sentencia y cosa juzgada

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TEMA IX
SENTENCIA Y COSA JUZGADA
MARCO ANTONIO GARCÍA CASTILLO
1. CONCEPTO
• La sentencia es, pues, la resolución que emite el juzgador sobre el litigio 
sometido a su conocimiento y mediante la cual normalmente pone 
término al proceso.
2. SENTENCIA Y OTRAS CLASES DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 
ARTÍCULO 241 
• Clases de resoluciones judiciales. 
• Las resoluciones judiciales serán: 
• I. Decretos, cuando sean simples determinaciones de trámite, que no 
impliquen impulso u ordenación del procedimiento, ni impongan cargas o 
afecten oportunidades procesales. 
• II. Autos, cuando se trata de resoluciones que ordenen, paralicen o 
impulsen el procedimiento o de los que se puedan derivar cargas o 
afecten derechos procesales. 
• III. Sentencias interlocutorias, cuando decidan un incidente promovido 
antes o después de dictada la sentencia definitiva, o resuelven alguna 
cuestión previa o algún punto procesal que implique contradicción entre 
partes. 
• IV. Sentencias definitivas, cuando decidan el fondo de la controversia.
3. SENTENCIA Y OTROS MEDIOS DE TERMINACIÓN DEL PROCESO. 
• A. Actitudes autocompositivas de las partes
a) Desistimiento. Artículo 288
Desistimiento de la demanda, de la instancia, de actos procesales o de la acción. 77 La parte
actora podrá desistir de la demanda, de la instancia, de actos procesales o de la acción, de
acuerdo con las reglas siguientes: I. El desistimiento de la demanda podrá hacerse antes de
que se emplace al demandado; no extinguirá la pretensión y tendrá el efecto de que las
cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la incoación del juicio; no requerirá
el consentimiento del demandado y no obligará al actor al pago de las costas procesales.
• II. El desistimiento de la instancia podrá hacerse después de que se haya verificado el 
emplazamiento y hasta antes de que se haya declarado ejecutoriada la sentencia definitiva 
o de que ésta haya adquirido firmeza; tampoco extinguirá la pretensión, sino sólo los 
actos procesales desarrollados durante la instancia en que se formule; requerirá que el 
demandado no manifieste su oposición dentro del plazo de cinco días que para tal fin se 
le otorgue y obligará a la parte actora a pagar las costas procesales, salvo convenio en 
contrario.
• III. Cada parte podrá desistir libremente de actos procesales determinados que les sean 
favorables o que hayan sido promovidos por ellas y se encuentren en trámite, sin 
necesidad del consentimiento de la contraparte. 
• IV. El desistimiento de la acción extinguirá tanto el proceso como la pretensión intentada, 
la cual no podrá ser ejercida en ningún proceso ni en alguna oportunidad procesal 
posterior; no requerirá el consentimiento del demandado, pero si se formula después de 
que se haya hecho el emplazamiento, obligará a quien lo hace a pagar las costas 
procesales, salvo convenio en contrario. El desistimiento de la acción sólo procederá 
cuando los derechos materiales controvertidos sean renunciables y siempre que no se 
afecten derechos de terceros.
• V. En los supuestos de las fracciones I, II y IV, quien formule el desistimiento deberá 
ratificarlo ante la autoridad judicial que conozca del asunto o fedatario público. Fuera de 
dichos supuestos, la ratificación quedará al arbitrio del juez.
B) ALLANAMIENTO. ARTÍCULOS 398 Y 525
• Art. 398
• Allanamiento. 
• Si el demandado se allana a la demanda, el juzgador podrá ordenar la ratificación del 
escrito, cuando lo juzgue conveniente, y sin más trámites, citará a las partes para oír 
sentencia definitiva. (REFORMADO, P.O. 15 DE DICIEMBRE DE 2015) No procederá 
citar para sentencia en caso de allanamiento de la demanda, cuando se controviertan 
derechos irrenunciables; cuando manifiestamente la sentencia por dictarse deba surtir 
efectos frente a terceros que no han litigado, y en los demás casos en que la ley así lo 
disponga.
• ARTÍCULO 525. 
• Allanamiento. 
• En los casos de allanamiento del demandado, se observarán las siguientes reglas: 
• I. El demandado no será condenado en costas. 
• II. Si se tratare de sentencias de condena y la falla de cumplimiento de la obligación no 
fuere imputable al demandado o se deba exclusivamente a sus circunstancias de carácter 
económico, el juzgador podrá concederle un plazo razonable para el cumplimiento del 
fallo, que no excederá de seis meses, el cual se aplicará sólo en caso de que no impugne 
la sentencia de primera instancia. El actor podrá pedir el aseguramiento provisional de lo 
reclamado una vez que la sentencia queda firme, si se hubiere concedido al demandado 
un plazo para cumplirla.
• III. Si apareciere que el demandado en todo momento estuvo dispuesto voluntariamente 
al cumplimiento de lo pedido y no dio lugar para la presentación de la demanda o 
intervención judicial, el actor será condenado al pago de las costas procesales, aunque 
obtenga sentencia favorable. 
• En los casos a que se refiere este artículo, no obstante el allanamiento, la sentencia podrá 
ser desestimatoria de las pretensiones del actor, si éstas fueren contrarias a las leyes o a 
la moral o si existieran pruebas o fuertes presunciones de que se trata de actos 
simulados o delictuosos en perjuicio de terceros, que hubieren sido denunciados. 
Igualmente, no se tomará en cuenta el allanamiento, cuando el negocio verse sobre 
derechos no disponibles. 
C) CONVENIO DE TRANSACCIÓN. ARTÍCULO 3157 Y 3169 DEL CÓDIGO CIVIL.
• DE LA TRANSACCIÓN ARTÍCULO 3157. 
• La transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, 
terminan una controversia presente o previenen una futura. 
• ARTÍCULO 3169. La transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y 
autoridad que la cosa juzgada; pero podrá pedirse la nulidad o la rescisión de aquélla en 
los casos autorizados por la ley.
B. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. ARTÍCULO 311, FRACCIÓN II
• II. Por caducidad de la instancia. En este caso se aplicarán las reglas siguiente: 
• a) La caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del 
proceso, desde el primer auto que se dicte en el juicio hasta la citación para sentencia, si 
transcurridos ciento veinte días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la 
notificación de la última determinación judicial, no hubiere promoción de cualquiera de 
las partes que tienda a impulsar el procedimiento.
• b) La caducidad de la instancia es de orden público e irrenunciable, por lo que no podrá 
ser materia de convenio entre las partes. El juzgador la declarará, de oficio o a petición 
de cualquiera de las partes, cuando concurran las circunstancias a que se refiere el 
presente artículo. Antes de decretar la caducidad el secretario de acuerdos levantará en 
el expediente la certificación correspondiente haciendo constar el transcurso del tiempo, 
sin promoción de las partes que impulse el procedimiento, dando cuenta de ello a la 
autoridad judicial que conozca el procedimiento, quién deberá dar vista a las partes por 
el plazo de tres días, con el objeto de que expongan lo que a su derecho convenga; 
transcurrido dicho plazo, dictará la resolución que corresponda.
• c) Sólo procederá por falta de promoción de las partes dirigida a impulsar el 
procedimiento, ya sea en el expediente principal o en cualquier incidente o recurso. Las 
actuaciones o promociones de mero trámite que no impliquen ordenación o impulso de 
procedimiento, no se considerarán como actividad de las partes ni impedirán que opere 
la caducidad. 
• d) La caducidad de la primera instancia hará ineficaces las actuaciones del juicio y las 
cosas deberán volver al estado que tenían antes de la presentación de la demanda, 
levantándose los embargos provisionales y cautelares. Se exceptúan de la ineficacia 
mencionada las resoluciones firmes sobre competencia, litispendencia, cosa juzgada, 
personalidad y capacidad de los litigantes, queregirán en cualquier otro proceso. Las 
pruebas rendidas en el proceso extinguido por caducidad podrán ser invocadas en el 
nuevo, si se promoviere, siempre que se ofrezcan y precisen en la forma legal. 
• e) La caducidad de los incidentes y de los recursos interpuestos ante el propio juez de 
primera instancia, se causará por el transcurso de treinta días hábiles, contados a partir 
de que haya surtido efectos la notificación de la última determinación judicial, sin 
promoción; la declaración respectiva sólo afectará a las 84 actuaciones del incidente y del 
recurso sin abarcar las de la instancia principal, aunque haya quedado en suspenso ésta 
por la substanciación del incidente o del recurso.
• f) La caducidad de la segunda instancia o de los recursos de que conozcan los Tribunales 
Unitarios, las Salas o el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, operará por el transcurso 
de sesenta días hábiles, contados a partir de que haya surtido efectos la notificación de la 
última resolución, sin promoción, y dejará firme la resolución impugnada. Así lo declarará 
el tribunal de alzada. 
• g) No tendrá lugar la declaración de caducidad en los juicios universales de concursos y 
sucesorios, pero si en los juicios con ellos relacionados que se tramiten 
independientemente, los que de ellos surjan o los que por ellos se motiven; tampoco 
tendrá lugar en los juicios de alimentos, y en los juicios seguidos ante los jueces letrados 
y de conciliación.
• h) La suspensión del procedimiento producirá la interrupción del plazo de la caducidad. i) 
Contra la resolución de caducidad se dará sólo el recurso de reconsideración en los 
procedimientos que no admitan apelación. En los procedimientos que admiten la 
apelación, ésta se substanciará en el efecto suspensivo.
• j) Las costas serán a cargo del actor, cuando se decrete la caducidad de la primera 
instancia, o de la parte que haya promovido el incidente o interpuesto el recurso escrito, 
cuando se decrete la caducidad de un incidente, de un recurso a resolver en la primera 
instancia o de la segunda instancia, respectivamente.
C. POSIBILIDAD DE QUE EL PROCESO CONCLUYA EN LA AUDIENCIA PREVIA Y DE CONCILIACIÓN ANTE UNA 
EXCEPCIÓN DE LITISPENDENCIA, CONEXIDAD O COSA JUZGADA (ARTÍCULO 412, QUINTO PÁRRAFO) O 
INCLUSO ANTE UNA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN (ARTÍCULO 294 -EXCEPCIÓN PERENTORIA O MIXTA- EN 
ESTE ÚLTIMO CASO, SI EL DEMANDADO PROMOVIÓ EL INCIDENTE RELATIVO AL CONTESTAR LA DEMANDA) 
• ARTÍCULO 412.Audiencia previa, de conciliación y depuración.
• En caso de desacuerdo entre los litigantes, la audiencia proseguirá y el juzgador, que dispondrá de
amplias facultades de dirección procesal, examinará, en su caso, las excepciones de conexidad,
litispendencia y cosa juzgada, con el fin de depurar el procedimiento.
• ARTÍCULO 294. Excepción perentoria o mixta.
• El demandado también puede aducir por vía de excepción una contrapretensión que importe un
hecho ajeno al mérito de la demanda, que haga innecesario entrar al estudio de fondo. Tiene este
carácter la contrapretensión de cosa juzgada, transacción o prescripción. En estos casos si así lo
decide el demandado, esta contrapretensión se podrá sustanciar y decidir por los trámites
establecidos para los incidentes.
D. PETICIÓN DE LAS PARTES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE EL LITIGIO 
LO RESUELVA UN ÁRBITRO (COMPROMISO ARBITRAL), O BIEN POR ALGÚN OTRO 
EQUIVALENTE JURISDICCIONAL (ARTÍCULO 788 Y SIGUIENTES)
• ARTÍCULO 788. 
• Solución extraprocesal del litigio. Con independencia de los juicios ordinarios y de los 
especiales, ventilados ante los tribunales del Estado de Coahuila, las controversias de 
trascendencia jurídica pueden resolverse por medio del arbitraje privado, de la amigable 
composición o de la conciliación.
• ARTÍCULO 789.
• Derecho de las partes para sujetarse al arbitraje privado. Las partes, previo convenio, 
tendrán derecho de sujetar sus diferencias a juicio arbitral, salvo en los casos 
expresamente exceptuados. 
• ARTÍCULO 790. 
• Negocios en que no se permite el arbitraje. No se podrán comprometer en árbitros los 
siguiente negocios: 
• I. El derecho de recibir alimentos; pero si lo relativo al pago de pensiones vencidas. 
• II. Los divorcios, excepto en cuanto a la separación de bienes y a las demás diferencias 
puramente pecuniarias. 
• III. La nulidad de matrimonio.
• IV. Los concernientes al estado civil de las personas. 
• V. Los negocios que versen sobre derechos no disponibles. 
• VI. Los divorcios, excepto en cuanto a la separación de bienes y a las demás diferencias 
puramente pecuniarias, y 
• VII. Los demás en que lo prohiba expresamente la ley
4. INTERRUPCIÓN DEL PROCESO. ARTÍCULO 307
• Interrupción del procedimiento. 
• El procedimiento se interrumpirá: 
• I. Por la muerte de cualquiera de las partes. Si ésta hubiere estado representada por 
mandatario, no se interrumpirá sino que continuará con éste, entre tanto el albacea o los 
herederos comparezcan al proceso. Si no hubiere mandatario, la interrupción durará mientras 
no comparezcan el albacea o los herederos. Si no lo hacen, a petición de la otra parte, el 
juzgador fijará un plazo razonable de treinta días hábiles para que lo hagan y mandara 
notificarlo al representante de la sucesión y a los herederos. Si no comparecen uno y otros, el 
procedimiento se continuará en su rebeldía, una vez transcurrido el plazo fijado por el 
juzgador. 
• II. Por pérdida de la capacidad procesal, quiebra o concurso de una de las partes. En este 
caso, el procedimiento se interrumpirá hasta que se nombre representante legal de la 
parte mencionada y se le haga saber la reanudación. 
• III. Por muerte del mandatario o patrono. En este caso el procedimiento se reanudará tan 
pronto como se notifique a la parte principal para que provea la substitución del 
representante o patrono desaparecido o comparezca voluntariamente, por si o por 
medio de nuevo mandatario o patrono. 
• IV. Cuando por fuerza mayor los tribunales no puedan actuar, o bien las partes o una de 
ellas, sin culpa alguna, por fuerza exterior irresistible, se encuentre en absoluta 
imposibilidad de atender su defensa en la causa.
5. SUSPENSIÓN DEL PROCESO. ARTÍCULO 308, CONSECUENCIAS ARTÍCULO 309
• ARTÍCULO 308. Suspensión del procedimiento. 
• El procedimiento se suspenderá: 
• I. Cuando en un proceso civil o familiar se denuncie un hecho que constituya delito, 
siempre que se llenen los siguientes requisitos: 
• a) Que con motivo del ejercicio de la acción penal se dicte auto de formal prisión o de 
sujeción al proceso. 
• b) Que lo pida el Ministerio Público en el proceso civil o familiar.
• c) Que los hechos denunciados sean de tal naturaleza que la sentencia que se llegue a 
dictar en el proceso penal con motivo de ellos, deba necesariamente influir en las 
resoluciones que pudieren dictarse en el proceso civil o familiar. Este, salvo disposición en 
contrario, sólo se suspenderá en la parte relacionada con el hecho delictuoso y la 
suspensión se mantendrá hasta que recaiga sentencia definitiva en el proceso penal, o 
antes si se decreta la libertad por falta de méritos o por desvanecimiento de datos, o el 
procedimiento concluye por cualquier motivo sin decidir sobre los hechos delictuosos 
denunciados.
• II. Cuando el mismo u otro juzgador deban resolver una controversia civil o familiar cuya 
definición sea previa o conexa a la decisión del proceso. Este podrá suspenderse total o 
parcialmente, según afecte la controversia todo o parte del fondo del negocio. 
• III. A petición de todas las partes interesadas, siempre que no se afecten derechos de 
tercero, y por un período que en ningún caso excederá de tres meses. 
• IV. En los demás casos en que la ley lo determine. La suspensión se hará constar a 
petición de parte o de oficio y la reanudación del procedimiento, una vez que cese la 
causa que la motivó, será ordenada por auto del juzgador.• ARTÍCULO 309. Consecuencias de la interrupción o suspensión del procedimiento. 
• Durante la interrupción o suspensión del procedimiento, no podrán realizarse actos 
procesales y este lapso no se computará en ningún plazo. 
• Los plazos correrán nuevamente desde el día en que se notifique el auto que acuerde el 
cese de la causa de interrupción o suspensión. Los actos procesales que se verifiquen se 
considerarán como no realizados, sin que sea necesario pedir ni declarar su nulidad. Se 
exceptúan las medidas urgentes y de aseguramiento que sean necesarias a juicio del 
juzgador y aquellas de mero trámite que no impliquen impulso del procedimiento, las que 
sí podrán ser autorizadas.
6. SUSTITUCIÓN PROCESAL Y SUCESIÓN DE PARTES (ARTÍCULOS 100 Y 101)
• ARTÍCULO 100. Substitución procesal. 
• Nadie puede hacer valer en juicio en nombre propio, un derecho ajeno excepto en los 
casos previstos por la ley, Sin embargo, es dable ejercer por un interés propio un derecho 
ajeno en los siguientes casos: 
• I. El acreedor podrá hacer efectivo el derecho que compete a su deudor, cuando conste 
el crédito en título ejecutivo y excitado éste para que lo haga efectivo descuide o 
rechace hacerlo. En este caso, el tercero demandado puede paralizar la pretensión 
pagando al demandante el monto de su crédito. 
• II. Cuando a alguien se le puedan seguir consecuencias dañosas a su propio interés por la 
falta de ejercicio de un derecho perteneciente a otro, podrá exigírsele que lo haga valer y 
si excitado para ello, se rehusare, lo podrá hacer aquel. 
• III. Cuando por haberse interpuesto tercería ante un Juzgado Letrado por cuantía mayor 
de la que fija la ley para negocios de su competencia, se hayan remitido los autos a otro 
juzgado y el tercer opositor no concurra a continuar la tercería. 
• IV. Si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus acreedores, caso en el cual estos 
pueden pedir al juez que los autorice para aceptarla en nombre de aquel. En esta 
hipótesis, el que por la repudiación de la herencia deba entrar en ella, puede paralizar la 
pretensión de los acreedores, pagando a estos los créditos que tuvieren contra quien la 
repudió. 
• V. El comunero puede instar los derechos relativos a la cosa común, en calidad de dueño, 
salvo pacto en contrario. Sin embargo, no puede transigir, gravar ni comprometer en 
árbitros el negocio sin consentimiento unánime de los condueños. 
• VI. Cualquier heredero o legatario puede reclamar la totalidad de la herencia que le 
corresponda conjuntamente con otros, mientras no se haya nombrado interventor o 
albacea. Si ya hay nombramiento a éstos compete promover la reclamación y sólo lo 
podrán hacer los herederos o legatarios, cuando requerido para ello el albacea o el 
interventor se rehusaren a hacerlo. 29 
• VII. En los demás casos en que la ley lo autorice de manera expresa.
• ARTÍCULO 101. Sucesión de partes. 
• Cuando durante la substanciación del proceso sobrevengan cambios o sucesiones de partes, 
se observará lo siguiente: 
• I. Cuando alguna de ellas fallezca o se decrete su ausencia o presunción de muerte, el proceso 
se deberá seguir con quienes la sucedan en sus derechos, siempre y cuando éstos sean 
transmisibles por herencia o legado. En este supuesto serán aplicables las reglas sobre 
interrupción del proceso que prevé el artículo 309. 
• II. Si se transfiere el derecho controvertido por acto entre vivos, el proceso se seguirá con el 
causahabiente, siempre que dicha transmisión se encuentre apegada a derecho y se haga del 
conocimiento del juzgador y la contraparte; pero el fallo que se dicte parará perjuicio tanto al 
causante como al causahabiente. 
• III. En cualquier caso el sucesor a título particular o universal puede intervenir o ser 
llamado a juicio, y si el actor está conforme, los causantes a título particular o universal 
pueden ser excluidos.
• IV. La transmisión de los derechos controvertidos no afectará al procedimiento, excepto 
los casos en que hagan desaparecer, por confusión substancial de intereses, la materia del 
litigio. 
• V. Los cambios de representación procesal de una parte, no afecta la validez de los actos 
procesales en perjuicio de la otra, aún cuando no se hubieren hecho saber judicialmente. 
7. FORMACIÓN DE LA DECISIÓN JUDICIAL.
• La terminación normal del proceso conduce al juzgador a pronunciar la sentencia sobre 
el litigio sometido a proceso. Una vez que las partes han formulado sus pretensiones y, en 
su caso, sus negaciones y excepciones (en la fase expositiva); que han aportado los 
medios que consideraron pertinentes para verificar (en la fase probatoria) los hechos 
sobre los cuales trataron de fundar sus respectivas actitudes; y que formularon sus 
conclusiones (en la fase de alegatos), corresponde al juzgador, ahora, expresar en la 
sentencia su decisión sobre el conflicto.
• Conviene plantear aquí, aunque sólo sea brevemente, el problema de la formación de la 
decisión judicial contenida en la sentencia: ¿cómo se forma en el juez la decisión que 
expresará en la sentencia?; ¿cuál es el procedimiento —si lo hay— que sigue en el 
juzgador para tomar la decisión sobre el conflicto?
• A la cuestión de la formación de la decisión del juez, la doctrina ha dado respuestas muy 
diferentes. En un principio se intentó explicar la formación de la sentencia en los mismos 
términos en que se forma un silogismo lógico. Por ejemplo, Stein escribió: “El veredicto (o, 
más exactamente, la decisión) del juez es, indefectiblemente, una conclusión que se obtiene a 
partir de una premisa menor, consistente siempre en un juicio fáctico, y de una premisa mayor 
que o bien tiene carácter jurídico, o bien puramente fáctico.”
• De acuerdo con estas ideas, para formar su decisión el juzgador primero procede a establecer 
la premisa mayor, es decir, a precisar la norma jurídica general que considere aplicable al caso; 
después establece la premisa menor, o sea, delimita los hechos del caso con base en las 
pruebas practicadas y, por último, de la aplicación de la premisa mayor a la menor (de la 
aplicación de la norma general al caso concreto) deduce la conclusión querida por la ley para 
el caso específico, estableciendo de esta manera el fallo o sentido concreto de la sentencia.
8. SENTENCIA Y DERECHO.
• En forma paralela al problema de la formación de la decisión judicial, también se suele plantear el 
problema de la relación entre la sentencia y el derecho: ¿es la sentencia un acto de mera aplicación 
del derecho?; ¿o la sentencia no se limita a aplicar el derecho, sino a crear también una nueva 
norma jurídica? 
• No se trata, como es claro, de plantear como problema el tema de la sujeción o no sujeción de la 
sentencia al derecho. Difundida y aceptada la idea del Estado de derecho, hoy ya no se plantea, al 
menos en el plano teórico, la posible conveniencia de que el juzgador pronuncie sus sentencias 
fuera o contra el derecho vigente, como alguna vez lo propuso el denominado movimiento del 
derecho libre surgido en Alemania a principios del siglo XX. 
• Tomando como punto de partida que la sentencia debe sujetarse al derecho, el problema que se 
plantea es precisamente si dicho acto procesal implica sólo una aplicación concreta del derecho 
vigente, o si implica, además, la creación de una nueva norma dentro del derecho vigente.
9. CLASIFICACIÓN DE LAS SENTENCIAS.
• A. Por su finalidad.
a) Meramente declarativa
Con una sentencia que se limite a reconocer una relación o situación jurídica
existente
b) Constitutiva.
Con una sentencia que constituya o modifique una situación o relación jurídica
c) De condena.
d) Con una sentencia que ordene una determinada conducta a alguna de las
partes
B. POR SU RESULTADO.
• Desde el punto de vista del resultado que la parte actora obtenga con la 
sentencia, ésta suele clasificarse en estimatoria, en el caso en que el 
juzgador estime fundada la pretensiónde dicha parte, y desestimatoria, 
en el caso contrario.
C. POR SU FUNCIÓN EN EL PROCESO.
• Por su función en el proceso, las sentencias suelen ser clasificadas en interlocutorias y 
definitivas; las primeras son aquellas que resuelven un incidente planteado en el juicio y 
las segundas, las que deciden sobre el conflicto de fondo sometido a proceso y ponen 
término a éste. 
• Como ya ha quedado señalado, sólo las definitivas son, en rigor, sentencias; las 
interlocutorias, por no referirse a la controversia principal sino a un incidente, deberían 
ser consideradas como autos.
D. POR SU IMPUGNABILIDAD.
• También se suele distinguir entre sentencia definitiva y sentencia firme, según sean o no 
susceptibles de impugnación. 
• De acuerdo con este criterio de clasificación, la sentencia definitiva es aquella que si bien 
ha sido dictada para resolver el conflicto sometido a proceso, todavía es susceptible de 
ser impugnada a través de algún recurso o proceso impugnativo, el cual puede concluir 
con la confirmación, modificación, revocación o anulación de dicha sentencia definitiva. 
• En cambio, la sentencia firme es aquella que ya no puede ser impugnada por ningún 
medio; es la que posee la autoridad de la cosa juzgada.
10. REQUISITOS DE LA SENTENCIA.
• A. Formales o externos. Artículos 517 y 518
• ARTÍCULO 517. Forma de la sentencia. 
• Para la redacción de las sentencias no se requerirá forma especial, pudiendo el tribunal 
adoptar la que juzgue adecuada, sujetándose en todo caso a las reglas establecidas en los 
artículos siguientes.
• ARTÍCULO 518. Contenido de la sentencia. 
• Las sentencias deberán contener: 
• I. El tribunal que las dicte. 
• II. El lugar y la fecha en que se dicten. 
• III. Los nombres de las partes y los de sus representantes o patronos. 
• IV. Una relación sucinta del litigio a resolver. 
• V. La motivación y los fundamentos legales del fallo. 
• VI. Los puntos resolutivos. 
• VII. La firma del juzgador que corresponda y del secretario que la autorice
B. SUSTANCIALES O INTERNOS
a) Congruencia. Artículo 519
Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y contestación y con las demás
pretensiones deducidas oportunamente en el proceso y resolverán todos los puntos que
hayan sido objeto del debate. Cuando sean varios los puntos litigiosos, se hará la debida
separación de cada uno de ellos.
b) Fundamentación y motivación. Artículo 520
Toda sentencia deberá estar fundada y motivada legalmente. Las controversias judiciales deberán
resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica y, a falta de ley, conforme a los
principios generales del derecho. Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea
aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que
pretenda obtener lucro, debiendo observarse la igualdad de las partes en el proceso. El silencio,
obscuridad o insuficiencia de la ley, no autoriza a los juzgadores para dejar de resolver las cuestiones
que hayan sido discutidas en el juicio. El juzgador estará facultado para determinar cuál es la ley
aplicable y para fijar el razonamiento o proceso lógico de su determinación, sin quedar vinculado a lo
alegado por las partes sobre estos puntos.
D) PRINCIPIO DE RESPETO AL DEBIDO PROCESO
• Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe 
observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de 
garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la 
potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del 
debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza 
jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto 
integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan 
sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica 
definitivamente. 
• Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las 
formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del 
procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 
defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de 
esta formalidad.
• Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de 
garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica 
pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como 
ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o 
administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías 
con la materia específica del asunto. 
• Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos 
especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su 
condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el 
derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del 
procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de 
garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que 
pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por 
pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia 
consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los 
niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, 
entre otras de igual naturaleza.
11. ESTRUCTURA FORMAL DE LA SENTENCIA.
• A. Preámbulo o proemio
• El proemio, que contiene los datos de identificación del juicio: tribunal ante el que se 
promueve; el nombre del actor y la casa que señale para oír las notificaciones; el nombre 
del demandado y su domicilio; la vía procesal en la que se promueve; el objeto u objetos 
que se reclamen con sus accesorios, y el valor de lo demandado
• B. Resultandos/Antecedentes 
• Los hechos, o parte en la que éstos se numeran y narran sucintamente con claridad y 
precisión
• C. Considerandos/Razonamientos
El derecho, en donde se indican los preceptos legales o principios jurídicos
que el promovente considere aplicables.
• D. Puntos resolutivos
• Los puntos petitorios o petitum que, como ya quedó señalado, es la parte en la
• que se sintetizan las peticiones concretas que se hacen al juzgador en relación
con la admisión de la demanda y con el trámite que se propone para
• la prosecución del juicio.
12. COSA JUZGADA. EFICACIA DE LA SENTENCIA Y AUTORIDAD DE LA COSA 
JUZGADA. ARTÍCULO 530 
• Valor de la cosa juzgada. 
• La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni 
prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por 
la ley. Existe cosa juzgada cuando la sentencia no está sujeta a impugnación 
por haber causado ejecutoria.
13. LÍMITES OBJETIVOS DE LA COSA JUZGADA. ARTÍCULO 533
• Límites objetivos de la cosa juzgada. 
• La cosa juzgada estará limitada al mismo negocio o relación jurídica que 
fue objeto de la sentencia. Solo el fallo, y no los razonamientos o 
fundamentos del mismo, constituyen la cosa juzgada, a menos que remita a 
ellos en forma expresa o constituyan un antecedente lógico inseparable 
del mismo.
14. LÍMITES SUBJETIVOS DE LA COSA JUZGADA. ARTÍCULO 534
• Límitessubjetivos de la cosa juzgada. La cosa juzgada solo surte efectos en 
contra de las siguientes personas: 
• I. Contra las partes principales, contra los que contendieron y contra los 
terceros llamados legalmente al juicio. 
• II. Contra los causahabientes de los que contendieron y los que están 
unidos a ellos por solidaridad e indivisibilidad de las prestaciones, ya sea 
que tengan derecho de exigirlas o bien que tengan obligación de 
satisfacerlas
• III. Contra terceros aunque no hubieran litigado ni sean causahabientes, en 
las cuestiones relativas al estado civil de las personas y a la validez o 
nulidad de las disposiciones testamentarias, a menos de que el tercero 
demuestre que hubo colusión para perjudicarlo. 
• IV. Contra los socios con responsabilidad solidaria respecto de la 
sentencia que se pronuncie contra la sociedad, condenándola al 
cumplimiento de obligaciones en favor de terceros, aunque los socios no 
hayan litigado.
15. CONDENA AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS PROCESALES. DISTINGO ENTRE 
COSTAS PROCESALES Y COSTAS JUDICIALES. ARTÍCULOS 128, 136, 138, 140, 142
• ARTÍCULO 128. 
• Gastos y costas procesales.
• Los gastos comprenden las erogaciones legítimas y necesarias para preparar, iniciar, tramitar o 
concluir un proceso o procedimiento, con exclusión de las excesivas o superfluas y de 
aquellas que la ley no reconoce, por contravenir disposición expresa. 37 Las costas 
comprenden los honorarios que se causen con motivo de la substanciación del proceso o del 
procedimiento; pero sólo podrán cobrarse cuando intervengan como patronos o 
procuradores, abogados que acrediten poseer título legalmente expedido y debidamente 
registrado en el Tribunal Superior de Justicia, y contar con cédula profesional expedida en los 
términos de la Ley de Profesiones del Estado, o cuando la parte interesada que se defienda 
por si misma, haya satisfecho dicho requisito. La condena en los gastos y costas procede de 
acuerdo con las disposiciones de este Capítulo y en los demás casos que lo determine la ley.
• ARTÍCULO 136. 
• Condena forzosa en costas. 
• Siempre serán condenados en los gastos y costas, sin que tengan aplicación en estos 
casos las reglas de los artículos anteriores que pudieran beneficiarlo: 
• I. El que ninguna prueba rinda para justificar su pretensión o su defensa si se funda en 
hechos disputados. 
• II. El que presentare instrumentos o documentos falsos o testigos falsos o sobornados. 
• III. El que fuere condenado en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los interdictos 
posesorios de retener y recuperar, y el que intente alguno de estos juicios, si no obtiene 
sentencia favorable. En estos casos la condenación se hará en la primera instancia, 
observándose en la segunda lo dispuesto en el artículo138. 39 
• IV. El que intente maliciosamente pretensiones o haga valer contrapretensiones
notoriamente improcedentes y que así lo declare la sentencia definitiva que se dicte en el 
negocio, y 
• V. El que oponga defensas dilatorias notoriamente improcedentes o haga valer recursos e 
incidentes de este tipo, con el fin de entorpecer la buena marcha del juicio.
• ARTÍCULO 138. 
• Costas en caso de apelación. 
• En caso de apelación, será condenada en las costas de ambas instancias, sin 
tener en cuenta la declaración a este respecto formulada en la primera, la 
parte contra la cual haya recaído dos sentencias adversas, siempre que 
éstas sean conformes de toda conformidad. Cuando no concurran estas 
circunstancias en la sentencia de segunda instancia se hará la condena en 
costas con sujeción a las reglas de los artículos anteriores.
• ARTÍCULO 140. 
• Monto máximo de las costas procesales. 
• Cualesquiera que fuesen las actividades ejecutadas y los gastos 
expensados en el negocio, las costas no podrán exceder del veinticinco 
por ciento del interés pecuniario del mismo. Si éste no constituyere una 
cantidad cuantificable en dinero, el juzgador deberá, de oficio, pedir la 
valoración oficial de las costas y gastos reclamados.
• ARTÍCULO 142. 
• No se causan costas en juzgados letrados y de conciliación. 
• En los negocios ante los Juzgados Letrados y de Conciliación no se 
causarán costas, cualquiera que sea la naturaleza del juicio.