro país pues se materializó en otros del continente como en México durante el régimen dictatorial de Porfirio Díaz (1876-1911), que expuso el mismo lema, y el Brasil en tiempos de la República Vieja (1889-1930) con el suyo muy similar escrito en su bandera: “Ordem e Progresso”.
Del gobierno de Roca merece citarse su política de secularización de la sociedad, lo que lo llevó a enfrentarse con la Iglesia Católica. En ese sentido, fue emblemática la sanción en 1884 de la ley Nº 1420 de Educación Común, que establecía la educación obligatoria, gratuita y laica para el nivel elemental (primario), que se extendió también al nivel secundario. Y la ley de Registro Civil de las Personas, en el mismo año, que especificaba que los nacimientos y defunciones serían anotados por el Estado y no por la Iglesia, que venía realizando esa tarea. Complemento de las mencionadas fue la ley de Matrimonio Civil, sancionada en 1888, por la que el Estado reconocería a los efectos legales solo el matrimonio civil, no el religioso.
A Roca lo sucedió su concuñado, Miguel Juárez Celman, ex gobernador de Córdoba, quien en el ejercicio del gobierno se caracterizó por un estilo personalista que acentuó los rasgos autoritarios del régimen conservador que se denominó Unicato, pues el Presidente de la Nación era simultáneamente titular del PAN, el partido hegemónico.
El ejercicio del fraude electoral y los efectos de la crisis económica minaron la credibilidad del gobierno a la vez que alentaron la conformación de un polo opositor que nació en 1889 con el nombre de Unión Cívica de la Juventud que al año siguiente se transformó en la Unión Cívica, integrada por un grupo heterogéneo de políticos: mitristas, católicos, autonomistas, independientes, etc. Estos llevaron adelante el 26 de julio de 1890 una revolución que intentó derrocar al gobierno. Si bien fracasó en su cometido, el presidente Juárz Celman se vio obligado a dimitir, sucediéndolo en el cargo el vicepresidente Carlos Pellegrini
En 1891, a partir de un acuerdo que el gobierno estableció con un sector de la Unión Cívica, esta se dividió en Unión Cívica Nacional, liderada por el dialoguista Bartolomé Mitre, y la Unión Cívica Radical, encabezada por Leandro N. Alem, férreamente contrario a ese acercamiento. La Unión Cívica Radical (radicalismo) se convertiría rápidamente en el principal partido opositor al régimen conservador, primero al mando de Alem y luego de Hipólito Yrigoyen, cuyas banderas eran la lucha por el sufragio libre y la defensa de la plena vigencia de la Constitución Nacional, de las que se hicieron eco vastos sectores medios. Tres fueron los principios de acción que guiaron al radicalismo en esos años: la intransigencia, es decir el rechazo a todo tipo de acuerdo con los gobiernos conservadores; la revolución, es decir los intentos de derrocar por la fuerza al régimen gobernante, lo que se llevó a cabo sin éxito en 1893 y 1905; y la abstención, esto es la no participación en comicios viciados de fraude.
El ejercicio continuado del fraude, el malestar en ámbitos políticos opositores y el desgaste del PAN, que perdió fuerza y prácticamente dejó de existir en la primera década del siglo XX, permitieron que sectores lúcidos del régimen gobernante accedieran al poder con Roque Sáenz Peña en 1910. Este, con la colaboración de su ministro del Interior, Indalecio Gómez, impulsó la sanción de una ley electoral que vino a remediar la forma en que se ejercía el sufragio hasta ese momento, en el que el voto era voluntario (había que inscribirse en un padrón si se deseaba sufragar), cantado (el votante debía manifestar el nombre del candidato preferido) y de lista incompleta (el partido que ganaba la elección ocupaba todos los cargos en disputa sin que le correspondiese ninguno al resto de las fuerzas participantes). Así fue que en 1912 se sancionó la ley Nº 8871, conocida como ley Sáenz Peña, que estipulaba que el voto sería obligatorio para los hombres según el padrón militar, secreto y de lista incompleta, por lo que el partido triunfante obtendría los dos tercios de la representación y la minoría el tercio restante. Si bien no contemplaba el voto femenino y los extranjeros solo podían votar si se nacionalizaban, la ley fue un avance en que respecta a los derechos políticos ciudadanos. Se aplicó por primera vez en la elección presidencial de 1916, de la que resultó triunfante el candidato radical Hipólito Yrigoyen.
Para concluir con la aproximación a la política de este período de la historia argentina, una mirada a la política exterior muestra una relación de “dependencia consentida” de nuestro país respecto de Gran Bretaña, la principal potencia de la época y el socio económico más importante de la Argentina. Y el anuncio en 1902 por parte del ministro de Relaciones Exteriores José M. Drago de una doctrina jurídica adoptada tiempo después por la comunidad internacional y que lleva su nombre. La misma establece que ningún Estado extranjero puede utilizar la fuerza contra una nación americana con la finalidad de cobrar una deuda financiera.
En materia económica, durante los años del régimen conservador se materializó el modelo agroexportador, consistente en la incorporación al mercado mundial del país como productor y exportador de productos primarios (cereales y carne) y como importador de productos manufacturados, intercambios que se realizaban conEuropa, especialmente Gran Bretaña. La principal región productora y “motor” de este modelo económico y comercial fue la Pampa Húmeda, es decir el territorio conformado por la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, la zona sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba y el oeste de La Pampa, donde predominó la gran propiedad. La transformación agrícola fue de tal magnitud que colocó a la Argentina en los primeros puestos entre los países exportadores de trigo y maíz.
En materia ganadera, el aumento de las cabezas de ganado vacuno y ovino especialmente fue la condición necesaria para el desarrollo de la industria frigorífica, que procesaba y exportaba carne enfriada. Entre los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del XX, se instalaron en la zona costera que comprende desde Rosario a La Plata y en la Patagonia austral (Santa Cruz y Tierra del Fuego) grandes frigoríficos de capital norteamericano (Armour, Swift, Wilson) e inglés (Anglo, Smithfield).
Era fundamental para el desarrollo y funcionamiento del sistema agroexportador contar con medios de transporte que llevaran la materia prima al puerto y de este a todo el país las manufacturas extranjeras. Se construyó entonces una extensa red ferroviaria a través de empresas inglesas cuyo formato era similar al de un abanico convergente en el puerto de Buenos Aires. A continuación, la evolución de esta red, cuyas dos terceras partes estaban tendidas en la región pampeana.
Pero el desarrollo de este modelo trajo consecuencias desiguales: positivas para la región pampeana pero no así para otras como la patagónica, la del noreste o la del noroeste. Lograron abastecer el mercado interno y por tanto tener una relativa prosperidad las producciones vitivinícolas de Cuyo y la azucarera de Tucumán
En cuanto a la sociedad, el proceso más destacado de los años estudiados fue el inmigratorio, que por su magnitud impactó decisivamente en la estructura social argentina, logrando transformarla en gran medida. Merece destacarse aquí la sanción de la ley de Inmigración y Colonización de 1876, que estipulaba su fomento. Así fue que entre 1870 y 1913 el saldo migratorio fue de más de 3.000.000 de personas, la mayoría proveniente de ultramar, principalmente de Italia y España, nacionalidades que sumadas alcanzaban más del 70 % del total a fines del siglo. Su distribución sin embargo fue desigual, nunca inferior al 40 % en la región pampeana, asentándose principalmente en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y no tanto en las zonas rurales, motivado esto en gran parte porque no tuvieron acceso a la propiedad de la tierra. Algunas cifras brindadas por los censos de población de 1869, 1895 y 1914 permiten una cabal aproximación al fenómeno que se está describiendo.
Este verdadero “aluvión” inmigratorio impactó en los espacios públicos y privados de las ciudades, que no contaban con una infraestructura adecuada para recibir tamaña cantidad de personas. La insuficiencia de unidades habitacionales dignas derivó en la proliferación de conventillos, que eran las viviendas colectivas más densamente habitadas. En Buenos Aires, por ejemplo, en 1887 había 2.835 conventillos donde moraban un total de 116.167 personas, el 65,7 % de ellas extranjeras y el restante 34,3 % argentinas. Las condiciones de vida eran tan precarias que en 1907 se produjo en Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca una huelga de inquilinos, que se negaron a pagar los altos precios de los alquileres.
El devenir del modelo económico de la época fue acompañado del surgimiento y desarrollo de un incipiente y respetable movimiento obrero, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que brindaba su fuerza de trabajo en las actividades derivadas de aquel: gremios industriales, como los trabajadores de la carne; de servicios, como portuarios y ferroviarios; y de oficios, como albañiles, carpinteros, panaderos, zapateros, carreteros, marmoleros, etc.
Tres fueron las corrientes político-ideológicas en que se dividió el movimiento obrero de entonces: la anarquista, la socialista y la sindicalista. Los anarquistas descreían de la organización estatal, proponían un nuevo tipo de sociedad y sus reclamos lo hacían a través de la “huelga general revolucionaria” y de acciones violentas; se agruparon en 1905 en la FORA (Federación Obrera Regional Argentina) V Congreso. Los socialistas, respetuosos de las instituciones, entendían que la mejora de la situación de los trabajadores vendría a través de las leyes que podía sancionar el Congreso; constituyeron en 1903 la UGT (Unión General de Trabajadores). Y los sindicalistas, pragmáticos, entendían que solo a través de la labor de los gremios, sin identificación partidaria, se podían obtener mejoras; se agruparon a partir de 1915 en la FORA IX Congreso.
Frente a esta realidad, el Estado del régimen conservador adoptó una actitud represiva, tanto física como legal. En el primer caso, las manifestaciones y concentraciones obreras eran generalmente reprimidas violentamente por la policía, como la del 1° de mayo de 1909, a cargo del coronel Ramón Falcón, que costó la vida a varios trabajadores. El Congreso por su parte sancionó dos leyes en la misma dirección: la de Residencia, en 1902, que autorizaba al Poder Ejecutivo a expulsar a todo extranjero cuya conducta fuera considerada peligrosa. Y la de Defensa Social, en 1910, la cual prohibía la entrada al país a los anarquistas y toda otra persona que preconizara actos violentos contra las instituciones públicas.
Segunda Parte, 1916-1930
La puesta en práctica de la ley Sáenz Peña en las elecciones de 1916 le permitieron a la Unión Cívica Radical acceder al gobierno. La fórmula integrada por Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna obtuvo unos 340.000 votos, relegando a las presentadas por los conservadores (153.000), demócrata-progresistas (123.000) y socialistas (53.000). Con la llegada de Yrigoyen se produjo un cambio sustantivo en la forma de hacer política, pues el nuevo mandatario era un líder popular que utilizaba novedoso métodos de conducción a partir de la influencia ejercida en sectores medios y populares urbanos que en su mayoría habían estado, hasta ese momento, al margen de la participación política. La orientación reformista del radicalismo tenía puntos de contacto con otras experiencias gubernativas regionales como las del presidente José Battle y Ordoñez en Uruguay (1903-07 y 1911-15) y la de Arturo Allesandri en Chile (1920-25).
Uno de los problemas más complicados con los que tuvo que lidiar el presidente fue con la oposición conservadora, que tenía mayoría en la cámara de Senadores –en la de Diputados la mayoría era radical-, que le trabó un gran número de iniciativas. Entre los proyectos enviados para su tratamiento que no pudieron materializarse, se cuentan: creación de la Gendarmería Nacional; creación de la Marina Mercante Nacional, creación del Banco Agrícola, provincialización de los territorios nacionales de La Pampa, Misiones y Chaco. Fue así que el presidente recurrió en no pocas oportunidades a la intervención federal de distintas provincias, 20 en total durante todo su mandato: 15 por decreto y 5 por ley, lo cual profundizó las distancias con la oposición. En materia de política internacional, Yrigoyen mantuvo la neutralidad del país durante la Primera Guerra Mundial, que venía del gobierno anterior.
En 1922 se realizaron las elecciones presidenciales en donde nuevamente volvió a triunfar el radicalismo con la fórmula Marcelo T. de Alvear – Elpidio González, que obtuvo 460.000 votos frente a 200.000 de Concentración Nacional (conservadores), 73.000 de los demócrata-progresistas y 54.000 de los socialistas. La presidencia de Alvear se caracterizó por un período de paz social, aunque signada por la división del partido gobernante entre “personalistas” y “antipersonalistas”, es decir por seguidores y adversarios de Hipólito Yrigoyen, el líder partidario. Alvear, cuyo estilo de gestión se diferenciaba de aquel, permitió la participación de antipersonalistas en su gobierno, lo que provocó conflictoscon personalistas que controlaban el aparato partidario y algunas provincias, como la de Buenos Aires. La ruptura se materializó en 1924 con la formación de la Unión Cívica Radical Antipersonalista.
Para las elecciones de 1928 los antipersonalistas habían elegido la fórmula Leopoldo Melo-Vicente Gallo, la que fue apoyada por los conservadores, conformando el Frente Único, binomio que recibió el acompañamiento de los grandes medios de comunicación como La Prensa y La Nación y de grupos de la derecha nacionalista entre otros. Enfrentaron a Hipólito Yrigoyen-Francisco Beiró, la fórmula del radicalismo, en una compulsa sumamente polarizada a favor o en contra de aquel, al punto que se la denominó por ello “el Plebiscito”. El triunfo del caudillo radical, que de ese modo accedía por segunda vez a la primera magistratura de la Nación, fue contundente, pues alcanzó los 460.000 sufragios (61 %), seguidos del Frente Único, que alcanzó 440.000 (31 %) y de los socialistas con 65.000 (4,9 %).
A pesar de este apoyo popular, el gobierno yrigoyenista se fue mostrando débil y errático en el ejercicio del poder, a lo que se sumaba la avanzada edad del presidente. La oposición por su parte, redobló las críticas, que fueron acompañadas por una campaña mediática de desprestigio por parte de los medios de comunicación. La crisis económica mundial comenzó a sentirse en el país, lo que provocó la caída de popularidad del gobierno, lo cual se verificó en las elecciones parlamentarias de marzo de 1930. A esto debe sumársele el aumento de las tendencias golpistas en las fuerzas armadas, en especial en el Ejército. La conspiración militar tuvo dos líneas, una liberal encabezada por el general Agustín P. Justo –había sido ministro de Guerra de Alvear-, y otra nacionalista al mando del general José F. Uriburu. Este último fue el que encabezó el derrocamiento del presidente constitucional el 6 de septiembre de 1930, en lo que fue el primer golpe de Estado del siglo XX.
En materia económica, el radicalismo en el gobierno no cuestionó el modelo agroexportador, por lo que el mismo mantuvo su vigencia. Luego de superar la crisis ganadera de 922-23, dicho esquema funcionó hasta la crisis de 1930. Por caso, las hectáreas sembradas pasaron de 22.193.190 en 1914 a 27.195.855 en 1930, las cabezas de ganado vacuno de 25.876.800 a 32.211.800 en los mismos años, y la red ferroviaria de 33.710 kilómetros en 1915 a 38.122 en 1930. Las exportaciones se continuaron dirigiendo a Europa, pero los Estados Unidos se fueron posicionando como principal proveedor de bienes de consumo. La década de 1920 presencia la radicación de capitales de ese país en rubros como el automotriz (Chrysler, General Motors); metalúrgica y maquinaria (Otis Elevator, Remington Rand); artículos eléctricos (Standard Electric, General Electric); artículos farmacéuticos (Parke Davis, Colgate Palmolive); e industria alimenticia (Toddy) entre otros.
Pero uno de los aspectos económicos más relevantes de los gobiernos radicales fue el del petróleo, en lo que se conoce históricamente como “la cuestión petrolera”. Sucedió que el descubrimiento del primer yacimiento petrolífero del país en Comodoro Rivadavia el 13 de diciembre de 1907, dio inicio al tratamiento que sucesivas administraciones gubernativas le otorgaron a esta riqueza. Los capitales estatales y privados nacionales fueron insuficientes para lograr la producción que abasteciese la demanda interna, por lo que se permitió el ingreso de compañías extranjeras para exploración y explotación de hidrocarburos. Posteriormente, el presidente Yrigoyen creó el 3 de junio de 1922 Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa estatal de petróleo, y designó al frente de la misma al general Enrique Mosconi. En 1925, durante la presidencia de Alvear, se inauguró la Destilería de YPF de La Plata, que sería la refinería más importante del país.
Hacia el año 1927 se planteó desde sectores yrigoyenistas tanto la nacionalización de los yacimientos de petróleo como el monopolio del mismo por parte del Estado, lo que no se concretó por la oposición que se manifestó en el Congreso Nacional. En 1929, YPF era la principal empresa petrolera del país por su producción de combustibles, seguida por la Compañía Ferrocarrilera de Petróleo, formada por las empresas ferroviarias inglesas radicadas aquí; por la Standard Oil, de origen norteamericano; Astra, integrada con capitales alemanes y argentinos; la Anglo Persian (inglesa); y la Royal Dutch (holandesa).
En lo que respecta a la sociedad de la época, continuó un proceso ya iniciado de urbanización paralelo al avance de los sectores medios, producto de cierta movilidad social. En cuanto al proceso inmigratorio, luego de un saldo negativo durante la primera Guerra Mundial (1914-18), la situación se revirtió al punto de que entre 1919 y 1930 se produjo un saldo positivo de un millón de personas que se radicaron en el país.
Con relación al movimiento obrero en estos años, cuatro tendencias tuvieron participación activa en la vida gremial, a saber: el sector sindicalista, cuyos gremios formaron en 1922 la Unión Sindical Argentina (USA); el socialista, que se agrupó en 1926 en la Confederación Obrera Argentina (COA);  el anarquista, muy debilitado, que siguió representado por la antigua FORA V Congreso; y otro que adquirió presencia durante la década del ’20, el comunista, cuyos gremios crearon en 1929 la Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC).
En cuanto a la política obrera de los gobiernos radicales, la actitud de estos se diferenció de la de los gobiernos conservadores que lo precedieron en cuanto intentaron ser tolerantes y apelar a la negociación en los conflictos, lo que no siempre lograron. En los primeros años del gobierno de Yrigoyen se sucedieron una serie de huelgas importantes, algunas der las cuales concluyeron favorablemente para los obreros gracias a la mediación gubernamental, como el caso del gremio portuario en 1916. Pero también se produjeron conflictos que adquirieron un cariz diferente, como el que se produjo en enero de 1919 en la Capital Federal, conocido como la Semana Trágica. Todo comenzó con una huelga en los talleres metalúrgicos Vasena, que derivaron en movilizaciones obreras y una represión policial y militar violentísima que recayó sobre trabajadores identificados con el anarquismo y el comunismo, con un saldo de numerosos muertos y heridos.
Otro momento represivo ocurrió en Santa Cruz en el verano de 1921, recordado como la Patagonia Rebelde. Allí, ante la baja de los precios de la lana, que los dueños de las estancias respondieron despidiendo trabajadores o disminuyéndoles el sueldo, estos respondieron declarándose en huelga, organizada por la Sociedad Obrera de Río Gallegos, dirigida por los anarquistas. El gobierno envió tropas para terminar con el conflicto, desatando una feroz represión que costó la vida a cientos de obreros.
Finalmente, debe mencionarse un acontecimiento de enorme significación para la vida universitaria producido en 1918, la Reforma Universitaria. Sucedía que el funcionamiento de las universidades nacionales de Córdoba, Buenos Aires y La Plata, que eran las únicas del país -las de Santa Fe y Tucumán eran de carácter provincial-, se regían por las disposiciones de la denominada ley Avellaneda de 1885, que no contemplaba la participación estudiantil. Estas Casas de Estudio, con un total de 7.500 alumnos apenas, representaban un baluarte de la tradición, símbolo de la oligarquía en el poder hasta 1916, fuertemente influidas por el clericalismo –especialmente la de Córdoba-, y que se mostraba además reacia al progreso científico.
Originado en la capital mediterránea por los estudiantes que reclamaban participación en el gobierno universitario, el movimiento reformista tuvo su Manifiesto Liminar, dado a conocer el 21 de junio de 1918. El movimiento recibió el apoyo del gobierno nacional, logrando imponerse a partir de la modificación de los Estatutos de cada Universidad, de modo de permitir la constitución de un gobierno tripartito integradopor profesores, graduados y alumnos. Así, el establecimiento de la autonomía, del cogobierno, la docencia libre, la periodicidad de cátedra y la extensión universitaria, apuntaron no solo a ampliar las bases sociales de la institución universitaria sino a mejorar la calidad académica.
Unidad II: 1930-1943
El golpe de Estado de 1930, que dio inicio a la denominada restauración conservadora, se vino gestando por parte de sectores golpistas militares y civiles desde el mismo momento en que Hipólito Yrigoyen fue reelecto presidente de la Nación en 1928. Más allá de los errores y deficiencias de ese gobierno, las nocivas consecuencias que se sintieron en el país debido a la crisis financiera y económica mundial fueron el catalizador de actitudes antidemocráticas que, apoyadas por los medios de prensa de la época, como los tradicionales La Prensa y La Nación y los populares como Crítica, fueron esmerilando la autoridad presidencial y alimentando su destitución. Finalmente, el 6 de septiembre de 1930 Yrigoyen fue desalojado del gobierno y reemplazado por el general José Félix Uriburu, quien instauró una dictadura militar. Debe consignarse al respecto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó el gobierno de facto resultante del golpe fundándolo “en razón de policía” y de que el mismo “ejerce la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte y de seguridad social”.
El gobierno de Uriburu persiguió a quienes adherían a las expresiones políticas opositoras, como radicales, comunistas y anarquistas, aplicando la ley marcial inclusive. Desde el punto de vista político, y alentado por sectores nacionalistas, Uriburu pretendió instaurar una sociedad jerárquica e imponer una forma de gobierno corporativo, intento que no prosperó. El plan concebido contemplaba ganar apoyo para ese fin, por lo cual el gobierno convocó a elecciones en varias provincias, entre ellas la de Buenos Aires, en la creencia de que el triunfo correspondería a fuerzas conservadoras afines. Pero el triunfo fue del radicalismo en las elecciones bonaerenses del 5 de abril de 1931, lo que dio por tierra con el plan, obligando a Uriburu a convocar a elecciones presidenciales para fines de ese año.
Para dicha compulsa electoral, los sectores políticos afines al gobierno conformaron una coalición que controlaría la vida política del país hasta 1943 denominada Concordancia, integrada por el Partido Demócrata Nacional (conservadores), el radicalismo antipersonalista y el socialismo independiente, que llevó la fórmula integrada por el general Agustín P. Justo y Julio A, Roca (h). El radicalismo por su parte eligió la fórmula Marcelo T. de Alvear-Adolfo Güemes, pero el gobierno la vetó, por lo que el partido declaró la abstención electoral, que mantuvo hasta 1935.
Enfrentó a la Concordancia la Alianza Civil, integrada por el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista, con la fórmula Lisandro de la Torre-Alfredo Palacios. El resultado de la elección, viciado de prácticas fraudulentas, fue de 607.000 sufragios para Justo-Roca frente a 436.000 de de la Torre-Palacios.
El gobierno de Justo tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas y presenció además un resurgir del poder de la Iglesia Católica en un contexto antiliberal a nivel internacional. Una de las características de su gobierno fue el ejercicio del fraude, llamado “patriótico” por sus seguidores, verdaderamente escandaloso en provincias como Buenos Aires, por ejemplo, que permitió en 1936 el acceso al gobierno de Manuel Fresco, de claras simpatías fascistas. Donde las elecciones fueron limpias triunfó la oposición, como en Córdoba, donde fue electo el radical Amadeo Sabattini en 1935.
Otra característica fue la ocurrencia de hechos de corrupción, como el que afectó al comercio de carnes, denunciado por el senador Lisandro de la Torre en 1935, de significativa magnitud y repercusión política. El denunciante probó en su investigación que los frigoríficos extranjeros radicados en nuestro país evadían impuestos nacionales y controles cambiarios, ocultando su documentación a las autoridades impositivas, practicando además una doble contabilidad. Dichas prácticas contaban con la anuencia del gobierno a través de los ministros de Agricultura, Luis Duhau, y de Hacienda, Federico Pinedo, a quienes acusó de la Torre. La denuncia tuvo una deriva trágica pues un matón profesional al servicio de los conservadores ingresó al recinto del Senado y asesinó al senador electo Enzo Bordabehere, amigo y discípulo de De la Torre. Esto no hizo más que aumentar el descrédito del gobierno en amplios sectores de la opinión pública.
Para las elecciones presidenciales del 5 de septiembre de 1937, la Concordancia presentó la fórmula Roberto Ortiz-Ramón Castillo, radical antipersonalista el primero y conservador el segundo. La Unión Cívica Radical, que había levantado la abstención, el binomio Marcelo T. de Alvear- Enrique Mosca y los socialistas Nicolás Repetto-Arturo Orgaz. En la elección, donde se practicó fraude, el oficialismo obtuvo 1.095.000 votos, el radicalismo 815.000 y el socialismo 51.000. Durante su gobierno Ortiz intentó limpiar la imagen de fraude y corrupción que acompañaba al oficialismo. En el primer caso tuvo avances importantes pues intervino las provincias de Catamarca –de donde era oriundo el vicepresidente- y luego la de Buenos Aires, en este último caso anulando la elección fraudulenta en la que había triunfado Alberto Barceló, el sucesor de Fresco. Respecto del segundo caso tuvo menos éxito pues estalló un sonado hecho de corrupción que venía del gobierno anterior, en el que se adquirieron tierras por parte del ministerio de Guerra destinadas a la ampliación del Colegio Militar, en el Palomar, que se pagaron con sobreprecios y cuya diferencia fue a manos de funcionarios y legisladores.
Por razones de salud Ortiz debe pedir licencia en 1940, siendo reemplazado por el vicepresidente Castillo, que gobernó hasta el golpe de Estado de 1943, permitiendo el retorno de la venal maquinaria conservadora. De ambos gobiernos debe destacarse que mantuvieron neutral al país desde 1939, año en que estalló la Segunda Guerra Mundial, pese a las críticas de la oposición política, que se manifestaba en favor del bando aliado, y que calificaba la postura oficial de proalemana.
A comienzos de 1943, la dirigencia política tenía su mira en las elecciones de renovación presidencial de fines de ese año. Mientras los partidos opositores exploraban una unión para vencer al oficialismo, éste eligió la fórmula integrada por Robustiano Patrón Costas, un empresario azucarero aliadófilo, senador por la provincia de Salta, a quién secundaría el ex gobernador de Santa Fe Manuel de Iriondo, radical antipersonalista. Pero las elecciones no se llevarían a cabo –tampoco el probable fraude- pues el gobierno de Castillo fue derrocado en junio de 1943.
En materia económica y financiera, la crisis que comenzó con el crack de Wall Street en octubre de 1929 y se propagó rápidamente por todo el mundo capitalista, llegó a nuestro país durante la última etapa del gobierno de Yrigoyen, extendiéndose por varios años con sus consecuencias de desocupación y miseria. Efectivamente, entre 1929 y 1932 disminuyeron el comercio mundial, el valor de los productos, especialmente el de las materias primas y el movimiento internacional de capitales. Frente a esta realidad, los países comenzaron a adoptar medidas dirigistas y proteccionistas donde el Estado adquirió cada vez más relevancia en el diseño de las políticas económicas; en los hechos era el fin del multilateralismo y su reemplazo por el bilateralismo.
En nuestro país, esto significó el fin de un modelo económico basado en el librecambio vigente desde 1880. De este modo, los gobiernos de la década de 1930 enfrentaron la crisis adoptando medidas de carácter financiero y de regulación económica. Entre las primeras se cuentan el establecimiento del impuesto a los réditos en 1931, el control de cambios en 1933 para regular la compra y venta de divisas,y la creación en 1935 del Banco Central, destinado a controlar y regular las instituciones bancarias y financieras. De las segundas deben destacarse la creación en 1933 y 1934 de las juntas reguladoras de la producción, que funcionaron con el fin de controlar la producción y equilibrar la oferta y la demanda. Ellas fueron la Junta Reguladora de Granos, la Junta Reguladora de Vinos, la Junta Reguladora de la Industria Lechera, la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional del Algodón y la Comisión Reguladora de la Producción y de la Yerba Mate.
Una de las medidas adoptadas para combatir el desempleo a través de la obra pública fue la creación en 1932 de la Dirección Nacional de Vialidad, que tenía por fin la construcción y mantenimiento de carreteras. Hasta fines de la década se habían construido cerca de 2.000 km. de caminos, entre ellos los que unían Buenos Aires con Rosario y Córdoba, Rosario con Santa Fe y Buenos Aires con Mar del Plata.
Pero el tema a encarar fue la debilidad tradicional de la estructura agropecuaria argentina ante la tendencia al proteccionismo de los países industrializados y la emergencia de relaciones comerciales de tipo bilateral. La cuestión se aceleró como consecuencia de la Conferencia de la Comunidad Británica de Naciones que se celebró en Otawa en 1932, en la cual Gran Bretaña decidió adoptar el principio de “proteccionismo imperial”, esto es dar preferencia comercial a sus dominios y a la vez establecer restricciones a las importaciones de países ajenos, entre ellos la Argentina. La necesidad de nuestro país de asegurarse una cuota de exportación de carnes a Gran Bretaña llevó a la firma en Londres en 1933 del Pacto Roca-Runciman. Por el mismo, ese país se comprometía a adquirir una cuota de importación de carne argentina, reservándose sin embargo el derecho de restringirla en un 10% si le conviniera, la que además debía ser procesada en un 85 % en frigoríficos de capital inglés y norteamericano y transportada en buques mercantes británicos.
La Argentina a su vez se comprometía a: 1. mantener libre de derechos el carbón que importaba de Gran Bretaña; 2. del resto de las importaciones inglesas, el compromiso de no imponer ningún nuevo derecho ni aumentar los existentes; 3. no reducir las tarifas ferroviarias; 4. destinar a compras en Gran Bretaña la totalidad de las divisas provenientes de compras inglesas en la Argentina; 5. otorgar un tratamiento benévolo a las empresas británicas de servicios públicos.
Sectores de la oposición radical, demoprogresista y nacionalista criticaron con dureza el Pacto, que lo entendieron no solo como desfavorables en lo estrictamente económico sino como lesivo para el interés y la soberanía nacionales. Declaraciones poco felices pronunciadas luego de su firma, como las del diplomático Guillermo Leguizamón, que dijo que “la Argentina se parece a un importante dominio británico” o la del propio Julio Roca (h) de que “la Argentina, por su interdependencia recíproca es, desde el punto de vista económico, parte integrante del imperio británico”, no hicieron más que otorgarles fundamentos a aquellas críticas.
Otra de las consecuencias de la crisis económica fue el inicio de un proceso de crecimiento de la industria nacional, que se denominó de Industrialización por Sustitución de Importaciones, pues comenzaron a elaborarse en el país productos que antes se importaban. Este proceso no fue el resultado de un proyecto de fomento industrial, sino que los gobiernos conservadores lo permitieron por la necesidad de adaptación de la economía nacional a los cambios producidos por la crisis mundial. Varios fueron los factores que contribuyeron a este desarrollo manufacturero: la desvalorización del peso y el aumento de los derechos aduaneros a partir de 1931, lo que desalentaba las importaciones; la existencia de mano de obra abundante, barata y competente; y la existencia de un mercado interno consumidor relativamente importante.
De acuerdo al censo industrial de 1935, la mayoría de las industrias estaban radicadas en el Litoral y los principales rubros eran el alimenticio, el textil, el de la construcción y el metalúrgico. Se produjo en consecuencia un aumento de la cantidad de establecimientos industriales, del personal ocupado en ellos, y de la fuerza motriz empleada.
La sociedad argentina de los años ’30 sufrió una serie de transformaciones producto en gran parte también de la crisis económica. Sucedió que la depresión de las zonas rurales provocó el abandono de esas regiones por parte de personas que se dirigieron a las grandes ciudades como Buenos Aires y en menor medida Rosario, Córdoba y Santa Fe, a prestar su fuerza de trabajo en las industrias en pleno crecimiento. Estas migraciones internas reemplazaron de hecho a las corrientes inmigratorias ultramarinas, que disminuyeron significativamente. El éxodo desde las provincias fue un proceso comparable al producido por la inmigración extranjera a comienzos de siglo. Como consecuencia de ello se acentuó la urbanización de la población argentina y también el crecimiento del Gran Buenos Aires.
Con relación al movimiento obrero organizado, el hecho más destacado fue la constitución de la Confederación General del Trabajo (CGT) el 21 de septiembre de 1930, producto de la fusión de la Confederación Obrera Argentina (COA), de tendencia socialista, con la Unión Sindical Argentina (USA), sindicalista. Si bien la CGT nació en un contexto sumamente adverso por los efectos de la desocupación y de la represión dictatorial, con los años se convertiría en la principal central obrera nacional. En 1935 se produjo la primera división en la CGT al alejarse de la misma los sindicalistas, que al poco tiempo recrearon la USA, pero recibiendo la incorporación de los gremios comunistas. De este modo la CGT celebró su congreso constituyente en 1936, con preponderancia socialista y comunista, sancionando su respectivo Estatuto.
En el transcurso de los años conservadores el movimiento obrero fue creciendo y con ello la presencia política y social de la CGT y los sindicatos adheridos a ella, que llevaron adelante varias huelgas en reclamo de mejoras salariales y de condiciones de trabajo. Entre ellas la de los telefónicos en 1932, que duró 52 días, la de los obreros del calzado en 1933 (40 días), la de los madereros en 1934 (46 días) y la de los trabajadores de la construcción en 1936 (93 días).
En vísperas del golpe de Estado de 1943, la CGT se dividió otra vez por discrepancias internas en CGT Nº 1 y CGT Nº 2.
Unidad III: 1943-1955
El posicionamiento del candidato de la Concordancia, Robustiano Patrón Costas, de identificarse con el bando aliado en plena guerra mundial, contrastaba con la política de neutralidad sostenidar por las Fuerzas Armadas. También, la segura concreción de un nuevo fraude en las elecciones que se realizarían a fines de 1943 y que suponía la consagración, otra vez, de un candidato conservador, colisionaba con la necesaria regeneración de las prácticas políticas, de las cuales se hicieron eco sectores militares. El intento del presidente Ramón Castillo de sustituir al ministro de Guerra, general Pedro Ramírez, precipitó el golpe de Estado, que se produjo el 4 de junio. El mismo fue motorizado por los oficiales medios –coroneles y tenientes coroneles- que integraban el Grupo Obra Unificación (GOU), una logia secreta creada en el seno del Ejército en el mes de marzo de ese año, que coincidía en ciertas ideas como el nacionalismo, el anticomunismo, el mantenimiento de la neutralidad del país en el conflicto bélico mundial y la necesidad de acentuar el proceso industrialista, en especial de la industria pesada.
Las primeras acciones del gobierno militar, presidido por el citado general Ramírez, notoriamente influido por el nacionalismo católico, fueron de carácter autoritario: cierre del Congreso, intervención a las provincias, adopción de medidas represivas contras sectores de izquierda, declarar fuera de la ley a los partidos políticos, intervención de las universidades entre otras. Sin embargo,en un área de la administración gubernativa, la social, se daría un proceso original y que contrastaba con la orientación que podía esperarse de un gobierno de facto. En efecto, en octubre, un destacado integrante del GOU, el coronel Juan D. Perón, fue designado al frente del Departamento Nacional del Trabajo, que de inmediato, por decreto del 27 de noviembre de 1943, se convertiría en Secretaría de Trabajo y Previsión como una oficina gubernamental encargada de las relaciones obrero-patronales. A partir de los considerandos del decreto se pueden resumir las funciones específicas que tendría el nuevo organismo, a saber: 1. Intervención del Estado en las relaciones laborales con el objetivo de lograr la “mejor armonía” entre capital y trabajo; 2. Búsqueda de una mayor “justicia social y distributiva”, 3. Controlar la aplicación de la legislación laboral vigente. Daba comienzo de ese modo la “era de la justicia social” en la Argentina.
Al frente de la Secretaría Perón impulsó entre 1944 y 1945 una amplia legislación favorable a los trabajadores: establecimiento de vacaciones anuales pagas; protección frente a accidentes de trabajo; establecimiento de Tribunales de Trabajo; creación del Instituto Nacional de Previsión Social; establecimiento del Estatuto del Peón -por primera vez se legislaba en favor del trabajador rural-; institución del sueldo anual complementario –aguinaldo- entre otras. A lo expresado debe sumarse la homologación de convenios colectivos de trabajo: 912 en los años mencionados, que contrastaban con apenas 46 aprobados entre 1936 y 1940. Esta acción social le fue deparando a Perón la adhesión cada vez más intensa de obreros y dirigentes, que paralelamente iba acotando el margen de maniobra de los dirigentes y sindicatos socialistas o comunistas, que constituían la oposición a Perón en el ámbito laboral.
Pero también, la labor de Perón levantaba críticas cada vez más incisivas en la oposición política, integrada por los partidos políticos, es decir radicales, conservadores, socialistas, demócrata-progresistas y comunistas, quienes calificaban al gobierno y al propio Perón de “fascistas”. Y en entidades tradicionales como la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio y los medios de comunicación -los tradicionales La Prensa y La Nación entre los más virulentos-, que tampoco escatimaban críticas a la labor de Perón.
A comienzos de 1944, la presión ejercida por los Estados Unidos sobre el gobierno argentino para que este declare la guerra a Alemania y Japón se hizo insostenible para este, que rompió relaciones diplomáticas con los mencionados países. Esto provocó la renuncia de Ramírez en el mes de febrero y su reemplazo por el general Edelmiro Farrell, que sí declaró la guerra en marzo de 1945 como condición indispensable para el ingreso del país en las Naciones Unidas.
El final de la conflagración mundial en 1945 y las presiones diplomáticas y económicas norteamericanas, envalentonaron a la oposición política, que exigía la normalización institucional, previa entrega del gobierno a la Corte Suprema de Justicia. Esta ofensiva tuvo su punto culminante en la convocatoria a la Marcha de la Constitución y de la Libertad, llevada a cabo en las calles de Buenos Aires el 19 de septiembre de 1945, que fue una imponente manifestación que reunió a un cuarto de millón de personas. El gobierno sintió el impacto, al punto de que un sector del mismo le exigió al presidente la destitución de Perón de los cargos que ocupaba: Vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión, cosa que ocurrió el día 9 de octubre. Perón fue detenido y enviado a la isla Martín García. Sin embargo, una multitudinaria movilización popular integrada principalmente por obreros de la ciudad y del Gran Buenos Aires que se concentró en la Plaza de Mayo el día 17 de octubre permitió su liberación.
De allí en más se organizaron las dos coaliciones políticas que se enfrentarían en las urnas el 24 de febrero de 1946, fecha fijada por el gobierno para iniciar la normalización institucional. Por un lado se conformó la Unión Democrática, integrada por la Unión Cívica Radical, el partido Socialista, el partido Comunista y el partido Demócrata-progresista, cuya fórmula se integró con José Tamborini y Enrique Mosca, dos radicales alvearistas. Los conservadores no integraron la Unión Democrática pero apoyaron a sus candidatos. Por el otro se unieron el partido Laborista, recientemente creado por los sindicalistas que se identificaron con la obra de Perón, y la Unión Cívica Radical – Junta Renovadora, a los que se sumaron pequeñas agrupaciones nacionalistas e independientes. El binomio lo integraron Juan Perón, en representación del laborismo, y Hortensio Quijano, un radical renovador. La campaña fue intensa, con acusaciones cruzadas de “fascismo” para los candidatos oficialistas y de defender “intereses antinacionales” para los opositores. Con el reconocimiento general de que el acto comicial había sido inobjetable –era la primera elección presidencial desde 1928 sin fraude ni proscripción-, el resultado favoreció a la fórmula peronista: 1.487.886 (52,8 %) a 1.207.080 (42,9 %) votos.
Gobiernos con las características que tendría el peronista, definidos como nacional-populares o populistas, se dieron en América Latina entre la crisis de 1930 y fines de la de 1950, como los de Lázaro Cárdenas en México (1934-1940), Getulio Vargas en Brasil (1930-1945 y 1950-1954), Jacobo Arbenz en Guatemala (1950-1954), Carlos Ibáñez del Campo en Chile (1952-1958), Víctor Paz Estensoro (1952-1956) y Hernán siles Suazo (1956-1960) en Bolivia.
La política de los años peronistas fue sumamente tensa, con posturas intransigentes por ambos lados, gobierno y oposición, cuya caja de resonancia fue el Congreso Nacional, en particular la Cámara de Diputados. Durante toda esa época la discusión pasó por la dicotomía justicia social vs. libertades públicas, donde quienes defendían una u otra posición se negaban a reconocer al otro como un contrincante democrático.
En 1948, luego del triunfo en las elecciones legislativas de marzo, desde el oficialismo, ahora representado por el Partido Peronista, comenzó a tomar cuerpo la necesidad de reformar la Constitución Nacional, a la que calificaba de liberal, a fin de incorporar derechos sociales promovidos por el gobierno. En diciembre se llevó a cabo la elección de convencionales constituyentes, con un holgado triunfo peronista, lo que permitió reunir la Asamblea Constituyente al año siguiente, que sancionó una nueva Carta Magna. La misma incorporó los Derechos del Trabajador, de la Familia, de la Ancianidad y de la Educación y la Cultura, la función social de la propiedad privada, del capital y de la actividad económica. También, la posibilidad de que el presidente pueda ser reelecto.
 Merece destacarse la actuación pública de la esposa del presidente, María Eva Duarte de Perón, que se expresó en los ámbitos político y social. En 1947 se produjo un acontecimiento fundamental en la vida del país como fue la sanción de la ley n° 13.010 de voto femenino, donde aquella tuvo un rol decisivo. Por la misma, se reconocía a las mujeres los mismos derechos políticos que a los varones, es decir elegir y ser elegidas.
 La movilización de las mujeres peronistas bajo el aliento de Eva Perón fructificó en 1949, cuando se creó, bajo su conducción, el Partido Peronista Femenino. En poco tiempo, este se expandió por todo el país a través de las delegadas censistas, que eran las encargadas de su organización en cada provincia o territorio nacional.
Cabe señalar asimismo que en septiembre de 1951 se produjo un levantamiento militar en contra de Perón al mando del general retirado Benjamín Menéndez, finalmente frustrado.
La elección de renovación presidencial fue fijada por el Poder Ejecutivo Nacional para el día 11 de noviembre de 1951. La candidatura de Perón estaba fuera de toda duda, no así la de quien lo acompañaría en la vicepresidencia, hasta que la Confederación Generaldel Trabajo (CGT) propuso a Eva Perón para el cargo. De este modo, la central obrera organizó un magno acto público que se llevó a cabo el 22 de agosto de 1951 en la Capital Federal denominado Cabildo Abierto del Justicialismo. Pero la Primera Dama renunció al ofrecimiento por lo que sería Hortensio Quijano quien acompañaría nuevamente a Perón en la fórmula. La Unión Cívica Radical, el principal partido político opositor, presentó el binomio Ricardo Balbín-Arturo Frondizi, los conservadores Reynaldo Pastor-Vicente Solano Lima, los comunistas Rodolfo Ghioldi-Alcira de la Peña y los socialistas Alfredo Palacios-Américo Ghioldi. Los resultados fueron ampliamente favorables para el Partido Peronista: 4.745.168 (63,4 %), votos frente a 2.415.750 (32,3 %) de los radicales, 174.399 de los conservadores (2,3 %), 71.318 de los comunistas (0,95 %) y 54.920 de los socialistas (0.74 %).
Las pésimas relaciones entre el oficialismo y la oposición se manifestaron crudamente cuando un grupo perteneciente a esta última perpetró un acto terrorista al hacer estallar artefactos explosivos en una concentración de trabajadores en la Plaza de Mayo el 15 de abril de 1953, resultado del cual fallecieron seis personas y más de noventa resultaron heridas. Luego de este episodio, manifestantes peronistas procedieron a incendiar las sedes partidarias del socialismo –denominada Casa del Pueblo-, del radicalismo, de los conservadores y del Jockey Club.
En abril de 1954 se llevaron a cabo comicios para elegir vicepresidente de la Nación para reemplazar a Quijano, que había fallecido dos años antes. El candidato oficialista fue el contralmirante Alberto Teisaire, quien obtuvo un triunfo aplastante pues sufragaron por él 4.994.106 ciudadanos (64,5 %), mientras que votaron por el candidato radical Crisólogo Larralde 2.493.422 (32,2 %), por el conservador Benito de Miguel 105.550 (1,36 %), por la comunista Alcira de la Peña 89.624 (1,16 %) y por el demócrataprogresista Luciano Molinas 54.054 (0,70 %).
Sin embargo, este triunfo electoral no impidió el inicio de un conflicto que sería decisivo en el futuro inmediato para la suerte del gobierno, tal el desatado entre Perón y la Iglesia Católica. La relación entre la Iglesia y Perón había sido óptima en los primeros años de su gobierno: por caso, aquella había apoyado su candidatura en 1946 y este había impulsado la sanción de la ley de enseñanza religiosa en las escuelas públicas en 1947. Pero con el paso de los años algunas medidas de gobierno molestaron a la Iglesia, como la “peronización” de los contenidos escolares, la creación de la Unión de Estudiantes Secundarios y el culto a Eva Perón luego de fallecida esta en 1952. Lo cierto fue que entre fines de 1954 y comienzos de 1955 se produjo una notable escalada legislativa anticlerical que incluyó la aprobación del divorcio vincular, la derogación de la ley de enseñanza religiosa y la supresión de feriados religiosos. Esto resquebrajó la lealtad de varios militares católicos respecto de Perón. Por su parte, la Iglesia brindó su apoyo a la fundación del Partido Demócrata Cristiano en 1954, de fuerte orientación antiperonista, lo que irritó al gobierno.
La procesión católica de Corpus Christi en la Catedral de Buenos Aires, ocurrida el 11 de junio de 1955, que se convirtió en una multitudinaria manifestación opositora, fue el anticipo del trágico hecho ocurrido el día 16, tal el intento de carácter cívico-militar de asesinar al presidente de la República y derrocar su gobierno. En esa jornada, aviones pertenecientes a la Fuerza Aérea y a la Aviación Naval bombardearon y ametrallaron la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, ocasionando la muerte de 308 personas e hiriendo a más del doble. Tras el fracaso del complot, los pilotos huyeron al Uruguay, donde solicitaron asilo. Horas después de estos acontecimientos, simpatizantes peronistas –en conocimiento de la estrecha relación entre la cúpula eclesiástica y los sediciosos que produjeron el acto terrorista- procedieron a incendiar la Curia Metropolitana, las basílicas de Santo Domingo y San Francisco y varias iglesias más.
Como consecuencia de lo ocurrido, el presidente Perón estableció una tregua política, que fue interpretada por la oposición como un síntoma de debilidad. Finalmente, el 16 de septiembre siguiente, estalló una sublevación militar en Córdoba al mando del general retirado Eduardo Lonardi, que recibió el apoyo de la Flota de Mar, al mando del contralmirante Isaac Rojas, que también se había sublevado, todo lo cual provocó el derrocamiento del gobierno peronista y obligó a Perón a marchar al exilio.
En materia económica, el peronismo otorgó una significativa participación al Estado en la dirección y regulación de los asuntos económicos y financieros, pues se propuso fomentar la producción industrial, la redistribución progresiva de los ingresos y la plena ocupación. Para el logro de ese fin implementó una serie de medidas y acciones entre las que se contaron las siguientes:
1.Nacionalización y creación de empresas de servicios públicos. El gobierno procedió a la nacionalización de la red ferroviaria de capital inglés y de la empresa de teléfonos, de capital norteamericano. Asimismo, creó las empresas Gas del Estado (1/1/1946), Agua y Energía, Astilleros Río Santiago y Aerolíneas Argentinas.
2. Banco Central. Poco antes de asumir Perón la presidencia, el general Farrell dispuso la nacionalización del Banco Central, lo que le permitiría a aquel disponer de una herramienta fundamental en materia de emisión de moneda, regulación del crédito y política de cambios.
3. Creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), como institución que ejercía el monopolio virtual de las exportaciones, pues se encargaba de comprar a los productores agrícolas sus granos a precios fijos y de revenderlos a precios internacionales. Mientras estos últimos eran elevados, el IAPI obtuvo importantes ganancias que se utilizaron para financiar a la industria, aunque la disminución de tales precios alteró esta situación.
4. La industria tuvo un incremento significativo, tanto en plantas industriales como en obreros empleados: de 61.172 establecimientos que ocupaban a 869.185 operarios en 1943 se pasó a 151.828 y 1.173.159 respectivamente en 1954. El Banco de Crédito Industrial tuvo un importante papel en ese sentido.
5. Planificación de la economía. Se implementaron el Primer Plan Quinquenal (1947-1951), que contempló la construcción obras públicas (escuelas, hospitales) y créditos a la industria; El Plan de Emergencia en 1952, a fin de estabilizar la economía luego de la sequía de 1951-52; y el Segundo Plan Quinquenal (1953-1957, trunco en 1955), que postulaba aumentar la producción, fomentar el ahorro e impulsar la industria pesada.
6. Obras de infraestructura. Se construyeron el gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires; el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la autopista Richieri (Buenos Aires-Ezeiza); los embalses La Angostura (Tucumán) y El Nihuil (Mendoza); y el dique Los Molinos (Córdoba) entre otras.
Respecto de la sociedad de la época, de acuerdo al censo nacional de 1947 el país tenía 15.893.827; de ellos, el 62,5 % era población urbana y 37,5 % rural. La distribución espacial no se había modificado con relación a años anteriores producto de las migraciones internas, que continuaron en la década del ’40, y también del último período de aporte de la inmigración ultramarina que se produjo luego de la Segunda Guerra Mundial: entre 1947 y 1952 llegaron al país casi 700.000 personas.
Con relación al mundo del trabajo y al movimiento obrero organizado, las políticas oficiales de redistribución del ingreso permitieron un notable aumento del salario real, que pasó de un índice 100 en 1945 a 164,7 en 1955. Su correlato fue un aumento del consumo de los sectores populares, que junto con el reconocimiento de los obreros como actores políticos tuvo su correlato en el aumento de las afiliaciones de trabajadores a sus respectivos gremios, agrupados en la CGT. Esta central obrera se identificóplenamente con el gobierno, al punto de que en el Congreso Extraordinario celebrado en 1950 procedió a modificar su Estatuto, adoptando para sí la doctrina peronista.
En política universitaria del gobierno peronista sancionó en 1947 una ley que vino a reemplazar a la que regía el funcionamiento de las Casas de Estudios desde 1885. Por la nueva norma, se suprimían la autonomía y el cogobierno, lo cual despertó críticas en la oposición, que era mayoritaria en el ámbito universitario. En paralelo, el gobierno dispuso establecer la gratuidad universitaria en 1949 y la eliminación de los exámenes de ingreso a partir de 1953. Lo expresado redundó en un aumento de la cantidad de alumnos que cursaban estudios universitarios, que casi se triplicó en una década: de 48.284 en 1945 a 138.871 en 1955. También, creó el 1948 la Universidad Obrera Nacional (hoy Universidad Tecnológica Nacional) para los estudiantes que trabajaban en fábricas.
La actuación pública de Eva Perón tuvo, además de la política ya referida, una de carácter social inédita por su originalidad y magnitud: la Fundación Eva Perón. Creada en 1948, tenía por objeto prestar ayuda material a las personas indigentes, desplegando acciones en todos los ámbitos. De este modo, en materia de salud la Fundación construyó 35 policlínicos en todo el país, equipó un Tren Sanitario y creó una Escuela de Enfermeras. En educación, construyó más de 400 escuelas -150 de ellas rurales- en todo el territorio nacional, quince Hogares Escuela, una Ciudad Infantil en Buenos Aires y comedores escolares. En materia de vivienda, construyó treinta barrios tanto en Buenos Aires como en las provincias, que superaron las 20.000 viviendas. En acción social construyó tres Hogares de Ancianos, tres Hogares de Tránsito y un Hogar de la Empleada en Buenos Aires. En deporte y recreación, administró los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse Río Tercero y organizó los Campeonatos Infantiles Evita. También, habilitó proveedurías, otorgó pensiones a la vejez y medicamentos. Toda esta obra se solventó con ingresos provenientes de descuentos a los ingresos salariales de los trabajadores, de subsidios estatales y de impuestos varios, como un porcentaje de las entradas cinematográficas, de las entradas a los hipódromos y de los juegos de azar.
Finalmente, en materia de política exterior el peronismo proclamó la Tercera Posición, una ubicación equidistante y superadora de los dos bloques geopolíticos que se disputaron el predominio mundial durante la Guerra Fría iniciada en la posguerra: el occidente capitalista liderado por los Estados Unidos y el oriente comunista encabezado por la Unión Soviética.
1955-1966
El movimiento militar que derrocó al gobierno constitucional peronista conformó uno de facto que se autodenominó Revolución Libertadora, cuyo presidente, el general Eduardo Lonardi, asumió el 23 de septiembre de 1955. De pensamiento nacionalista y católico, éste entendía que era necesario desalojar a Perón del poder pero no suprimir las conquistas sociales que los sectores populares habían obtenido en los años precedentes, de allí que expresó el lema “ni vencedores ni vencidos”, tal como había hecho Justo J. de Urquiza un siglo atrás luego de desalojar a Juan M. de Rosas del poder. Sin embargo, no era este el pensamiento del resto de los militares que se habían sublevado ni de los civiles que habían apoyado el golpe, por lo que Lonardi dimitió el 13 de noviembre siguiente. Lo sucedió el general Pedro E. Aramburu, de formación liberal-conservadora, quien, junto con el vicepresidente, el almirante Isaac Rojas, expresaba la “verdadera” Revolución Libertadora, es decir aquella que no se había hecho para conciliar con el legado peronista sino precisamente para terminar con él. En otros términos, Aramburu y Rojas encararon la tarea de “desperonizar” al país, es decir de desmantelar la estructura política, jurídica, social, económica y cultural del decenio anterior. Al respecto, algunas de las medidas que se adoptaron fueron la derogación de la Constitución de 1949, la disolución del Partido Peronista y del Partido Peronista Femenino, se intervino la Confederación General del Trabajo, se disolvió el IAPI y se dictó un decreto que prohibía mencionar a Perón y a Eva Perón. Paralelamente, numerosos dirigentes peronistas fueron encarcelados y otros marcharon al exilio.
Además, el apoyo civil al gobierno militar se canalizó a través de la creación de la Junta Consultiva Nacional, un organismo asesor integrado por representantes de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Demócrata Nacional, el Partido Demócrata Cristiano y la Unión Federal. Sin embargo, el consenso antiperonista no tardó en resquebrajarse a medida que transcurrían los meses; valga como ejemplo la división que se produjo a fines de 1956 en el radicalismo entre la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), liderada por Arturo Frondizi, crítica del gobierno militar y contemplativa respecto del peronismo proscripto. Y la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), encabezada por Ricardo Balbín, alineada con el gobierno y defensora de la proscripción del peronismo.
La política gubernamental tuvo oposición en un sector de militares nacionalistas y de simpatías peronistas, que al mando del general Juan J. Valle se sublevaron en 10 de junio de 1956 con la intención de derrocar al gobierno y convocar a elecciones libres. El levantamiento fue rápidamente sofocado y reprimido con dureza, pues se procedió a fusilar a 18 de los militares involucrados, entre ellos el general Valle. Asimismo, la policía de la provincia de Buenos Aires ejecutó en forma clandestina a varios civiles en la localidad de José León Suárez, lo que tiempo después fue dado a conocer por el escritor Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre.
En 1957 el gobierno convocó a elecciones generales de convencionales para la Asamblea Constituyente que tenía por fin reformar la Constitución de 1949. Con la proscripción del peronismo, una apreciable abstención y la falta de control por no poder contar con fiscales, se impuso esta expresión política a través del voto en blanco. Los resultados fueron los siguientes: en blanco: 2.119.147 (24,3 %); UCRP: 2.117.160 (24,2 %); UCRI: 1.821.459 (24,2 %). La Convención reformadora, que se reunió en Santa Fe, procedió a derogar la Constitución de 1949, restablecer la de 1853 y sancionar el art. 14 bis, que contemplaba, entre otros, el derecho de huelga. Luego, dejó de sesionar por falta de quorum.
En materia económica, las medidas implementadas por el gobierno militar partieron del diagnóstico de la situación heredada, que se juzgaba críticamente, lo que fue condensado en un informe elaborado por el asesor presidencial Raúl Prebish. Así, bajo una concepción monetarista de los asuntos económicos, se privilegió el libre mercado, la promoción de las exportaciones primarias y un ajuste de salarios. En la misma línea, el país ingresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial.
Esta política de sesgo antiobrero cercenaba las conquistas sociales obtenidas por los trabajadores durante el peronismo, por lo que estos iniciaron una larga lucha en defensa de las conquistas adquiridas y de protesta contra la política social y económica del gobierno en lo que se conoce como resistencia peronista, la que fue acompañada por acciones externas a los lugares de trabajo como sabotajes, piquetes, y manifestaciones, reprimidas con dureza por el gobierno.
Con relación al movimiento obrero organizado, el gobierno de Aramburu pretendió normalizar a la CGT, tratando de que esta se despojase de su identificación con el peronismo. El intento fracasó, pues el Congreso Normalizador convocado en 1957 no logró finalizar, surgiendo entonces las 62 Organizaciones Peronistas -el brazo político del sindicalismo justicialista-, y los 32 Gremios Democráticos –socialistas y radicales-, estos últimos de escasa gravitación.
Donde el gobierno militar cosechó más apoyo fue en el ambiente universitario, mayoritariamenteantiperonista, pues se restablecieron allí los principios reformistas de autonomía y cogobierno. Esto permitió el retorno de los profesores expulsados en 1946 pero a costa de cesantear a los que habían adherido al gobierno depuesto.
Hacia fines de 1957, Aramburu convocó a elecciones presidenciales para el 23 de febrero de 1958, también con la proscripción del peronismo, que sin embargo decidió la misma. Sucedió que unas semanas antes del comicio Arturo Frondizi llegó a un acuerdo con Perón en el exilio para recibir los votos peronistas a cambio de levantar la proscripción que sufría su fuerza política, en lo que se conoció como Pacto Perón-Frondizi. Como resultado del acuerdo, este último fue electo presidente de la Nación a partir de los siguientes resultados: UCRI (Arturo Frondizi-Alejandro Gómez): 4.070.398 (52,7 %); UCRP (Ricardo Balbín-Santiago del Castillo): 2.617.693  (34 %).
En el ejercicio de sus funciones, el nuevo presidente realizó un pronunciado viraje en materia política y económica respecto de sus promesas electorales –además de incumplir el acuerdo con Perón- y puso en marcha lo que se conoce como desarrollismo. Este partía de la base de que la causa del estancamiento económico de nuestro país se debía a su dependencia de las exportaciones primarias, cuyos precios internacionales se depreciaban rápidamente –deterioro de los términos del intercambio-, y que para salir de ese estado debía alentarse la industria en áreas estratégicas –petróleo, petroquímica, siderúrgica- y la tecnificación del campo. Para ello era necesario fomentar las inversiones de capital extranjero pues el capital nacional, estatal y privado, era insuficiente. El modelo desarrollista se completaba con un necesario entendimiento entre empresarios y obreros y, fundamentalmente, con la integración del peronismo –aunque no de Perón- al sistema político. Otra experiencia desarrollista en América Latina fue la implementada en Brasil por el presidente Juscelino Kubischek entre 1951 y 1956.
Una cuestión que desató enconadas polémicas públicas, en especial en el ámbito universitario, fue la iniciativa del presidente Frondizi a fines de 1958 de permitir el establecimiento de universidades privadas con potestad de emitir títulos habilitantes. Nutridas movilizaciones estudiantiles a favor y en contra se sucedieron en las calles de Buenos Aires en lo que se conoció como la disputa entre laica o libre. Los primeros, identificados con la Reforma Universitaria de 1918, se opusieron en tanto que los segundos, con el decidido apoyo de la Iglesia Católica, estuvieron de acuerdo con la nueva norma, que finalmente aprobó el Congreso Nacional.
En las elecciones parlamentarias de 1960 el oficialismo fue derrotado por la UCRP (23,9 % a 20,5 %, con 24,6 5 de votos en blanco) aunque esto no impidió que Frondizi procediese a poner en práctica el Plan Conintes, por el cual se otorgaban a las Fuerzas Armadas amplia jurisdicción para la represión de las protestas sociales y de las acciones de la resistencia peronista. De esta manera, numerosos dirigentes y activistas sindicales participantes de intensos movimientos huelguísticos fueron juzgados por tribunales militares y encarcelados en distintas unidades penales del país.
En materia económica, el gobierno de Frondizi llevó a cabo una agresiva política de atracción de capitales extranjeros, especialmente norteamericanos, los que se instalaron en el país, en especial en el área de hidrocarburos. La denominada “batalla por el petróleo”, consistente en la exploración y explotación del mismo a partir de la firma de contratos con compañías de aquel origen, fue llevada adelante por el presidente no sin ciertas dificultades por la oposición que despertó en el radicalismo del pueblo y en el peronismo, pero también por su postura al respecto, otrora defensora del monopolio estatal en la materia. Lo cierto fue que el aumento de la producción petrolera fue notable, pues casi se alcanzó el autoabastecimiento interno. Asimismo, se instalaron industrias petroquímicas como la Imperial Chemical Industries y Texas Butadiene. Y en 1958 se crearon las empresas estatales Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) y Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), en tanto que la empresa siderúrgica estatal SOMISA inauguró su primer alto horno en 1960.
Otra industria que creció fue la automotriz, con la radicación de empresas norteamericanas y europeas, lo que se relacionó con un plan vial que contempló la construcción de casi 10.000 kilómetros de caminos. Lo contrario sucedió en materia ferroviaria, pues se puso en ejecución el Plan Larkin, que significó el levantamiento de varios ramales y kilómetros de vías férreas con el consecuente despido de trabajadores.
También debe consignarse que en 1960 se llevó a cabo el V Censo Nacional de Población, que dio como resultado que la Argentina tenía 20.013.793 habitantes: el 73,8 % de ellos vivía en zonas urbanas y el 26,2 % en zonas rurales, en tanto que los extranjeros alcanzaban el 9,5 % del total.
A comienzos de 1962 al gobierno se le planteaban interrogantes respecto de las elecciones de gobernador que debían llevarse a cabo en varias provincias. Ante insoluble problema de la proscripción electoral del peronismo, Frondizi optó por permitir su participación a través del partido Unión Popular. Así, el peronismo triunfó en varias provincias, entre ellas la de Buenos Aires, por lo que Frondizi procedió a intervenir aquellas, aunque esto no impidió que fuese derrocado por las Fuerzas Armadas el 29 de marzo. Le sucedió en el cargo el presidente provisional del Senado, José M. Guido, quien gobernó por espacio de un año y medio subordinado a los militares.
En ese tiempo se produjo un enfrentamiento interno en las Fuerzas Armadas entre dos bandos, azules y colorados. Los primeros eran partidarios de respetar las instituciones y llegar a nuevas elecciones integrando al peronismo, pero sin Perón, es decir apelando a partidos neoperonistas en cada provincia. Los segundos eran antiperonistas acérrimos, partidarios de continuar con la proscripción e impedir por todos los medios posibles el retorno del peronismo al poder. El triunfo correspondió a los azules, lo que permitió convocar a elecciones presidenciales para el 7 de julio de 1963.
Allí el triunfo correspondió a la fórmula de la UCRP integrada por Arturo Illia-Carlos Perette, que obtuvo 2.419.269 (25 %) de los votos, a la que le siguió el binomio de la UCRI, Oscar Alende-Celestino Gelsi, con 1.542.072 (16 %), y el de Udelpa, Pedro E. Aramburu-Horacio Thedy con 1.346.342 (654.392 (6,7 %). El peronismo tampoco pudo participar, llegando los votos en blanco a 1.668.175 (19,4 %).
En las circunstancias descriptas, el gobierno radical de Arturo Illia nació débil, por lo que le fue difícil gobernar con la oposición del movimiento obrero organizado, de la UCRI y de algunos sectores del empresariado y de las fuerzas armadas. Visto en perspectiva, su gobierno fue relativamente próspero, aunque su prédica institucionalista tuvo límites concretos, tal el frustrado retorno del general Perón al país. En efecto, el líder justicialista, exiliado en Madrid, pretendió regresar en diciembre de 1964, para lo cual se embarcó en un avión que hizo escala en Río de Janeiro. Allí, las autoridades brasileñas, a pedido del gobierno argentino, procedieron a prohibirle seguir viaje a Buenos Aires y obligaron al avión a retornar a España.
El movimiento obrero organizado retomó en la década de 1960 la fortaleza de la que había gozado durante la década peronista, con el liderazgo del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica –el gremio más importante del país-, Augusto Vandor, quien incluso llegó a cuestionar el liderazgo del propio Perón.En 1963 se normalizó la CGT y en 1964 esta puso en práctica un Plan de Lucha consistente en paros y ocupaciones de fábricas (3.900.000 trabajadores tomaron 11.000 establecimientos industriales), que significó un verdadero desafío al gobierno de Illia.
En las elecciones parlamentarias de 1965 el oficialismo obtuvoel 28,5 % de los votos, un caudal nada desdeñable, pero fue derrotado por la Unión Popular y otros partidos de tendencia peronista, que obtuvieron el 37,4 %. Al año siguiente, pareció influir en una amplia franja de la opinión pública la imagen de un gobernó débil, lento e ineficaz, incapaz de contener las demandas gremiales, ello debido en parte a campañas de desprestigio de distintos medios de prensa respecto de la figura del presidente de la Nación. Finalmente, el 28 de junio de 1966, el gobierno de Arturo Illia fue derrocado por un golpe militar encabezado por el general Juan C. Onganía.
Unidad IV: 1955-1983
Segunda Parte: 1966-1976
En los golpes de Estado de 1930, 1943, 1955 y 1962, las Fuerzas Armadas habían procedido a remover un gobierno que les disgustaba, luego implementaban medidas contrarias a las dispuestas por éstos y, finalmente, instrumentaban salidas electorales condicionadas. Es decir que no se proponían ocupar el poder por un lapso prolongado de tiempo; no ocurrió lo mismo con el de 1966, encabezado por el general Juan C. Onganía, que se autodenominó Revolución Argentina. Aquí la intención fue ejercer el gobierno por el tiempo suficientemente largo como para realizar cambios de carácter estructural en el país, lo que implicaba un proceso de modernización y racionalización de la economía con injerencia de capital extranjero, disciplinamiento social y congelamiento de la actividad política. De allí que Onganía planteó que debían transitarse tres tiempos: el tiempo económico, el tiempo social y, finalmente, el tiempo político.
El mantenimiento del orden a través de una autoridad que se ejerció férreamente fueron las características de ese momento, donde tomó cuerpo una doctrina que había comenzado a desarrollarse en los años anteriores: la Doctrina de la Seguridad Nacional. La misma estaba enmarcada en la Guerra Fría, en la cual los Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban el dominio mundial, de allí que las Fuerzas Armadas de los países americanos redefinieron el enemigo, que ya no sería externo sino interno: el comunismo. Sin embargo, las medidas represivas apuntaban a todos aquellos grupos o sectores políticos cuyas ideas o acciones se consideraban contrarias a los valores morales y culturales de la sociedad “occidental y cristiana”.
No obstante, lo expresado, la relativa tranquilidad que se observó en los primeros años del gobierno de Onganía vino a desmoronarse a partir de la confluencia de dos fenómenos relacionados, debidos en parte a la oclusión de los canales de participación política. Por un lado, las protestas populares contra la política socieconómica de los gobiernos de la Revolución Argentina, que estallaron en varias ciudades del país, donde se verificó una confluencia de reclamos gremiales y estudiantiles con apoyo activo y movilizaciones por parte del resto de la población. Así ocurrió en el Cordobazo, el Correntinazo, el Rosariazo y el Tucumanazo en 1969, el Catamarcazo en 1970, el Vivorazo en 1971 y el Mendozazo y el Trelewazo en 1972. El más emblemático de todos ellos, por su magnitud, fue el Cordobazo, ocurrido el 29 de mayo de 1969.
Para ese día, la CGT local decretó un paro en contra de la política socioeconómica del gobierno, que fue acompañado de una nutrida movilización de trabajadores, a la que se sumaron estudiantes universitarios, militantes católicos y organizaciones barriales. Esto derivó en un estallido popular masivo con quema de comercios y automóviles, barricadas, etc.. La represión policial fue insuficiente, por lo que el Ejército ingresó en la ciudad y sofocó la insurrección. Se estima que murieron 12 personas y casi cien fueron heridas, con más de 300 detenidos a los que debe agregarse innumerables pérdidas materiales.
Por otro lado, se tiene el surgimiento de organizaciones guerrilleras de orientación peronista o marxista, que se planteaban llegar al poder para implantar un nuevo orden político y económico. La proscripción del peronismo, el triunfo de la Revolución Cubana y la lucha de su figura emblemática, Ernesto Che Guevara, a lo que debe agregarse un clima revolucionario que recorría diversas partes del mundo, confluyeron para que se conformaran organizaciones armadas como las Fuerzas Armadas Peronistas, Descamisados, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, la más importante de todas (ver esquema).
También adquirió relevancia en esos años el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, una corriente interna de la iglesia argentina que nació el 31-12-1967 planteando una renovación de la institución a tono con las reformas del mundo católico derivadas del Concilio Vaticano II (1962-65). Y sobre todo, un compromiso con los más humildes (“opción por los pobres”). La mayoría de los sacerdotes que integraron el Movimiento eran curas villeros y de barrios obreros que propusieron un perfil de Iglesia que acompañase a los más necesitados en sus luchas y reivindicaciones políticas y sociales, actuando sobre las causa que originaban la miseria, lo que provocó una progresiva radicalización de grupos y organizaciones católicas. Entre los sacerdotes más representativos del movimiento se cuentan Miguel Ramondetti, Jorge Carbone, Carlos Mujica y Rolando Concatti.
Si el clima de protesta social había debilitado el gobierno de Onganía, el secuestro y posterior asesinato del ex presidente Pedro E. Aramburu por parte de la organización Montoneros marcó su final el 8 de junio de 1970. Lo sucedió otro general, Roberto M. Levingston, un militar absolutamente desconocido para la ciudadanía, que en ese momento ejercía funciones en Washington, y que duró menos de nueve meses en sus funciones, pues fue desalojado del poder por el general Alejandro A. Lanusse, verdadero hombre fuerte del Ejército, quién asumió la presidencia.
En paralelo a la remoción de Onganía, los partidos políticos comenzaron a reorganizarse, intentando llegar a acuerdos básicos a partir del acercamiento que se produjo entre Juan Perón y Ricardo Balbín, con el fin de terminar con la antinomia peronismo-antiperonismo. Los diálogos llegaron a buen puerto y se materializaron en un documento multipartidario firmado el 11 de noviembre de 1970 por el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Partido Conservador Popular, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista Argentino y el Bloquismo sanjuanino. Conocido como La Hora del Pueblo, el mismo exigía al gobierno militar la convocatoria inmediata a elecciones sin proscripciones y con respeto de las minorías.
Meses después, el presidente Lanusse, entendiendo que para concluir con la inestabilidad política imperante desde 1955 se hacía indispensable terminar con la proscripción del peronismo y retornar al sendero constitucional, anunció la convocatoria a un Gran Acuerdo Nacional (GAN), por el cual se proponía una salida electoral condicionada, con los militares como árbitros políticos, a la vez que neutralizar la posible candidatura de Perón. El plan fracasó pues este último, mientras alentaba la movilización popular y no condenaba el accionar de las organizaciones armadas, consolidaba su diálogo con el resto de las fuerzas políticas, en especial con el radicalismo, para acelerar la convocatoria a elecciones. Se le permitió sin embargo retornar al país luego de largos años de exilio, lo que ocurrió el 17 de noviembre de 1972 (permaneció un mes y volvió luego a España). En ese tiempo, reorganizó su propia fuerza política y armó una coalición de partidos, el Frente Justicialista de Liberación Nacional (Frejuli), integrado por el justicialismo, el conservadorismo popular, el desarrollismo y la democracia cristiana.
Un hecho represivo ocurrido unos meses antes, el 22 de agosto, vino a complicar aún más el clima político: el asesinato de 16 presos, todos ellos integrantes de organizaciones armadas, en la base Aeronaval Almirante Zar, cerca de la ciudad de Trelew, luego de un fallido intento de fuga, en lo que se conoce como “la masacre de Trelew”.             
El gobierno