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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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Uno de los grandes desafíos contemporáneos es cómo gestionar la migración. Los 
debates van desde quienes abogan por la preminencia de la seguridad nacional, los 
controles y el “cierre de fronteras” hasta quienes propugnan por privilegiar la seguridad 
humana y el libre tránsito de personas, que toman voluntariamente sus decisiones de 
emigración. Este desafío ha sido incluido con prioridad por la comunidad internacional, en 
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, considerando que la migración es pertinente para 
la consecución de todos sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como un instrumento 
de gran potencial para reducir desigualdades, ya sea en o entre países. 
El ODS 10 propone facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, 
regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas 
migratoria planificadas y bien gestionadas. Para contribuir en su consecución, 160 países 
firmaron el Pacto Mundial para una Migración, Segura, Ordenada y Regular a fines de 2018. 
Este Pacto busca establecer un balance entre acceso y control de los mercados de trabajo, y 
entre los costos y los beneficios de la migración, reconociendo a las personas migrantes como 
sujetos de derecho. 
Según datos de las Naciones Unidas, los 20 países de América Latina registraron en 
2015 un estimado de 31,1 millones de emigrantes, equivalentes al 5% de su población total. 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la migración 
intrarregional y transfronteriza ha sido el rasgo dominante de esta región durante la mitad 
del siglo XX. Al mismo tiempo, se ha intensificado y complejizado un patrón histórico de 
migración extrarregional principalmente de los países del norte de Centroamérica (NCA) 
hacia los Estados Unidos y el Canadá. 
La mitad de todos los emigrantes en la región, 16,4 millones de personas, provenía 
en 2015 de México y Centroamérica. Destaca el creciente peso que adquiere la emigración 
de los países del norte de Centroamérica (NCA); el destino de un 90% de estas personas 
emigrantes son los Estados Unidos. El corredor México-Estados Unidos es, por gran 
diferencia, el principal corredor migratorio del mundo. Según el Secretario de Relaciones 
Exteriores de México, el paso fronterizo de Tijuana es uno de los más intensos del mundo, 
pues es atravesado por más de 60 millones de personas al año. 
De manera contrastante, la emigración de México a Estados Unidos, estimada en 
12 millones de personas, ha venido reduciéndose a la mitad en los últimos 10 años y ha 
alcanzado actualmente un saldo migratorio nulo, mientras que la emigración de los países 
del NCA ha crecido en las últimas dos décadas al 7,3% anual, hasta alcanzar los 3,1 millones 
de personas en 2015, algo más del 10% de su población total. Más allá de su intensificación, 
la emigración de los países del NCA ha tomado una gran relevancia por las tensiones que 
está provocando en las relaciones geopolíticas y de cooperación entre estos países, México 
y los Estados Unidos. Asimismo, esta situación ha puesto en cuestión, como nunca, los 
sistemas existentes para gestionar la migración, tanto en sus países de origen como en los 
de tránsito y en el de destino. 
En los países de origen, las causas que impulsan una migración de “sobrevivencia” 
continúan deteriorándose y la intensificación de sus flujos genera nuevos patrones como la