Unidad 3 - Clase 8 - Democracia y Ciudadanía (1)

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TECNOLOGÍA, AMBIENTE Y SOCIEDAD 
MATERIAL DE CÁTEDRA 
Unidad 3 – Clase 1: Democracia y ciudadanía 
En 1984, el flamante presidente Raúl Alfonsín pronunció una recordada frase durante el 
discurso de apertura de las sesiones parlamentarias que quedó impresa en el imaginario colectivo: “con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura.”1 
Esta premisa abría una nueva etapa de la historia argentina, después de largos años marcados, 
entre otras cuestiones, por intervenciones militares, violencia política y estatal y el inicio de una 
fragmentación social que perdura hasta la actualidad. La recordada frase de Alfonsín ha 
acompañado a la sociedad a lo largo de estos casi 40 años como una promesa y como un 
dilema, pero también como un desafío: ¿podemos hablar de democracia en un país con un 40,8% de su población bajo la línea de pobreza?2, ¿o con un 7,9% de hogares en donde prima la inseguridad alimentaria severa, en palabras menos técnicas, el hambre?3, ¿o en donde muere una mujer cada 26 horas?4, ¿o en donde hay graves problemas ambientales como 
1 “Vamos a vivir en libertad. De eso, no quepa duda. Como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para traba ar, para reclamar usticia —toda la usticia, la de las le es comunes la de las le es sociales —, para sostener ideas, para or ani arse en de ensa de los intereses los derec os le timos del pueblo todo de cada sector en particular. n suma, para vivir me or porque, como di imos muc as veces desde la tribuna pol tica, los ar entinos emos aprendido, a la lu de las tr icas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa se cura” (Raúl Alfonsín, discurso de apertura de las sesiones del Congreso de la Nación, 1984). 2 Estos datos fueron relevados por el Observatorio de Deuda Social de la UCA sobre el tercer trimestre de 2019. En un año se sumaron, 2,8 millones de nuevos pobres. La indigencia también mostró un fuerte salto. Es la marca más alta de la década. Con estos números, 4 de cada 10 argentinos es pobre y totalizan 16 millones. 3 Datos extraídos de: Documento de Trabajo Pobreza Multidimensional Fundada en Derechos Económicos y sociales Argentina Urbana, 2010-2018. Observatorio de la Deuda Social, UCA. Recuperado de: http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones/2019/2019- OBSERVATORIO-POBREZA-MULTIDIMENSIONAL-DOCUMENTO-TRABAJO.pdf 4 Cifras obtenidas de los informes realizados por el Observatorio “A ora Que S Nos Ven”, que relevaron datos entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2019. Estos indican que hay casi 1 femicidio por día. Esa tendencia 
1 
contaminación de aguas, saturación de rellenos sanitarios, deforestación y desmontes, megaminería, erosión de suelos y destrucción del Mar Argentino?5, ¿o donde casi 4 de cada 10 
niños no tiene acceso al agua potable y en algunos casos el agua para consumo humano contiene plomo, arsénico y ahora también glifosato?.6 ¿Podemos pensar en la democracia y en 
la ciudadanía más allá del voto?, ¿es legítimo cuestionar a la democracia y a nuestro propio rol 
como ciudadanos? 
Estas preguntas nos sirven para iniciar un breve recorrido – sin perder la mirada crítica – por 
dos conceptos clave de las Ciencias Sociales que se relacionan estrechamente entre sí: 
democracia y ciudadanía. Ambos se han configurado como centrales en la historia de la 
humanidad desde, por lo menos, mediados del siglo XVIII con el surgimiento de las llamadas 
“revoluciones democr ticas” (la independencia de stados Unidos en 1776 la Revolución 
Francesa en 1789). La importancia de ambos conceptos no reside solo en su valor analítico, 
sino también en la capacidad que tienen para asumir formas históricas. En otras palabras, la 
democracia es tanto un concepto como una praxis, es decir, una realidad que se nutre de ideas y 
que se materializa en prácticas, en actores, en instituciones, en discursos. Esta cristalización 
ocurre dentro de un contexto político, social, cultural y económico determinado. Por eso, cada 
praxis democrática (es decir, cada historia de la instauración de un sistema democrático en un 
territorio delimitado) es distinta y asume matices propios. No obstante, estas historias 
comparten la adhesión a un conjunto de premisas, ideas y nociones propias de ese plexo 
conceptual y teórico que la define y sostiene. La democracia – en tanto concepto y en tanto 
praxis – no son algo estático, monolítico y unilineal, por el contrario, son cambiantes y 
dinámicas, ya que depende de las variables tiempo y espacio. 
continúa en 2020, incluso en el aislamiento preventivo obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional como medida contra la expansión del COVID-19. 5 Las cifras oficiales y estudios técnicos sobre estas problemáticas pueden observarse en: https://www.foroambiental.net/seis-problemas-ambientales-urgentes-que-debe-resolver-la-argentina/ 6 Los datos corresponden al Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Los datos sobre los minerales en el agua corresponden a la Dra. Paula Juárez, investigadora del IESCT-UNQ. Según estimaciones oficiales, el déficit de agua potable alcanza a siete millones de personas y tiene un mayor impacto en las zonas más vulnerables. Más información en: https://www.infobae.com/sociedad/2020/02/23/otro-drama-argentino-casi-cuatro-de-cada-diez- chicos-no-tiene-acceso-al-agua-potable/ 
2 
EL ORIGEN DE LA DEMOCRACIA 
El modelo griego se estableció en el siglo 5 a.C., en la ciudad de Atenas. Aquellos que podían participar directamente eran una pequeña parte de la población, ya que las mujeres, los esclavos, los extranjeros y los niños estaban excluidos. Los hombres libres mayores de edad eran, entonces, los únicos considerados ciudadanos y, en tanto tal, podían participar de la toma de decisiones públicas mediante un sistema de asambleas. 
Pero, ¿cuál es la característica definitoria de la democracia, es decir, cuál 
igualdad, es el gobierno de la mayoría, es la representación o son todas?, 
¿cuáles son sus ficciones y sus limitaciones? Estas preguntas habilitan 
reflexiones en torno a otro interrogante que suele acompañar las 
definiciones formales de qué es la democracia: ¿para qué sirve la 
democracia? Actualmente, sabemos que en los países de América Latina 
la democracia tiene aún deudas pendientes. Como afirma el sociólogo 
francés Pierre Rosanvallon “la democracia no está cumpliendo con la 
promesa de que cada cual encuentre su lugar en la sociedad y lo único que 
se cumple es la profundización de la desigualdad.” No obstante, se sigue 
sosteniendo que, pese a sus múltiples limitaciones y promesas 
incumplidas, la democracia continúa siendo el mejor régimen político 
posible y es necesario eludir la posibilidad siempre latente de 
experimentar regresiones democráticas (como ya ha pasado con la 
instauración de los totalitarismos europeos o con las dictaduras en 
América Latina durante el siglo XX). 
es su rasgo más notable con el cual la identificamos?, ¿es el voto, es la 
A lo largo del presente texto abordaremos algunas cuestiones generales de 
la democracia y de la ciudadanía. Estas nos proporcionarán elementos 
conceptuales y teóricos que nos servirán no solo para dar respuestas a 
nuestros interrogantes, sino también para repensar la democracia y la 
construcción de ciudadanías más sólidas y participativas capaces de 
intervenir en un mundo cada vez heterogéneo y complejo. 
¿Qué es la democracia? Características y problemas 
La palabra democracia proviene de las palabras rie as “demos”, es decir, 
las personas, “kratos” que si ni ica poder. n un sentido literal, la 
democracia podr a ser de inida como “el poder del pueblo”, es decir, una 
forma de gobernar que depende de la voluntad popular. No obstante, la 
definición de democracia está atravesada por múltiples discusiones. El 
reconocido politólogoitaliano Giovanni Sartori advierte que el concepto 
“democracia” es istórico que se a trans ormado desde la Anti üedad 
hasta la actualidad. En efecto, desde los antiguos griegos hasta Jean 
3 
Jacques Rousseau en el siglo XVIII, se entendía a la democracia en tanto democracia directa, 
caracterizada por ciudadanos que ejercían el derecho a la participación en la toma de decisiones 
sin intermediación alguna (Sartori, 2013). Desde entonces, la democracia ha sido asociada a la 
soberanía popular, a la voluntad general y al interés común. Esta concepción tradicional de la 
democracia se articula alrededor del protagonismo central del pueblo concebido como 
soberano, como un todo homogéneo y capaz de producir una voluntad colectiva. Los 
protagonistas de este tipo de democracias son los sujetos, capaces de identificar aquello que 
constituye el bien común. Cabe destacar que estas concepciones fueron elaboradas pensando en 
sociedades simples y apenas industrializadas (Iriarte, Vázquez y Bernazza, 2003). 
Por el contrario, a diferencia de la polis ateniense, la democracia de los modernos – surgida en 
el siglo XVIII – albergaba a millones de personas en ciudades de distinto tamaño. Se trataba de 
espacios más complejos y heterogéneos que obturaban la posibilidad de replicar la experiencia 
ateniense y que, en paralelo, alentaban a los teóricos a pensar cómo representar a estas nuevas 
sociedades. Así, surgieron nuevas teorías de la democracia, en la que se incorporaron los 
mecanismos de la representación y la dimensión vertical, esto es, la constitución de autoridad, 
de modo que la democracia comenzó a ser pensada como representativa frente a la 
imposibilidad del autogobierno (Iriarte, Vázquez y Bernazza, 2003). Para ello, como destaca 
Sartori (2013), se tomó el método que los monjes de los conventos durante la Edad Media 
empleaban para elegir a sus superiores: el voto secreto, dejando de lado otras modalidades 
como la mano alzada (también llamado voto cantado) o los cargos por sorteo. 
Como advertimos, a diferencia de los antiguos, al concepto de democracia moderna se le 
incorporó la división entre la titularidad y el ejercicio del poder, el principio de la mayoría, el 
constitucionalismo y la representación política. Comenzó a hablarse, entonces, de democracia 
representativa, régimen que acompañó la conformación de un Estado liberal-constitucional. Si 
bien el término liberalismo y su derivado liberal son de cuño relativamente reciente, autores 
como Locke, Montesquieu, Madison, Hamilton, Constant, pasando por Tocqueville y Stuart 
Mill, podrían considerarse liberales en tanto han hablado de un Estado controlado, liberal, 
constitucional. Tocqueville, por su parte, agregó el concepto de democracia social al incorporar 
la idea igualdad (del ethos igualitario). En este sentido, Tocqueville equiparaba libertad e 
igualdad: con la democratización se supone una sociedad cuyo ethos implica que sus miembros 
son socialmente iguales, es decir una sociedad caracterizada por la igualdad de condiciones 
(Iriarte, Vázquez y Bernazza, 2003). 
4 
¿Qué es el Estado? Según Max Weber, sociólogo y economista alemán, el Estado “es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima (...) El Estado es la única fuente del “derecho” a la violencia.” Esta definición ha sido central en la construcción del conocimiento en torno al Estado y las formas políticas desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. 
Para el sociólogo francés Pierre Bourdieu, el Estado reclama para sí no solo el monopolio de la violencia física legítima, sino también simbólica. Esta última arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas “expectativas colectivas” creencias “socialmente inculcadas” que trans orman las relaciones de dominación y de sumisión en relaciones afectivas. El poder simbólico es un poder “invisible”, que no es reconocido como tal, sino como algo legítimo, presupone cierta complicidad activa por parte de quienes están sometidos a él, requiere como condición de su éxito que éstos crean en su legitimidad y en la de quienes lo ejercen (por ejemplo, la escuela, los símbolos patrios). 
Desde el marxismo posestructuralista, el filósofo francés Louis Althusser llama “aparatos ideoló icos del stado” (AI ) a los elementos reguladores y represores de una sociedad creados en dos niveles, el primero contiene a las instituciones gubernamentales como son el gobierno, la administración y la recaudación, y el segundo plano es relativo a las funciones formativas como son la religión, la educación formal en las escuelas, la familia, el arte y las ciencias. A diferencia del “aparato represivo del stado” que funciona mediante la violencia incluso física, los AIE funcionan mediante la ideología. 
Para el filósofo francés Michael Foucault (1992), “Si el poder no fuera más que represivo, si no hiciera nunca otra cosa que decir no, ¿piensa realmente que se le obedecería? Lo que hace que el poder agarre, que se le acepte, es simplemente que no pesa solamente como una fuerza que dice que no, sino que de hecho va más allá, produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos; es preciso considerarlo como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social más que como una instancia negativa que tiene como función reprimir.” 
El mundo de la democracia moderna fue el resultado de un período 
bastante lar o que en eneral se a llamado “el per odo de la Ilustración”, 
en el cual hubo (tal vez mayormente en Francia) críticas a los privilegios, 
al poder absoluto y a la Iglesia. Los actores de la Ilustración defendieron 
la idea de que había algo por encima de la política, lo que preparó el 
terreno para la afirmación de la soberanía popular. Como advierte 
Touraine (2003), si hay una definición fundamental de la democracia es 
que no a otra soberan a uera de la soberan a del pueblo: “Por eso 
considero que el día símbolo del nacimiento de la democracia no es el 14 
de julio cuando toman la Bastilla, sino el 20 de junio cuando los diputados 
di eron una rase amosa “estamos aqu por la voluntad del pueblo no 
saldremos de aqu sino por la uer a de las ba onetas”. No a manera de 
de inir la democracia uera de eso.” 
Podemos señalar que, según la perspectiva de cada autor, la concepción 
moderna de democracia (la democracia liberal) hace alusión a un régimen 
político basado en el poder popular en el sentido que la titularidad del 
poder pertenece al demos en tanto que el ejercicio es confiado a 
representantes elegidos periódicamente por la ciudadanía: el ejercicio del 
poder popular se resuelve, en gran medida, en el poder electoral. Por otra 
parte, la teoría clásica de la democracia liberal presupone que la existencia 
de un mercado y de libertades individuales en el aspecto económico es 
condición para que exista democracia política; esto es, que exista un país 
y un mercado con fronteras (Iriarte, Vázquez y Bernazza, 2003). 
Para esta tradición democrática liberal, el individuo es un sujeto fundante. 
En su calidad de ciudadano, es un sujeto político que hace conocer su 
voluntad para que esta sea parte de la voluntad gobernante. Al menos, 
delibera con el resto de los individuos en igualdad de condiciones para 
lograr decisiones legítimas (Held, 1990). Esta tensión entre el individuo y 
“los otros”, acen de la democracia un cuerpo bicé alo que contiene en s 
misma las libertades del individuo y la soberanía de un pueblo como un 
todo, aun cuando esto signifique resignar libertades individuales – y por lo 
tanto intereses – en pos del bien común (Strasser, 2000). Libertad/ 
igualdad, individuo/ comunidad, ciudadano/ Estado: en la tensión entre 
5 
estos polos se dirime la historia contemporánea de la democracia (Iriarte, Vázquez y Bernazza, 
2003) 
Pero, ¿qué es la democracia?, ¿cómo podemos definirla teórica y conceptualmente? Como 
explica Sartori, la democracia es un concepto difícil de definir, dado que las acepciones deltérmino son múltiples y cambiaron a lo largo de los siglos. Sin embargo, el autor esboza una 
definición: la democracia es un sistema político, en donde el poder del pueblo se ejerce sobre el 
pueblo. El pueblo se convierte así, al mismo tiempo, en sujeto y objeto (Sartori, 2013). 
Podemos señalar, entonces, que la democracia es una forma de gobierno del Estado; una forma 
de organización social y política que contempla también instituciones, vínculos, leyes y 
prácticas; y es un gobierno de mayorías que respeta minorías y libertades individuales. 
Además, como señala el filósofo francés Claude Lefort, la democracia es también una forma de 
sociedad: es una forma política, pero también un modo de vida. 
n “La democracia en 30 lecciones” Sartori (2013) advierte que muy importante entender qué 
es la democracia y también qué no es democracia. En este sentido, la democracia está en contra 
del poder hereditario, del poder adquirido mediante levantamiento armado o de la 
autoproclamación personal en el poder. La democracia en vez de concentrar el poder lo 
distribuye para delegar responsabilidades. De este modo, representa la soberanía del pueblo y 
es secular; a diferencia de la monarquía que representa a Dios. Asimismo, es contraria a la toma 
de decisiones de manera individual, promueve el diálogo y el encuentro intersujetos. 
Para Touraine (2003) el proceso democrático incluye tres elementos básicos e indispensables. 
Primero, que haya expresión clara y libre de demandas apoyadas por una mayoría. Segundo, 
que las instituciones políticas, básicamente los partidos y parlamentos, sean representativos y, 
lo que es un poco más complejo, que respeten ciertas reglas de gobernabilidad (y este es más 
bien el conjunto de los puntos primero y segundo). El tercer elemento es la limitación del poder 
del Estado (o, más bien, del Ejecutivo), no sólo por otras instituciones sino por valores y 
principios aceptados como superiores. Para el filósofo francés Bernard Manin, la naturaleza 
exacta de la representación ha sido objeto de múltiples controversias, pero, más allá de las 
divergencias, hubo acuerdo general sobre un principio, que no hay representación sin elección 
regular de los obernantes por los obernados: “la condición de gobernante no es conferida por 
la unción divina, el nacimiento, la riqueza o el saber, sino únicamente por el consentimiento de 
los gobernados. El principio electivo se inscribe así en la prolongación de la norma 
fundamental del derecho político moderno (...) la norma de la i ualdad de las voluntades” 
6 
(Manin, 1995). La elección es entonces un procedimiento de designación y de legitimación de 
los gobernantes que ha ido progresivamente sustituyendo a otros. 
Es importante destacar que además de un tipo de gobierno, la democracia, como señala Lefort 
(1985), es una forma de sociedad, retomando el sentido que en la Antigüedad le habían dado a 
la noción de “ré imen pol tico”: la constitución, la orma de obierno, pero también un estilo 
de existencia, un modo de vida (Lefort, 1986, cit. en Annunziatta, 2016). Esto trae aparejado lo 
que Le ort (1985) a llamado “parado as de la democracia”, es decir, el poder es del pueblo y 
no es de nadie al mismo tiempo, porque el pueblo empírico, concreto, real, es diverso. En otras 
palabras, no es uno sino múltiple. De modo que como su naturaleza es paradójica, la 
democracia se caracteriza por fallas y ficciones (Annunziatta, 2016). Veamos por qué. Las 
“revoluciones democr ticas” (la Independencia de stados Unidos en 1776 la Revolución 
Francesa en 1789) provocaron un profundo cambio en el estatuto de poder, ya que el poder se 
trans ormó en un “lu ar vac o”, es decir, no podía ser ocupado o encarnado por ninguna 
persona como ocurría en las monarquías donde el rey representaba a su pueblo y la regla 
sucesoria hereditaria hacía que pudiera decirse “muerto el re , viva el re .” Contrariamente, 
como vimos, ahora debía ser repuesto periódicamente: “As , esta mutación simbólica se traduce 
en la pérdida del fundamento trascendente del poder: quienes ejercen la autoridad política son 
entonces simples obernantes, no pueden apropiarse del poder, incorporarlo, ni encarnarlo” 
(Annunziatta, 2016). Es aquí donde comienza la paradoja de la democracia: la democracia 
moderna instituye un pueblo soberano, que se transforma en el nuevo fundamento del poder 
(antes era el re ). Pero en realidad, ese pueblo no existe en nin ún lu ar como “una unidad 
sustancial.” Por ello, la sociedad democr tica es una sociedad dividida, en la que la división es 
constitutiva de su unidad (Lefort, 1985). De esta manera, la democracia conjuga dos principios 
en apariencia contradictorios: el poder emana del pueblo, y el poder no es de nadie. Esta 
paradoja de la democracia se hace sensible, por ejemplo, en el sufragio universal: en el 
momento en que la soberanía se manifestaría como voluntad del pueblo, el ciudadano se vuelve 
un individuo abstracto, una unidad de cálculo y la sustancia es sustituida por el número (Lefort, 
1986, cit. en Annunziatta, 2016). 
Una forma histórica de resolver la paradoja de la democracia fue la instauración de la 
democracia electoral-representativa, como señala el sociólogo francés Pierre Rosanvallon. En 
efecto, las elecciones sustituyeron la sustancia, la unidad -que estarían implicadas en una idea 
de “voluntad eneral”- por el número, es decir, por el principio mayoritario. Paralelamente, la 
democracia electoral-representativa hizo equivaler el momento electoral con la duración del 
7 
TIPOS DE DEMOCRACIA 
Democracia directa 
Democracia indirecta o representativa 
Democracia semidirecta, mixta o participativa. 
mandato. El problema de la temporalidad también deriva del hecho de que 
momentos de reposición periódica del poder (Annunziatta, 2016). 
• Democracia directa: es un tipo de democracia en donde los 
decisiones en nombre de ellos (“el pueblo obierna a través de sus 
representantes”). s decir, se dele a la voluntad de las ma or as en un 
• Democracia semidirecta (también llamada mixta o 
participativa): es un tipo de democracia que pretende conciliar los 
en la democracia el poder sea un lugar vacío; como tal, está atravesado 
por una doble temporalidad: una permanencia y una fractura dada por los 
Tipos de democracia 
La diferencia entre los distintos tipos de democracia depende del modo en 
que se expresa e erce la “voluntad popular”: 
ciudadanos son consultados para todas las decisiones. Es un sistema que 
se basa en el modelo ateniense y supone la consulta o el involucramiento 
directo y presencial de la ciudadanía en la toma de decisiones. En la 
actualidad, el único caso similar es el de dos cantones o provincias de 
Suiza, que se organizan sociopolíticamente en torno a asambleas 
populares. No obstante, organizaciones sociales más pequeñas en tamaño 
(clubes, sociedades de fomento, asambleas, etc.) emplean estas formas 
para la toma de decisiones sobre asuntos cotidianos. 
• Democracia indirecta o representativa: es un tipo de democracia 
en donde los ciudadanos eligen a los representantes que luego tomarán las 
conjunto de representantes elegidos por medio del voto para que ejerzan 
la representación política durante un período determinado previamente. 
Estos representantes son los encargados de tomar las decisiones que 
consideran pertinentes en nombre – y para el beneficio – de sus 
representados. Esta forma de democracia es la predominante en 
Occidente, sobre todo en Europa y el continente americano (Estados 
Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, etc.) 
beneficios de la democracia directa y los de la indirecta. Por un lado, 
confía en la elección libre de representantes políticos que ejercen la 
soberanía en nombre del pueblo. Por otro lado, se reserva a los ciudadanos 
8 
la potestad de controlar o influenciar las decisiones de la dirigencia política. Esto se realiza 
mediante figuras de participación directa como el referendo vinculante, la iniciativa legislativa 
popular, la revocatoria de mandato,los plebiscitos y consultas públicas. Los países de 
democracia indirecta suelen dividirse en Repúblicas y Monarquías parlamentarias. En ambos 
casos se ejerce el poder mediante la elección de representantes políticos para los poderes 
públicos (Legislativo y Ejecutivo, generalmente). No obstante, algunos países si bien son 
democracias representativas tienen mecanismos de democracia semidirecta. En Argentina, por 
ejemplo, existe la posibilidad de incluir iniciativas populares en el tratamiento de leyes. Otros 
países (como Suiza, Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia) han impulsado la revocación de 
mandatos (por ejemplo Ecuador con 21 mandatos revocados). 
Criterios teóricos de un gobierno democrático 
A lo largo de esta historia, fueron diversos los modelos de democracia debatidos desde la 
conformación de sociedades complejas, de masas, con economías de mercado y en donde la 
democracia era pensada en su forma representativa. Señalaremos algunas características de 
algunos de estos modelos, sobre todo los que han prevalecido en el debate contemporáneo: el 
modelo competitivo elitista, el modelo pluralista y la democracia participativa. 
- El modelo competitivo elitista: el economista austro-estadounidense Joseph Schumpeter 
definió a la democracia como “un método para lle ar a decisiones pol ticas, en el que los 
individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencias por el voto 
del pueblo” (Sc umpeter, 1964). Desde esta perspectiva, la democracia se reduce a un método 
electivo mediante el cual el pueblo elige un gobierno, eligiendo un líder. Schumpeter coloca el 
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acento en los líderes – a la inversa de la teoría clásica que lo pone en el pueblo – que se 
proponen y compiten por el libre voto. El pueblo deja de existir como un conjunto de 
ciudadanos racionales, interesados en la cosa pública; ahora está compuesto por personas que 
sólo son racionales en los asuntos en los que tienen responsabilidad directa. La esfera de la 
política está alejada de sus responsabilidades directas y en ésta actuarán irracionalmente con 
excepción de los líderes, quienes son los actores racionales. El votante no es un maximizador 
de beneficios ni un votante racional sino un consumidor irracional, manipulado por la 
propaganda. Es el liderazgo el que despierta, organiza y estimula a los grupos y sus intereses. 
La democracia, según esta perspectiva, queda reducida a la competencia por el liderazgo, donde 
los líderes se constituyen en el nuevo eje del proceso político. Los representados, salvo cuando 
tienen la posibilidad de votar, no cuentan con otra instancia de participación. Su conocida 
de inición señala que “el método democr tico es aquel mecanismo institucional para lle ar a 
decisiones políticas en las que algunas personas adquieren el poder de decidir mediante una 
lucha competitiva por el voto popular” (Iriarte, V que Berna a, 2003). 
- El modelo pluralista: Robert Dahl, politólogo norteamericano, es el autor más representativo 
de la teoría pluralista de la democracia. Señala que la democracia es un ideal imposible de 
realizar en la práctica y por ello debe descartarse el término “democracias reales”. Lo que 
existe son “pr cticas reales” o “poliarqu as”, es decir, combinaciones de lidera os con control 
de los no líderes sobre los líderes, regímenes cuyos actos presentan una correspondencia con 
los deseos de muchos de sus ciudadanos durante un largo período de tiempo. El término 
poliarquía incluye a una gran variedad de organizaciones que, difiriendo entre sí, serán 
llamadas comúnmente democracias. Algunas de sus características son: 1) que el control de las 
decisiones gubernamentales sobre las medidas oficiales le corresponde a funcionarios electos; 
2) los funcionarios electos son elegidos y luego sustituidos por elecciones libres relativamente 
frecuentes; 3) en esas elecciones tienen derecho a votar prácticamente todos los adultos; 4) 
también tienen derecho a ocupar cargos presentándose como candidatos; 5) los ciudadanos 
gozan del derecho de libertad de expresión; 6) tienen acceso a diversas fuentes de información; 
7) tienen derecho a formar asociaciones políticas que procuran influir en el gobierno 
rivalizando en las elecciones. Las poliarquías se dan en sociedades pluralistas, lo que presupone 
el reconocimiento de la dispersión en el poder, la presencia de ciudadanos con distintos 
intereses con posibilidad de agruparse libremente, la existencia de grupos de interés libres, 
competitivos. Los protagonistas, en este caso, más que los líderes son los grupos de interés, 
donde los no líderes controlan a los líderes (Iriarte, Vázquez y Bernazza, 2003). 
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Según Dahl (1999), estas características sirven para responder otra pregunta: ¿por qué la 
democracia? Desde su perspectiva, la democracia: evita la tiranía, garantiza derechos 
esenciales, asegura un mayor ámbito de libertad personal, ayuda a las personas a proteger sus 
intereses fundamentales, permite el ejercicio de la libertad de autodeterminarse (vivir bajo leyes 
de su propia elección), favorece el ejercicio de la responsabilidad moral, promueve el 
desarrollo humano, fomenta más igualdad política, evita las guerras entre democracias 
representativas modernas, tienden a más prosperidad que los países no democráticos. 
- Democracia participativa: una tercera visión la constituyen los teóricos que, críticos del 
elitismo y el realismo político, ponen el acento en la participación como valor central capaz de 
contrarrestar la tendencia “oli rquica” del sistema pol tico. Bac rac , Macp erson Pateman 
afirman que la poca participación y la desigualdad social están íntimamente unidas: para que 
haya una sociedad más equitativa es necesario un sistema político más participativo. Rescatan 
la dimensión de la democracia que hace referencia a la participación de los ciudadanos en el 
proceso de toma de decisiones. La democracia no sería entonces sólo un método: posee una 
dimensión ética, implica una dimensión amplia de lo político que abarca no sólo las 
instituciones representativas gubernamentales sino aquellos espacios en los que se toman 
decisiones que afectan los valores sociales (Iriarte, Vázquez y Bernazza, 2003). 
Ahora bien, estos criterios y modelos ¿son aplicables a todos los gobiernos de Estado?, ¿es 
posible, por ejemplo, aplicarlos a las democracias de América Latina?, ¿o debemos pensarlos 
solo como tipos ideales? Algo es claro: no deben ser extrapolados a todas las experiencias 
democracias occidentales, ya que las realidades sociales, las tradiciones políticas y las praxis 
son históricas y, por tanto, distintas. No obstante, pueden servirnos de guía y paralelamente, 
nos permiten reflexionar sobre su factibilidad o no, sobre sus alcances y sus limitaciones. 
La interrupción del orden democrático en la Argentina del siglo XX 
A lo largo del siglo XX, en Argentina se registraron cinco momentos de interrupción del orden 
democrático (golpes de Estado) de carácter cívico-militar (es decir, con participación y 
anuencia de un sector de la sociedad). En todos los casos, el Congreso y las legislaturas fueron 
clausuradas, fueron revocados todos los cargos electos (gobernadores e intendentes), 
suspendidas las elecciones y las garantías constitucionales. Observemos algunas de sus 
características generales: 
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El Gral. Uriburu lideró el golpe de 1930 que destituyó a Yrigoyen de la presidencia de la nación. 
Los generales Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez saludan a la multitud en Plaza de Mayo el 4 de junio de 1943 
El General Eduardo Lonardi el día que asumió el poder en 1955. 
- El golpe de Estado de 1930. Comandado por el Gral. Uriburu, este 
primero de la historia argentina – dio inicio a los gobiernos de los años 
treinta, conocidos por la apelación al denominado “ raude patriótico” a 
otras prácticas de violencia política, pero también a notables procesos de 
Rawson y Pedro Pablo Ramírez y el vicealmirante Sabá H. Sueyro. La 
presidencia, asumida de inmediato por el general Rawson, fuemuy fugaz 
ya que a los pocos días lo reemplazó el general Ramírez. Poco después, el 
general Edelmiro J. Farrell, que era su ministro de Guerra, tomó su lugar, 
Lonardi dirigía las operaciones desde Córdoba, mientras el puerto de Mar 
del Plata era sometido a un intenso bombardeo naval. Si Perón no dimitía, 
golpe de carácter c vico militar (denominada “Revolución de 1930”) 
derrocó en septiembre de ese año al gobierno democrático de Hipólito 
Yrigoyen (que cursaba su segundo mandato). El contexto general del 
golpe era la profunda crisis financiera internacional que repercutió 
fuertemente en el plano social y económico local. El golpe de 1930 – el 
modernización territorial, económica y estatal. 
- El golpe de Estado de 1943. En 1943 debían celebrarse comicios para 
elegir al nuevo presidente y se descontaba un nuevo fraude electoral que 
llevaría a la presidencia a un cuestionado empresario conservador, 
Robustiano Patrón Costas, asegurando la continuidad y profundización 
del régimen conservador de los años treinta. Esto fue motivo para poner 
fin al gobierno del presidente Ramón S. Castillo. El golpe de 1943 fue 
promovido por una Junta Militar integrada por los generales Arturo 
designando al coronel Juan Domingo Perón (hasta entonces titular del 
Departamento Nacional del Trabajo, secretario de Trabajo y Previsión), 
ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Comenzaba para el país 
una nueva historia con el inicio de la política social argentina a través del 
justicialismo. 
- La Revolución Libertadora (1955). Este golpe cívico-militar derrocó al 
segundo gobierno del Perón el 16 de septiembre. El general Eduardo 
sería el puerto de Buenos Aires el nuevo blanco de los sediciosos. 
Finalmente, Perón renunció y se refugió en la embajada de Paraguay y 
desde allí abandonó el país a bordo de una cañonera de esa bandera. 
12 
Tapa del Diario Crónica – Asunción de Onganía. 
Agustín Tosco, secretario general de Luz y Fuerza, fue uno de los líderes del“Cordobazo” (1969), la insurrección popular que enfrentó a la dictadura de Onganía. 
Jorge Rafael Videla saluda a una multitud (1976). 
Pintadas en contra de la Libertadora. 
Lonardi fue designado presidente provisional. Se inició un fallido proceso 
- La Revolución Argentina (1966). De una naturaleza distinta a los 
golpes anteriores, su objetivo no era plantear un paréntesis para llamar a 
(como el “Cordoba o” en 1969) se potenció el ortalecimiento 
- El Proceso de Reorganización Nacional (1976). El régimen militar 
iniciado en 1976 no es una experiencia aislada sino la expresión más 
álgida de las intervenciones militares anteriores. El 24 de marzo de 1976, 
lo siguieron Roberto Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo 
Bignone. La instauración de este gobierno de facto tuvo consecuencias 
de “desperoni ación”, la proscripción del peronismo (hasta 1973) y, en 
paralelo, comen ó la llamada “resistencia peronista.” Los años si uientes 
se debatieron entre la reconstrucción del orden político, nuevas 
intervenciones militares y el regreso de Perón. 
elecciones, sino la imposición por parte de las Fuerzas Armadas de una 
serie de tiempos a la política nacional. En efecto, se trata de nuevo 
formato de intervención, que deja de ser transitorio entre un poder civil y 
otro, para estar fundado en un proyecto refundacional de la política y la 
sociedad, con metas sin plazos, orientado a institucionalizar la función 
tutelar de la corporación militar en el Estado. La “Revolución Ar entina” 
derrocó al gobierno de Arturo Illia e impuso como presidente a Juan 
Carlos Onganía. Este período se caracterizó por insurrecciones populares 
clandestino del peronismo. Las organizaciones armadas, además, 
ensayaron sus primeras acciones entre 1968 y 1970, dando inicio a una 
etapa de violencia armada y la aplicación de la Doctrina de Seguridad 
Nacional. 
las Fuerzas Armadas integrada por las tres armas (Ejército, Marina y 
Aeronáutica) derrocaron al gobierno de Isabel Perón con el objetivo de 
combatir la “corrupción” la “subversión.” La primera Junta Militar 
estuvo integrada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo 
Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Aviación). Finalmente, el 
encargado de desempeñar la función de presidente fue Videla hasta 1981, 
sociales, políticas y económicas de gran magnitud. Además del 
“terrorismo de stado” la sistem tica violación a DDHH (que inclu ó, 
13 
Primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, 30/04/1977. 
Retorno de la democracia. El presidente Raúl Alfonsín saluda a una multitud reunida en la Plaza de Mayo. 
entre otras cuestiones, crímenes de lesa humanidad, el secuestro, tortura y 
interna de la Junta Militar y de una situación económica y social crítica, se 
nuestras miradas que permanentemente visiten y revisiten sus alcances y 
sus límites, su historia, sus quiebres, sus renaceres. Eso también es parte 
del deber de ser ciudadano. 
desaparición de miles de personas), el plan económico de la dictadura 
promovió una política de endeudamiento, estatización de deudas privadas, 
la caída de la producción nacional y la apertura económica que atentó 
contra la industria. Estas políticas incrementaron notablemente la pobreza en el país, que pasó de 5,8% en 1974 a 37,4% en 1982.7 La derrota en la 
guerra de Malvinas en junio de 1982, en el marco de una gravísima crisis 
considera el inicio del fin de la dictadura (Franco, 2015). 
Resulta importante, en tanto miembros de la sociedad, conocer la 
importancia de la democracia – aun con todas sus limitaciones – y 
también la necesidad de resguardarla. La democracia no es un proceso 
natural, sino que es un proceso histórico, social, cultural y político, es 
como decíamos anteriormente, una praxis. En tanto hecho, requiere de 
¿Qué es la ciudadanía y quiénes son ciudadanos? 
“La ciudadanía es un concepto que se ha construido por medio de un 
proceso histórico – social, es decir, se inserta en dos dimensiones espacial 
y temporal, las cuales están en interacción permeando la configuración de 
esta misma en función de intereses políticos, económicos, sociales y 
culturales” (Lópe Ponti o, 2013). n tal sentido, el concepto de 
ciudadanía puede ser entendido a partir de dos perspectivas. La primera 
concibe a la ciudadanía como un status por el cual todos los ciudadanos 
son iguales en derechos. De modo que la ciudadanía es entendida como 
un conjunto de derechos, deberes y obligaciones civiles y políticos, 
asignados a partir de la pertenencia a una determinada comunidad. 
Para el sociólogo francés Alain Touraine (2001) la ciudadanía es 
conferida a los individuos por pertenecer a una comunidad, la cual se 
7 Según datos de la CEPAL: https://www.cepal.org/es/publicaciones/10851-la- distribucion-ingreso-argentina-1974-2000 
14 
define por derechos y garantías y, por ende, por las diferencias reconocidas con aquellos que no 
pertenecen a esa comunidad. Desde esta mirada el ciudadano es el resultado de un largo 
proceso de construcción y de luchas por el reconocimiento de los derechos, la dimensión social 
y cultural de la ciudadanía; es una elaboración refinada de un modo de vida bueno con los 
demás que demanda la interiorización de una serie de valores y pautas de comportamiento de 
cooperación, solidaridad, tolerancia, resolución pacífica de conflictos y utilización del diálogo 
(Sánchez Gómez, 1999). 
Según una tipología clásica planteada por T. H. Marshall, los derechos adquiridos a través de la 
historia pueden dividirse de la siguiente manera, de acuerdo las reivindicaciones que persiguen 
y que pretenden consagrar: 
• Derechos civiles: Surgieron a lo largo del siglo XVIII y se caracterizan por la inclusión 
gradual de nuevos derechos en un estatus ya existente que se considera propio de todos 
los miembros adultos de la comunidad. Hacen referencia a los derechos necesarios para 
la libertad (por ejemplo, derechos de libertad física, de palabra, pensamiento, religión, a 
poseer títulos de propiedad, igualdad ante la ley, el derecho a un juicio natural y aun 
proceso formal, libertad de asociación y opinión , a establecer contrato y a residir 
libremente). 
• Derechos políticos: Comenzaron a gestarse en el siglo XIX, cuando los derechos 
civiles vinculados al estatus de libertad habían ganado ya la sustancia suficiente para 
hablar de un estatus general de ciudadanía. Se conciben como aquellos que permiten 
participar en el ejercicio del poder a través del sufragio (elegir y ser elegidos y 
participar en política). 
• Derechos sociales: Comenzaron a configurarse en el siglo XX y hacen referencia al 
derecho a la educación pública, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a un empleo y 
salario justo, a la protección social, etc. La fuente original de los derechos sociales es la 
pertenencia a las comunidades locales y las asociaciones funcionales. 
Como advierte Borja (2001), al siglo XXI le corresponderían, posiblemente, los llamados 
“derechos de cuarta generación”, los vinculados a la sostenibilidad, medioambiente y calidad 
de vida. 
En la práctica, los derechos civiles, políticos y sociales aún plantean reivindicaciones de 
igualdad, ya que en muchos casos no están del todo completos. Por ejemplo, en algunos casos 
son derechos más programáticos que reales (trabajo, vivienda, sanidad, etc.) y algunas veces 
15 
retroceden debido a las crisis financieras del sector público. Asimismo, hay enormes falencias 
en cubrir derechos vinculados a las nuevas realidades tecnológicas, territoriales y económicas, 
como el acceso a las TIC ́s (tecnologías de información y comunicación), las formas de 
participación en el gobierno de los nuevos territorios urbanos-regionales o la regularización de 
las decisiones económicas y financieras de los grupos empresariales supranacionales (Borja, 
2001). 
La segunda perspectiva asociada al concepto de ciudadanía remite a las acciones y los discursos 
más que al status de derechos, como vimos hasta ahora. En este sentido, la ciudadanía es 
entendida como expresión de una tensión social que en un determinado momento se materializa 
en un concepto pol tico: “el sistema de inclusión/exclusión, propio del status de ciudadanía no 
es de carácter lógico sino histórico, y la frontera que separa el adentro y el afuera de esta 
pertenencia pol tica es ob eto de luc a ob eto de trans ormaciones” (Balibar, 1992, cit. en 
Villavicencio, 2003). De esta manera, se entiende a la ciudadanía como un modo de acción y 
no un modo de ser. En otras palabras, se es ciudadano por la actividad en la esfera pública 
ligada a otros ciudadanos más que por su pertenencia comunitaria (identidad étnica, 
confesional, nacional o cultural). 
En síntesis, intentando unir ambas perspectivas, los ciudadanos son seres políticos modernos 
poseedores de un conjunto de derechos y obligaciones que determinan no sólo la pertenencia a 
una comunidad nacional; sino la participación en la vida social y las acciones que permiten el 
ejercicio sobre el espacio público. Sin embargo, si bien todos los ciudadanos tienen los mismos 
derechos, los ejercen de manera diferente. 
Como vimos, el ciudadano es un ser político, pero también está conformado por una dimensión 
social y moral. En este sentido, la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico 
o un ejercicio lineal de los estatutos jurídicos, legales o políticos. Por el contrario, debe ser 
entendida como una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad y 
como una manera de comprender las relaciones de poder entre ellos (Gimeno, 2003). Se trata, 
entonces, de comprender y asumir la ciudadanía como una forma de vida o cultura que hay que 
practicar en sociedad en los diversos espacios de interacción (López Pontigo, 2013). Touraine 
acuñó el concepto “ciudadano democr tico” interpretado desde la acepción de “su eto”, es 
decir, un individuo-actor capaz de construir proyectos de vida propios, ser agente participante y 
potencialmente transformador de su medio social y/o cultural. Las posibilidades para la 
realización de dicho sujeto dependen, por un lado, de las condiciones de la democracia 
16 
entendida fundamentalmente como voluntad y cultura democrática, así como de los modos de 
educación tendientes a la formación del juicio moral en seres humanos en desarrollo. 
Es importante señalar que la ciudadanía es un concepto evolutivo, dialéctico: entre derechos y 
deberes, entre status e instituciones, entre políticas públicas e intereses corporativos o 
particulares. La ciudadanía es un proceso de conquista permanente de derechos formales y de 
exigencia de políticas públicas para hacerlos efectivos. En efecto, la evolución de los derechos 
que configuran la ciudadanía ha sido el resultado de un triple proceso: social o sociopolítico (de 
movilización de los sectores demandados); cultural (de legitimación de las reivindicaciones y 
de los valores que las justifican); y político-jurídico o institucional (de legalización y de nuevas 
políticas públicas). Asimismo, no es posible desvincular la conquista de derechos de los 
deberes, como por ejemplo el voto, el deber de garantizar la asistencia de los niños y jóvenes a 
la escuela, la relación entre el salario y las tareas de carácter social, etc. De esta forma, el 
carácter dinámico o histórico de la ciudadanía, de los derechos y deberes que configuran el 
status y la dialéctica entre el conflicto sociocultural y los cambios legales y políticos que llevan 
al desarrollo de la ciudadanía (Borja, 2001). 
Cabe destacar que ciudadanía no es sinónimo de nacionalidad. En efecto, la nacionalidad puede 
ser definida como un atributo jurídico que señala al individuo como miembro de un pueblo 
constitutivo de un Estado. Es decir, el vínculo legal que relaciona a un individuo con el Estado 
(Closa, 2002). En otras palabras, la ciudadanía hace referencia a la participación directa o 
indirecta en la gestión de la sociedad, mientras que la nacionalidad designa la pertenencia a un 
Estado que, como vimos, está definido en gran medida por su territorialidad (López Pontigo, 
2013). 
Democracia y ciudadanía en Argentina 
En Argentina, la condición de ciudadanos fue regulada jurídicamente desde los inicios de la 
organización nacional, a mediados del siglo XIX, en donde se determinó quiénes serían 
considerados como tales. En 1857 se sancionó la primera ley en esta dirección, que establecía 
una distinción entre argentinos y ciudadanos a efectos del goce y ejercicio de los derechos 
políticos. Se consideraba argentinos a todas las personas nacidas en el territorio argentino, los 
hijos de padre y madre argentinos nacidos en el extranjero y los extranjeros naturalizados 
conforme al art. 20 de la Constitución Nacional de 1853. Por otra parte, eran ciudadanos los 
argentinos mayores de 21 años. Pero la ley básica, vigente con modificaciones es la ley No 346 
que establece el ejercicio de los derechos políticos a partir de los 18 años y la adquisición de la 
nacionalidad según el principio de ius soli, o sea por nacimiento en el territorio nacional, sin 
17 
perjuicio de la adquisición por naturalización de acuerdo a esta ley y concordantes. En el año 
1971 se firmaron convenios de doble nacionalidad con Italia y España, considerando el sistema 
de ius sanguinis de estos dos países, o sea que su legislación establece la adquisición de la 
ciudadanía según la nacionalidad de los ascendientes, aunque se haya nacido en otro país. 
La primera ley electoral argentina se promulgó en Buenos Aires en 1821 y establecía el 
sufragio universal masculino, voluntario, para todos los hombres libres de la provincia mayores 
de 21 años. Como explicó la historiadora Hilda Sabato, en otras regiones de América Latina el 
sufragio implicó una lucha de varias décadas, un punto de llegada. Por el contrario, en 
Argentina, desde el inicio de la vida independiente, el voto popular fue una premisa, un punto 
de partida. Esto fue así porque la política se definía en las calles y gobernaba aquel que lograba 
juntar la fuerza necesaria para imponerse. La historia del sufragioen la Argentina conoce dos 
carriles paralelos: una cosa son los derechos y otra, la realidad efectiva, ya que si bien el 
derecho a votar quedó establecido tempranamente, lo cierto es que muy poca gente participaba 
en los comicios. Por ejemplo, en la primera elección en Buenos Aires sobre un total de 60 mil 
personas habilitadas para votar, sólo lo hicieron 300 (Wischñevsky, 2012). 
La Constitución de 1853 dejó un vacío jurídico respecto al sistema electoral. Poco tiempo 
después, las elecciones constituyeron la fuente de legitimidad de los gobiernos aunque votaran 
pocos e incluso se supiera que eran fraudulentas o estaban teñidas de prácticas violentas e 
irregulares. El modo de instrumentación lo explica Domingo F. Sarmiento a su amigo Oro en 
una carta que le escribe aludiendo a las elecciones de 1857: 
Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente, han 
dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y 
encarcelamos como unos veinte extranjeros complicados en una supuesta conspiración; algunas bandas 
de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los 
mazorqueros; en fin: fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios que 
el día 29 triunfamos sin oposición (Carta de Sarmiento a Oro, cit. en Wischñevsky, 2012). 
Según advierte Pilar González Bernaldo (1999), el interés de las elites no radicaba en permitir 
una mejor representación de los ciudadanos, sino garantizar el triunfo de quienes los dirigían. 
De esta manera, el voto estaba vaciado de contenido democrático (e incluso igualitario), dado 
que en lugar de promover la participación real de la ciudadanía se restringía a hacer una 
verdadera puesta en escena, que favorecía la conciliación del principio de sufragio universal 
con las verdaderas bases del poder, a través del fraude, que era la verdadera instancia de 
selección. Esa selección, por supuesto, no era llevada a cabo en un contexto de respeto por las 
libertades electorales y la neutralidad estatal. Por el contrario, se encontraba dentro de lo que 
18 
El voto masculino, secreto y obligatorio consagró a la fórmula de la Unión Cívica Radical (UCR) integrada por Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna (Archivo General de la Nación. 
Las urnas de las primeras elecciones (Biblioteca Nacional) 
La asunción de Yrigoyen (1916). 
Natalio R. Botana cali icó como de “representación invertida”: para este 
Si bien podemos señalar que las presidencias previas a la sanción de la ley 
Sáenz Peña (1912) entendían a las elecciones como una gran puesta en 
escena ya que los resultados se decidían a través de acuerdos de cúpulas, es necesario comprender su importancia material y simbólica.8 En efecto, 
masculino y obligatorio para argentinos y naturalizados mayores de 18 
restante. Otro u otros partidos quedaban excluidos de obtener 
sistema no era la sociedad la representada en el régimen político, sino la 
propia elite dirigente, que en la práctica imponía al personal político a 
través del ejercicio del fraude y la coacción. En este marco, las elecciones 
tuvieron un rol limitado en la mediación entre la sociedad civil y el poder 
político. No obstante, hubo otras instancias de mediación que se 
desarrollaron a lo largo del siglo: la prensa escrita, el asociacionismo y la 
movilización social (Wischñevsky, 2012) 
a pesar de sus limitaciones, las elecciones tuvieron una especial relevancia 
en el proceso de legitimación del régimen político, dado que eran 
aceptadas por todos como el mecanismo más idóneo de selección de 
autoridades. 
La ley Sáenz Peña y la ampliación de la ciudadanía (1912) 
La Ley Sáenz Peña, el nombre con el que se conoce a la ley No 8.871, 
estableció el voto secreto, individual (prohibía el voto grupal) universal 
años, previamente inscriptos en un padrón electoral, quedando 
exceptuados los mayores de 70 años. Al Ejército se le confió la tarea de 
fiscalizar el desempeño del acto electoral, que antes estaba en mano de 
policías provinciales o locales que obedecían a un dirigente. Además se 
estableció el llamado sistema de lista incompleta: el partido más votado 
obtenía dos tercios de los cargos en cuestión y la fuerza segunda, el tercio 
representación. La ley excluyó del derecho de ciudadanía a las mujeres, a 
los varones extranjeros no nacionalizados, y a los argentinos nativos o 
naturalizados que habitaban en los Territorios Nacionales. También dejó 
8 La participación popular era muy escasa: por ejemplo, Urquiza se coronó presidente con el uno por ciento de los que podrían haber votado. En 1862, Mitre consiguió la presidencia con el uno por ciento. Julio Argentino Roca llegó al 2 por ciento en 1880. 
19 
EL VOTO FEMENINO 
“Según una entrevistada, su marido le decía ‘votá a tal o a cual’ y ella le hacía caso porque ‘no le podía eh... pelearle o llevarle la contra [...] porque no tenía ninguna idea política... ¿entendés? Y no me... no me interesaba’. Al ser requerida acerca de si pensaba que al entrar en el cuarto oscuro tenía la posibilidad de votar a quien ella quisiera, responde: ‘No tenía tampoco ni a quién a lo mejor votar, que no fuera el que él me decía. Porque siempre pensaba: ‘bueno, que si él me lo decía por ahí estaba bien... (...) otras entrevistadas encontraron en el carácter secreto del voto la posibilidad de fugarse de las imposiciones masculinas y votar libremente” (Adriana Valobra, “La ciudadanía política de las mujeres y las elecciones de 1951”) 
De esta manera, se evidencia como ese derecho significó para las mujeres no solo la posibilidad de expresarse políticamente, sino de comenzar a romper con los cánones normativos de las familias. El derecho político adquirido, expresado de forma privada e individual en el cuarto oscuro, se encarnó en las relaciones personales de poder y las puso en jaque. 
afuera a los religiosos, los soldados, los detenidos por juez competente y 
incapaces de escribir). Pese a sus restricciones, la ley Sáenz Peña colocó a 
Argentina dentro del reducido grupo de países que, en el mundo de 
entonces, permitían el ejercicio libre del derecho de ciudadanía, una 
apertura democratizante (Ansaldi, 2016). 
La obligatoriedad del voto (que ten a como ob etivo “consa rar” 
ciudadanos) incrementó significativamente los hasta entonces bajos 
niveles de participación electoral y puso fin a prácticas como el voto 
cantado o el voto múltiple, que facilitaban diversas formas de coerción 
sobre los electores por parte de los patrones o caudillos locales. En las 
primeras elecciones presidenciales bajo el marco de la nueva legislación 
(1916) la opción oficialista resultó inesperadamente derrotada, 
erigiéndose como presidente el candidato de la Unión Cívica Radical, 
Hipólito Yrigoyen. Como advierte Ansaldi (2016), pese a sus 
limitaciones, la ley Sáenz Peña implicó una apertura democrática que 
puso fin a la etapa de dominación oligárquica. 
Un segundo momento en la adquisición de derechos políticos: el voto 
femenino 
El 11 de noviembre de 1951, las mujeres argentinas votaron por primera 
vez, luego de que en septiembre de 1947 se aprobara la ley N° 13.010. Sin 
embargo, ese fue el final de un recorrido más largo y complejo. En efecto, 
si bien fue durante el gobierno de Juan Domingo Perón que fue 
promulgada la ley, antes del peronismo hubo un fuerte movimiento 
sufragista. 
El movimiento sufragista estuvo caracterizado por la heterogeneidad de 
sus integrantes, partícipes también de otros movimientos o partidos, que 
los llamados incapaces de ejercer sus derechos (dementes, sordomudos 
se reunieron en función de distintos intereses comunes por la protección 
de derechos laborales para las mujeres, acceso a la educación, derechos 
civiles y políticos, entre otros aspectos (Valobra, 2019). Esto se dio en el 
marco del surgimiento de movimientos sufragistas en todo el mundo. En 
1889 Cecilia Grierson (la primera médica graduada en Argentina) 
20 
Militantes mujeres del PartidoSocialista. 
El movimiento sufragista se expandió por todo el mundo a fines del siglo XIX. 
participó del Segundo Congreso Internacional de Mujeres en Londres y en 
y legalidad: nadie se encuentra obligado por aquello que la ley no manda 
ni privado por lo que ella no prohíbe (Valobra, 2008). De este modo, se 
De este modo, las mujeres no podían reclamar un derecho por un deber 
que no cumplían. Una vez más, Lanteri intentó doblegar esas 
septiembre de 1900 fundó el Consejo de Mujeres. En 1907 la socialista 
Alicia Moreau de Justo creó el Comité Pro-Sufragio Femenino. En 1910, 
Buenos Aires fue elegida como sede del Primer Congreso Femenino 
Internacional, del cual participaron delegadas de Uruguay, Paraguay y 
Chile, en donde se reclamó el derecho de las mujeres a votar. 
Otra de las pioneras del sufragismo argentino fue Julieta Lanteri quien 
logro, luego de un renombrado juicio, tanto su carta de ciudadanía (era 
italiana de nacimiento) como su inscripción en el padrón municipal en 
1911. En efecto, a través de la ciudadanía logró el reconocimiento al voto 
por aplicación de la Constitución, que establecía un principio de clausura 
transformó en la primera mujer de Sudamérica en ejercer el derecho al 
voto en las elecciones municipales celebradas el 26 de noviembre de 
1911. Pero un año después, la ley Sáenz Peña impuso un nuevo límite a 
las mujeres ya que las excluía al restringir el derecho al sufragio al deber 
del servicio militar (votaban aquellos que estaban en el padrón militar). 
imposiciones y solicitó ser incluida en el padrón militar para realizar la 
conscripción y, por ende, obtener derechos políticos. No obstante, su 
pedido ue rec a ado a que “tomar las armas” era una ar ucia de 
inhabilitación a las mujeres, “pues no accedían a la ciudadanía política por 
no ser soldados y no eran soldados porque no eran varones. Así, mientras 
algunos grupos afirmaban la voluntad de ampliar los derechos políticos, 
las posiciones hegemónicas eran reticentes a ello” (Valobra, 2008). 
En 1911 el diputado socialista Alfredo Palacios había presentado el 
primer proyecto de ley de voto femenino en el Parlamento Nacional. El 
proyecto de Palacios ni siquiera fue tratado sobre tablas, ya que las 
mujeres eran consideradas incapaces por el Código Civil de 1871. En 
1919 Lanteri lanzó su candidatura a diputada nacional por la Unión 
Feminista Nacional y contó con el apoyo de Alicia Moreau de Justo y 
21 
Julieta Lanteri fue médica y militante feminista por el derecho al voto de las mujeres. En un texto, señalaba: “Mientras que el hombre piensa, estudia y trabaja, y jamás siente saciedad del saber, ¿por qué la mujer se detiene? De ninguna manera debe admitir esto y la prueba está en que un despertar placentero se manifiesta en las vidas de las mujeres en general, y las hace entrar de lleno en la evolución y el progreso.” 
Eva Perón fue una de las artífices del voto femenino. 
Afiche invitando a empadronarse 
Elvira Rawson. El resultado fue escaso pero de gran importancia en 
debatido a comienzos de septiembre de 1932. En apoyo a este proyecto de 
ley llegaron al Congreso Nacional alrededor de 95.000 boletas electorales 
firmadas por mujeres de todo el país bajo la siguiente consigna: “Creo en 
la conveniencia del voto consciente de la mujer, mayor de edad y 
ar entina. Me comprometo a propender a su ma or cultura.” D as después 
la Cámara Baja dio media sanción a la ley propuesta por Bravo que 
facultaba a las mujeres para votar, pero no consiguió el mismo destino en 
la Cámara Alta. 
altoparlantes, va di o: “Mu eres de mi Patria, recibo en este instante, de 
de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses 
creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.” Las 
términos simbólicos, ya que obtuvo 1.730 votos. Recién en 1926, por la 
Ley N° 11.357 alcanzaron la igualdad legal con los varones aunque esa 
igualdad, que estaba muy lejos de ser respetada en los hechos, era tan 
relativa que no incluía el derecho al voto ni la patria potestad compartida. 
No obstante, en abril de 1928, por impulso de Aldo Cantoni, las mujeres 
sanjuaninas se convirtieron en las primeras en votar en todo el país en 
elecciones provinciales. 
En 1929 el diputado socialista Mario Bravo (compañero de Palacios) 
presentó un nuevo proyecto que, por el golpe de 1930, recién pudo ser 
El 9 de septiembre de 1947 finalmente se sancionó la ley N° 13.010 que 
establecía en su primer artículo: “Las mu eres ar entinas tendr n los 
mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que 
les acuerdan o imponen las le es a los varones ar entinos.” D as después, 
miles de personas se reunieron en Plaza de Mayo para escuchar el 
discurso que Juan Domingo Perón dio junto a Eva Duarte. Por 
manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos 
cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la certeza de que lo hago, en 
nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo, 
jubilosamente, que me tiemblan las manos al contacto del laurel que 
proclama la victoria.” Remarcó, además, que se trataba de una “victoria 
mujeres presentes en la Plaza de Mayo cantaban: “Las muc ac as 
22 
Mujeres hacen fila para votar por primera vez, 1951. 
Eva Duarte de Perón deposita su voto por primera y última vez en las elecciones de 1951 - Pinélides Fusco. 
peronistas, con Evita triunfaremos, y con ella brindaremos nuestra vida 
como vimos, existía una experiencia política previa de las sufragistas, de 
las mujeres en los partidos de izquierda, en los sindicatos, en la defensa de 
defendieron fuertemente la idea de que la participación política de la 
mujer iba a asegurar una sociedad más igualitaria, más sólida, establecida 
por Perón ¡Viva Perón! ¡Viva Perón!”. ran las estro as del imno “Evita 
Capitana”, que emulaba los acordes de la marcha peronista. 
Cabe destacar que, como ha señalado la historiadora Silvana Palermo 
(2007), si el peronismo tuvo tanto éxito en capitalizar esta participación 
política femenina no fue sólo por el mérito de Perón y Evita. En realidad, 
sus or ani aciones, por me ores condiciones de traba o: “ se capital 
existía y se construyó en la Argentina en el mundo del trabajo desde fines 
del siglo XIX. Las familias obreras estaban fuertemente politizadas. La 
uel a erroviaria nacional de 1917, la uel a de la construcción del ’36, 
son uel as de amilias obreras” (Palermo, 2006). En el debate 
parlamentario de 1932, por ejemplo, fueron los socialistas los que 
sobre principios más justos. 
La ciudadanía en el siglo XXI y la democracia ambiental 
Como hemos visto, la ciudadanía es un status, es decir, un reconocimiento 
social y jurídico por el cual una persona tiene derechos y deberes por su 
pertenencia a una comunidad, en general, de base territorial y cultural. 
Los “ciudadanos” son iguales entre sí y en la teoría no se puede distinguir 
entre ciudadanos de primera, de segunda, etc. (aunque en la práctica no 
siempre sea así). En el mismo territorio, sometidos bajo las mismas leyes, 
todos deben (o deberían) de ser iguales. De este modo, la ciudadanía 
acepta la diferencia, no la desigualdad (Borja, 2001). Como advierte Borja 
(2001): “la ciudadanía se origina en las ciudades, caracterizadas por la 
densidad, la diversidad, el autogobierno, las normas no formales de 
convivencia, la obertura al exterior. Es decir, la ciudad es intercambio, 
comercio y cultura. No es solamente “urbs”, es decir, concentración física 
de personas y edificios. Es “civitas”, lugar del civismo, o participación en 
los quehaceres públicos. Es “polis”, lugar de política, de ejercicio de 
23 
poder.” 
La ciudadanía tal como se configuró en el siglo XX se basaba en un conjunto de premisas que 
hoy cabe relativizar. De hecho, los derechos que configuran la ciudadanía actual son más 
complejos que en el pasado y deben adecuarse a poblaciones mucho más diversificadas, 
individualizadas y globalizadas. La tipología de derechos simples heredados de la tradición 
democrática (tanto liberalcomo socialista, del siglo XVIII hasta ahora) no alcanza para dar 
respuesta a las demandas de nuestra época. En efecto, Borja enumera algunos de estos derechos 
complejos (también llamados “de cuarta generación”) y su pasaje evolutivo: 
• Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad. 
• Del derecho a la educación al derecho a la formación continuada. 
• Del derecho a la asistencia sanitaria al derecho a la salud y a la seguridad. 
• Del derecho al trabajo al derecho al salario ciudadano. 
• Del derecho al medio ambiente al derecho a la calidad de vida. 
• Del derecho a un status jurídico igualitario al derecho a la inserción social, cultural y 
política. 
• De los derechos electorales al derecho a una participación política múltiple, 
deliberativa, diferenciada territorialmente, con diversidad de procedimientos y mediante 
actores e instrumentos diversos. 
Todos los derechos mencionados implican los deberes correspondientes por parte de sus 
titulares, sin los cuales los derechos pierden eficacia para el conjunto de la ciudadanía. El 
derecho a la ciudad, por ejemplo, supone el civismo y la tolerancia en el espacio público; el 
derecho a la formación continuada supone el esfuerzo individual para asumirla; el derecho a la 
calidad de vida supone un conjunto de comportamientos para respetar el derecho de los demás, 
etc. Es decir, cada derecho implica un compromiso ciudadano que asume sus deberes y 
obligaciones para mejorar la calidad democrática. 
Respecto al derecho al medio ambiente y a la calidad de vida, recordemos que para que un 
ciudadano pueda ejercer sus derechos y libertades plenamente y en condiciones psicofísicas 
adecuadas es necesario contar con un ambiente en equilibrio y sano. De este modo, democracia 
y ambiente se vinculan y se retroalimentan, dado que no se puede pensar en construir 
ciudadanías en ambientes degradados o contaminados. Si bien las problemáticas ambientales 
son históricas, el impacto de hoy tiene una magnitud que compromete no solo nuestro bienestar 
y prosperidad actual, sino el de futuras generaciones. Es por ello que resulta necesario pensar 
qué sociedad, qué democracia y qué ciudadanía queremos, y dejar de lado el paradigma que 
24 
¿Hay democracia si hay desigualdad y degradación del medio ambiente? 
contemplaba al desarrollo desde una mirada que privilegiaba el 
síntoma –la marca en el ser, en el saber, en la tierra– del límite de la 
racionalidad fundada en una creencia insustentable: la del entendimiento y 
crecimiento económico no la prosperidad: “La crisis ambiental es el 
construcción del mundo llevado por la idea de totalidad, universalidad y 
objetividad del conocimiento que condujo a la cosificación y 
economi ación del mundo” (Le , 2004). 
En este punto es interesante reconocer la mirada del economista, 
sociólogo y ambientalista mexicano Enrique Leff, que postula la 
necesidad de construir una nueva racionalidad ambiental, dado que si no 
se respetan los límites biofísicos del planeta, el anhelo y la aspiración de 
construir prosperidad en un futuro va a ser limitada por las finalidades de 
la expansión y el crecimiento excesivo: “(la racionalidad ambiental) 
integra el pensamiento, los valores y la acción; es una racionalidad abierta 
a la diferencia, a la diversidad y pluralidad de racionalidades que definen 
y dan su especificidad e identidad a la relación de lo material y lo 
simbólico, de la cultura la naturale a” (Leff, 2001). En un texto 
posterior, Leff (2004) postula que la formación de una racionalidad 
ambiental es un proceso de renovación del mundo, de descontrucción de 
los fundamentos de la civilización occidental y las falacias de la 
globalización económica; y que el diálogo de saberes (que podemos 
vincular a la transdisciplina y el pensamiento complejo) apunta hacia un 
renacimiento que surgirá del encuentro de los seres que habitan el mundo 
desde sus culturas y sus condiciones existenciales. Desde esta perspectiva, 
lo nuevo debe nacer en el encuentro con la otredad, la diversidad y la 
diferencia, sin jerarquías, desde el derecho humano a hacerse un lugar en 
el mundo y a ser con los demás, y en esto subyace la recuperación de un 
futuro sustentable. 
El ejercicio pleno de la ciudadanía está muy ligado a la posibilidad de 
disfrutar de un ambiente sano, pero para ello, es imperioso asumir 
responsabilidades. La democracia ambiental incorpora la necesidad de la 
participación ciudadana y del acceso a la información en temas 
ambientales, pero eso implica, necesariamente, tener una ciudadanía 
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informada y con acceso a esa información. Para hacer presente y participativa a la ciudadanía 
fue un paso importante la aprobación del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y 
el Caribe”, que recepta el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.9 Para las sociedades latinoamericanas esto constituye un gran desafío, dada la 
fragmentación social existente y la creciente brecha entre ricos y pobres. Este escenario nos 
lleva a retomar las preguntas planteadas en la introducción y a reflexionar en torno a ellas: 
cómo pensar la democracia en contextos como el argentino que presenta grandes deudas 
sociales y en donde los problemas ambientales afectan a todos los sectores pero, especialmente, 
a los más vulnerables. La respuesta debe, necesariamente, involucrar al Estado, encargado de la 
formulación de políticas públicas, y a la ciudadanía, quien debe comprometerse no solo en el 
ejercicio del voto periódico, sino también en colaborar con otros y demandar permanentemente 
a los organismos estatales por las cuestiones que atañen a la salud, a la educación, al medio 
ambiente, a la pobreza, etc. 
9 En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible celebrada en junio de 2012, conocida como Río+20, se inició un proceso tendiente a lograr la firma de un instrumento regional en América Latina y el Caribe sobre los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en materia ambiental. Estos derechos se encuentran recogidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Desarrollo y Medio Ambiente, y por lo mismo constituyen los elementos fundacionales del desarrollo sostenible. 
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