17. Según el estado actual de la jurisprudencia, Pérez, para que pueda atribuirse responsabilidad al Estado por sus hechos o actos ilegítimos, debe acreditar los siguientes presupuestos: El irregular o defectuoso funcionamiento de la actividad estatal Que el acto o hecho dañoso sea imputable materialmente a un órgano del Estado en ejercicio u ocasión de sus funciones El dolo o culpa del agente estatal Conexión causal entre la conducta estatal y el daño sufrido por el administrado La existencia de un daño cierto en los derechos del administrado

Verdadero
Falso