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¿Cuál es la manifestación especial del debido proceso en un Estado de Derecho? a) Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites. b) E...

¿Cuál es la manifestación especial del debido proceso en un Estado de Derecho?


a) Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites.
b) El administrado no es un litigante, ni siquiera en los procedimientos recursivos o de reclamación y, en relación con él, la administración no es un tercero llamado a decidir como juez acerca de sus derechos o intereses.
c) El concepto de “debido procedimiento previo a todo acto administrativo”.

Esta pregunta también está en el material:

Aproximación al derecho administrativo (Presentación) autor UnTER
21 pag.

Direito Administrativo I Universidad Nacional De ColombiaUniversidad Nacional De Colombia

💡 1 Respuesta

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La respuesta correcta es (c), el concepto de “debido procedimiento previo a todo acto administrativo”.

El debido proceso es un principio fundamental del Estado de Derecho que garantiza a los ciudadanos el derecho a ser tratados con justicia y equidad en todas las actuaciones de las autoridades públicas. En el ámbito administrativo, el debido proceso se manifiesta en el concepto de “debido procedimiento previo a todo acto administrativo”.

El debido procedimiento administrativo implica que la administración pública debe respetar una serie de garantías fundamentales antes de adoptar cualquier acto que afecte los derechos o intereses de los administrados. Estas garantías incluyen, entre otras:

  • La audiencia del interesado: la administración debe dar al interesado la oportunidad de ser escuchado y de presentar sus alegaciones antes de adoptar el acto administrativo.
  • La motivación del acto administrativo: la administración debe motivar el acto administrativo, indicando las razones que la llevaron a adoptarlo.
  • La posibilidad de impugnar el acto administrativo: el interesado tiene derecho a impugnar el acto administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La importancia del debido proceso administrativo radica en que garantiza que los administrados no sean afectados en sus derechos o intereses sin tener la oportunidad de defenderse.

Las otras dos opciones, (a) y (b), no son manifestaciones especiales del debido proceso en un Estado de Derecho. La opción (a) se refiere a principios generales de la administración pública, que son aplicables a todos los ámbitos de la actuación administrativa, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo. La opción (b) se refiere a una concepción del administrado como un litigante, que es contraria al principio de igualdad ante la ley.


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