¿Cuál es la principal diferencia entre un abogado, un procurador y un defensor?

La mayoría de universidades dan el título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. En otras simplemente el título que se les da es abogado.

Algunas veces se usa Licenciado en Derecho y abogado como si fueran sinónimos, pero estrictamente hablando no lo son.

Un licenciado en derecho es aquella persona que ha concluido sus estudios en Derecho en alguna universidad, mientras que un abogado es aquel licenciado en derecho que litiga en un proceso judicial. Se puede ser Licenciado en Derecho y no ser abogado, pero no se puede ser abogado sin haber sido primero Licenciado en Derecho.

Luego , siguiendo una especialización un Licenciado en Derecho puede seguir las siguientes especialidades:

Derecho Civil

Derecho Penal

Derecho de Familia

Derecho de sucesiones

Derecho de sociedades

Derecho registral

Derecho empresarial

Derecho contractual

Derecho minero ( Algunas universidades ofrecen esta especialización )

Derecho informático.

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Para ser Notario Público , además de estudiar la carrera de Derecho, se debe contar con estudios adicionales y de especialización para poder ser notario.

Para ser juez, se debe concursar para poder ocupar las diferentes plazas disponibles según disponga cada distrito judicial. Con excepción en aquellos centro poblados o comunidades en donde la población elige a la persona con mayor grado de instrucción para ser juez de paz.

Para ser fiscal, también se debe concursar, para poder ocupar las diferentes plazas disponibles según cada distrito judicial. Generalmente un fiscal en un proceso judicial tiene que demostrar las acusaciones que pesan sobre algún imputado en algún ilícito civil o penal.

En un proceso judicial, además de haber un juez o un tribunal, un fiscal, también hay un abogado defensor, el papel de este abogado es sustentar mediante pruebas la inocencia de la persona que está siendo acusada de algún ilícito civil o penal en un proceso judicial.

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Un procurador defiende los intereses del estado, cuando en un proceso judicial civil o penal, una de las partes acusadas es el propio Estado.