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1 Aclaración preliminar: el presente trabajo toma los textos de Bruna Barlaro Rovati (UADE) “Consenso de Washington en Argentina: implicaciones e inserción internacional a través del realismo periférico”; el de Eduardo Bidaurratzaga “Consenso de Washington” . A partir de ello se presentan algunas conclusiones referidas a la temática que estudiamos en este punto. Consenso de Washington en Argentina: implicaciones e inserción internacional a través del realismo periférico. (Texto de Bruna Barlaro Rovat)1 Resumen El Consenso de Washington se planteó como una posible solución a la crisis latinoamericana de la década de 1980, pero, sin embargo, la aplicación de tal modelo no impactó de igual manera en todos los países que decidieron imple mentarlo, y en el caso específico de Argentina, implicó un proceso de profundas transformaciones estructurales que llevó finalmente al colapso del modelo en el año 2001. El presente trabajo pretende analizar la aplicación del modelo del Consenso de Washington en Argentina y cuáles fueron sus resultados, particularmente haciendo hincapié en los efectos de las privatizaciones en los precios y tarifas, en las cuentas fiscales, en la configuración de los mercados y en el empleo. Además, busca vincular a tal modelo con la configuración de la política exterior emprendida durante ambas presidencias de Menem, sobre todo considerando al realismo periférico como eje. Palabras clave: neoliberalismo, desarrollo económico, realismo periférico, Argentina 1. Introducción Durante la década de 1990 se llevó a cabo un proceso de profundas transformaciones en América Latina en el marco de lo que fue el denominado “Consenso de Washington”. Sustentado en la 1 Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/332974272_Consenso_de_Washington_en_Argentina_implicacione s_e_insercion_internacional_a_traves_del_realismo_periferico FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN CÁTEDRA DE NOCIONES DE ECONOMÍA / TEORÍAS ECONÓMICAS Texto 29 – Consenso de Washington (Unidad 6 punto 1) Texto de Cátedra (elaborado por: Héctor Atonur) 2 ideología neoliberal, tal modelo pretendía palear la crisis de la región intensificada desde la década de 1980, abriendo las economías al capital extranjero y reduciendo el papel del Estado, el cual era percibido como un agente que, por su papel excesivo, retrasaba la modernización y desarrollo (Gantman, 2012). La aplicación se dio de forma desigual en los países que implementaron el modelo, y la realidad muestra que ningún país de la región pudo llevar a cabo todas las reformas en un lapso tan corto de tiempo. Algunos críticos explican que, en un principio, quienes formaron el “consenso” (FMI, Banco Mundial, la Reserva Federal, entre otros) no tuvieron en consideración las circunstancias históricas y culturales de los países latinoamericanos que contaban con una tradición completamente distinta a la anglosajona. Particularmente en el caso argentino, se muestra un alcance de cierto crecimiento económico por medio de un modelo de desarrollo que autores como Conesa (2000) denominan “crecimiento liderado por la deuda”, crecimiento que, sin embargo, contrasta con consecuencias desfavorables en el ámbito social. En la sección próxima, se describen los lineamientos del Consenso de Washington a nivel general, considerando los diez puntos que plantea Williamson y cómo se estructura el modelo bajo la aprobación de diferentes organismos financieros internacionales. Luego, se explican las reformas fundamentales llevadas a cabo en el caso particular de la Argentina, seguido de sus resultados. En la tercera sección se analizan las bases de la política exterior durante las presidencias de Menem y cómo se acopló el concepto de realismo periférico de Escudé a la misma, entendiendo que existe una homogeneidad entre la política interna y la política externa. Por último, se reflexiona acerca del colapso del modelo aplicado en Argentina con la crisis de diciembre de 2001 y las implicaciones que tiene la adopción de un modelo “traído de afuera”. 2. Aplicación del Consenso de Washington en Argentina Durante la década de 1980 se dio una dicotomía: por un lado, la ilusión generada con el retorno de la democracia; por otro, la desilusión causada por el default y la hiperinflación como producto de las políticas económicas fallidas durante la gestión de Alfonsín. Tanto el Plan Austral como el Plan Primavera buscaron apaciguar los efectos de la crisis aguda en la Argentina, sin embargo, fueron intentos fracasados que no lograron evitar la hiperinflación de 1989. Con el inicio de lo que algunos autores llaman “desarme de la democracia” (Bonnet y Glavich, 1994) se dio el traspaso anticipado del mando de Alfonsín a Menem. En el contexto de la nueva gestión, Menem propone una reestructuración profunda basada en la concepción del Estado mínimo y la aplicación de medidas de corte neoliberal y neoconservador, siguiendo las recomendaciones del llamado “Consenso de Washington”. 2.1 Lineamientos generales del Consenso de Washington El “Consenso de Washington” encuentra sus bases en un informe titulado “Lo que Washington quiere decir por reforma de la política [económica]” elaborado por el economista John 3 Williamson, donde se plantea un paquete de reformas de políticas económicas estándar para aplicar en los países latinoamericanos que estaban adentrados en la llamada “década perdida de América Latina”. Dicho informe contó con el respaldo tanto del gobierno de Estados Unidos, como la Reserva Federal y organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El paquete constaba de diez puntos a seguir que, en teoría, aplicados, darían fin a la crisis de la deuda: primero, asegurar la disciplina fiscal, con un déficit operativo que no supere el 2% del Producto Bruto Interno; segundo, establecer un reordenamiento de las prioridades del gasto público; tercero, implementar una reforma impositiva que garantice un incremento del ingreso fiscal; cuarto, liberalizar las tasas de interés; quinto, establecer una tasa de cambio competitiva con un régimen flexible de tipo de cambio; sexto, liberalizar el comercio exterior; séptimo, liberalizar la entrada de Inversión Extranjera Directa; octavo, llevar a cabo privatizaciones de empresas paraestatales con el fin de “conseguir más eficiencia”; noveno, desregular para promover la competencia; y por último, garantizar los derechos de propiedad en una manera similar a la de Estados Unidos (Williamson, 1990). Dentro de la lógica neoliberal en la que estaba encuadrado este modelo, América Latina era visto como un bloque homogéneo con economías similares y problemáticas congruentes, causadas principalmente por dos factores: primero, por el excesivo crecimiento del Estado, y segundo, por el populismo económico; dando como resultado una distorsionada asignación de recursos. En este sentido, el neoliberalismo buscaba dar solución al Estado benefactor ineficiente, además de respaldarse como promotor de la cooperación internacional (Sterling-Folker, 2010), condición necesaria para insertarse en el nuevo sistema mundial configurado a partir del capitalismo. Vilas (2003) asegura que el modelo del “Consenso de Washington” no sólo implicaba una serie de medidas para llevar a cabo una reforma económica profunda, sino también formaba parte de un capítulo de la democracia, afirmando: “la descentralización como instrumento de ordenamiento de cuentas públicas y la descentralización fiscal de decisiones y políticas públicas a destinatarioscontribuye a la democracia y a la responsabilidad ciudadana”. Otros autores como Skaggs (2011), aseveran que la promoción del modelo se da como una “solución económica democrática” frente al peligro que implicaba la amenaza socialista/comunista en la región. En esta instancia, el principal promotor, Estados Unidos, cumplía un rol fundamental al influir en el posicionamiento de los otros Estados que debían, desde su perspectiva, subordinarse a él (y considerar tal subordinación como una victoria de la democracia) o aislarse y caer en la anarquía. 2.2 Aplicación en Argentina La victoria del Partido Justicialista con el 47,5% de los votos y la asunción anticipada de Menem a la presidencia demostró la necesidad de realizar un giro estructural particularmente en las políticas económicas. En tal contexto, Menem dentro de sus promesas de campaña expresó la idea de llevar a cabo una “revolución productiva” donde la recuperación del trabajo y la cultura 4 del trabajo sería una prioridad. Además, atacó al modelo de sustitución por importaciones viéndolo como el causante del estancamiento económico por el que estaba transitando el país. El presidente pudo llevar a cabo su plan de reformas neoliberales, adoptando algunos puntos del Consenso de Washington, a partir de diferentes factores: en una primera instancia, gracias al apoyo institucional que tenía por parte del Congreso y la oposición, donde la aprobación de leyes fundamentales de la reforma se dio en plazos sumamente cortos; en una segunda, fue el tener a la Corte Suprema a su favor, especialmente cuando se dio la mayoría automática, fallando siempre a favor del presidente; y tercero fue el decretismo presidencial como forma de saltear procesos institucionales que harían al proceso más arduo y a los cambios más lentos. Sin embargo, en relación con este último punto, el uso particular de Decretos de Necesidad y Urgencia no fue indiscriminado, sino más bien moderado teniendo en consideración que en algunas circunstancias era necesaria la aprobación de determinadas leyes para dar una imagen de seguridad jurídica al exterior. Siguiendo los diez puntos de Williamson, la gestión de Menem abarcó siete (Duarte, 2002): en relación al déficit fiscal, se suspendieron subsidios y subvenciones a la vez que los ingresos mejoraría a partir de la privatización de empresas estatales y venta de inmuebles del Estado; considerando el punto de gastos públicos, se suspendieron subsidios, subvenciones y cualquier tipo de compromiso que afecte los recursos del Tesoro Nacional; en cuanto a la reforma impositiva, se dio la suspensión de incentivos vía reducción o exención de impuestos y posteriormente se expandió la base impositiva con el aumento y ampliación de impuestos al consumo; siguiendo el punto de la política comercial, se liberalizó el comercio exterior al eliminar a todos los entes de regulación; en lo que respecta a la Inversión Extranjera Directa, se garantizó la igualdad de tratamiento para tanto capital nacional como extranjero; en lo referido a la privatización, se le dio facultades al Poder Ejecutivo Nacional para proceder a la privatización total o parcial o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad sea total o parcialmente del Estado; y por último, en cuanto a la desregulación, se liberalizó el comercio eliminando a los entes contralores como eran la Junta Nacional de Granos o la Junta Nacional de Carnes. Durante la presidencia de Menem existieron tres leyes clave que posibilitaron la reforma: la ley N°23.697 de Emergencia Económica, la ley de Reforma del Estado y Reestructuración de empresas públicas (N°23.696) y la ley de Convertibilidad (N°23.928). La primera hacía referencia a la reestructuración del gasto estatal, al igual tratamiento de capitales nacional y extranjero y a la autorización al Poder Ejecutivo para declarar prescindibilidad de empleados designados sin concurso previo; la segunda estableció que las empresas públicas podrían ser privatizadas mediante decretos, dando posibilidad a acreedores del Estado y/o sus empresas de capitalizar sus créditos; y la tercera dada bajo la iniciativa del ministro de Economía Cavallo, decretaba la relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense (1 dólar estadounidense por cada 10.000 australes o posteriormente un peso). Sin embargo, ésta última fue criticada por los diferentes organismos financieros internacionales al ir en contra de lo que proponía el modelo del “Consenso de Washington”, el cual establecía la disposición de un tipo de cambio flexible. 5 La ley de Emergencia Económica supuso una descentralización de políticas sociales, al tener que cumplir con la reducción del gasto estatal, dejando de ser una estrategia de promoción social (propia del Estado benefactor) y pasando a un instrumento de asistencia y compensación de los efectos negativos del ajuste en la calidad de vida de los sectores más vulnerables (Vilas, 2003). En lo que respecta a la ley de Reforma del Estado y Reestructuración de empresas públicas, se vio en las privatizaciones la solución al problema de las empresas públicas que “(…) habían abandonado progresivamente el propósito social que había guiado su creación; por el contrario, la calidad de sus servicios era cada vez más pobre, su productividad declinaba, el rendimiento de sus inversiones era muy bajo, el precio de sus servicios se había deteriorado y su endeudamiento había crecido notablemente” (Gerchunoff, 1995:45), también teniendo en cuenta que “una vez que el gobierno fuese apartado del camino se asumía que los mercados privados distribuirían eficientemente los recursos y generarían un fuerte crecimiento” (Stiglitz, 1998:22). El caso particular de las privatizaciones sin dudas constituyó el pilar más importante del nuevo plan de reformas. Los sectores privatizados fueron esencialmente de servicios: ferrocarriles (Ferrocarriles Belgrano S.A, Ferrocarriles Argentinos S.A y Ferrocarriles Metropolitanos S.A), correo (Correo Argentino y ENCOTEL), gas (Gas del Estado), energía eléctrica (SEGBA), agua (HIDRONOR), telecomunicaciones (ENTEL), aerolíneas (Aerolíneas Argentinas) y petróleo (YPF y YCFRT). Lo particular del proceso de privatizaciones fue la velocidad con la que se dio: en 1994, 131 de 200 de las mayores empresas argentinas que concentraban el 57% del total de ventas estaba dominadas por capital nacional; para 1998, 131 de las 200 empresas que representaban el 70% total de ventas estaban en manos de capital extranjero (Guadagni, 2000). La justificación de lo veloz del proceso fue, por un lado, para palear el endeudamiento crítico de las empresas estatales que pasarían a ser administradas por acreedores extranjeros; y por otro, para obtener el visto bueno tanto de grupos económicos locales como extranjeros: se pensaba que las privatizaciones llevarían hacia una conciliación entre actores internos y externos y entre éstos y el nuevo gobierno. 2.3 Resultados Con el alza en la Inversión Extranjera Directa se dio una baja en la inflación y un aumento en el Producto Bruto Interno per cápita. No obstante, el crecimiento no fue continuo: ya para 1995 tuvo índices negativos con leves recuperaciones hasta que se dio el mayor pico de -11,74% con la crisis de diciembre del 2001. Con respecto al consumo, gracias a la ley de convertibilidad se produjo un boom del consumo que, sumado a la estabilidad macroeconómica a corto plazo, dio la legitimación necesaria al plan económico para que Menem gane la reelección. Siguiendo las reflexiones de Berger (1986), esta cuestión resulta consistente con lo que él entiende como laúltima fuerza legitimadora del sistema: el consumismo. En relación con los precios y tarifas, las empresas públicas necesitaban una inyección de capital que sólo podía proveer el sector privado, y así aumentar la productividad y eficiencia de estas 6 empresas. En este sentido, si bien el objetivo se cumplió, no fue el conjunto de la sociedad sino un grupo reducido de empresas (propietarias o concesionarias de las empresas de servicios públicos) las que fueron beneficiadas con un incremento en la tasa de retorno de su capital al abaratar costos. Se dio una evolución asimétrica entre las tarifas de las distintas categorías de cada sector de servicios donde se presentaron dos tendencias: una transferencia de recursos desde sectores asalariados y bajos ingresos a sectores empresarios; y una transferencia de pequeñas y medianas empresas hacia las grandes (Duarte, 2012). En cuanto a las cuentas fiscales, hubo una disminución de la deuda en el corto plazo, pero en el mediano/largo plazo el endeudamiento se vio agravado: “(…) en los años de la convertibilidad (1991 a 1997) los pagos de intereses más las amortizaciones de capital de la deuda ascendieron a 59.700 millones de dólares. Pero en el mismo lapso se contrajeron nuevas deudas por 63.500 millones” (Verbitsky, 1999). Para 1998 el total de la deuda alcanzaba los 140.000 millones de dólares, mientras que en 1991 era de 61.000 millones (Basualdo, 1999). Considerando la configuración de los mercados, como consecuencia del proceso privatizador se dio un conjunto reducido de grandes conglomerados empresariales, quienes pasaron a controlar firmas que operan en sectores de actividad estratégicamente importantes. 3. Política exterior menemista y vinculaciones con realismo periférico La política exterior durante los dos períodos de Menem implicó cambios y continuidades con respecto a la presidencia predecesora de Alfonsín. Miranda (1994) explica las principales diferencias entre las políticas de Menem y Alfonsín, considerando el contexto: la política planteada durante la presidencia de Alfonsín era congruente con la culminación de la Guerra Fría, mientras que Menem se ubica en una nueva etapa de la historia con la adopción de un nuevo sistema internacional donde Estados Unidos consolida su hegemonía; en relación a esto, puede entenderse la relación de la Argentina alfonsinista con Estados Unidos, siendo de confrontación, frente a la Argentina de Menem que decidió la aceptación realista de Estados Unidos como líder en el hemisferio occidental (Escudé, 1992). Frente a este contexto, la política de Menem descartó el no alineamiento porque percibió la escasa funcionalidad a los cambios y exigencias del nuevo sistema mundial donde Estados Unidos era fundamental. Por último, cabe destacar el momento histórico de Argentina en ambas presidencias: Menem no tuvo que partir desde cero en una transición democrática que implicó un cambio rotundo del diseño de la política exterior del gobierno militar como lo tuvo que hacer Alfonsín. A grandes rasgos, la posición de Argentina en el mundo involucró: un abandono de la posición de autonomía con respecto a Estados Unidos, entendiendo en palabras del Canciller Di Tella que la Argentina buscaba tener “relaciones carnales” con el país del norte; en relación con Brasil, se propuso incentivar una búsqueda de mayores entendimientos en el marco del incipiente MERCOSUR; en Naciones Unidas se apoyó/defendió al nuevo ordenamiento del sistema mundial; y a nivel regional, se buscó una política de seguridad y defensa orientada a una “Zona de Paz en el Cono Sur”. Bernal Meza (2002), por su parte, resume a la política exterior menemista en 7 la adopción de tres posiciones básicas: alianza con potencias vencedoras de la Guerra Fría y alineamiento con hegemón, aceptación de nuevas reglas de juego en el sistema económico mundial, y profundización de vínculos transnacionales y adhesión a estrategias de capitalismo trasnacional. Dentro de los objetivos de la política exterior, se buscaba favorecer la reinserción de la Argentina en el “primer mundo”, por ello, se procuró establecer una alianza de largo plazo con Estados Unidos, se recompusieron las relaciones con Europa, se profundizaron las relaciones con países como Japón, y se formó una alianza económica con el Brasil. Es así como se abandona la confrontación política con países desarrollados, aunque se consideraba que la Argentina no debía pretender un alto perfil o una posición protagónica a nivel internacional (Escudé, 1997). En relación con las posiciones que toma Bernal Meza (2002), la Argentina comienza un proceso de adopción de “valores hegemónicos universalmente aceptados” (Bernal Meza, 2000:91) para generar prestigio, credibilidad y confiabilidad en el exterior. Estos valores como la democracia, el libre mercado o la seguridad cooperativa fueron las bases para la formulación de políticas tanto internas como externas. En el ámbito doméstico, la aplicación del “Consenso de Washington” y la reforma estructural del Estado fueron fieles estos principios: consolidar la democracia a partir de una economía de libre mercado como solución a la crisis regional. Una personalidad destacada dentro del Ejecutivo de Política Exterior durante la gestión de Menem fue Carlos Escudé, quien cumplió el rol de asesor del ministro de Relaciones Exteriores Di Tella. Una cuestión que aconteció hacia dentro del Ejecutivo de Política Exterior en los años ’90 fue que no existía una posición consensuada o congruente entre los diferentes agentes que conformaban la toma de decisiones de la política exterior argentina: por un lado, se ubicaban Menem, Cavallo, Di Tella y Cisneros quienes opinaban que había una necesidad de cambiar la política exterior frente a los cambios en el sistema mundial; por otro, se encontraba Escudé, quien defendía la atemporalidad de la necesidad de cambio, basándose en su teoría de realismo periférico. El realismo periférico se presenta como una teoría opuesta a la teoría de la interdependencia compleja de Keohane y Nye, entendiendo que existe una lógica de desinterés por parte de los Estados centrales o grandes potencias con respecto a los Estados periféricos, los cuales son pobres, vulnerables y poco estratégicos. De tal forma, haciendo énfasis en su componente ciudadano-céntrico, las decisiones que se tomen deben implicar un análisis costo-beneficio en donde los costos para la población sean los menores posibles (Escudé, 2009). En este sentido, el alineamiento de Menem con Estados Unidos implicó una lógica de realismo periférico, donde se buscó evitar a toda costa cualquier tipo de confrontamiento con el gran hegemón, ya que se suponía que un potencial conflicto implicaría altos costos para la población. Escudé, analizando la política exterior durante la década de 1990, distingue entre dos etapas de las relaciones exteriores menemistas: una primera de “crudo pragmatismo”, y una segunda de “nuevo Principismo de giro marcadamente occidental”, lo cual implicaba “aceptar pragmáticamente que la Argentina necesita más de Estados Unidos que éstos de la Argentina” (Miranda, 1994:5). Otros autores como Busso y Bologna (1994), sin embargo, explican que 8 la política exterior argentina durante este período fue puro pragmatismo más que realismo, entendiendo que la política externa formó parte del proceso de reformas del Estado y de la economía, cuestiones que estaban directamente vinculadas a las relaciones de Argentina con Estados Unidos. 4. Conclusiones En América Latina los procesos de democratización tuvieron desarrollos desiguales, especialmente en lo que implica toma de decisiones.En algunos casos la transferencia de recursos y decisiones pueden estar influenciados por el clientelismo y el autoritarismo, sin recibir ningún tipo de cuestionamiento. La experiencia latinoamericana en relación con el “Consenso de Washington”, sin embargo, muestra que no existió una relación lineal entre aplicación de los principios y crecimiento económico. En el caso particular argentino, el acelerado proceso de privatizaciones trajo logros a corto plazo, como la reducción de inflación, PBI per cápita e IED; pero también tuvo consecuencias negativas como el incremento del desempleo, el deterioro de las condiciones laborales, la imposibilidad de mejorar la competitividad de las industrias argentinas y el detrimento en los gastos de salud y educación como producto del ajuste de cuentas del Estado. Algunos críticos del modelo del “Consenso de Washington” explican que su fracaso se debe a un planeamiento y aplicación incompletos de políticas (Williamson, 2002), a la insatisfacción por parte de la población como consecuencia de la implementación de medidas (Ffrench-Davis, 2000) o a no haber considerado las particularidades históricas, culturales y sociales de América Latina al momento de diseñar las políticas (Skaggs, 2011). Es importante, entonces, reflexionar acerca de las implicaciones que trae implementar un modelo “exportado”: la falta de entendimiento cultural puede parecer una cuestión que pasa desapercibida, pero la realidad muestra que es imposible implementar un modelo que funcione a nivel ecuánime en todo el mundo, especialmente considerando a América Latina como una región que en sí presenta diferencias abismales. La complejidad de cada país, en especial la complejidad argentina, demuestra que existen problemas coyunturales, históricos, que no pueden solucionarse al largo plazo sin implicar un alto costo político. La polarización entre un Estado benefactor y un completo liberalismo sin intervención estatal es lo que en última instancia socaba los intentos de llegar a “un país mejor”, un claro ejemplo de ello fue la crisis del 2001. Frente a este paradigma, coincido con lo que expresa Bresser Pereira (1991) siguiendo al enfoque de la crisis fiscal, al afirmar que quizás la solución radique en la coordinación entre Estado y mercado donde exista una potestad estatal para definir políticas económicas, al igual que voluntad para direccionarse hacia el mercado externo. Este paper constituye un trabajo meramente explicativo, por ello sería apropiado profundizar en nuevos estudios sobre las posibles alternativas para combatir los problemas coyunturales 9 expuestos. Quedarían dos cuestiones claves alrededor de las posibles soluciones a desarrollar: cuáles serían los beneficios para la población, por un lado, y cuál sería el costo político en el proceso de toma de decisiones, por el otro. Consenso de Washington (texto de Eduardo Bidaurratzaga)2 El denominado Consenso de Washington se refiere al conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta para, por un lado, hacer frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis económica de los setenta, y por otro, como salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a los países del Sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Todo ello por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida por estos organismos. El concepto como tal fue acuñado por el economista británico John Williamson en un artículo publicado en 1989, donde enunciaba una serie de medidas de estabilización y ajuste de las economías respecto a las cuales determinadas instituciones con sede en Washington — mayormente el FMI y el BM, así como el gobierno y la Reserva Federal de EE.UU.— parecían tener un consenso sobre su necesidad. En términos generales, el entonces nuevo ideario apostaba por un paquete conjunto de políticas económicas como: la lucha contra el déficit público por la vía de reducción del gasto, las reformas para reducir la progresividad impositiva, la PRIVATIZACIÓN de empresas públicas, la liberalización del comercio y de los MERCADOS de capitales a nivel internacional, la minimización de las condiciones a la entrada de INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA y la desregulación de los mercados laborales internos, entre otras. Influencia sobre la teoría y práctica económica En la evolución del pensamiento sobre el desarrollo y la consiguiente aplicación de medidas acordes con este, el Consenso de Washington marca un punto de inflexión determinante en la orientación de las políticas económicas para las décadas posteriores, y contribuye significativamente a la creación y consolidación del patrón de globalización neoliberal actualmente dominante. Si bien durante los años setenta el pensamiento sobre el desarrollo logra superar la obsesión previa por el crecimiento económico, las inversiones en infraestructuras y la industrialización como objetivos en sí mismos, pasando a hacer más hincapié en la lógica de la satisfacción de necesidades básicas y la lucha contra la pobreza, las desigualdades o el desempleo, 2 2 Disponible para consulta en: https://omal.info/spip.php?article4820 10 la década de los ochenta establece un giro radical en estos planteamientos, retomando una visión reduccionista del desarrollo como meta a alcanzar y del camino para acceder a este. Tal y como se desprende de las medidas mencionadas, las principales características de este enfoque han sido: el restablecimiento del mercado como mecanismo central para la asignación de recursos en la economía; la priorización del SECTOR PRIVADO como motor de la economía y la minimización del peso del sector público; la liberalización de mercados y la apertura como estrategia fundamental de inserción en la economía mundial; y la negación de una economía del desarrollo, mediante la utilización de un único análisis y aplicación de recetas universalistas para todas las economías con independencia de su nivel de desarrollo y su contexto particular. En los países del Norte, este cambio de tendencia se produjo como respuesta a la crisis de los años setenta, mediante políticas restrictivas centradas en la lucha contra la inflación y el déficit público, enfrentándose a las políticas de corte keynesiano aplicadas en la mayor parte de esos países en las décadas anteriores. A este respecto, la llegada al poder de los partidos conservadores en Estados Unidos y Gran Bretaña, de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, entre otros factores, fue determinante para la puesta en marcha del proceso de liberalización de las economías y de desestructuración del Estado de bienestar emprendido a partir de entonces. Más allá del giro radical que ello supuso en las políticas económicas de los países del Norte, la influencia de estos en organismos internacionales como el FMI y el BM trasladó directamente estos análisis y políticas a los países del Sur tras el estallido de la crisis de la deuda externa a primeros de la década de los ochenta. La intervención por parte de estos dos organismos trataba de minimizar el riesgo de colapso del sistema financiero internacional por medio de la oferta de financiación a los países deudores del Sur que encontraban grandes dificultades para poder hacer frente a los pagos correspondientes. No obstante, el acceso a financiación por parte de las INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES venía condicionada a la aplicación del ya mencionado conjunto de medidas de política económica, comúnmente conocidas con el nombre de programas de ajuste estructural. La mayor parte de los países del Sur, primeramente latinoamericanos y posteriormente africanos y asiáticos, se vieron obligadosa recurrir a la financiación externa de las INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES, lo que se tradujo en la imposición generalizada de dichas severas reformas estructurales y duras políticas de austeridad en estos países sobre todo durante las décadas de los ochenta y noventa. La inclusión durante los años noventa de las economías en transición de la Europa del Este y de las antiguas repúblicas soviéticas acabó ampliando el ámbito de actuación de esta agenda neoliberal a la gran mayoría de las economías del mundo. Críticas y tendencias recientes Estos paquetes de políticas y sus instituciones promotoras recibieron fuertes críticas como consecuencia de sus graves efectos sociales sobre los sectores de la población más vulnerables, así como por los escasos resultados de sus reformas a la hora de alcanzar uno de sus pretendidos 11 objetivos, esto es, estimular la actividad económica. Todo ello además, en un contexto en el que otros países que no han seguido fielmente las propuestas del Consenso de Washington han obtenido mejores resultados económicos, como Corea del Sur o China, entre otros. Dichas críticas, lanzadas desde diversos ámbitos de la academia, agencias de NACIONES UNIDAS y amplios sectores de la sociedad civil en los países afectados, llevaron desde mediados de los noventa a una amplia demanda de superar la fase anterior y caminar hacia el que se vino a denominar el post-Consenso de Washington. Desde esta perspectiva, se criticaba la fe ciega en el ideario neoliberal y en sus recetas universalistas, acuñándose conceptos como “fundamentalismo de mercado” para explicar esta tendencia que tanto se ha extendido por todo el mundo en los últimos treinta años. A este respecto, la influencia de académicos como Joseph Stiglitz, economista jefe del BM entre 1997 y 2000 y premio Nobel de Economía en 2001, ha sido muy destacada. Sus críticas a la forma en que se gestionó la transición de Rusia hacia el capitalismo neoliberal o la crisis financiera del sudeste asiático en 1997 por parte del FMI, y en general al malestar causado por el actual formato de globalización, han contribuido significativamente a alimentar el cuerpo teórico del post-Consenso de Washington. Todo ello ayudó a provocar también diversos cambios en el discurso del BM desde finales de los años noventa a partir de planteamientos neoinstitucionalistas, como en el caso de su propuesta de Marco Integral de Desarrollo. La confluencia del FMI y del BM entre las muchas instituciones que trabajan en el marco del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) podría verse también como un cambio en esa dirección. Pese al cambio de discurso en la lógica de priorización de la lucha contra la pobreza, la práctica de la condicionalidad macroeconómica, el ajuste y las políticas de austeridad sigue aún muy vigente en los países del Sur y del Este que reciben financiación de estas instituciones. En este mismo sentido, la crisis financiera de 2008 y la respuesta a la misma por parte de gobiernos e INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES ha puesto de manifiesto que la presencia de los principios del Consenso de Washington y sus políticas neoliberales desgraciadamente sigue siendo todavía muy amplia. Si bien la reacción inicial por parte de muchos gobiernos, de la mano de la intervención pública y las operaciones de rescate a la banca y otros sectores privados, evidenciaban lo inapropiadas que habían sido las políticas previas de desregulación y liberalización de MERCADOS a ultranza, el resultado final de todo ello, sin embargo, dista de alejarnos de dicho ideario y de la práctica neoliberal. Es decir, como consecuencia de esto, la aplicación del principio de «PRIVATIZACIÓN de las ganancias y socialización de las pérdidas» ha hecho que la crisis financiera, y la consiguiente recesión económica, se acabe convirtiendo en una crisis fiscal para muchos de esos gobiernos, como hemos visto en el caso de diversos países de la periferia europea. Paradójicamente, todo ello ha hecho resurgir con gran fuerza el discurso y la práctica más neoliberal del Consenso de Washington. La apuesta de nuevo por fuertes ajustes presupuestarios por la vía del gasto y la mayor desregulación de los mercados laborales internos, entre otras medidas, se está traduciendo en un drástico deterioro de los sistemas de protección social, con graves consecuencias sobre las condiciones de vida de los sectores sociales más vulnerables, así como en amplio descontento y rechazo popular.
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