De la amistad al enfrentamiento. La Federación Agraria Argentina y sus vínculos con el kirchnerismo

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De la amistad al enfrentamiento. 
La Federación Agraria Argentina y sus vínculos con el kirchnerismo (2002-2009) 
Lautaro Lissin
*
 
Introducción 
Han pasado ya ocho años de un conflicto sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. En 
Marzo del 2008, la sociedad argentina presenció un enfrentamiento entre las corporaciones 
tradicionales del sector agropecuario y el gobierno nacional. El anuncio de un nuevo esquema de 
retenciones móviles para la soja, el trigo, el girasol y el maíz y sus productos derivados, desataría un 
conflicto con diversos matices pero atravesado por una fuerte disputa entre las entidades 
representativas del sector agropecuario y el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Sin 
embargo, el conflicto excedía el mero plano sectorial ya que, en el fondo, lo que entraba en discusión 
era el modelo de desarrollo económico del país. 
Notificadas de manera confusa, las retenciones móviles se convirtieron en tema de debate nacional 
canalizando el enojo de los productores agrarios y de otros sectores de la sociedad argentina. El 
enfrentamiento fue aprovechado por otros sectores de la sociedad buscando obtener cierto rédito 
político. Así es que la oposición política, disgregada y atomizada, utilizó el conflicto para unir 
voluntades sumando su apoyo al frente agropecuario. De esta forma, manifestaba su comportamiento 
tradicional de sumar reclamos a la política oficial pero sin ofrecer alternativas que inviten al debate. 
Desde los principales medios periodísticos del país, a partir de la comunicación cotidiana del 
conflicto, lograron resumir e instalar el mismo a partir del binomio “campo vs Gobierno Nacional”. Lo 
cual impidió matizar y dar a conocer las heterogeneidades presentes que expresan otras realidades 
presentes en el sector agropecuario nacional. En esta coyuntura, los medios masivos de 
comunicación cumplieron un rol de relevancia al momento de darle visibilidad a las corporaciones 
gremiales agropecuarias, instalando a la Mesa de Enlace como un actor político de consideración. 
En este contexto, el papel jugado por la Federación Agraria Argentina, entidad tradicional 
representativa del pequeño-mediano productor, poniéndose al frente del reclamo rural llama la 
atención y merece ser problematizado. La conjunción de intereses entre las entidades integrantes de 
la Mesa de Enlace (FAA, CRA, CONINAGRO y SRA), su presentación en el espacio público y la 
perdurabilidad del reclamo, al menos llamaron la atención. 
Los divergentes intereses históricos existentes que colocaba a la entidad en veredas opuestas 
respecto a las restantes corporaciones tradicionales del sector se vieron diluidos. Si bien en ciertas 
coyunturas particulares de nuestra historia, La Federación Agraria Argentina se acercaba a las 
restantes entidades tradicionales, en términos generales se mantenía alejada de las mismas, 
poniendo en evidencia las diversas diferencias existentes con las restantes corporaciones (en 
especial, con la Sociedad Rural Argentina). Básicamente, las divergencias se sustentaban alrededor 
de la necesidad de políticas hacia el sector, pero sobre todo respecto al rol que debía ejercer el 
Estado en relación a las actividades agropecuarias. 
Ahora bien ¿de qué forma podemos explicar que una entidad que años anteriores se ha mostrado 
 
*
 Licenciado en Sociología (UBA, Argentina) y Magister en Sociología Económica del Instituto de Altos 
Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM). Doctorando en 
Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Email: lautarolissin@gmail.com
 
mailto:lautarolissin@gmail.com
mailto:lautarolissin@gmail.com
cercana al mismo gobierno ha roto relaciones con el mismo, estructurando una alianza con actores 
del sector de los cuáles se encontraba alejado? Es analizando los años anteriores al 2008, y 
específicamente el período que va del 2003 en adelante que se espera echar algo de luz sobre los 
interrogantes planteados. 
El objetivo de este artículo es describir y analizar la acción política empresaria de la Federación 
Agraria Argentina durante el conflicto desarrollado en el año 2008. La referencia a acontecimientos 
previos, permitirá por un lado, establecer las características y los cambios suscitados en su relación 
con los gobiernos kirchneristas; por otro lado, comprender en forma profunda la acción política 
encarada por la FAA durante el conflicto del año 2008. 
Para la descripción de los procesos se han utilizado en forma articulada: material periodístico, 
documentos de la/s entidad/es y una serie de entrevistas a informantes claves. 
 
Néstor Kirchner y la entidad oficialista. 
El 25 de mayo del año 2003, Néstor Kirchner asumía la presidencia de la Nación luego de alcanzar 
el segundo puesto en la primera vuelta de las elecciones nacionales. La formula Kirchner-Scioli del 
Frente Para la Victoria había alcanzado el 22% de los votos contra el 24% del binomio Carlos 
Menem-Romero. No obstante, la renuncia de estos últimos al ballotage situaban a Kirchner en el 
principal cargo dirigencial del país. 
Durante los primeros tiempos de gestión, y sobre la base de diversas expresiones realizadas desde 
el gobierno, la FAA se mantendría en las cercanías de la administración nacional profundizando sus 
relaciones con el kirchnerismo. Esta situación, conllevaría la reacción de sus pares sectoriales. En 
particular las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) comenzaron a referirse a la FAA, en forma 
despectiva, como la “entidad empresaria oficialista”
1
. 
En efecto, esta denominación respondía a los vínculos cercanos que la FAA mantendría con el 
gobierno nacional, que se expresaban en la visibilidad que habían tomado sus principales dirigentes a 
raíz de su participación en distintos espacios de consulta oficial. Asimismo, el acuerdo existente en la 
necesidad de recuperar la producción nacional a partir de la industria y el agro tendrían su máxima 
expresión en la presencia del Ministro de Planificación Federal Julio de Vido en el 91° Congreso 
Anual de la FAA, desarrollado en septiembre del 2003 en la ciudad de Rosario. 
El mencionado Congreso versó sobre algunas temáticas centrales e ineludibles para el pequeño 
productor asociado a la FAA. La puesta en funcionamiento de una política agropecuaria nacional para 
frenar la desaparición de miles de productores del interior del país, la creciente concentración en la 
propiedad de la tierra, la puesta en marcha de un nuevo esquema de uso y tenencia de la tierra para 
preservarla como elemento insustituible por su aporte a la economía nacional a partir del desarrollo 
de los pueblos del interior (FAA, Memorias y Balances, 2003-2004) fueron sus principales ejes. 
En su discurso, y manteniendo un acuerdo con las demandas de la entidad, Julio de Vido señalaba 
que, 
 
 
 
1
 Entrevistados, miembros del Consejo Directivo Central de la FAA mencionaron esta expresión. Asimismo, 
manifestaron que especialmente desde la CRA y su integrante CARBAP cuando se criticaba a la FAA por su 
apoyo al gobierno de Kirchner, se la llamaba despectivamente de esta manera. 
 
“Nuestra presencia en este Congreso es una presencia con compromiso. Sabemos que debemos escuchar, 
pero después debemos sentarnos a trabajar y terminar con los discursos. Creemos en la Argentina plural, 
en un capitalismo con decisión nacional, en un país sin exclusión social. Queremos construir este proyecto 
nacional junto a todos ustedes que, sin ninguna duda, van a galvanizar y consolidar las banderas de trabajo, 
producción, equidad y movilidad social ascendente” (Discurso de Julio de Vido en FAA Memorias y 
Balances, 2003-2004) 
 
Desde las huestes federadas, su mismo presidente Eduardo Buzzi
2
 ponía en claro la posición de la 
organizaciónrespecto al gobierno de Kirchner, 
 "La llegada de Kirchner abrió expectativas favorables. El mayor cambio es que el Gobierno tiene ganas de 
cambiar […] no se trata de un cheque en blanco, el apoyo de la FAA dependerá de que se comiencen a 
implementar las medidas que reclaman los pequeños y medianos chacareros […] no es cierto que al campo 
le esté yendo tan bien como dicen algunos funcionarios. No todo el campo es igual y se requieren 
definiciones urgentes para las distintas realidades" (Declaraciones de Eduardo Buzzi, Clarín, 27/09/2003) 
 
Las relaciones cercanas entre la FAA y el gobierno nacional se expresarían con claridad en el plano 
político-institucional, donde la ausencia de movilizaciones y/o acciones de protesta durante los 
primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner eran un indicador claro de esta situación. 
Sin embargo, más allá de la suspensión de las medidas de fuerza, desde la dirigencia de la FAA se 
continuaban expresando las principales dificultades que atravesaban el sector y sus productores. En 
esta coyuntura, aparecían las demandas hacia el gobierno principalmente para que realizara un 
profundo replanteo de la política agropecuaria tendiente a frenar los procesos de concentración 
productiva y extranjerización de la tierra que se estaban desarrollando desde comienzos de la década 
pasada. 
La apertura de la economía acompañada por los cambios tecnológicos implementados a partir de 
1996 en el sector agropecuario, habían causado profundas transformaciones en el mapa de 
actividades agropecuarias nacionales. En un contexto de incremento de precios internacionales, la 
tendencia hacia la agriculturización llevó al crecimiento de aquellas producciones vinculadas a la 
exportación. La concentración en número reducido de cultivos (soja, girasol, maíz, trigo) iba, 
claramente, en detrimento de actividades como la ganadería, la lechería, la producción de porcinos y 
varios cultivos regionales estrechamente relacionados a la alimentación cotidiana de la población y al 
consumo en el mercado interno. La agricultura se extendía por sobre otras actividades productivas 
tradicionales del sector. 
Los cambios tecnológicos y climáticos favorecieron la ocupación de zonas no tradicionales hacia el 
norte y oeste fuera de la frontera tradicional de la región pampeana. Asimismo, la introducción del 
sistema de siembra directa (que permite trabajar con menores niveles de humedad, incorporar 
variables transgénicas y que posibilitaban la realización de dos cosechas anuales) generó la 
oportunidad de duplicar la superficie utilizable tanto de las regiones pampeanas como de las nuevas 
ocupadas (Barsky y Gelman, 2008). 
Como se ha mencionado, las modificaciones productivas se vinculaban directamente a estímulos 
externos. El incremento de los precios internacionales de los principales productos agropecuarios y la 
posibilidad de un aumento veloz de los ingresos contribuyeron a que los productores fueran 
decantándose por aquellas producciones orientadas a la exportación. Esta situación, generaba cierto 
 
2
 Buzzi arribó al máximo cargo de la FAA en Septiembre del 2000 ante la ida de Rene Bonetto de la presidencia 
para ocupar un cargo directivo en el Banco Nación. Por ese entonces, ocupaba el cargo de Secretario Gremial 
de la organización. 
temor respecto a la elaboración de aquellos productos que eran consumidos a diario en el mercado 
interno. 
La Federación Agraria Argentina, sus asociados, no estarían al margen de este proceso de 
transformaciones. En efecto, las modificaciones mencionadas incidirían en la dimensión interna-
organizacional de la entidad. 
 
“Una agricultura con agricultores” 
Las medidas señaladas, que modificaron la estructura agraria nacional, impactarían en el corazón 
de la FAA. En efecto, desde la llegada de Eduardo Buzzi (septiembre 2000) al máximo cargo la 
dirigencia comenzó a percibir las distintas situaciones y realidades presentes en el agro nacional. De 
esta manera, se le otorgo una mayor atención a la situación de ciertos actores que en muchas 
oportunidades quedaban excluidos, por decisión propia de la opción por la agriculturización y por el 
monocultivo de soja. 
Así es que desde la FAA se consideraba necesario representar estas “realidades”: pequeños 
chacareros, agricultores familiares volcados a la producción de alimentos claves, destinados al 
mercado interno, para el consumo de la población nacional que desde el nivel dirigencial se 
consideraba que se debían tener en cuenta. Expresamente, se indicaba que había que prestarle 
atención, brindarles contención y representación en el marco de la organización a las diversas 
economías y a la agricultura familiar presente en distintas regiones del interior del país, ubicadas por 
fuera de la región pampeana. 
Esta decisión dirigencial tendría su máxima expresión en la realización por parte de la FAA de un 
evento considerado como un hito en la historia federada. El Congreso Nacional y Latinoamericano 
sobre Uso y Tenencia de la Tierra, por un lado, causaría malestar en la franja de asociados 
tradicionales vinculados productivamente a la pampa húmeda. Por otro lado, incidiría en la relación 
entre la FAA y el gobierno nacional de Néstor Kirchner. 
Respecto a la primera de las cuestiones indicadas, un Director Titular del Consejo Directivo Central 
de la FAA, expresaba en una entrevista, 
“En sectores más o menos conservadores de la pampa húmeda eso genera un impacto, no del todo 
consciente, donde el productor de pampa húmeda empieza a perder referencia con la FAA” (Entrevista 
realizada en el mes de Julio del 2009) 
 
Para la dirigencia de la FAA, llevar adelante la realización de este acontecimiento significaba 
“retomar las banderas de su causa fundacional” (FAA, 2005: 89) y reflexionar en propuestas y 
programas para que la producción sea “una agricultura con agricultores” (FAA, 2005). 
Partiendo de estas cuestiones, los esfuerzos dirigenciales de la FAA se dirigieron a romper con una 
imagen muy común que se pretende instalar con frecuencia del sector agropecuario como un bloque 
homogéneo sin divergencias internas. Postulando la necesidad de conocer y diferenciar las distintas 
realidades presentes en el agro nacional se problematizaba sobre esta idea, buscando poner en 
relieve las diferencias existentes entre las distintas producciones y regiones del país. 
Así es que los esfuerzos desde la dirigencia se orientaban a enfatizar y marcar las divergencias 
existentes entre un productor pampeano y un extrapampeano, ya que poco se parecían en lo 
económico, lo cultural y el medio ambiente en donde desarrollaban sus actividades (FAA, 2005). 
 
 
 
“El concepto de sector agropecuario ha servido a los grandes grupos agrícolas para fortalecer su imagen, la 
pertenencia de a un sector fuerte de la economía a la hora de presionar por la distribución de la renta en el 
país ante otros sectores como la industria y los servicios. Para estos ámbitos de poder es vital mantener 
inquebrantable el concepto-imagen de sector homogéneo. Ya que ellos por sí mismos- la oligarquía antes y, 
los fondos de inversión y pools de siembra hoy-son minoría” (Documento base, FAA Congreso Uso y Tenencia 
de la Tierra: 2005, 59) 
 
Es por ello, que desde el máximo nivel de la organización se tenía la concepción de considerar las 
distintas realidades productivas para poder reflexionar y focalizar las políticas hacia aquellos actores 
del sector que estaban atravesando serios inconvenientes. 
En este contexto, y antes los cambios acontecidos en el sector agropecuario nacional hicieron que 
la agricultura familiar y la necesidad de reflexionar sobre el proceso de concentración de tierras 
emergieran como temas sustanciales de preocupación desde el seno de la entidad. En el desarrollo 
de los años 2003-2004, la FAA dirigió sus esfuerzos a problematizar sobre el modelode agricultura a 
gran escala que se estaba consolidando en el país. El desarrollo del agronegocio, por un lado, 
permitió el salto en los márgenes productivos, en lo que refiere básicamente a los niveles de cosecha 
alcanzada, instalando una imagen exitosa de los productores que tomaron la decisión de innovar 
tecnológicamente. Por otro lado, estos procesos ofrecían su contracara vinculada con la creciente 
exclusión de gran número de productores y a un proceso de concentración de la agricultura en unos 
pocos cultivos que estaba socavando la capacidad de la Argentina como productor diversificado de 
alimentos, 
 
“O se sigue profundizando el modelo de agricultura empresarial a gran escala, por un mercado dominado 
por una vanguardia de empresarios exitosos con enorme capacidad de inversión y acceso a tecnología, o 
se mira qué hacemos con la gente que sobra en el interior, con los productores excluidos que pertenecen al 
modelo de explotación mixta, diversificada y de base familiar” (Discurso de Eduardo Buzzi, 92° Congreso 
Anual de la FAA, Septiembre 2004) 
 
El modelo agrícola vigente estaba socavando el perfil tradicional del productor agropecuario y 
moldeando otro con características netamente empresariales. Esta situación estaba provocando en el 
interior del país un impacto desfavorable en términos poblaciones, lo cual se reflejaba en el retroceso 
del desarrollo de los pequeños centros urbanos de servicios, el cierre de escuelas rurales y la 
aparición de dificultades en lo que respecta al acceso a la salud en muchas de estas locaciones. 
Ante este escenario, los reclamos federados se sustentaban en la necesidad de la presencia de 
acción estatal a través de la formulación de políticas públicas focalizadas y dirigidas específicamente 
a valorizar el carácter multifuncional de la agricultura familiar (FAA, 2005; FONAF, 2006). Resultaba 
necesario que el Estado interviniera en las producciones de alimentos de alta calidad para la 
población argentina, privilegiando el consumo interno por sobre el sesgo claramente exportador que 
buscaba imponer el nuevo modelo productivo. Asimismo, se consideraba que era imprescindible el 
accionar estatal para impulsar las actividades económicas no agropecuarias que permitían fortalecer 
el desarrollo territorial y local, la generación y mantenimiento de puestos de trabajo, la ocupación 
territorial, y la posibilidad de evitar la expulsión masiva de agricultores y población rural a las zonas 
urbanas (FONAF; 2006)
3
. 
Esta preocupación por la situación que atravesaba la agricultura familiar
4
 y por el proceso de 
concentración que acontecía en el sector tendría sus repercusiones en la dimensión interna de la 
entidad federada. La decisión dirigencial de prestar atención a estas situaciones terminaría por 
ocasionar el encono de asociados tradicionales de la FAA, vinculados productivamente a la zona de 
la pampa húmeda y a la producción del monocultivo de soja. 
 “Uno pone el 2004 porque fue el Congreso y el inicio del Fondo Nacional de Agricultura Familiar, pero viene 
desde antes esa reconstrucción. El corrimiento de la entidad hacia la representación sectores no 
tradicionales que parecía que dejábamos abandonado el sector de pampa húmeda impacta fuertemente en 
esta cuestión. […] y tiene su correlato en el 2005 con una línea interna nueva que se arma, que nace y 
muere en el mismo año. Precisamente su discurso, su eje temático, era volver a la representación 
tradicional histórica. Nos corrían por derecha oponiéndose a lo que fue el Congreso de la Tierra. Esto pasa 
en el Congreso Anual del 2005. Esta línea se presenta, da la pelea y no gana. El oficialismo arrasa y 
termina ahí. No sigue continuando formalmente, pero están en la entidad, es más son compañeros que 
algunos están un poco más cerca bien marcando algunas diferencias, pero están en sus filiales.” (Entrevista 
realizada a Director Titular del Consejo Directivo Central de la FAA en el mes de Julio 2009.El subrayado es 
nuestro) 
 
La importancia que adquirían estas cuestiones para la FAA, quedarían expresadas en el discurso 
de cierre del Congreso de Uso y Tenencia de la Tierra de Eduardo Buzzi. El mismo ponía el énfasis 
en la necesidad de reformular la política oficial hacia el sector agropecuario y a que se establezca una 
agricultura con actores sociales produciendo, una agricultura con agricultores, 
“La desconfianza de una Federación Agraria que no siempre estuvo a la par de los pequeños productores, 
que tiene una larga tradición en la pampa húmeda, que la tiene que preservar porque somos parte de esa 
realidad histórica, somos parte de ese productor de Pergamino, de Marcos Juárez, de Rió Tercero. 
Tenemos que preservar la representación de ese segmento histórico, pero por favor no se vayan con la 
desconfianza de que la Federación Agraria convocó a los pequeños agricultores para hacer un congreso y 
después nunca más. Hay una fuerte definición institucional en que vamos a representar a los pequeños y 
medianos productores, pero en particular vamos a hacer real aquello de defender a los más chicos y a los 
que están más lejos” (FAA, 2005: 392-393. El subrayado es nuestro). 
 
Si bien la FAA fue incorporando a lo largo de los años distintas demandas, su relación con el 
kirchnerismo seguía siendo cercana y amistosa. Sin embargo, a finales del año 2005 y durante el 
2006 un conflicto desatado entre las corporaciones agropecuarias y el gobierno nacional sobre los 
precios de los principales cortes vacunos irían a redefinir la acción política futura de la entidad. 
Asimismo, significaría un quiebre en la relación con el gobierno nacional. En un corto plazo de tiempo, 
la FAA pasaba de ser considerada como “entidad oficialista” a entablar una fuerte disputa con el 
gobierno nacional. 
 
 
 
 
3
 La realización del Congreso de Uso y Tenencia de la Tierra (2004), acompañado con otro acontecimiento 
considerado central en la historia de la entidad como fue el inicio del Fondo Nacional de Agricultura Familiar 
(FONAF). Este último se originó , la realización del Congreso de Uso y Tenencia de la Tierra (2004), 
acompañado con otro acontecimiento considerado central en la historia de la entidad como fue el inicio del Fondo 
Nacional de Agricultura Familiar (FONAF) 
4
 El FONAF en su Documento Base define a la agricultura familiar como “[…] una forma de vida y una cuestión 
cultural, que tiene como principal objetivo la reproducción social de la familia en condiciones dignas, donde la 
gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre 
sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los 
medios de producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza la 
transmisión de valores, prácticas y experiencias” (2006:5) 
El conflicto ganadero del año 2006. 
Si hay que identificar un hecho en particular para señalar en qué momento comenzó a cambiar de 
signo la relación, hasta ese entonces, amistosa entre la FAA y el gobierno nacional ese fue el 
conflicto ganadero del año 2006. La amistosa relación entre el kirchernismo y la FAA sufriría un 
quiebre a partir del año 2006. El detonante, que iniciaría el conflicto, sería la producción, los precios y 
el destino de los principales cortes vacunos. Los años de bonanza agropecuaria, vividos a partir de la 
conjunción del alza de precios internacionales de los commodities agrícolas y de un tipo de cambio 
elevado, atravesarían un duro golpe. A partir del año 2005, distintos cruces entre las corporaciones 
agropecuarias y el gobierno nacional marcarían la relación entre los mismos. 
En términos reales, la oferta normal de ganado no resultaba suficiente para satisfacer la demanda 
compuesta por el consumo interno y la exportación. Esta situación había provocadouna notable 
presión sobre los precios, incrementándose los valores de los principales cortes vacunos. El aumento 
exponencial de las exportaciones impulsó el incremento en un 164 por ciento de los precios internos 
al considerar diciembre del 2005 frente a igual mes del año 2001 (Basualdo y Arceo, 2006). 
Luego de la sucesión de una serie de acontecimientos evidenciados de Marzo a Noviembre del 
2005, y frente al aumento generalizado de los principales cortes vacunos el gobierno tomaba la 
decisión de incrementar los derechos a las exportaciones ganaderas, triplicándolas y pasando de un 
5 a un 15 por ciento. 
En este contexto, a principios del 2006, el Gobierno nacional optó por instrumentar un acuerdo de 
precios con el objetivo de evitar su incremento, congelando los mismos por un año. Sin embargo, si 
bien el compromiso fue sellado por la Federación Agraria acompañada de representantes de distintos 
eslabones de la cadena ganadera (consignatarios, frigoríficos, etc.) al no contener precisiones sobre 
una baja en las retenciones entidades como la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales 
Argentinas se negaron a rubricar el acuerdo. 
Desde el gobierno nacional, su presidente Néstor Kirchner se manifestaba con dureza, 
“A algunos sectores del campo, la Sociedad Rural, CARBAP, les va bien, han exportado más que nunca y 
lograron salir del encierro que tuvieron durante años […] no hay que ser avaros; tengan en cuenta que la 
carne es fundamental en la mesa de todos los argentinos” (Clarín, 26/1/2006. El subrayado pertenece al 
texto). 
 
En un principio, si bien para la FAA la suscripción del acuerdo significaba un basamento importante 
para diseñar e implementar un verdadero programa de desarrollo ganadero, en primera instancia 
permitía contener los precios para atender el segmento de la población más vulnerable (FAA, 
Memorias y Balances, 2005). Sin embargo, la FAA enfatizaba que el problema de fondo no era el 
precio de la carne sino que esta situación resultaba de la caída en el stock vacuno. 
En este contexto, la FAA criticaba a las restantes entidades agrarias por desestimar la firma del 
convenio buscando desestabilizarlo. Desde el Consejo Directivo Central de la entidad se decidió 
emitir un comunicado en el cual manifestaba la necesidad de ir a fondo con la política ganadera. Para 
ello resultaba necesario contar con un Estado activo, interviniendo en aquellas distorsiones que se 
producían entre los diversos actores de la cadena ganadera. 
En efecto, entre el ganado y la carne que llega a la mesa de los argentinos para su consumo existe 
una cadena integrada por una serie de eslabones5 de actividades económicas donde aparecen 
múltiples actores con intereses diversos, lo cual dificulta la posibilidad de alcanzar un acuerdo 
alrededor de los precios. 
Si bien la FAA no estaba a favor del aumento de las retenciones, aún más inquietante le resultaba 
la propuesta elaborada por la SRA y la CRA quienes reclamaban que frente a la coyuntura de crisis 
vacuna se habilite la importación de carnes para solucionar dicha problemática (FAA, Memorias y 
Balances, 2005-2006). 
Desde la entidad se consideraba que los esfuerzos debían dirigirse a buscar que se encaren 
medidas de fondo con el objetivo final de incrementar el stock de cabezas de ganado vacuno, que 
venían evidenciando un considerable estancamiento ya desde hacia décadas. Frente a lo propuesto 
por CRA y la SRA, la Federación Agraria establecía diferencias oponiéndose fuertemente a partir de 
una serie de argumentos. En primer lugar, sostenía que el ingreso de carne de otros países implicaba 
un elevado riesgo para el estado sanitario de los rodeos argentinos. Los eventuales proveedores 
podrían ser países de la región con aftosa y de dudosos controles sobre este tipo de enfermedades. 
Lo cual exponía al país a sanciones generando un abierto retroceso en materia sanitaria. Por otro 
lado, la entidad federada advertía sobre una clara intención que encubría esta medida: que la 
población argentina consuma carne de baja calidad mientras los grandes ganaderos y los frigoríficos 
seguían haciendo negocios con las exportaciones de los mejores cortes vacunos (FAA, Memorias y 
Balances 2005-2006). 
Era vital el desarrollo de un verdadero Plan Ganadero Nacional con una visión integral. En este 
contexto, si bien la entidad no estaba a favor del incremento de las retenciones proponía que dicho 
plan se financie a partir de un fondo especial creado con recursos obtenidos a partir de la 
recaudación por los derechos a la exportación. 
 
5
 El primer eslabón de la cadena es la ganadería y sus productores que proveen los animales que luego se 
convierten en carne. Otro eslabón son los mercados de hacienda hacia donde se manda el ganado. El principal 
de ellos es el mercado de Liniers. En el mercado se remata la hacienda y la compran los matarifes y los 
frigoríficos. En el mismo aparece la figura del consignatario cuya tarea es la de actuar de intermediario entre los 
productores y los frigoríficos o los matarifes. Los productores envían su ganado al mercado en consignación de 
un agente que lo vende y le cobra una comisión al productor. Las cámaras que los agrupan también se 
abstuvieron de rubricar su firma en el convenio de precios del Gobierno. Si bien su exposición pública es casi 
nula, y están dedicados mas a los negocios que a la política, forman un bloque con la SRA y Carbap que integra 
la CRA. La mayor preocupación de los consignatarios es evitar que se traslade el mercado de Liniers, 
denunciado por contaminar el Riachuelo y la zona de Mataderos. 
Otra parte de la cadena son los frigoríficos. Los mismos se ocupan de comprar el ganado, transformarlo en 
carne y venderlo. La industria frigorífica presenta un elevado grado de concentración. En la actualidad el más 
grande es el consorcio exportador ABC que nuclea a Swift, Quickfood y Cargill. Estas compañías suelen 
enfrentarse al gobierno. Después, está la Cámara de Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina 
(CICCRA) que reúne a las empresas que abastecen al mercado interno y el de exportación y están más abiertos 
al diálogo con el gobierno. Otros como Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA) y la Cámara Argentina 
de la Industria Frigorífica (CADIF) varían sus apoyos hacia el Ejecutivo. Los frigoríficos pueden ejercer mayor 
presión ya que si están dispuestos a pagar menos tienen la capacidad de mantener esa política en el largo 
plazo. Los mismos venden la carne para consumir en el mercado interno o la exportan. Sin embargo, aquellos 
especializados en la exportación no dejan de volcar su producción en el mercado interno. Fuera del circuito 
frigorífico están los matarifes de campaña quienes compran unas pocas cabezas de ganado, las faenan y las 
venden en el corto plazo. Su influencia en el nivel general de los precios es menor. Otra etapa de la cadena es la 
venta minorista. Aquí es importante distinguir a los grandes supermercados de los carniceros. A diferencia de 
los últimos, los primeros concentran una parte importante lo que les permite fijar precios. El último eslabón de la 
cadena son los consumidores que son receptores de precios, no teniendo incidencia en los mismos. 
 
En su visión, la suscripción al convenio servía para salir de la crítica coyuntura. No obstante se 
requerían soluciones estructurales vinculadas al diseño de una política ganadera a largo plazo que le 
diera protagonismo a los pequeños-medianos productores y que tienda al rescate de las instituciones 
arrasadas a comienzos de los años noventa, como lo era la Junta Nacional de Carnes que fijaba 
precios mínimo sostén. Mediante estas iniciativas se buscaba, por un lado, evitar que el productor 
abandonara su actividad ganadera tradicional volcándose al monocultivo de soja y, por otro lado, 
garantizar la vida de los pueblos del interior (ComunicadoFAA, 2005). 
En este marco, la agricultura familiar aparecía nuevamente adquiriendo relevancia esta vez 
vinculada a la actividad ganadera, 
“Si la política ganadera no se orienta a la agricultura familiar, el crecimiento del sector será muy similar al 
que experimentó el agro con el proceso de sojización. Es decir, crecimiento formidable para grandes 
productores y desplazamiento para los más vulnerables […] hace falta ir más a fondo, poblar de vacas la 
República Argentina y crecer en producción para poder atender un mercado interno en condiciones de 
precios razonables, accesibles para la población y también al mercado externo que es una oportunidad para 
el país y para la producción” (Declaraciones de Ulises Forte, Vicepresidente 2º, FAA, Memorias y Balances, 
2005-3006:82) 
 
La cuestión de fondo estaba alrededor de cómo se podía llegar a generar ese cambio. Una vez 
más, la discusión giraba alrededor de cuál tenía que ser el rol del Estado en la actividad. Las 
opiniones encontradas entre las entidades, producían una divisoria de aguas respecto a estas 
cuestiones. Desde la FAA, se promulgaba que la intervención del Estado resultaba esencial para 
crear una verdadera política nacional ganadera, para regular y fijar pautas contemplando dos 
principales destinatarios: los consumidores y los pequeños-medianos ganaderos (Memorias y 
Balances, 2005-2006: 83). Desde la SRA y CRA, coherentes con sus posicionamientos tradicionales 
e históricos, se mantenían en contra de cualquier intervención que distorsione el funcionamiento de 
los mercados oponiéndose a las retenciones vigentes en la actividad, 
“Es fundamental que el Estado ejerza un rol activo. Está demostrado que el mercado por sí solo no se 
ocupa de pensar un país en conjunto. Federación Agraria observa esta nueva situación con la satisfacción 
de reconocer en el convenio buena parte de sus reclamos. Aquí se ha comprobado que el sinceramiento de 
las partes y el diálogo permiten crear un escenario en el cuál el mercado esté regulado de manera tal que 
sostenga la rentabilidad de cada sector, garantice el consumo interno y el acceso de la población a la carne, 
y contemple un saldo exportable para mantener los negocios externos y ganar seriedad ante el mundo 
(FAA, Memorias y Balances, 2005-2006. El subrayado es nuestro) 
 
 
Ahora bien, ¿cómo se explicaba el exponencial aumento de los principales cortes vacunos en el 
mercado interno? Sin duda, existían una variedad de factores que permiten comprender la situación 
actual de la cadena de la carne. El estancamiento por décadas del stock ganadero, el incremento de 
la demanda en el mercado interno del 2001 al 2005, el incremento de los despachos al exterior por la 
apertura de nuevos mercados al superarse la aftosa, carencia de inversión de los productores, los 
manejos poco transparentes entre los diversos eslabones de la cadena (productores-consignatarios-
frigoríficos-hipermercados) y la competencia del cultivo de soja y su elevada rentabilidad, podrían ser 
alguno de ellos. 
Estos procesos guardaban estrecha relación con la expansión evidenciada por la producción 
agrícola, sustentada en el incremento de la superficie cultivada y un cambio de consideración en la 
composición del mapa de actividades del sector. Por otro lado, las características propias del cultivo 
de soja permitiendo su producción en diversas regiones del país que hasta ese momento no 
resultaban aptas para producir granos, hicieron que este tipo de cultivo se expandiera a lo largo del 
país ocupando tierras dedicadas antiguamente a otras actividades productivas, como la ganadería. 
Tal es así que según datos censales del año 2002, al comparar con el relevamiento anterior (1988) 
la superficie implantada con oleaginosas, principalmente la soja, se incrementó un 60 por ciento en la 
región pampeana, un 86,5 por ciento en la región NEA (Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones) y un 
138 por ciento en el NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán). Más del 
90 por ciento de la producción de soja se destina a las exportaciones, dirigidas fundamentalmente al 
consumo animal de los países europeos. 
Este auge por la soja, fue modificando el tradicional perfil productivo de la Argentina, pasando a 
especializarse en su producción orientada a la exportación, poniendo en riesgo su capacidad 
tradicional de autosuficiencia alimentaria con los peligros que la situación conlleva. 
Otro dato de relevancia lo brinda el consumo desigual interno frente a las exportaciones. Entre los 
años 2001 y 2005, las ventas al exterior aumentaron a una tasa anual acumulativa del 49,9 por 
ciento, alcanzando en el último año mencionado el nivel más alto en tres décadas. Este notable 
incremento de la demanda externa, con la apertura de nuevos mercados (como Rusia, Argelia y 
Egipto, entre otros) impulsó una suba del 164 por ciento en los precios internos si se compara 
diciembre del año 2005 con igual mes del año 2001. En paralelo, el consumo de la población 
argentina con 61 kilos por habitante por año se encuentra en sus mínimos históricos. Luego de 
recuperarse desde el piso de 59 kilos del año 2002 hasta los 63 kilos al año 2004, en 2005 volvió a 
sufrir una caída en un contexto de relativo aumento de salarios y reducción del desempleo. Cabe 
mencionar que a comienzos de los años noventa este consumo rondaba los 76 kilos promedio 
(Basualdo y N. Arceo, 2006). 
En el desarrollo del año 2005 se produjeron dos saltos destacables en lo que a aumento de precios 
se refiere. El primero de ellos fue en marzo del 8 por ciento y el segundo en el mes de noviembre y 
alcanzó el 6,9 por ciento. 
Por estos años, la situación de la producción agropecuaria pampeana presentaba una paradoja: a 
pesar del incremento del precio de la carne como consecuencia de la demanda externa que 
determinó un incremento novedoso de la rentabilidad ganadera, no se puso en marcha una fase de 
retención de ganado vacuno lo cual hubiera permitido garantizar la producción de carne a largo plazo 
en pos de abastecer tanto a la demanda externa como al consumo interno. 
Luego de estos picos de alza de precios, poniendo toda su atención en el control de los precios 
internos y en la inflación, el gobierno cortó de lleno el ciclo de exportación ganadera con las 
implicancias que esta decisión conllevaba. 
 
El cierre a las exportaciones. 
Luego del intento gubernamental de llevar adelante una serie de medidas infructuosas dirigidas a 
aplacar el precio de la carne (incremento de los derechos de exportación, la implementación de 
precios máximos, la fijación de un peso mínimo de faena y la creación de un registro de 
exportadores), el gobierno tomó la decisión de cerrar las exportaciones con el objetivo de dirigir la 
oferta hacia el consumo interno. 
La resolución 114/2006, del día 8 de marzo del 2006, establecía la suspensión de las exportaciones 
de carne por un plazo de 180 días. La veda alcanzaba a las exportaciones de carnes bovinas frescas, 
refrigeradas o congeladas, a las preparaciones y conservas y a los extractos o jugos bovinos 
(SAGPyA, 2005). Quedaban por fuera de la suspensión las exportaciones convenidas en acuerdos 
país-país y aquellos envíos comprendidos en los cupos tarifarios de cortes enfriados y congelados sin 
hueso de alta calidad otorgados por la Unión Europea, lo cual se conoce como Cuota Hilton. 
El desencadenante de la decisión oficial había sido el incremento que atravesó el precio de la carne 
en los últimos meses al nivel del productor. Al tomar como referencia el kilo vivo de novillo, en el 
Mercado de Liniers a lo largo de lo que iba del año 2006 (los primeros tres meses) su valor había 
aumentado un 19 por ciento, superando en escasos meses el incremento total del año anterior que 
era de un 18 por ciento. 
La problemática estaba dada en que la carne al incrementarse en el primer eslabón de la cadena, 
los precios al llegar al consumidorterminan subiendo en una proporción que dependía de la 
capacidad de cada agente de mercado de trasladar hacia delante estas subas. En este contexto, 
cuando la demanda supera a la oferta estos traslados se realizan casi en forma automática. Sin duda, 
al implementar esta medida tan drástica el gobierno había evaluado los acontecimientos del año 2005 
en el cual los incrementos de la carne en el Mercado de Liniers se trasladaron más que 
proporcionalmente a la mesa de los consumidores. 
Ahora bien ¿Qué implicancias conllevaba esta decisión gubernamental para la FAA y sus pares 
sectoriales? 
En primer lugar, una decisión de estas características iría a provocar un enfrentamiento entre las 
mismas entidades agropecuarias colocándolas en posiciones divergentes. Esto resultaba del 
convencimiento de la Federación Agraria respecto a la necesidad de que el Estado interviniera en las 
actividades del sector cuando, en este caso, resultaban distorsivas y afectaban el consumo de la 
población argentina. Desde la vereda opuesta, tanto la CRA como la SRA expresaban su enérgico 
rechazo a la medida gubernamental. 
Avalando la regulación estatal, la entidad federada expresaba su apoyo al gobierno, 
“La suspensión de exportaciones nos parece bien porque es una señal contundente y disciplinadora para 
los que manejan los mercados. Es correcto que el Estado intervenga cuando se escapan las variables. Pero 
esto es razonable siempre y cuando en un par de semanas se convoque a una mesa de concertación para 
poner equilibrio entre todos los actores de la cadena” (Declaraciones de E. Buzzi, Página12, 10/03/2006. El 
subrayado es nuestro) 
 
El apoyo del cierre a las exportaciones ganaderas le traería serias dificultades la FAA; por un lado 
con sus aliados históricos del sector, principalmente con la CRA. Por otro lado con sus mismas bases, 
donde productores asociados a la FAA resolvieron adherirse al paro y movilización propuesta en Julio 
del 2006 por la CRA. Desde el seno mismo de la entidad, se desoían las diferencias que marcaba la 
FAA respecto a la mencionada entidad. Desde la dirigencia, se ponían todos los esfuerzos en 
diferenciar a la FAA de corporaciones como la SRA y la CRA, 
“El campo no es sólo el lujo y la fiesta que se observa en (la exposición de) la Sociedad Rural, ya que cerca 
de 10 mil pequeños y medianos productores todavía sufren las consecuencias del modelo de concentración 
y extranjerización de la tierra imperante durante la década del noventa” (Declaraciones de E. Buzzi, Página 
12, 26/7/2006) 
 
La extensión en el tiempo del cierre de las exportaciones ganaderas, fue incrementando el 
descontento de sus bases. Esta situación repercutiría en el nivel dirigencial lo cual llevaría a una 
redefinición de la relación de la entidad con el gobierno nacional. La sumatoria de hechos y 
cuestionamientos realizados por FAA llevarían a un cambio de signo en la relación mantenida con el 
gobierno kirchnerista. La ruptura de la hasta entonces, “amistosa relación” con el gobierno nacional 
no tardaría en llegar. 
“Empezamos a ver las deudas…al final de todo esto que nos dieron: nada. […] entonces empezamos a 
recuperar conciencia, a corrernos el velo a ver todo eso. Ahí es cuando empieza un discurso cada vez más 
crítico en la entidad donde lo que observamos es que cierran las exportaciones, no resuelven el 
endeudamiento remanente de unos miles de productores en el banco, el sostenimiento de las retenciones 
[…]” (Entrevista a Director Suplente del Consejo Directivo Central de la FAA, Julio 2009) 
 
En efecto, en septiembre del 2006, durante el desarrollo del 94° Congreso Anual la Federación 
Agraria buscaría despegar de su imagen de entidad empresaria aliada al gobierno nacional. En el 
desarrollo del mismo, hubo una fuerte decisión de todas las entidades de base para encarar acciones 
de protesta reclamando por un mayor apoyo estatal a la agricultura familiar (Despachos 94° Congreso 
Anual, FAA). 
Si bien la entidad venía manifestando su enojo con el gobierno por la ausencia de diversas medidas 
solicitadas para el sector, el punto de quiebre se produjo a partir que el Ministerio de Economía 
canceló 200 millones de pesos proyectados en el Presupuesto Nacional del año entrante destinados 
a la agricultura familiar. A partir de esta decisión, el gobierno tocaba la fibra íntima de la entidad 
federada desconociendo el grado de concentración de las actividades productivas. El mismo 
presidente de la FAA expresaba: “pareciera que hoy Miceli y el Gobierno definieron en pooles (por los 
consorcios de siembra) y los fondos de inversión a los nuevos sujetos agropecuarios de esta etapa" 
(Pagina12, 30/9/2006). 
Las críticas recibidas de parte de las restantes entidades agrarias por el apoyo al gobierno por el 
cierre a las exportaciones ganaderas y un balance negativo realizado por la entidad respecto a su 
relación con el gobierno kirchnerista marcaban el final del año 2006. 
“Empezando por Kirchner, este es un Gobierno de bomberos: sino prendes fuego, no aparece el agua. Si no 
haces candombe, si no presionas, lo que es seguro con el kirchnerismo es que no se visualiza el problema 
hasta tanto se lo pone arriba de la ruta, en la conflictividad y la movilización. […]Solamente el día que pisen 
el asfalto los miles y miles de productores que hay que poner arriba de la ruta, vamos a poder poner en la 
agenda del Gobierno los temas que hay que resolver” (Entrevista a E. Buzzi, Revista Fortuna 30/10/2006. El 
subrayado es nuestro). 
 
Retenciones y conflicto 
Luego del cierre de exportaciones ganaderas decretado en marzo del 2006, el gobierno nacional 
aparecía nuevamente anunciando una medida que históricamente ha sido crítica para las 
corporaciones agropecuarias: el incremento de los derechos de exportación de sus productos. 
En Marzo del año 2008, el anuncio de un nuevo esquema de retenciones móviles para la soja, el 
trigo, el girasol y el maíz y sus productos derivados homogenizaría nuevamente a las corporaciones 
agropecuarias. Desde este momento, se desataría un conflicto con diversos matices, marchas y 
contramarchas pero atravesado por una fuerte disputa entre las entidades tradicionales del sector 
agropecuario, a través de su Mesa de Enlace, y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 
Hasta la Resolución número 125, el impuesto a las exportaciones de soja llegaba al 35 por ciento. 
La citada resolución elevaba la alícuota de este impuesto, especialmente en el caso de la soja, y al 
mismo tiempo lo vinculaba a las variaciones del precio internacional. Al subir o bajar este último, el 
impuesto a la exportación también se movía de la misma manera, de acuerdo a una tabla 
preestablecida. 
La medida implicaba una estructura de valores móviles para los siguientes cuatro años, según la 
cual las alícuotas de las retenciones se ajustaban automáticamente. Para la soja y el girasol regirían 
subas: en el primer caso pasaban del 35 por ciento al 44,1 por ciento en promedio; mientras que las 
retenciones para el girasol pasaban de 32 a 39,1 por ciento. En forma paralela, descendían las 
retenciones al trigo (del 28 a 27,2 por ciento) y al maíz (del 25 al 24,2 por ciento en promedio). El 
anuncio sostenía que la alícuota se fijaba diariamente, de acuerdo a la evolución de los precios. 
Para comprender el incremento a los derechos a las exportaciones resultaba necesario conocer el 
contexto internacional. La medida estaba vinculada a las fuertes subas de los precios internacionales 
de los commodities agrícolas que estaban impactando en los valores domésticos. En el desarrollo de 
dos años (marzo 2006 a marzo 2008), el índice internacional de precios de los alimentos elaborado 
por la Organización de las Naciones Unidas por la Agricultura y la Alimentación (FAO) casi se duplicó 
en términos nominales con un aumento del 82 por ciento. Según datos del Banco Mundial, algunos 
productos alimentarios básicos registraronuna suba significativa en el mismo período. Como ejemplo, 
cabe mencionar que el precio internacional del trigo aumentó un 152 por ciento y el del maíz un 122 
por ciento. 
Sin embargo, la magnitud de los valores alcanzados no era el dato central sino que lo más 
importante era la rapidez con la que se había dado el aumento. La evolución de los precios de los 
alimentos mostraba que en las últimas décadas se registraba una tendencia a la baja que se detuvo 
en los años ’80, teniendo un repunte significativo en la década del ’90 marcando un mínimo histórico 
cerca de 1999. Luego, comenzaron a evidenciar una recuperación en el año 2002, registrando una 
marcada subida a partir del 2006 (Barsky y D’avila, 2008). 
Según datos de la FAO, en el año 2006 el índice de precios de los alimentos registró un incremento 
de un 8 por ciento respecto al año anterior. A partir de este año, los precios evidenciarían una 
escalada registrándose un incremento del 24 por ciento en el año 2007 respecto del año anterior y en 
el primer trimestre del 2008 comparando con el mismo período del 2007 se registra un alza del 53 por 
ciento (FAO, 2008). 
 
Año Índice del precio de los 
alimentos 
Índice Precios 
Lácteos 
Índice Precios 
Cereales 
Índice Precios 
Aceites 
2000 91,1 95,3 85,8 69,5 
2001 94,6 105,5 86,8 67,2 
2002 89,6 80,9 93,7 87,4 
2003 97,7 95,6 99,2 100,6 
2004 112,7 123,5 107,1 111,9 
2005 118,0 135,2 101,3 102,7 
2006 127,2 129,7 118,9 112,7 
2007 161,4 219,1 163,4 172,0 
2008 201,4 223,1 232,1 227,1 
 Fuente: FAO (2008) 
Como se puede observar, si bien el alza de precios de alimentos emergió en el año 2008 como uno 
de los temas de mayor relevancia en la agenda de discusión internacional, era un proceso que se 
viene expresando ya hace un lustro. Frente a esta tendencia alcista, las retenciones móviles se 
implementaban buscando dar un mayor equilibrio hacia el interior de la actividad agropecuaria, 
buscando desacoplar los precios locales de los internacionales. 
En esta coyuntura, aparecía nuevamente y conflictivamente el carácter dual del sector 
agropecuario: exportador y proveedor de alimentos en el mercado interno. Y ante la crisis alimentaria 
internacional, el incremento de los precios internacionales ponía en escena una situación similar a la 
acontecida-y ya descripta- en el 2006. Los valores externos “calentaban” el mercado local impactando 
en el incremento de los principales alimentos consumidos diariamente en la mesa de los argentinos. 
El anuncio del esquema móvil de retenciones tuvo una inmediata repercusión sobre los productores 
ya que la comercialización de la cosecha gruesa aún no había comenzado. La suba de las alícuotas 
menguaría casi un 10 por ciento el precio de venta (Giarracca et al, 2008). Además, las condiciones 
climáticas vigentes eran desfavorables, afectando buena parte de la pampa húmeda y produciendo 
una reducción de las productividades. 
En una primera instancia, el carácter indirecto del gravamen impositivo no fue atenuado por ninguna 
política compensatoria afectando con mayor intensidad a los pequeños y medianos productores. Una 
medida de estas características, no impacta de igual manera a la totalidad de los productores ya que 
los costos y la sensibilidad frente a cualquier modificación de los márgenes de ganancia, son mayores 
a medida que las dimensiones de la explotación se reducen. Desde las corporaciones agrarias se 
sostenía que las retenciones tenían un impacto diferencial en la rentabilidad de los productores a 
partir de una serie de características particulares de los mismos. Por ello, resultaba necesario 
diferenciar a los productores más chicos como así también considerar aquellos que vivían más 
alejados de los puertos por lo cual acarreaban mayores costos de fletes. 
Luego de la comunicación original, haciéndose eco de estos reclamos el Ministerio de Economía 
realizó varias modificaciones a la propuesta inicial. De esta manera, se establecieron 
compensaciones para los productores de menor tamaño y para aquellos que realizaban sus labores 
en las zonas más alejadas de los puertos. 
Sin embargo, la resolución número 125 de retenciones móviles lograba colocar en el olvido y 
opacaba las críticas realizadas, durante los años anteriores, por la Federación Agraria a sus pares 
sectoriales por su reclamos parciales sin demandar por un plan estratégico agrícola ganadero que 
apunte al desarrollo y fortalecimiento del sector. 
Transcurrido el conflicto del año 2008, y frente a las acciones políticas que llevaría adelante la 
entidad federada, las expresiones y posiciones que había planteado un año atrás parecían diluirse. 
Por ese entonces, realizando una fuerte crítica a entidades como la CRA y la SRA desde la FAA 
señalaban, 
“Desde Federación Agraria comprendemos que el desarrollo rural y el fortalecimiento de la Agricultura 
Familiar que motoriza a los pueblos del interior, no puede concebirse si no es como parte del desarrollo 
equilibrado del conjunto del país. No es mediante reclamos sectoriales aislados como se logrará la 
supervivencia, el crecimiento y el bienestar de los pequeños y medianos productores argentinos. Porque 
solo con la fuerza organizada y movilizada de la ciudadanía toda, será posible impulsar el cambio que 
consolide un nuevo modelo de país con inclusión y justicia. Únicamente así se podrá revertir esta 
política de concentración económica para instaurar una agricultura con agricultores, en beneficio de 
todos” (FAA, Memorias y Balances 2007.El subrayado es nuestro) 
 
Sin embargo, la comunicación de la tabla de retenciones móviles unificó, una vez más, a las 
corporaciones tradicionales del sector respondiendo rápidamente ante la medida gubernamental. De 
esta manera, se revitalizaba la alianza histórica entre las organizaciones tradicionales del sector 
(FAA, CRA, SRA y Coninagro) a partir de su participación en la Comisión y/o Mesa de Enlace. 
Si bien el accionar conjunto con los pares sectoriales no resultaba ser novedoso, en esta 
oportunidad el dato llamativo sería su perdurabilidad en el tiempo. Esta situación, llevaba a plantear 
una serie de interrogantes: ¿Cómo esa articulación se cristalizó logrando mantenerse por más tiempo 
que en otras ocasiones? y ¿cómo la Mesa de Enlace logró consolidarse como un actor político 
privilegiado de la escena política nacional de Argentina? Si bien, el gobierno nacional anunciaba que 
con estas medidas buscaba alcanzar un mayor equilibrio hacia el interior de la actividad agropecuaria, 
buscando desligar los valores internacionales con los precios domésticos y, de este modo, garantizar 
productos a precios razonables para las familias argentinas (Clarín 12/03/2008), las entidades 
expresaban abiertamente que el propósito de las medidas gubernamentales era meramente 
recaudatorio y fiscal, sin tener un objetivo distributivo. 
El reclamo sectorial aparecía nuevamente en escena, arrasando con cualquier otro tipo de 
demanda. Una vez más, las retenciones a las exportaciones y la posibilidad de su incremento 
aparecían como un tema sensible para las corporaciones agrarias tradicionales, logrando tocar la 
fibra más íntima del sector, aglutinando intereses y posiciones divergentes. 
Con la medida, el gobierno de Cristina Fernández lograba algo impensado tiempo atrás: que las 
cuatro entidades (CRA, FAA, CONINAGRO y SRA) convocaran a una protesta unificada del sector 
agropecuario. Las medidas de fuerza que se desarrollarían incluían el cese de comercialización de 
productos agropecuarios en todo país, la convocatoria a las sociedades rurales del interior a sumarse 
a la realización de asambleas y marchas de protesta. En principio la protesta sería por 48 horas, pero 
las entidades dejaban en claro que si el gobierno no cedía en sus posiciones y convocaba al diálogo 
la medida se podría extender por una semana. El paro decretado por las cuatro entidades alcanzaría 
un alto acatamientoreflejado en que no se registraron operaciones en las bolsas de cereales del país. 
La medida de fuerza aglutinaba intereses y recibía el apoyo de distintos actores del sector: La 
Federación de Acopiadores de Granos, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), 
la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), entre otros. El frente agropecuario contaría con el apoyo 
inusitado de sectores medios de la población. La medida de fuerza rural que había nacido en el 
interior del país se trasladaba a la Capital, donde en barrios como Recoleta, Barrio Norte, Palermo, 
Belgrano y Caballito varias protestas derivarían en cortes de calle. Más allá de la descripción de los 
hechos, la cohesión alcanzada entre las cuatro entidades (SRA, CRA, CONINAGRO y FAA) era el 
dato que merece ser analizado. Como se verá, varios eran los factores que permiten comprender y 
reflexionar sobre esta situación. 
 
Más frágil que el cristal 
Ahora bien, ¿cuáles eran aquellos factores que contribuyeron a que la Mesa de Enlace se 
constituya en un actor político de peso en la escena política nacional? ¿Por qué en esta oportunidad 
el reclamo lograba mantenerse en el tiempo? 
Existen una serie de cuestiones que permiten reflexionar sobre su durabilidad y que tendrían su 
peso incidiendo en las decisiones y acciones encaradas por el frente agrario en general y, en 
particular, por la FAA. En primer lugar, entre las mismas cabe mencionar la introducción de ciertas 
medidas que llevaron a cambios estructurales en el sector. Los cambios tecnológicos introducidos a 
partir de la década del noventa, que transformaron el territorio rural, como así también impactaron en 
los mismos productores y sus formas de producción tradicionales, aportan a la explicación. 
Acompañados por un escenario de favorable rentabilidad que se estaba consolidando, un creciente 
tipo de cambio y pesificadas las deudas en dólares de los productores, llevarían a una redefinición del 
perfil del asociado tradicional de la entidad teniendo incidencia en la composición societaria de la 
entidad federada. 
Frente a los cambios tecnológicos, asociados tradicionales de la región pampeana, núcleo duro 
histórico de la FAA diseñaron diversas estrategias de supervivencia. Es así que pueden identificarse 
distintas prácticas desarrolladas por los productores. Pudiendo distinguirse entre las más importantes: 
aquellos productores que, en el mejor de los casos, habían conseguido mantenerse en pie y en 
condiciones de recuperación que optaron por el nuevo modelo de desarrollo propuesto por el 
paradigma del “agronegocio”. Asimismo, otros productores que frente al creciente valor del 
arrendamiento de las tierras tomaron la decisión de abandonar sus actividades productivas pasando a 
arrendar sus campos a los grandes capitales financieros que comenzaban a participar en el sector, 
convirtiéndose en minirentistas. 
Los cambios económicos, productivos y sociales en el sector agropecuario de los últimos años 
sirvieron para atenuar los enfrentamientos intrasectoriales, diluyendo las características particulares 
de las bases que conformaron desde el origen sus corporaciones. No obstante, y más allá que las 
modificaciones mencionadas acercaron a las entidades en sus demandas, aún existe cierta pereza 
histórica y características particulares de las organizaciones que impidieron la conformación de un 
frente homogéneo con perdurabilidad representativo de los intereses del sector agropecuario. 
Las distintas situaciones tendrían su correlato en la dimensión interna-organizacional de la entidad, 
produciendo un giro notable al considerar el origen mismo de la Federación Agraria Argentina. 
Fundada en contra del elevado costo de los arrendamientos, en la actualidad eran los mismos 
pequeños-medianos productores asociados a la FAA quienes cedían sus tierras en alquiler. 
Toda esta serie de procesos tendrían su influencia en la acción política desarrollada por la FAA, 
materializándose en un cambio importante en la orientación de la defensa de sus intereses respecto a 
los años anteriores. Los cambios socioproductivos que se venían desarrollando desde mediados de 
los años ’90, impactaron fuertemente en la organización considerando más que nada su composición. 
En esa coyuntura crítica, la entidad se volcaba exclusivamente a la defensa de los productores que 
habían optado por el monocultivo de soja desestimando la pluralidad de actores y producciones 
presentes en su interior. 
“El sujeto que siempre estuvo en Federación Agraria cambió su idiosincrasia y su cultura por la influencia del 
paquete tecnológico que combina soja transgénica, siembra directa y el herbicida glifosato. Ese paquete hizo 
que dejaran de ser pequeños productores diversificados para producir únicamente soja. Además, muchos se 
convirtieron en rentistas, pues el modelo hizo que dejaran de trabajar, porque les conviene más alquilarle el 
campo al vecino con más capacidad de producción o al pool de siembra que viene de otro lugar. También 
aparecieron pequeños empresarios del transporte del cereal y empresas de servicios que con una sembradora, 
una cosechadora, una monotolva, una fumigadora y una camioneta hacen la siembra y la cosecha de la soja. 
En muchos casos son hijos de productores a los cuales he visto en la ruta. Este nuevo sujeto se fue 
incorporando a la Federación Agraria y la entidad pasó de tener entre 2000 y 3000 socios activos a 6000 en el 
último congreso. Los frutos de ese proceso fueron los que en septiembre de 2008 ratificaron a la actual 
conducción” (Reportaje a José Livolti, Página 12, 23/03/2009) 
Sin embargo, ningún proceso o decisión es gratuito sino que acarrea un costo que en muchas 
ocasiones suele ser elevado. La participación de la FAA en la Mesa de Enlace y las acciones 
encaradas en defensa de, exclusivamente, los productores volcados a los principales cultivos (entre 
ellos, la soja) llevarían al descontento de distintos productores que integraban sus filas y que 
atravesaban realidades muy diversas. La defensa de la principal bandera enarbolada por la FAA en el 
transcurso del período 2003-2006: la agricultura familiar era prácticamente olvidada. Precisamente, 
desde este tipo de productores asociados irían a venir las principales críticas a la dirigencia. 
Dirigentes claves y productores familiares expresarían su malestar porque desde la dirigencia se 
había decidido volcarse de lleno a la defensa de aquellos productores ligados al monocultivo de soja. 
De esta forma, los intereses de distintas producciones del interior del país, productores campesinos 
asociados de la FAA quedaban de lado. 
A merced de las acciones encaradas, agricultores familiares, productores de pequeñas porciones 
de hectáreas dedicados a la producción de alimentos (porotos, hortalizas, batata, zapallo, chanchos, 
pollos, vacas lecheras, etc.) permanecían fuera del reclamo, expresado en la alianza entre la FAA con 
entidades como la SRA y la CRA. 
“La Mesa de Enlace no representa a los pequeños productores. Sólo atiende sus intereses […] no puede 
representarnos porque defendemos modelos de desarrollo agropecuario distinto. No tenemos nada que ver 
con Sociedad Rural y Confederaciones Rurales” (Declaraciones de Pedro Cerviño, ex Director de Desarrollo 
Rural de la FAA, Pagina12, 29/06/2008). 
A medida que el conflicto avanzaba, la discusión sobre las retenciones móviles se instalaría en el 
interior mismo de la entidad federada. Las voces divergentes provenían de aquellos asociados 
agricultores familiares que comenzaban a manifestar su malestar por la participación de la FAA en la 
Mesa de Enlace. Básicamente el nudo de conflictividad estaba dado por las retenciones. Para estos 
productores, la implementación de los derechos de exportaciones resultaban centrales para 
garantizar la producción de alimentos claves de la dieta diaria de la población. La producción de soja 
había avanzado sobre provincias dedicadastradicionalmente a otros cultivos y actividades. En 
provincias como Chaco, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, la Rioja se sembraba soja con 
bajísimos rindes. Eran zonas donde debían dedicarse a la producción animal y alimentos para el 
consumo interno. 
Estas cuestiones se profundizarían a lo largo del año 2009 teniendo su máxima expresión en la 
realización del Congreso Anual Ordinario de la FAA. En su desarrollo, comenzaba a expresarse 
abiertamente el descontento de este tipo de asociados de la mano de algunos asociados y directivos 
de la entidad. Lo que aparecía en escena, era la necesidad de poner en discusión distintas 
situaciones productivas-que habían sido relegadas en el furor del conflicto- vinculadas, por ejemplo, al 
algodón, cría de cabras, lechería, frutas y hortalizas, entre otras. Por otro lado, en el desarrollo 
asambleario llamaban al debate acerca de la continuidad de la Federación Agraria en la Mesa de 
Enlace. Las críticas sobre el abandono de las banderas fundacionales de la entidad se hicieron oír en 
el recinto. Para este tipo de actores era fundamental que la FAA recupere la lucha por la agricultura 
familiar, por el desarrollo de aquellas producciones que eran fundamentales para la alimentación de la 
población nacional. 
 
No todo el campo es lo mismo 
El mismo gobierno nacional, con su manejo del conflicto, colaboraría a unificar aún más a las 
corporaciones agrarias en su reclamo. En efecto, la falta de atención gubernamental, previa a la 
resolución número 125, hacia las dificultades que venía planteando la FAA desde años anteriores 
daba cuenta de esta situación. Las demandas constantes por el diseño e implementación de una 
política nacional agropecuaria a largo plazo que tuviera la capacidad de resolver problemáticas 
estructurales del sector eran desoídas desde el ámbito gubernamental. Si bien el gobierno actuaba, lo 
hacía meramente para resolver aquellas situaciones coyunturales sin atacar problemáticas de fondo, 
como pueden ser aquellas vinculadas al estancamiento del stock de cabezas de ganado. 
Por otro lado, el conflicto acontecido entre los años 2005-2006 por el precio de la carne había 
dejado su huella en las corporaciones agropecuarias. Este hecho, en la visión de las entidades había 
puesto en escena la falta de definición gubernamental respecto a las políticas para el sector. De un 
fuerte estímulo a las exportaciones ganaderas llegando las mismas a 750.000 toneladas en el año 
2005 (Barsky y D’avila, 2008) se pasaba al cierre de las mismas en marzo del 2006. 
Esta situación, sumado a la impronta histórica que han tenido temáticas tan sensibles como los 
derechos a las exportaciones incidieron para licuar las diferencias presentes entre las diversas 
representaciones, homogeneizando sus demandas y posibilitando la conformación de un reclamo 
conjunto. En este escenario, se sumaba un desconocimiento respecto a las transformaciones que 
había atravesado el sector que impregnaban al mismo gobierno nacional. Una lectura errónea de la 
dinámica y los novedosos actores que habían ingresado a jugar en el sector-sobre todo en la región 
pampeana- llevaron a una comunicación confusa de las retenciones móviles de parte del gobierno 
nacional. La comunicación inicial y el no diferenciar entre los diversos estratos y actores productivos 
del sector, la no segmentación de las retenciones y la decisión de no tocar los intereses de las 
grandes exportadoras de granos, ayudaron a la confirmación y perdurabilidad de la Mesa de Enlace. 
Una lectura desactualizada realizada por el gobierno nacional respecto a la realidad y estructura del 
sector agropecuario. Cuestión que lo llevaría a enfrentarse a sucesivas derrotas relacionadas con la 
disputa por el sentido común, la movilización social en las calles y el debate parlamentario. 
El conflicto alrededor de las retenciones móviles se desarrolló entre un Estado con una limitada 
capacidad de convocatoria y movilización y un frente agropecuario que se fue ampliando 
trascendiendo las fronteras corporativas del reclamo. De esta manera, sumaba el apoyo de los 
principales medios de comunicación, los sectores medios de la sociedad y los partidos políticos del 
arco opositor. En esta coyuntura, se puso en evidencia el interés de los sectores económicos del país 
actuando a través de los medios de comunicación. 
En una entrevista realizada con un Directivo de la entidad federada, dejaba en claro estas 
cuestiones, 
 
 
 
“El mayor error del gobierno viene después de comunicar la medida, no en el origen […] sobre todo el error 
desde el punto de vista de la disputa política que termino siendo, fue que la medida no tiene legitimidad publica 
¿Por qué? Porque no es presentada como una medida distributiva. Argumento que intentan poner después 
pero ya era tarde, ya no les creían. Y se habla de una cosa que es cierta que es la ausencia de construcción 
de organización política del gobierno para dar las batallas, las explicaciones y legitimar a través de la militancia 
en la calle sus medidas y su política. El PJ no es para eso. Parten del supuesto equivocada de que la medida 
era distributiva, […] ese es el pecado original y por eso la opinión pública no legitima su medida. Si por 
ejemplo, si esta medida hubiera estado en el marco de medidas positivas la gente lo hubiera bancado. Y 
después del error inicial, lo que hacen es cometer error tras error” (Entrevista a Director Titular del Consejo 
Directivo Central de la FAA, junio 2009). 
 
La Mesa de Enlace se consolidaba como un actor político relevante en la escena nacional, 
actuando como canalizador del descontento hacia el gobierno proveniente de distintos sectores de la 
sociedad. 
“la Mesa de Enlace sirve para que crezca Carrio, De Narváez, Reutemann. Yo en esta etapa, tengo una mirada 
particular muy crítica y en donde creo con otra gente que hay que generar algunos cambios que me parece 
que no van a suceder por eso hay roces y riesgos de posicionamientos internos distintos. Uno no tiene dudas 
al combate que hay que dar al modelo de concentración que lleva adelante Kirchner…en esto coincidimos 
todos los federados…es la continuidad que liquida y excluye al pequeño-mediano productor y que afecta a la 
ruralidad. Ahora, de la misma manera vemos la alternativa política con chances que se va construyendo para 
remplazar al Kirchnerismo que crece fuertemente entre otras cosas gracias al conflicto del campo y la Mesa de 
Enlace no viene a modificar estructuralmente ese modelo. Entonces hay quienes dicen, primero hay que 
ganarle a los Kirchner. Pero es una trampa, pero con qué le ganamos, con algo que también te va a liquidar” 
(Entrevista a Director Titular del Consejo Directivo Central de la FAA, junio 2009). 
 
Una política específica (las retenciones móviles) con una importante carga negativa para las 
entidades del agro haría resurgir ciertas cuestiones que históricamente han servido en el sector para 
la construcción de una homogeneidad política-estratégica entre sus corporaciones. Los cambios 
tecnológicos, habían transformado la estructura productiva y el mapa de actores presentes en el 
sector, lo llevaría a cometer una sucesión de errores. No todo el campo argentino es lo mismo, por 
ello al momento de diseñar una medida resultaba necesario conocer y diferenciar las distintas 
realidades presentes en el sector, 
 
 “[…] el gobierno hace una lectura errónea, y creyó que nos ganaba. Kirchner se iba a pelear contra la Rural, 
¿cómo no le voy a ganar?, le gano caminando, yo hubiera pensado lo mismo tal vez […] ¿Cuándo la Rural fue 
popular? En el 2008 lo fue. El gobierno dobló la apuesta pensando que nos ganaba, politizo el hecho […]. Es 
olfato. La clave es la opinión pública a quien legitima. El error del gobierno fue creer que dando su batalla épica 
sobre la Rural, la oligarquía, la gente los iba apoyar y nos iba a pasar por arriba. Esta mal que lo digamos 
nosotros pero a la peleadel sector agropecuario la legitima la Federación Agraria, a ver para decirlo en 
términos medios bruscos Nosotros a la Rural le lavamos la cara ( Entrevista a Director Titular del Consejo 
Directivo Central de la FAA, junio 2009. Énfasis nuestro) 
Estas cuestiones se manifestaban en la sucesión de discursos realizados por la Presidenta en el 
Mes de marzo. En los mismos, los cruces discursivos y la confrontación con el gremialismo agrario 
llevó a la misma Presidente a perder de vista algo que resulta esencial para un gobierno nacional: 
mantener instancias de diálogo y negociación permanente con todos los sectores de la sociedad. La 
prioridad por la confrontación, condujeron al gobierno a perder la oportunidad de buscar 
desestabilizar el frente agrario, diferenciando en su interior a los grandes de los pequeños y medianos 
productores. Si bien, luego del anuncio oficial, desde el gobierno se puso énfasis en demostrar que 
las retenciones tenían un objetivo redistributivo, ya se había perdido un tiempo considerable. A 
medida que el conflicto avanzaba, el “campo” comenzó a sumar distintas demandas que abarcaban 
desde la derogación de la resolución 125 hasta un cambio de modelo productivo. El gobierno 
nacional, con el objetivo de destrabar la conflictiva situación, enviaba al tratamiento parlamentario el 
tema de las retenciones móviles. Si bien la ley sería con modificaciones en la Cámara de Diputados, 
al arribar para su tratamiento en el Senado se toparía con los intereses de las provincias muchas 
veces desestimados por el gobierno nacional. Viejas rencillas por la distribución recaudación nacional 
se reactualizaban en este ámbito. 
El debate 
“Estoy expresando lo que mis convicciones, sentimientos empujan a la decisión. Yo creo que la 
presidenta de los argentinos me va a entender. No creo que no sirva una ley que no es 
solución a este conflicto. La historia me juzgará no sé cómo. Pero espero que esto se entienda. 
[…] No puedo acompañar […] Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto 
no es positivo.” (Palabras de Julio Cobos, vicepresidente de la Nación al emitir su voto de 
desempate en la sesión del Senado sobre las retenciones móviles) 
 
El sueño de que la Resolución 125 se convierta en Ley se quebraría ni más ni menos desde el 
interior del gobierno nacional. El proyecto del Poder Ejecutivo para la ratificación en el Congreso 
Nacional fue modificado por la Cámara de Diputados, introduciéndole la denominada segmentación 
de las retenciones (una alícuota menor para los pequeños y medianos productores) y reconociendo 
una compensación por distancia para aquellos que producían a más de 400 km. de la zona portuaria. 
El proyecto llegaba al Senado Nacional, y en esta instancia los intereses provinciales y los enconos 
por la coparticipación emergieron instalándose en el recinto. En el esquema fiscal implementado en la 
Argentina, el grueso de la recaudación es realizada por la Nación. Las provincias cuentan de la 
coparticipación para financiar sus gastos. Sin embargo, los impuestos que resultan ser coparticipables 
son el impuesto a las ganancias, al cheque y al valor agregado (IVA), viéndose excluidas de su 
participación de la recaudación por los derechos de exportación. 
Teniendo en cuenta lo mencionado en el desarrollo de la sesión en el Senado de la Nación, 
palabras como “federalismo” y “coparticipación” aparecían fuertemente en escena canalizando los 
reclamos de un interior del país olvidado al momento del manejo de los recursos financieros y 
estatales y receptor directo e inmediato de la crisis económica y social desatada desde el 11 de 
Marzo (Barsky y Dávila, 2008). La crítica del interior del país respecto de que lo recaudado por 
retenciones al sector agropecuario no retornaba a las provincias y pueblos en forma de inversiones 
para fomentar el desarrollo de las actividades emergía con fuerza durante el debate. 
En una votación reñida, la definición quedaría en manos del Vicepresidente de la Nación y 
Presidente del Senado, Julio Cleto Cobos. El final resulta conocido luego del empate en 36 votos, 
Cobos emitió su voto en contra de la Resolución volcando la balanza para el lado de los intereses de 
la Mesa de Enlace agropecuaria. La virulencia y los cruces discursivos parecían llegar a su fin. Sin 
embargo, la derogación de la Resolución número 125 tendría impactos diferenciales al interior del 
sector agropecuario. 
Dada la diversidad de actores productivos presentes en el sector agropecuario, su anulación tendría 
distintas implicancias al interior del agro argentino planteando un nuevo escenario de demandas para 
las corporaciones agropecuarias. Los principales beneficiarios de este proceso fueron aquellos 
productores que por la extensión de tierras trabajadas exhibían las mayores economías de escala, es 
decir, los costos por hectárea más reducidos. En menor medida, también salían airosos del proceso 
los propietarios rentistas que comenzaron a ceder y no trabajar sus tierras, ya que el valor del 
arrendamiento se incrementó en función de la rentabilidad del sector. 
En lo que respecta a los pequeños y medianos productores quienes se situaron al frente del 
conflicto, pese a que las modificaciones introducidas en diputados (segmentación de las retenciones y 
el subsidio por lejanía a la zona portuaria) les resultaban favorables, la derogación de la resolución 
125 terminó por afectar en forma considerable sus intereses. Tal como quedaba establecido el 
esquema impositivo para el sector agropecuario, los pequeños y medianos productores pasaban a 
tributar lo mismo que los pools de siembra o los fideicomisos vinculados al capital financiero. 
Considerando las modificatorias que había tenido el proyecto oficial en la Cámara de Diputados, las 
pérdidas para los asociados de la FAA eran aún mayores. 
El texto aprobado en Diputados tenía una serie de modificaciones sobre el proyecto oficial. Lo 
fundamental es que se ampliaba el alcance de las compensaciones. La nueva escala establecía que 
hasta 300 toneladas exportadas recibían compensaciones que fijarán la retención en el 30 por ciento, 
cinco puntos por debajo de las que regían el 10 de marzo. Entre 300 y 750 toneladas los reintegros 
hacían descender la alícuota a 35 por ciento, la que regía hasta la resolución 125; mientras que 
aquellos que exporten hasta 1500 toneladas pagarían sólo el 35 por ciento por las primeras 750 
toneladas. Las mismas eran para la soja y girasol, quedando excluidos el maíz y el trigo (La Nación y 
Clarín, 5/7/2008). Asimismo, se ampliaba la región que recibía compensaciones por flete por la 
distancia a los puertos. Entre otras medidas, se otorgaba un 10 por ciento de los fondos para el 
desarrollo de la agricultura familiar. 
Todas estas medidas que favorecían al asociado (pequeño-mediano productor) de la FAA 
quedaban sin efecto con la derogación de la Resolución a partir de la votación en el Senado Nacional. 
En la Mesa de Enlace las opiniones eran divergentes. Mientras para Luciano Miguens, presidente de 
la SRA, afirmaba que el conflicto estaba resuelto (Pagina12, 18/7/2008) ya que la eliminación de las 
retenciones móviles era su objetivo, para la FAA la derogación era un primer paso que debía 
complementarse con el tratamiento diferenciado de la situación de los pequeños y medianos 
productores. Para la dirigencia de la FAA, la no implementación de las retenciones móviles pero más 
aún la defensa a ultranza de los intereses de los productores volcados al monocultivo traería ciertos 
cimbronazos entre los miembros de la entidad. La FAA pagaría un elevado costo de su alianza con 
corporaciones como la SRA y CRA. 
Desbordada por los acontecimientos, mientras desde la dirigencia se continuaba con el apoyo a la 
derogación en el Senado paradójicamente su propio presidente, Eduardo Buzzi, exigía aquello que 
estaba contenido en las modificatorias realizadas en diputados: retenciones