¿Tiene Cataluña el derecho legal a la autodeterminación en virtud del derecho internacional?

Los territorios no tienen derechos, los tienen las personas. Las personas que viven en Cataluña tienen derecho a plantear sus reivindicaciones de manera democrática.

El problema de los derechos de las personas que viven en un territorio común es que pueden chocar los de unos con los de otros. Por eso la aspiración a la independencia, que puede no sea lo mismo que la autodeterminación, no se puede tomar solo por una parte de la población de un territorio.

Por otro lado, el derecho a la autodeterminación ya está ejercido en Cataluña pues, desde el derecho internacional citado, no implica solo la independencia sino:

el derecho de autodeterminación no se articula exclusivamente con la fórmula de la independencia, sino que tal como aseguro la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos puede articularse en "independencia, autogobierno, gobierno local, federalismo, confederalismo, unitarismo o cualquier otra forma de relación conforme a las aspiraciones del pueblo, pero reconociendo los otros principios establecidos, como la soberanía e integridad territorial".

Saura, Jaume (4 de febrero de 2013). «Autodeterminación y derecho a decidir: reflexiones desde el derecho internacional». eldiario.es

Partiendo de que las personas que viven en Cataluña tienen un gobierno autonómico elegido por ellos con un importante nivel de competencias de autogobierno, no se puede decir que no tengan derecho a elegir gran parte de las políticas que se aplican en su territorio. Cierto que no todas.

Los partidos independentistas catalanes no hablan de derecho de autodeterminación, sino de “derecho a decidir”. El punto común entre tendencias políticas de diferencias irreconciliables es la celebración de un referéndum vinculante que conduzca a la independencia, que no es lo mismo que la autodeterminación ya que están reconocidos como territorio autónomo con su propio gobierno.

En el marco legal actual en los territorios del Estado Español, los ciudadanos de Cataluña que aspiran a la independencia tienen que realizar el mismo proceso que los de Sevilla que tampoco quieran seguir perteneciendo al mismo estado: conseguir convencer a una mayoría de que es una buena idea y de que se articulen las reformas legales para materializarlo.

El conflicto de la parte de la población catalana que reclama la independencia con el resto de los catalanes y el estado español es precisamente que sus representantes decidieron que las leyes eran ellos y aplicaron de manera unilateral reformas y decisiones que no les correspondían saltándose tanto al resto de la población de su territorio, como al Estatuto de Autonomía que regula las competencias del gobierno autonómico catalán. Los partidos independentistas catalanes han colaborado durante décadas en el gobierno de España, apoyando y decidiendo una gran mayoría de las leyes del estado que ahora rechazan.

A pesar de la campaña de propaganda y victimismo, la comunidad internacional no percibe a los habitantes de Cataluña como un pueblo o raza étnicamente diferenciado de sus vecinos aragoneses o sevillanos y tampoco observa una situación de opresión del estado.

La aspiración independentista es legítima, pero las razones históricas, étnicas, de “ocupación”, etc., se sostienen difícilmente. Desde las autoridades, especialmente los herederos de CiU la aspiración está fundamentada en razones económicas y de poder, por supuesto totalmente legítimas.

Cataluña no es una colonia de España, forma parte de un territorio. La unión de Cataluña (integrada secularmente en el reino de Aragón) con Castilla (lo que algunos llaman a la ligera España) se produjo en el siglo XV (1469) y fue una unión de mutuo acuerdo y de igual a igual, al menos entre sus dirigentes. La asociación podría ser comparada con la de la Unión Europea. No hay invasión, ni ocupación, ni represión. Muchos reinos en los que estaba dividida la península ibérica se asociaron para constituir una comunidad que terminaría conformando un estado común conocido como España. Lo mismo que ha ocurrido en muchos otros estados modernos.

Unificación de las coronas de Castilla y Aragón

Existen dentro de estado español una gran gama de movimientos independentistas en casi todos los territorios. Generalmente coincidiendo con momentos políticos o económicos convulsos se activan o desactivan. El derecho de todos esos ciudadanos, aspiren a la independencia del antiguo reino de León, de la provincia de Ávila, de Galicia o de Cataluña, es el mismo y puede ser ejercido dentro del sistema democrático español consiguiendo el apoyo de una mayoría para modificar las normas.

País Leonés - Wikipedia, la enciclopedia libre

El día que la provincia de Ávila declaró su independencia

Resumiendo: Derechos tienen los ciudadanos a aspirar a la autodeterminación, o la conversión de la autodeterminación en la independencia. Pero en las decisiones colectivas se necesita convencer a la mayoría y realizar los procedimientos legales oportunos.

No parece justificado que una parte de la población, amparándose en reclamaciones legítimas, se imponga al resto, anulando su derecho personal y propio a la autodeterminación. Digamos que el derecho a la autodeterminación del independentista es tan válido y respetable como el de no independentista.

Los derechos son de las personas, de todas, y no de los territorios.