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El Plan de la noria El contenido fundamental del Plan de la Noria se resume en un manifiesto denunciando “la reelección indefinida, forzosa y violenta, del Ejecutivo Federal”, así como la corrupción e ineficiencia de la mayoría parlamentaria y la debilidad de la Suprema Corte de Justicia para salir indemne de la perversión del gobierno. En líneas sucesivas, se denuncia la impotencia de los Estados para mantener su independencia y autonomía, y la manipulación que ejercen sobre ellos el Poder Ejecutivo y las fuerzas federales. Las denuncias se extienden hacia el mal uso, aprovechamiento y desigual distribución de las rentas. Se acusa al Gobierno de no atender ni responder al clamor y descontento popular, el cual vio frustrada su esperanza de cambio político a través de las elecciones, al perpetuarse en el poder un mismo mandatario. Se extiende la denuncia a todos los funcionarios públicos que participan y consienten el sistema vigente, que han sido testigos del fraude electoral y han tergiversado los principios de la democracia. En el Plan, Díaz expresa su compromiso con los valores democráticos, enumerando su lucha en los distintos episodios, como la Revolución de Ayutla, la Guerra de la Reforma, la lucha contra la invasión extranjera, etc., niega todo interés ni aspiración al poder y declara su lucha consagrada al pueblo. Díaz declara su lema de: “Constitución del 57 y libertad electoral” y resume su programa: “menos gobierno y más libertades”. La reconstrucción constitucional será responsabilidad de una convención de tres representantes de cada Estado, elegidos popularmente. Estos nombrarán al nuevo presidente, cuyo principal requisito será no haber ejercido dicha autoridad o cualquier autoridad a nivel nacional durante el último año. Se prohíbe al Congreso de la Unión designar altos funcionarios públicos, debiendo ser estos cargos designados bajo la aprobación de la Cámara. El Congreso deberá garantizar los derechos y recursos de los Ayuntamientos, asegurando su independencia y autonomía. A continuación, se exalta el derecho de los acusados a un juicio justo, bajo las garantías de la ley y se menciona la necesidad de reformar la ordenanza de aduanas marítimas y fronterizas según los preceptos constitucionales. El plan finaliza haciendo un llamado de adhesión a todos los afines a la patria y la Constitución, e instando a los mandatarios públicos a atenerse a la ley y la moral, observando estrictamente los principios constitucionales para garantizar la paz.
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