Lo dicho se refiere a la necesidad de precisión legal en la re­dacción de los presupuestos de la pena. El problema se plantea, también^ respecto de la determinación de la pena: ¿qué grado de precisión es exigible en la determinación de la pena por parte de la ley, para que pueda entenderse cumplido el postulado material del principio de legalidad? Dicho de otra forma: ¿Qué margen de arbitrio judicial es compatible con el principio de legalidad? La respuesta a esta cuestión ha variado, como es sabido, desde los orígenes del liberalismo.