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1 TECNOLOGÍA, AMBIENTE Y SOCIEDAD MATERIAL DE CÁTEDRA Unidad 3 – Clase 1: Democracia y ciudadanía En 1984, el flamante presidente Raúl Alfonsín pronunció una recordada frase durante el discurso de apertura de las sesiones parlamentarias que quedó impresa en el imaginario colectivo: “con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura.” 1 Esta premisa abría una nueva etapa de la historia argentina, después de largos años marcados, entre otras cuestiones, por intervenciones militares, violencia política y estatal y el inicio de una fragmentación social que perdura hasta la actualidad. La recordada frase de Alfonsín ha acompañado a la sociedad a lo largo de estos casi 40 años como una promesa y como un dilema, pero también como un desafío: ¿podemos hablar de democracia en un país con un 40,8% de su población bajo la línea de pobreza? 2 , ¿o con un 7,9% de hogares en donde prima la inseguridad alimentaria severa, en palabras menos técnicas, el hambre? 3 , ¿o en donde muere una mujer cada 26 horas? 4 , ¿o en donde hay graves problemas ambientales como 1 “Vamos a vivir en libertad. De eso, no quepa duda. Como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para traba ar, para reclamar usticia —toda la usticia, la de las le es comunes la de las le es sociales —, para sostener ideas, para or ani arse en de ensa de los intereses los derec os le timos del pueblo todo de cada sector en particular. n suma, para vivir me or porque, como di imos muc as veces desde la tribuna pol tica, los ar entinos emos aprendido, a la lu de las tr icas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa se cura” (Raúl Alfonsín, discurso de apertura de las sesiones del Congreso de la Nación, 1984). 2 Estos datos fueron relevados por el Observatorio de Deuda Social de la UCA sobre el tercer trimestre de 2019. En un año se sumaron, 2,8 millones de nuevos pobres. La indigencia también mostró un fuerte salto. Es la marca más alta de la década. Con estos números, 4 de cada 10 argentinos es pobre y totalizan 16 millones. 3 Datos extraídos de: Documento de Trabajo Pobreza Multidimensional Fundada en Derechos Económicos y sociales Argentina Urbana, 2010-2018. Observatorio de la Deuda Social, UCA. Recuperado de: http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones/2019/2019- OBSERVATORIO-POBREZA-MULTIDIMENSIONAL-DOCUMENTO-TRABAJO.pdf 4 Cifras obtenidas de los informes realizados por el Observatorio “A ora Que S Nos Ven”, que relevaron datos entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2019. Estos indican que hay casi 1 femicidio por día. Esa tendencia http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones/2019/2019-OBSERVATORIO-POBREZA-MULTIDIMENSIONAL-DOCUMENTO-TRABAJO.pdf http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones/2019/2019-OBSERVATORIO-POBREZA-MULTIDIMENSIONAL-DOCUMENTO-TRABAJO.pdf 2 contaminación de aguas, saturación de rellenos sanitarios, deforestación y desmontes, megaminería, erosión de suelos y destrucción del Mar Argentino? 5 , ¿o donde casi 4 de cada 10 niños no tiene acceso al agua potable y en algunos casos el agua para consumo humano contiene plomo, arsénico y ahora también glifosato?. 6 ¿Podemos pensar en la democracia y en la ciudadanía más allá del voto?, ¿es legítimo cuestionar a la democracia y a nuestro propio rol como ciudadanos? Estas preguntas nos sirven para iniciar un breve recorrido – sin perder la mirada crítica – por dos conceptos clave de las Ciencias Sociales que se relacionan estrechamente entre sí: democracia y ciudadanía. Ambos se han configurado como centrales en la historia de la humanidad desde, por lo menos, mediados del siglo XVIII con el surgimiento de las llamadas “revoluciones democr ticas” (la independencia de stados Unidos en 1776 la Revolución Francesa en 1789). La importancia de ambos conceptos no reside solo en su valor analítico, sino también en la capacidad que tienen para asumir formas históricas. En otras palabras, la democracia es tanto un concepto como una praxis, es decir, una realidad que se nutre de ideas y que se materializa en prácticas, en actores, en instituciones, en discursos. Esta cristalización ocurre dentro de un contexto político, social, cultural y económico determinado. Por eso, cada praxis democrática (es decir, cada historia de la instauración de un sistema democrático en un territorio delimitado) es distinta y asume matices propios. No obstante, estas historias comparten la adhesión a un conjunto de premisas, ideas y nociones propias de ese plexo conceptual y teórico que la define y sostiene. La democracia – en tanto concepto y en tanto praxis – no son algo estático, monolítico y unilineal, por el contrario, son cambiantes y dinámicas, ya que depende de las variables tiempo y espacio. continúa en 2020, incluso en el aislamiento preventivo obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional como medida contra la expansión del COVID-19. 5 Las cifras oficiales y estudios técnicos sobre estas problemáticas pueden observarse en: https://www.foroambiental.net/seis-problemas-ambientales-urgentes-que-debe-resolver-la-argentina/ 6 Los datos corresponden al Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Los datos sobre los minerales en el agua corresponden a la Dra. Paula Juárez, investigadora del IESCT-UNQ. Según estimaciones oficiales, el déficit de agua potable alcanza a siete millones de personas y tiene un mayor impacto en las zonas más vulnerables. Más información en: https://www.infobae.com/sociedad/2020/02/23/otro-drama-argentino-casi-cuatro-de-cada-diez- chicos-no-tiene-acceso-al-agua-potable/ https://www.foroambiental.net/seis-problemas-ambientales-urgentes-que-debe-resolver-la-argentina/ https://www.infobae.com/sociedad/2020/02/23/otro-drama-argentino-casi-cuatro-de-cada-diez-chicos-no-tiene-acceso-al-agua-potable/ https://www.infobae.com/sociedad/2020/02/23/otro-drama-argentino-casi-cuatro-de-cada-diez-chicos-no-tiene-acceso-al-agua-potable/ 3 Pero, ¿cuál es la característica definitoria de la democracia, es decir, cuál es su rasgo más notable con el cual la identificamos?, ¿es el voto, es la igualdad, es el gobierno de la mayoría, es la representación o son todas?, ¿cuáles son sus ficciones y sus limitaciones? Estas preguntas habilitan reflexiones en torno a otro interrogante que suele acompañar las definiciones formales de qué es la democracia: ¿para qué sirve la democracia? Actualmente, sabemos que en los países de América Latina la democracia tiene aún deudas pendientes. Como afirma el sociólogo francés Pierre Rosanvallon “la democracia no está cumpliendo con la promesa de que cada cual encuentre su lugar en la sociedad y lo único que se cumple es la profundización de la desigualdad.” No obstante, se sigue sosteniendo que, pese a sus múltiples limitaciones y promesas incumplidas, la democracia continúa siendo el mejor régimen político posible y es necesario eludir la posibilidad siempre latente de experimentar regresiones democráticas (como ya ha pasado con la instauración de los totalitarismos europeos o con las dictaduras en América Latina durante el siglo XX). A lo largo del presente texto abordaremos algunas cuestiones generales de la democracia y de la ciudadanía. Estas nos proporcionarán elementos conceptuales y teóricos que nos servirán no solo para dar respuestasa nuestros interrogantes, sino también para repensar la democracia y la construcción de ciudadanías más sólidas y participativas capaces de intervenir en un mundo cada vez heterogéneo y complejo. ¿Qué es la democracia? Características y problemas La palabra democracia proviene de las palabras rie as “demos”, es decir, las personas, “kratos” que si ni ica poder. n un sentido literal, la democracia podr a ser de inida como “el poder del pueblo”, es decir, una forma de gobernar que depende de la voluntad popular. No obstante, la definición de democracia está atravesada por múltiples discusiones. El reconocido politólogo italiano Giovanni Sartori advierte que el concepto “democracia” es istórico que se a trans ormado desde la Anti üedad hasta la actualidad. En efecto, desde los antiguos griegos hasta Jean EL ORIGEN DE LA DEMOCRACIA El modelo griego se estableció en el siglo 5 a.C., en la ciudad de Atenas. Aquellos que podían participar directamente eran una pequeña parte de la población, ya que las mujeres, los esclavos, los extranjeros y los niños estaban excluidos. Los hombres libres mayores de edad eran, entonces, los únicos considerados ciudadanos y, en tanto tal, podían participar de la toma de decisiones públicas mediante un sistema de asambleas. 4 Jacques Rousseau en el siglo XVIII, se entendía a la democracia en tanto democracia directa, caracterizada por ciudadanos que ejercían el derecho a la participación en la toma de decisiones sin intermediación alguna (Sartori, 2013). Desde entonces, la democracia ha sido asociada a la soberanía popular, a la voluntad general y al interés común. Esta concepción tradicional de la democracia se articula alrededor del protagonismo central del pueblo concebido como soberano, como un todo homogéneo y capaz de producir una voluntad colectiva. Los protagonistas de este tipo de democracias son los sujetos, capaces de identificar aquello que constituye el bien común. Cabe destacar que estas concepciones fueron elaboradas pensando en sociedades simples y apenas industrializadas (Iriarte, Vázquez y Bernazza, 2003). Por el contrario, a diferencia de la polis ateniense, la democracia de los modernos – surgida en el siglo XVIII – albergaba a millones de personas en ciudades de distinto tamaño. Se trataba de espacios más complejos y heterogéneos que obturaban la posibilidad de replicar la experiencia ateniense y que, en paralelo, alentaban a los teóricos a pensar cómo representar a estas nuevas sociedades. Así, surgieron nuevas teorías de la democracia, en la que se incorporaron los mecanismos de la representación y la dimensión vertical, esto es, la constitución de autoridad, de modo que la democracia comenzó a ser pensada como representativa frente a la imposibilidad del autogobierno (Iriarte, Vázquez y Bernazza, 2003). Para ello, como destaca Sartori (2013), se tomó el método que los monjes de los conventos durante la Edad Media empleaban para elegir a sus superiores: el voto secreto, dejando de lado otras modalidades como la mano alzada (también llamado voto cantado) o los cargos por sorteo. Como advertimos, a diferencia de los antiguos, al concepto de democracia moderna se le incorporó la división entre la titularidad y el ejercicio del poder, el principio de la mayoría, el constitucionalismo y la representación política. Comenzó a hablarse, entonces, de democracia representativa, régimen que acompañó la conformación de un Estado liberal-constitucional. Si bien el término liberalismo y su derivado liberal son de cuño relativamente reciente, autores como Locke, Montesquieu, Madison, Hamilton, Constant, pasando por Tocqueville y Stuart Mill, podrían considerarse liberales en tanto han hablado de un Estado controlado, liberal, constitucional. Tocqueville, por su parte, agregó el concepto de democracia social al incorporar la idea igualdad (del ethos igualitario). En este sentido, Tocqueville equiparaba libertad e igualdad: con la democratización se supone una sociedad cuyo ethos implica que sus miembros son socialmente iguales, es decir una sociedad caracterizada por la igualdad de condiciones (Iriarte, Vázquez y Bernazza, 2003). 5 El mundo de la democracia moderna fue el resultado de un período bastante lar o que en eneral se a llamado “el per odo de la Ilustración”, en el cual hubo (tal vez mayormente en Francia) críticas a los privilegios, al poder absoluto y a la Iglesia. Los actores de la Ilustración defendieron la idea de que había algo por encima de la política, lo que preparó el terreno para la afirmación de la soberanía popular. Como advierte Touraine (2003), si hay una definición fundamental de la democracia es que no a otra soberan a uera de la soberan a del pueblo: “Por eso considero que el día símbolo del nacimiento de la democracia no es el 14 de julio cuando toman la Bastilla, sino el 20 de junio cuando los diputados di eron una rase amosa “estamos aqu por la voluntad del pueblo no saldremos de aqu sino por la uer a de las ba onetas”. No a manera de de inir la democracia uera de eso.” Podemos señalar que, según la perspectiva de cada autor, la concepción moderna de democracia (la democracia liberal) hace alusión a un régimen político basado en el poder popular en el sentido que la titularidad del poder pertenece al demos en tanto que el ejercicio es confiado a representantes elegidos periódicamente por la ciudadanía: el ejercicio del poder popular se resuelve, en gran medida, en el poder electoral. Por otra parte, la teoría clásica de la democracia liberal presupone que la existencia de un mercado y de libertades individuales en el aspecto económico es condición para que exista democracia política; esto es, que exista un país y un mercado con fronteras (Iriarte, Vázquez y Bernazza, 2003). Para esta tradición democrática liberal, el individuo es un sujeto fundante. En su calidad de ciudadano, es un sujeto político que hace conocer su voluntad para que esta sea parte de la voluntad gobernante. Al menos, delibera con el resto de los individuos en igualdad de condiciones para lograr decisiones legítimas (Held, 1990). Esta tensión entre el individuo y “los otros”, acen de la democracia un cuerpo bicé alo que contiene en s misma las libertades del individuo y la soberanía de un pueblo como un todo, aun cuando esto signifique resignar libertades individuales – y por lo tanto intereses – en pos del bien común (Strasser, 2000). Libertad/ igualdad, individuo/ comunidad, ciudadano/ Estado: en la tensión entre ¿Qué es el Estado? Según Max Weber, sociólogo y economista alemán, el Estado “es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima (…) El Estado es la única fuente del “derecho” a la violencia.” Esta definición ha sido central en la construcción del conocimiento en torno al Estado y las formas políticas desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Para el sociólogo francés Pierre Bourdieu, el Estado reclama para sí no solo el monopolio de la violencia física legítima, sino también simbólica. Esta última arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas “expectativas colectivas” creencias “socialmente inculcadas” que trans orman las relaciones de dominación y de sumisión en relaciones afectivas. El poder simbólico es un poder “invisible”, que no es reconocido como tal, sino como algo legítimo, presupone cierta complicidad activa por parte de quienes están sometidos a él, requiere como condición de su éxito que éstos crean en su legitimidad y en la de quienes lo ejercen (por ejemplo, la escuela, los símbolos patrios). Desde el marxismo posestructuralista, el filósofo francés Louis Althusser llama “aparatos ideoló icos del stado”(AI ) a los elementos reguladores y represores de una sociedad creados en dos niveles, el primero contiene a las instituciones gubernamentales como son el gobierno, la administración y la recaudación, y el segundo plano es relativo a las funciones formativas como son la religión, la educación formal en las escuelas, la familia, el arte y las ciencias. A diferencia del “aparato represivo del stado” que funciona mediante la violencia incluso física, los AIE funcionan mediante la ideología. Para el filósofo francés Michael Foucault (1992), “Si el poder no fuera más que represivo, si no hiciera nunca otra cosa que decir no, ¿piensa realmente que se le obedecería? Lo que hace que el poder agarre, que se le acepte, es simplemente que no pesa solamente como una fuerza que dice que no, sino que de hecho va más allá, produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos; es preciso considerarlo como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social más que como una instancia negativa que tiene como función reprimir.” 6 estos polos se dirime la historia contemporánea de la democracia (Iriarte, Vázquez y Bernazza, 2003) Pero, ¿qué es la democracia?, ¿cómo podemos definirla teórica y conceptualmente? Como explica Sartori, la democracia es un concepto difícil de definir, dado que las acepciones del término son múltiples y cambiaron a lo largo de los siglos. Sin embargo, el autor esboza una definición: la democracia es un sistema político, en donde el poder del pueblo se ejerce sobre el pueblo. El pueblo se convierte así, al mismo tiempo, en sujeto y objeto (Sartori, 2013). Podemos señalar, entonces, que la democracia es una forma de gobierno del Estado; una forma de organización social y política que contempla también instituciones, vínculos, leyes y prácticas; y es un gobierno de mayorías que respeta minorías y libertades individuales. Además, como señala el filósofo francés Claude Lefort, la democracia es también una forma de sociedad: es una forma política, pero también un modo de vida. n “La democracia en 30 lecciones” Sartori (2013) advierte que muy importante entender qué es la democracia y también qué no es democracia. En este sentido, la democracia está en contra del poder hereditario, del poder adquirido mediante levantamiento armado o de la autoproclamación personal en el poder. La democracia en vez de concentrar el poder lo distribuye para delegar responsabilidades. De este modo, representa la soberanía del pueblo y es secular; a diferencia de la monarquía que representa a Dios. Asimismo, es contraria a la toma de decisiones de manera individual, promueve el diálogo y el encuentro intersujetos. Para Touraine (2003) el proceso democrático incluye tres elementos básicos e indispensables. Primero, que haya expresión clara y libre de demandas apoyadas por una mayoría. Segundo, que las instituciones políticas, básicamente los partidos y parlamentos, sean representativos y, lo que es un poco más complejo, que respeten ciertas reglas de gobernabilidad (y este es más bien el conjunto de los puntos primero y segundo). El tercer elemento es la limitación del poder del Estado (o, más bien, del Ejecutivo), no sólo por otras instituciones sino por valores y principios aceptados como superiores. Para el filósofo francés Bernard Manin, la naturaleza exacta de la representación ha sido objeto de múltiples controversias, pero, más allá de las divergencias, hubo acuerdo general sobre un principio, que no hay representación sin elección regular de los obernantes por los obernados: “la condición de gobernante no es conferida por la unción divina, el nacimiento, la riqueza o el saber, sino únicamente por el consentimiento de los gobernados. El principio electivo se inscribe así en la prolongación de la norma fundamental del derecho político moderno (…) la norma de la i ualdad de las voluntades” 7 (Manin, 1995). La elección es entonces un procedimiento de designación y de legitimación de los gobernantes que ha ido progresivamente sustituyendo a otros. Es importante destacar que además de un tipo de gobierno, la democracia, como señala Lefort (1985), es una forma de sociedad, retomando el sentido que en la Antigüedad le habían dado a la noción de “ré imen pol tico”: la constitución, la orma de obierno, pero también un estilo de existencia, un modo de vida (Lefort, 1986, cit. en Annunziatta, 2016). Esto trae aparejado lo que Le ort (1985) a llamado “parado as de la democracia”, es decir, el poder es del pueblo y no es de nadie al mismo tiempo, porque el pueblo empírico, concreto, real, es diverso. En otras palabras, no es uno sino múltiple. De modo que como su naturaleza es paradójica, la democracia se caracteriza por fallas y ficciones (Annunziatta, 2016). Veamos por qué. Las “revoluciones democr ticas” (la Independencia de stados Unidos en 1776 la Revolución Francesa en 1789) provocaron un profundo cambio en el estatuto de poder, ya que el poder se trans ormó en un “lu ar vac o”, es decir, no podía ser ocupado o encarnado por ninguna persona como ocurría en las monarquías donde el rey representaba a su pueblo y la regla sucesoria hereditaria hacía que pudiera decirse “muerto el re , viva el re .” Contrariamente, como vimos, ahora debía ser repuesto periódicamente: “As , esta mutación simbólica se traduce en la pérdida del fundamento trascendente del poder: quienes ejercen la autoridad política son entonces simples obernantes, no pueden apropiarse del poder, incorporarlo, ni encarnarlo” (Annunziatta, 2016). Es aquí donde comienza la paradoja de la democracia: la democracia moderna instituye un pueblo soberano, que se transforma en el nuevo fundamento del poder (antes era el re ). Pero en realidad, ese pueblo no existe en nin ún lu ar como “una unidad sustancial.” Por ello, la sociedad democr tica es una sociedad dividida, en la que la división es constitutiva de su unidad (Lefort, 1985). De esta manera, la democracia conjuga dos principios en apariencia contradictorios: el poder emana del pueblo, y el poder no es de nadie. Esta paradoja de la democracia se hace sensible, por ejemplo, en el sufragio universal: en el momento en que la soberanía se manifestaría como voluntad del pueblo, el ciudadano se vuelve un individuo abstracto, una unidad de cálculo y la sustancia es sustituida por el número (Lefort, 1986, cit. en Annunziatta, 2016). Una forma histórica de resolver la paradoja de la democracia fue la instauración de la democracia electoral-representativa, como señala el sociólogo francés Pierre Rosanvallon. En efecto, las elecciones sustituyeron la sustancia, la unidad -que estarían implicadas en una idea de “voluntad eneral”- por el número, es decir, por el principio mayoritario. Paralelamente, la democracia electoral-representativa hizo equivaler el momento electoral con la duración del 8 mandato. El problema de la temporalidad también deriva del hecho de que en la democracia el poder sea un lugar vacío; como tal, está atravesado por una doble temporalidad: una permanencia y una fractura dada por los momentos de reposición periódica del poder (Annunziatta, 2016). Tipos de democracia La diferencia entre los distintos tipos de democracia depende del modo en que se expresa e erce la “voluntad popular”: Democracia directa: es un tipo de democracia en donde los ciudadanos son consultados para todas las decisiones. Es un sistema que se basa en el modelo ateniense y supone la consulta o el involucramiento directo y presencial de la ciudadanía en la toma de decisiones. En la actualidad, el único caso similar es el de dos cantones o provincias de Suiza, que se organizan sociopolíticamente en torno a asambleas populares. No obstante, organizaciones sociales más pequeñas en tamaño (clubes, sociedades de fomento, asambleas, etc.) emplean estas formas para la tomade decisiones sobre asuntos cotidianos. Democracia indirecta o representativa: es un tipo de democracia en donde los ciudadanos eligen a los representantes que luego tomarán las decisiones en nombre de ellos (“el pueblo obierna a través de sus representantes”). s decir, se dele a la voluntad de las ma or as en un conjunto de representantes elegidos por medio del voto para que ejerzan la representación política durante un período determinado previamente. Estos representantes son los encargados de tomar las decisiones que consideran pertinentes en nombre – y para el beneficio – de sus representados. Esta forma de democracia es la predominante en Occidente, sobre todo en Europa y el continente americano (Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, etc.) Democracia semidirecta (también llamada mixta o participativa): es un tipo de democracia que pretende conciliar los beneficios de la democracia directa y los de la indirecta. Por un lado, confía en la elección libre de representantes políticos que ejercen la soberanía en nombre del pueblo. Por otro lado, se reserva a los ciudadanos TIPOS DE DEMOCRACIA Democracia directa Democracia indirecta o representativa Democracia semidirecta, mixta o participativa. 9 la potestad de controlar o influenciar las decisiones de la dirigencia política. Esto se realiza mediante figuras de participación directa como el referendo vinculante, la iniciativa legislativa popular, la revocatoria de mandato, los plebiscitos y consultas públicas. Los países de democracia indirecta suelen dividirse en Repúblicas y Monarquías parlamentarias. En ambos casos se ejerce el poder mediante la elección de representantes políticos para los poderes públicos (Legislativo y Ejecutivo, generalmente). No obstante, algunos países si bien son democracias representativas tienen mecanismos de democracia semidirecta. En Argentina, por ejemplo, existe la posibilidad de incluir iniciativas populares en el tratamiento de leyes. Otros países (como Suiza, Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia) han impulsado la revocación de mandatos (por ejemplo Ecuador con 21 mandatos revocados). Criterios teóricos de un gobierno democrático A lo largo de esta historia, fueron diversos los modelos de democracia debatidos desde la conformación de sociedades complejas, de masas, con economías de mercado y en donde la democracia era pensada en su forma representativa. Señalaremos algunas características de algunos de estos modelos, sobre todo los que han prevalecido en el debate contemporáneo: el modelo competitivo elitista, el modelo pluralista y la democracia participativa. - El modelo competitivo elitista: el economista austro-estadounidense Joseph Schumpeter definió a la democracia como “un método para lle ar a decisiones pol ticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencias por el voto del pueblo” (Sc umpeter, 1964). Desde esta perspectiva, la democracia se reduce a un método electivo mediante el cual el pueblo elige un gobierno, eligiendo un líder. Schumpeter coloca el 10 acento en los líderes – a la inversa de la teoría clásica que lo pone en el pueblo – que se proponen y compiten por el libre voto. El pueblo deja de existir como un conjunto de ciudadanos racionales, interesados en la cosa pública; ahora está compuesto por personas que sólo son racionales en los asuntos en los que tienen responsabilidad directa. La esfera de la política está alejada de sus responsabilidades directas y en ésta actuarán irracionalmente con excepción de los líderes, quienes son los actores racionales. El votante no es un maximizador de beneficios ni un votante racional sino un consumidor irracional, manipulado por la propaganda. Es el liderazgo el que despierta, organiza y estimula a los grupos y sus intereses. La democracia, según esta perspectiva, queda reducida a la competencia por el liderazgo, donde los líderes se constituyen en el nuevo eje del proceso político. Los representados, salvo cuando tienen la posibilidad de votar, no cuentan con otra instancia de participación. Su conocida de inición señala que “el método democr tico es aquel mecanismo institucional para lle ar a decisiones políticas en las que algunas personas adquieren el poder de decidir mediante una lucha competitiva por el voto popular” (Iriarte, V que Berna a, 2003). - El modelo pluralista: Robert Dahl, politólogo norteamericano, es el autor más representativo de la teoría pluralista de la democracia. Señala que la democracia es un ideal imposible de realizar en la práctica y por ello debe descartarse el término “democracias reales”. Lo que existe son “pr cticas reales” o “poliarqu as”, es decir, combinaciones de lidera os con control de los no líderes sobre los líderes, regímenes cuyos actos presentan una correspondencia con los deseos de muchos de sus ciudadanos durante un largo período de tiempo. El término poliarquía incluye a una gran variedad de organizaciones que, difiriendo entre sí, serán llamadas comúnmente democracias. Algunas de sus características son: 1) que el control de las decisiones gubernamentales sobre las medidas oficiales le corresponde a funcionarios electos; 2) los funcionarios electos son elegidos y luego sustituidos por elecciones libres relativamente frecuentes; 3) en esas elecciones tienen derecho a votar prácticamente todos los adultos; 4) también tienen derecho a ocupar cargos presentándose como candidatos; 5) los ciudadanos gozan del derecho de libertad de expresión; 6) tienen acceso a diversas fuentes de información; 7) tienen derecho a formar asociaciones políticas que procuran influir en el gobierno rivalizando en las elecciones. Las poliarquías se dan en sociedades pluralistas, lo que presupone el reconocimiento de la dispersión en el poder, la presencia de ciudadanos con distintos intereses con posibilidad de agruparse libremente, la existencia de grupos de interés libres, competitivos. Los protagonistas, en este caso, más que los líderes son los grupos de interés, donde los no líderes controlan a los líderes (Iriarte, Vázquez y Bernazza, 2003). 11 Según Dahl (1999), estas características sirven para responder otra pregunta: ¿por qué la democracia? Desde su perspectiva, la democracia: evita la tiranía, garantiza derechos esenciales, asegura un mayor ámbito de libertad personal, ayuda a las personas a proteger sus intereses fundamentales, permite el ejercicio de la libertad de autodeterminarse (vivir bajo leyes de su propia elección), favorece el ejercicio de la responsabilidad moral, promueve el desarrollo humano, fomenta más igualdad política, evita las guerras entre democracias representativas modernas, tienden a más prosperidad que los países no democráticos. - Democracia participativa: una tercera visión la constituyen los teóricos que, críticos del elitismo y el realismo político, ponen el acento en la participación como valor central capaz de contrarrestar la tendencia “oli rquica” del sistema pol tico. Bac rac , Macp erson Pateman afirman que la poca participación y la desigualdad social están íntimamente unidas: para que haya una sociedad más equitativa es necesario un sistema político más participativo. Rescatan la dimensión de la democracia que hace referencia a la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. La democracia no sería entonces sólo un método: posee una dimensión ética, implica una dimensión amplia de lo político que abarca no sólo las instituciones representativas gubernamentales sino aquellos espacios en los que se toman decisiones que afectan los valores sociales (Iriarte, Vázquez y Bernazza, 2003). Ahora bien, estos criterios y modelos ¿son aplicables a todos los gobiernos de Estado?, ¿es posible, por ejemplo, aplicarlos a las democracias de América Latina?,¿o debemos pensarlos solo como tipos ideales? Algo es claro: no deben ser extrapolados a todas las experiencias democracias occidentales, ya que las realidades sociales, las tradiciones políticas y las praxis son históricas y, por tanto, distintas. No obstante, pueden servirnos de guía y paralelamente, nos permiten reflexionar sobre su factibilidad o no, sobre sus alcances y sus limitaciones. La interrupción del orden democrático en la Argentina del siglo XX A lo largo del siglo XX, en Argentina se registraron cinco momentos de interrupción del orden democrático (golpes de Estado) de carácter cívico-militar (es decir, con participación y anuencia de un sector de la sociedad). En todos los casos, el Congreso y las legislaturas fueron clausuradas, fueron revocados todos los cargos electos (gobernadores e intendentes), suspendidas las elecciones y las garantías constitucionales. Observemos algunas de sus características generales: 12 - El golpe de Estado de 1930. Comandado por el Gral. Uriburu, este golpe de carácter c vico militar (denominada “Revolución de 1930”) derrocó en septiembre de ese año al gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen (que cursaba su segundo mandato). El contexto general del golpe era la profunda crisis financiera internacional que repercutió fuertemente en el plano social y económico local. El golpe de 1930 – el primero de la historia argentina – dio inicio a los gobiernos de los años treinta, conocidos por la apelación al denominado “ raude patriótico” a otras prácticas de violencia política, pero también a notables procesos de modernización territorial, económica y estatal. - El golpe de Estado de 1943. En 1943 debían celebrarse comicios para elegir al nuevo presidente y se descontaba un nuevo fraude electoral que llevaría a la presidencia a un cuestionado empresario conservador, Robustiano Patrón Costas, asegurando la continuidad y profundización del régimen conservador de los años treinta. Esto fue motivo para poner fin al gobierno del presidente Ramón S. Castillo. El golpe de 1943 fue promovido por una Junta Militar integrada por los generales Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez y el vicealmirante Sabá H. Sueyro. La presidencia, asumida de inmediato por el general Rawson, fue muy fugaz ya que a los pocos días lo reemplazó el general Ramírez. Poco después, el general Edelmiro J. Farrell, que era su ministro de Guerra, tomó su lugar, designando al coronel Juan Domingo Perón (hasta entonces titular del Departamento Nacional del Trabajo, secretario de Trabajo y Previsión), ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Comenzaba para el país una nueva historia con el inicio de la política social argentina a través del justicialismo. - La Revolución Libertadora (1955). Este golpe cívico-militar derrocó al segundo gobierno del Perón el 16 de septiembre. El general Eduardo Lonardi dirigía las operaciones desde Córdoba, mientras el puerto de Mar del Plata era sometido a un intenso bombardeo naval. Si Perón no dimitía, sería el puerto de Buenos Aires el nuevo blanco de los sediciosos. Finalmente, Perón renunció y se refugió en la embajada de Paraguay y desde allí abandonó el país a bordo de una cañonera de esa bandera. El Gral. Uriburu lideró el golpe de 1930 que destituyó a Yrigoyen de la presidencia de la nación. Los generales Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez saludan a la multitud en Plaza de Mayo el 4 de junio de 1943 El General Eduardo Lonardi el día que asumió el poder en 1955. https://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Rawson https://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Rawson https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Pablo_Ram%C3%ADrez https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Pablo_Ram%C3%ADrez https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Mayo https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_junio https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_junio https://es.wikipedia.org/wiki/1943 https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Lonardi 13 Lonardi fue designado presidente provisional. Se inició un fallido proceso de “desperoni ación”, la proscripción del peronismo (hasta 1973) y, en paralelo, comen ó la llamada “resistencia peronista.” Los años si uientes se debatieron entre la reconstrucción del orden político, nuevas intervenciones militares y el regreso de Perón. - La Revolución Argentina (1966). De una naturaleza distinta a los golpes anteriores, su objetivo no era plantear un paréntesis para llamar a elecciones, sino la imposición por parte de las Fuerzas Armadas de una serie de tiempos a la política nacional. En efecto, se trata de nuevo formato de intervención, que deja de ser transitorio entre un poder civil y otro, para estar fundado en un proyecto refundacional de la política y la sociedad, con metas sin plazos, orientado a institucionalizar la función tutelar de la corporación militar en el Estado. La “Revolución Ar entina” derrocó al gobierno de Arturo Illia e impuso como presidente a Juan Carlos Onganía. Este período se caracterizó por insurrecciones populares (como el “Cordoba o” en 1969) se potenció el ortalecimiento clandestino del peronismo. Las organizaciones armadas, además, ensayaron sus primeras acciones entre 1968 y 1970, dando inicio a una etapa de violencia armada y la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional. - El Proceso de Reorganización Nacional (1976). El régimen militar iniciado en 1976 no es una experiencia aislada sino la expresión más álgida de las intervenciones militares anteriores. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas integrada por las tres armas (Ejército, Marina y Aeronáutica) derrocaron al gobierno de Isabel Perón con el objetivo de combatir la “corrupción” la “subversión.” La primera Junta Militar estuvo integrada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Aviación). Finalmente, el encargado de desempeñar la función de presidente fue Videla hasta 1981, lo siguieron Roberto Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Bignone. La instauración de este gobierno de facto tuvo consecuencias sociales, políticas y económicas de gran magnitud. Además del “terrorismo de stado” la sistem tica violación a DDHH (que inclu ó, Pintadas en contra de la Libertadora. Tapa del Diario Crónica – Asunción de Onganía. Agustín Tosco, secretario general de Luz y Fuerza, fue uno de los líderes del“Cordobazo” (1969), la insurrección popular que enfrentó a la dictadura de Onganía. Jorge Rafael Videla saluda a una multitud (1976). 14 entre otras cuestiones, crímenes de lesa humanidad, el secuestro, tortura y desaparición de miles de personas), el plan económico de la dictadura promovió una política de endeudamiento, estatización de deudas privadas, la caída de la producción nacional y la apertura económica que atentó contra la industria. Estas políticas incrementaron notablemente la pobreza en el país, que pasó de 5,8% en 1974 a 37,4% en 1982. 7 La derrota en la guerra de Malvinas en junio de 1982, en el marco de una gravísima crisis interna de la Junta Militar y de una situación económica y social crítica, se considera el inicio del fin de la dictadura (Franco, 2015). Resulta importante, en tanto miembros de la sociedad, conocer la importancia de la democracia – aun con todas sus limitaciones – y también la necesidad de resguardarla. La democracia no es un proceso natural, sino que es un proceso histórico, social, cultural y político, es como decíamos anteriormente, una praxis. En tanto hecho, requiere de nuestras miradas que permanentemente visiten y revisiten sus alcances y sus límites, su historia, sus quiebres, sus renaceres. Eso también es parte del deber de ser ciudadano. ¿Qué es la ciudadanía y quiénes son ciudadanos? “La ciudadanía es un concepto que se ha construido por medio de un proceso histórico – social, es decir, se inserta en dosdimensiones espacial y temporal, las cuales están en interacción permeando la configuración de esta misma en función de intereses políticos, económicos, sociales y culturales” (Lópe Ponti o, 2013). n tal sentido, el concepto de ciudadanía puede ser entendido a partir de dos perspectivas. La primera concibe a la ciudadanía como un status por el cual todos los ciudadanos son iguales en derechos. De modo que la ciudadanía es entendida como un conjunto de derechos, deberes y obligaciones civiles y políticos, asignados a partir de la pertenencia a una determinada comunidad. Para el sociólogo francés Alain Touraine (2001) la ciudadanía es conferida a los individuos por pertenecer a una comunidad, la cual se 7 Según datos de la CEPAL: https://www.cepal.org/es/publicaciones/10851-la- distribucion-ingreso-argentina-1974-2000 Primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, 30/04/1977. Retorno de la democracia. El presidente Raúl Alfonsín saluda a una multitud reunida en la Plaza de Mayo. https://www.cepal.org/es/publicaciones/10851-la-distribucion-ingreso-argentina-1974-2000 https://www.cepal.org/es/publicaciones/10851-la-distribucion-ingreso-argentina-1974-2000 15 define por derechos y garantías y, por ende, por las diferencias reconocidas con aquellos que no pertenecen a esa comunidad. Desde esta mirada el ciudadano es el resultado de un largo proceso de construcción y de luchas por el reconocimiento de los derechos, la dimensión social y cultural de la ciudadanía; es una elaboración refinada de un modo de vida bueno con los demás que demanda la interiorización de una serie de valores y pautas de comportamiento de cooperación, solidaridad, tolerancia, resolución pacífica de conflictos y utilización del diálogo (Sánchez Gómez, 1999). Según una tipología clásica planteada por T. H. Marshall, los derechos adquiridos a través de la historia pueden dividirse de la siguiente manera, de acuerdo las reivindicaciones que persiguen y que pretenden consagrar: Derechos civiles: Surgieron a lo largo del siglo XVIII y se caracterizan por la inclusión gradual de nuevos derechos en un estatus ya existente que se considera propio de todos los miembros adultos de la comunidad. Hacen referencia a los derechos necesarios para la libertad (por ejemplo, derechos de libertad física, de palabra, pensamiento, religión, a poseer títulos de propiedad, igualdad ante la ley, el derecho a un juicio natural y a un proceso formal, libertad de asociación y opinión , a establecer contrato y a residir libremente). Derechos políticos: Comenzaron a gestarse en el siglo XIX, cuando los derechos civiles vinculados al estatus de libertad habían ganado ya la sustancia suficiente para hablar de un estatus general de ciudadanía. Se conciben como aquellos que permiten participar en el ejercicio del poder a través del sufragio (elegir y ser elegidos y participar en política). Derechos sociales: Comenzaron a configurarse en el siglo XX y hacen referencia al derecho a la educación pública, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a un empleo y salario justo, a la protección social, etc. La fuente original de los derechos sociales es la pertenencia a las comunidades locales y las asociaciones funcionales. Como advierte Borja (2001), al siglo XXI le corresponderían, posiblemente, los llamados “derechos de cuarta generación”, los vinculados a la sostenibilidad, medioambiente y calidad de vida. En la práctica, los derechos civiles, políticos y sociales aún plantean reivindicaciones de igualdad, ya que en muchos casos no están del todo completos. Por ejemplo, en algunos casos son derechos más programáticos que reales (trabajo, vivienda, sanidad, etc.) y algunas veces 16 retroceden debido a las crisis financieras del sector público. Asimismo, hay enormes falencias en cubrir derechos vinculados a las nuevas realidades tecnológicas, territoriales y económicas, como el acceso a las TIC´s (tecnologías de información y comunicación), las formas de participación en el gobierno de los nuevos territorios urbanos-regionales o la regularización de las decisiones económicas y financieras de los grupos empresariales supranacionales (Borja, 2001). La segunda perspectiva asociada al concepto de ciudadanía remite a las acciones y los discursos más que al status de derechos, como vimos hasta ahora. En este sentido, la ciudadanía es entendida como expresión de una tensión social que en un determinado momento se materializa en un concepto pol tico: “el sistema de inclusión/exclusión, propio del status de ciudadanía no es de carácter lógico sino histórico, y la frontera que separa el adentro y el afuera de esta pertenencia pol tica es ob eto de luc a ob eto de trans ormaciones” (Balibar, 1992, cit. en Villavicencio, 2003). De esta manera, se entiende a la ciudadanía como un modo de acción y no un modo de ser. En otras palabras, se es ciudadano por la actividad en la esfera pública ligada a otros ciudadanos más que por su pertenencia comunitaria (identidad étnica, confesional, nacional o cultural). En síntesis, intentando unir ambas perspectivas, los ciudadanos son seres políticos modernos poseedores de un conjunto de derechos y obligaciones que determinan no sólo la pertenencia a una comunidad nacional; sino la participación en la vida social y las acciones que permiten el ejercicio sobre el espacio público. Sin embargo, si bien todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, los ejercen de manera diferente. Como vimos, el ciudadano es un ser político, pero también está conformado por una dimensión social y moral. En este sentido, la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico o un ejercicio lineal de los estatutos jurídicos, legales o políticos. Por el contrario, debe ser entendida como una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad y como una manera de comprender las relaciones de poder entre ellos (Gimeno, 2003). Se trata, entonces, de comprender y asumir la ciudadanía como una forma de vida o cultura que hay que practicar en sociedad en los diversos espacios de interacción (López Pontigo, 2013). Touraine acuñó el concepto “ciudadano democr tico” interpretado desde la acepción de “su eto”, es decir, un individuo-actor capaz de construir proyectos de vida propios, ser agente participante y potencialmente transformador de su medio social y/o cultural. Las posibilidades para la realización de dicho sujeto dependen, por un lado, de las condiciones de la democracia 17 entendida fundamentalmente como voluntad y cultura democrática, así como de los modos de educación tendientes a la formación del juicio moral en seres humanos en desarrollo. Es importante señalar que la ciudadanía es un concepto evolutivo, dialéctico: entre derechos y deberes, entre status e instituciones, entre políticas públicas e intereses corporativos o particulares. La ciudadanía es un proceso de conquista permanente de derechos formales y de exigencia de políticas públicas para hacerlos efectivos. En efecto, la evolución de los derechos que configuran la ciudadanía ha sido el resultado de un triple proceso: social o sociopolítico (de movilización de los sectores demandados); cultural (de legitimación de las reivindicaciones y de los valores que las justifican); y político-jurídico o institucional (de legalización y de nuevas políticas públicas). Asimismo, no es posible desvincular la conquista de derechos de los deberes, como por ejemplo el voto, el deber de garantizar la asistencia de los niños y jóvenes a la escuela, la relación entre el salario y las tareas de carácter social, etc. De esta forma, el carácter dinámico o histórico de la ciudadanía, de los derechos y deberes que configuran el status y la dialéctica entre el conflicto sociocultural y los cambioslegales y políticos que llevan al desarrollo de la ciudadanía (Borja, 2001). Cabe destacar que ciudadanía no es sinónimo de nacionalidad. En efecto, la nacionalidad puede ser definida como un atributo jurídico que señala al individuo como miembro de un pueblo constitutivo de un Estado. Es decir, el vínculo legal que relaciona a un individuo con el Estado (Closa, 2002). En otras palabras, la ciudadanía hace referencia a la participación directa o indirecta en la gestión de la sociedad, mientras que la nacionalidad designa la pertenencia a un Estado que, como vimos, está definido en gran medida por su territorialidad (López Pontigo, 2013). Democracia y ciudadanía en Argentina En Argentina, la condición de ciudadanos fue regulada jurídicamente desde los inicios de la organización nacional, a mediados del siglo XIX, en donde se determinó quiénes serían considerados como tales. En 1857 se sancionó la primera ley en esta dirección, que establecía una distinción entre argentinos y ciudadanos a efectos del goce y ejercicio de los derechos políticos. Se consideraba argentinos a todas las personas nacidas en el territorio argentino, los hijos de padre y madre argentinos nacidos en el extranjero y los extranjeros naturalizados conforme al art. 20 de la Constitución Nacional de 1853. Por otra parte, eran ciudadanos los argentinos mayores de 21 años. Pero la ley básica, vigente con modificaciones es la ley Nº 346 que establece el ejercicio de los derechos políticos a partir de los 18 años y la adquisición de la nacionalidad según el principio de ius soli, o sea por nacimiento en el territorio nacional, sin 18 perjuicio de la adquisición por naturalización de acuerdo a esta ley y concordantes. En el año 1971 se firmaron convenios de doble nacionalidad con Italia y España, considerando el sistema de ius sanguinis de estos dos países, o sea que su legislación establece la adquisición de la ciudadanía según la nacionalidad de los ascendientes, aunque se haya nacido en otro país. La primera ley electoral argentina se promulgó en Buenos Aires en 1821 y establecía el sufragio universal masculino, voluntario, para todos los hombres libres de la provincia mayores de 21 años. Como explicó la historiadora Hilda Sabato, en otras regiones de América Latina el sufragio implicó una lucha de varias décadas, un punto de llegada. Por el contrario, en Argentina, desde el inicio de la vida independiente, el voto popular fue una premisa, un punto de partida. Esto fue así porque la política se definía en las calles y gobernaba aquel que lograba juntar la fuerza necesaria para imponerse. La historia del sufragio en la Argentina conoce dos carriles paralelos: una cosa son los derechos y otra, la realidad efectiva, ya que si bien el derecho a votar quedó establecido tempranamente, lo cierto es que muy poca gente participaba en los comicios. Por ejemplo, en la primera elección en Buenos Aires sobre un total de 60 mil personas habilitadas para votar, sólo lo hicieron 300 (Wischñevsky, 2012). La Constitución de 1853 dejó un vacío jurídico respecto al sistema electoral. Poco tiempo después, las elecciones constituyeron la fuente de legitimidad de los gobiernos aunque votaran pocos e incluso se supiera que eran fraudulentas o estaban teñidas de prácticas violentas e irregulares. El modo de instrumentación lo explica Domingo F. Sarmiento a su amigo Oro en una carta que le escribe aludiendo a las elecciones de 1857: Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente, han dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos veinte extranjeros complicados en una supuesta conspiración; algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros; en fin: fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios que el día 29 triunfamos sin oposición (Carta de Sarmiento a Oro, cit. en Wischñevsky, 2012). Según advierte Pilar González Bernaldo (1999), el interés de las elites no radicaba en permitir una mejor representación de los ciudadanos, sino garantizar el triunfo de quienes los dirigían. De esta manera, el voto estaba vaciado de contenido democrático (e incluso igualitario), dado que en lugar de promover la participación real de la ciudadanía se restringía a hacer una verdadera puesta en escena, que favorecía la conciliación del principio de sufragio universal con las verdaderas bases del poder, a través del fraude, que era la verdadera instancia de selección. Esa selección, por supuesto, no era llevada a cabo en un contexto de respeto por las libertades electorales y la neutralidad estatal. Por el contrario, se encontraba dentro de lo que 19 Natalio R. Botana cali icó como de “representación invertida”: para este sistema no era la sociedad la representada en el régimen político, sino la propia elite dirigente, que en la práctica imponía al personal político a través del ejercicio del fraude y la coacción. En este marco, las elecciones tuvieron un rol limitado en la mediación entre la sociedad civil y el poder político. No obstante, hubo otras instancias de mediación que se desarrollaron a lo largo del siglo: la prensa escrita, el asociacionismo y la movilización social (Wischñevsky, 2012) Si bien podemos señalar que las presidencias previas a la sanción de la ley Sáenz Peña (1912) entendían a las elecciones como una gran puesta en escena ya que los resultados se decidían a través de acuerdos de cúpulas, es necesario comprender su importancia material y simbólica. 8 En efecto, a pesar de sus limitaciones, las elecciones tuvieron una especial relevancia en el proceso de legitimación del régimen político, dado que eran aceptadas por todos como el mecanismo más idóneo de selección de autoridades. La ley Sáenz Peña y la ampliación de la ciudadanía (1912) La Ley Sáenz Peña, el nombre con el que se conoce a la ley Nº 8.871, estableció el voto secreto, individual (prohibía el voto grupal) universal masculino y obligatorio para argentinos y naturalizados mayores de 18 años, previamente inscriptos en un padrón electoral, quedando exceptuados los mayores de 70 años. Al Ejército se le confió la tarea de fiscalizar el desempeño del acto electoral, que antes estaba en mano de policías provinciales o locales que obedecían a un dirigente. Además se estableció el llamado sistema de lista incompleta: el partido más votado obtenía dos tercios de los cargos en cuestión y la fuerza segunda, el tercio restante. Otro u otros partidos quedaban excluidos de obtener representación. La ley excluyó del derecho de ciudadanía a las mujeres, a los varones extranjeros no nacionalizados, y a los argentinos nativos o naturalizados que habitaban en los Territorios Nacionales. También dejó 8 La participación popular era muy escasa: por ejemplo, Urquiza se coronó presidente con el uno por ciento de los que podrían haber votado. En 1862, Mitre consiguió la presidencia con el uno por ciento. Julio Argentino Roca llegó al 2 por ciento en 1880. El voto masculino, secreto y obligatorio consagró a la fórmula de la Unión Cívica Radical (UCR) integrada por Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna (Archivo General de la Nación. Las urnas de las primeras elecciones (Biblioteca Nacional) La asunción de Yrigoyen (1916). 20 afuera a los religiosos, los soldados, los detenidos por juez competente y los llamados incapaces de ejercer sus derechos (dementes, sordomudos incapaces de escribir). Pese a sus restricciones, la ley Sáenz Peña colocó a Argentina dentro del reducido grupo de países que, en el mundo de entonces, permitían el ejercicio libre del derecho de ciudadanía, una apertura democratizante (Ansaldi,2016). La obligatoriedad del voto (que ten a como ob etivo “consa rar” ciudadanos) incrementó significativamente los hasta entonces bajos niveles de participación electoral y puso fin a prácticas como el voto cantado o el voto múltiple, que facilitaban diversas formas de coerción sobre los electores por parte de los patrones o caudillos locales. En las primeras elecciones presidenciales bajo el marco de la nueva legislación (1916) la opción oficialista resultó inesperadamente derrotada, erigiéndose como presidente el candidato de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen. Como advierte Ansaldi (2016), pese a sus limitaciones, la ley Sáenz Peña implicó una apertura democrática que puso fin a la etapa de dominación oligárquica. Un segundo momento en la adquisición de derechos políticos: el voto femenino El 11 de noviembre de 1951, las mujeres argentinas votaron por primera vez, luego de que en septiembre de 1947 se aprobara la ley N° 13.010. Sin embargo, ese fue el final de un recorrido más largo y complejo. En efecto, si bien fue durante el gobierno de Juan Domingo Perón que fue promulgada la ley, antes del peronismo hubo un fuerte movimiento sufragista. El movimiento sufragista estuvo caracterizado por la heterogeneidad de sus integrantes, partícipes también de otros movimientos o partidos, que se reunieron en función de distintos intereses comunes por la protección de derechos laborales para las mujeres, acceso a la educación, derechos civiles y políticos, entre otros aspectos (Valobra, 2019). Esto se dio en el marco del surgimiento de movimientos sufragistas en todo el mundo. En 1889 Cecilia Grierson (la primera médica graduada en Argentina) EL VOTO FEMENINO “Según una entrevistada, su marido le decía ‘votá a tal o a cual’ y ella le hacía caso porque ‘no le podía eh… pelearle o llevarle la contra […] porque no tenía ninguna idea política… ¿entendés? Y no me… no me interesaba’. Al ser requerida acerca de si pensaba que al entrar en el cuarto oscuro tenía la posibilidad de votar a quien ella quisiera, responde: ‘No tenía tampoco ni a quién a lo mejor votar, que no fuera el que él me decía. Porque siempre pensaba: ‘bueno, que si él me lo decía por ahí estaba bien… (…) otras entrevistadas encontraron en el carácter secreto del voto la posibilidad de fugarse de las imposiciones masculinas y votar libremente” (Adriana Valobra, “La ciudadanía política de las mujeres y las elecciones de 1951”) De esta manera, se evidencia como ese derecho significó para las mujeres no solo la posibilidad de expresarse políticamente, sino de comenzar a romper con los cánones normativos de las familias. El derecho político adquirido, expresado de forma privada e individual en el cuarto oscuro, se encarnó en las relaciones personales de poder y las puso en jaque. 21 participó del Segundo Congreso Internacional de Mujeres en Londres y en septiembre de 1900 fundó el Consejo de Mujeres. En 1907 la socialista Alicia Moreau de Justo creó el Comité Pro-Sufragio Femenino. En 1910, Buenos Aires fue elegida como sede del Primer Congreso Femenino Internacional, del cual participaron delegadas de Uruguay, Paraguay y Chile, en donde se reclamó el derecho de las mujeres a votar. Otra de las pioneras del sufragismo argentino fue Julieta Lanteri quien logro, luego de un renombrado juicio, tanto su carta de ciudadanía (era italiana de nacimiento) como su inscripción en el padrón municipal en 1911. En efecto, a través de la ciudadanía logró el reconocimiento al voto por aplicación de la Constitución, que establecía un principio de clausura y legalidad: nadie se encuentra obligado por aquello que la ley no manda ni privado por lo que ella no prohíbe (Valobra, 2008). De este modo, se transformó en la primera mujer de Sudamérica en ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales celebradas el 26 de noviembre de 1911. Pero un año después, la ley Sáenz Peña impuso un nuevo límite a las mujeres ya que las excluía al restringir el derecho al sufragio al deber del servicio militar (votaban aquellos que estaban en el padrón militar). De este modo, las mujeres no podían reclamar un derecho por un deber que no cumplían. Una vez más, Lanteri intentó doblegar esas imposiciones y solicitó ser incluida en el padrón militar para realizar la conscripción y, por ende, obtener derechos políticos. No obstante, su pedido ue rec a ado a que “tomar las armas” era una ar ucia de inhabilitación a las mujeres, “pues no accedían a la ciudadanía política por no ser soldados y no eran soldados porque no eran varones. Así, mientras algunos grupos afirmaban la voluntad de ampliar los derechos políticos, las posiciones hegemónicas eran reticentes a ello” (Valobra, 2008). En 1911 el diputado socialista Alfredo Palacios había presentado el primer proyecto de ley de voto femenino en el Parlamento Nacional. El proyecto de Palacios ni siquiera fue tratado sobre tablas, ya que las mujeres eran consideradas incapaces por el Código Civil de 1871. En 1919 Lanteri lanzó su candidatura a diputada nacional por la Unión Feminista Nacional y contó con el apoyo de Alicia Moreau de Justo y El movimiento sufragista se expandió por todo el mundo a fines del siglo XIX. Militantes mujeres del Partido Socialista. 22 Elvira Rawson. El resultado fue escaso pero de gran importancia en términos simbólicos, ya que obtuvo 1.730 votos. Recién en 1926, por la Ley N° 11.357 alcanzaron la igualdad legal con los varones aunque esa igualdad, que estaba muy lejos de ser respetada en los hechos, era tan relativa que no incluía el derecho al voto ni la patria potestad compartida. No obstante, en abril de 1928, por impulso de Aldo Cantoni, las mujeres sanjuaninas se convirtieron en las primeras en votar en todo el país en elecciones provinciales. En 1929 el diputado socialista Mario Bravo (compañero de Palacios) presentó un nuevo proyecto que, por el golpe de 1930, recién pudo ser debatido a comienzos de septiembre de 1932. En apoyo a este proyecto de ley llegaron al Congreso Nacional alrededor de 95.000 boletas electorales firmadas por mujeres de todo el país bajo la siguiente consigna: “Creo en la conveniencia del voto consciente de la mujer, mayor de edad y ar entina. Me comprometo a propender a su ma or cultura.” D as después la Cámara Baja dio media sanción a la ley propuesta por Bravo que facultaba a las mujeres para votar, pero no consiguió el mismo destino en la Cámara Alta. El 9 de septiembre de 1947 finalmente se sancionó la ley N° 13.010 que establecía en su primer artículo: “Las mu eres ar entinas tendr n los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las le es a los varones ar entinos.” D as después, miles de personas se reunieron en Plaza de Mayo para escuchar el discurso que Juan Domingo Perón dio junto a Eva Duarte. Por altoparlantes, va di o: “Mu eres de mi Patria, recibo en este instante, de manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la certeza de que lo hago, en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo, jubilosamente, que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria.” Remarcó, además, que se trataba de una “victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.” Las mujeres presentes en la Plaza de Mayo cantaban: “Las muc ac as Julieta Lanteri fue médica y militante feminista por el derecho al voto de las mujeres. En un texto, señalaba: “Mientras que el hombre piensa, estudia y trabaja, y jamás siente saciedad del saber, ¿por qué la mujer se detiene? De ninguna manera debe admitiresto y la prueba está en que un despertar placentero se manifiesta en las vidas de las mujeres en general, y las hace entrar de lleno en la evolución y el progreso.” Afiche invitando a empadronarse Eva Perón fue una de las artífices del voto femenino. 23 peronistas, con Evita triunfaremos, y con ella brindaremos nuestra vida por Perón ¡Viva Perón! ¡Viva Perón!”. ran las estro as del imno “Evita Capitana”, que emulaba los acordes de la marcha peronista. Cabe destacar que, como ha señalado la historiadora Silvana Palermo (2007), si el peronismo tuvo tanto éxito en capitalizar esta participación política femenina no fue sólo por el mérito de Perón y Evita. En realidad, como vimos, existía una experiencia política previa de las sufragistas, de las mujeres en los partidos de izquierda, en los sindicatos, en la defensa de sus or ani aciones, por me ores condiciones de traba o: “ se capital existía y se construyó en la Argentina en el mundo del trabajo desde fines del siglo XIX. Las familias obreras estaban fuertemente politizadas. La uel a erroviaria nacional de 1917, la uel a de la construcción del ’36, son uel as de amilias obreras” (Palermo, 2006). En el debate parlamentario de 1932, por ejemplo, fueron los socialistas los que defendieron fuertemente la idea de que la participación política de la mujer iba a asegurar una sociedad más igualitaria, más sólida, establecida sobre principios más justos. La ciudadanía en el siglo XXI y la democracia ambiental Como hemos visto, la ciudadanía es un status, es decir, un reconocimiento social y jurídico por el cual una persona tiene derechos y deberes por su pertenencia a una comunidad, en general, de base territorial y cultural. Los “ciudadanos” son iguales entre sí y en la teoría no se puede distinguir entre ciudadanos de primera, de segunda, etc. (aunque en la práctica no siempre sea así). En el mismo territorio, sometidos bajo las mismas leyes, todos deben (o deberían) de ser iguales. De este modo, la ciudadanía acepta la diferencia, no la desigualdad (Borja, 2001). Como advierte Borja (2001): “la ciudadanía se origina en las ciudades, caracterizadas por la densidad, la diversidad, el autogobierno, las normas no formales de convivencia, la obertura al exterior. Es decir, la ciudad es intercambio, comercio y cultura. No es solamente “urbs”, es decir, concentración física de personas y edificios. Es “civitas”, lugar del civismo, o participación en los quehaceres públicos. Es “polis”, lugar de política, de ejercicio de Mujeres hacen fila para votar por primera vez, 1951. Eva Duarte de Perón deposita su voto por primera y última vez en las elecciones de 1951 - Pinélides Fusco. 24 poder.” La ciudadanía tal como se configuró en el siglo XX se basaba en un conjunto de premisas que hoy cabe relativizar. De hecho, los derechos que configuran la ciudadanía actual son más complejos que en el pasado y deben adecuarse a poblaciones mucho más diversificadas, individualizadas y globalizadas. La tipología de derechos simples heredados de la tradición democrática (tanto liberal como socialista, del siglo XVIII hasta ahora) no alcanza para dar respuesta a las demandas de nuestra época. En efecto, Borja enumera algunos de estos derechos complejos (también llamados “de cuarta generación”) y su pasaje evolutivo: Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad. Del derecho a la educación al derecho a la formación continuada. Del derecho a la asistencia sanitaria al derecho a la salud y a la seguridad. Del derecho al trabajo al derecho al salario ciudadano. Del derecho al medio ambiente al derecho a la calidad de vida. Del derecho a un status jurídico igualitario al derecho a la inserción social, cultural y política. De los derechos electorales al derecho a una participación política múltiple, deliberativa, diferenciada territorialmente, con diversidad de procedimientos y mediante actores e instrumentos diversos. Todos los derechos mencionados implican los deberes correspondientes por parte de sus titulares, sin los cuales los derechos pierden eficacia para el conjunto de la ciudadanía. El derecho a la ciudad, por ejemplo, supone el civismo y la tolerancia en el espacio público; el derecho a la formación continuada supone el esfuerzo individual para asumirla; el derecho a la calidad de vida supone un conjunto de comportamientos para respetar el derecho de los demás, etc. Es decir, cada derecho implica un compromiso ciudadano que asume sus deberes y obligaciones para mejorar la calidad democrática. Respecto al derecho al medio ambiente y a la calidad de vida, recordemos que para que un ciudadano pueda ejercer sus derechos y libertades plenamente y en condiciones psicofísicas adecuadas es necesario contar con un ambiente en equilibrio y sano. De este modo, democracia y ambiente se vinculan y se retroalimentan, dado que no se puede pensar en construir ciudadanías en ambientes degradados o contaminados. Si bien las problemáticas ambientales son históricas, el impacto de hoy tiene una magnitud que compromete no solo nuestro bienestar y prosperidad actual, sino el de futuras generaciones. Es por ello que resulta necesario pensar qué sociedad, qué democracia y qué ciudadanía queremos, y dejar de lado el paradigma que 25 contemplaba al desarrollo desde una mirada que privilegiaba el crecimiento económico no la prosperidad: “La crisis ambiental es el síntoma –la marca en el ser, en el saber, en la tierra– del límite de la racionalidad fundada en una creencia insustentable: la del entendimiento y construcción del mundo llevado por la idea de totalidad, universalidad y objetividad del conocimiento que condujo a la cosificación y economi ación del mundo” (Le , 2004). En este punto es interesante reconocer la mirada del economista, sociólogo y ambientalista mexicano Enrique Leff, que postula la necesidad de construir una nueva racionalidad ambiental, dado que si no se respetan los límites biofísicos del planeta, el anhelo y la aspiración de construir prosperidad en un futuro va a ser limitada por las finalidades de la expansión y el crecimiento excesivo: “(la racionalidad ambiental) integra el pensamiento, los valores y la acción; es una racionalidad abierta a la diferencia, a la diversidad y pluralidad de racionalidades que definen y dan su especificidad e identidad a la relación de lo material y lo simbólico, de la cultura la naturale a” (Leff, 2001). En un texto posterior, Leff (2004) postula que la formación de una racionalidad ambiental es un proceso de renovación del mundo, de descontrucción de los fundamentos de la civilización occidental y las falacias de la globalización económica; y que el diálogo de saberes (que podemos vincular a la transdisciplina y el pensamiento complejo) apunta hacia un renacimiento que surgirá del encuentro de los seres que habitan el mundo desde sus culturas y sus condiciones existenciales. Desde esta perspectiva, lo nuevo debe nacer en el encuentro con la otredad, la diversidad y la diferencia, sin jerarquías, desde el derecho humano a hacerse un lugar en el mundo y a ser con los demás, y en esto subyace la recuperación de un futuro sustentable. El ejercicio pleno de la ciudadanía está muy ligado a la posibilidad de disfrutar de un ambiente sano, pero para ello, es imperioso asumir responsabilidades. La democracia ambiental incorpora la necesidad de la participación ciudadana y del acceso a la información en temas ambientales, pero eso implica, necesariamente, tener una ciudadanía ¿Hay democracia si hay desigualdad y degradación del medio ambiente? 26 informada y con acceso a esa información. Para hacer presente y participativa a la ciudadanía fue un paso importante la aprobación del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a laInformación, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, que recepta el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 9 Para las sociedades latinoamericanas esto constituye un gran desafío, dada la fragmentación social existente y la creciente brecha entre ricos y pobres. Este escenario nos lleva a retomar las preguntas planteadas en la introducción y a reflexionar en torno a ellas: cómo pensar la democracia en contextos como el argentino que presenta grandes deudas sociales y en donde los problemas ambientales afectan a todos los sectores pero, especialmente, a los más vulnerables. La respuesta debe, necesariamente, involucrar al Estado, encargado de la formulación de políticas públicas, y a la ciudadanía, quien debe comprometerse no solo en el ejercicio del voto periódico, sino también en colaborar con otros y demandar permanentemente a los organismos estatales por las cuestiones que atañen a la salud, a la educación, al medio ambiente, a la pobreza, etc. 9 En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible celebrada en junio de 2012, conocida como Río+20, se inició un proceso tendiente a lograr la firma de un instrumento regional en América Latina y el Caribe sobre los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en materia ambiental. Estos derechos se encuentran recogidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Desarrollo y Medio Ambiente, y por lo mismo constituyen los elementos fundacionales del desarrollo sostenible. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf 27 Referencias Bibliográficas Althusser, Louis (2000). La filosofía como arma de la revolución. Buenos Aires: Siglo XXI. Annunziata, Rocío (2016). La democracia exigente. La teoría de la democracia de Pierre Rosanvallon. Andamios. 13(30), México, enero-abril. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870- 00632016000100039 Ansaldi, Waldo (2016). La Ley Sáenz Peña y la frágil transición hacia la Argentina democrática. 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