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Tesis 293/2011 Omar Caro Lozoya 
Es cierto que cuando un tratado internacional se es firmado por México, este está 
obligado a adaptarlo al derecho interno por su proceso legislativo, una vez hecho 
esto se toma en cuenta el punto de aceptación de la ley, se prevé su realización y 
promoción de esta misma. 
Estos deben situarse a nivel constitución porque son instrumentos internacionales 
que se deben concebir como una extensión de lo previsto por ella como una garantía 
individual. 
Las mismas autoridades mexicanas deben invocar jurisprudencia de los tribunales 
internacionales cuando esta ley se deba interpretar para así liberar un cumplimiento 
de las disposiciones que protegen los derechos humanos, el estado en su conjunto 
asume un compromiso internacional en el momento de ratificar el tratado 
internacional y de que este ya se haya incorporado a la ley suprema de la unión. 
Respecto al principio pro homine se estipula que es un criterio hermenéutico y este 
va a la par con lo esencial de los derechos humanos, y da la razón de una 
interpretación larga ya que son derechos protegidos por el gobierno, y que limite las 
funciones o establezca límites al ejercicio de las leyes que puedan transgredir estos 
derechos. 
Y de este modo la misma doctrina estableció dos tipos de control de 
convencionalidad que es de manera interna y de manera externa, en ambos se 
realiza un examen de confrontación normativo del derecho interno con la norma 
internacional, donde se estipulan los hechos – acciones u omisiones 
internacionalmente ilícitos. El juicio de convencionalidad se puede realizar por la 
acción u omisión del legislador. 
Tanto de manera doctrinal como jurisprudencial hay un acuerdo en el que se habla 
del artículo 133 constitucional donde se reconoce el principio de supremacía 
constitucional, se sostiene históricamente que la primera parte del articulo determina 
el lugar que los tratados internacionales ocupan dentro del sistema de fuentes del 
orden jurídico mexicano.