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jas comunidades urbanas y rurales.20 En aquellas instituciones, el pacto federal se definía entre individuos que gestionaban los recursos de manera concreta. Este se articulaba en torno a la colaboración por afinidad y a las necesidades comunes. Sin esa base no se podía entender ni el nacimiento de las ciudades ni el funcionamiento social de los núcleos urbanos. Es pues la cooperación lo que determinó el desarrollo de la ciudad medieval. El feudalismo y la subordinación de las ciudades y del campo a las oligarquías y la nobleza se produjo por la captura, vía servidumbre, de aquellas redes de cooperación aldeanas y comunales. Esta revisión de la historia reforzaba la máxima de que la base del Municipio Libre debían ser las estructuras comunitarias y cooperativas descentralizadas. A partir de ellas se podían componer estructuras más amplias y complejas. La ciudad era, desde este punto de vista, el ecosistema de la cooperación comunitaria. Para Kropotkin, no obstante, no todo empezaba y acababa en la autosuficiencia municipal. Tal y como expuso en su obra Campos, fábricas y talleres (1889) y en los textos escritos en la revista Revolté entre 1879 y 1882, la esencia del municipio estaba en su inserción dentro de un marco federal de grandes conjuntos, similares en magnitud a los territorios de los Estados. Incluso en una escala tan amplia se podía organizar, de forma horizontal, la estructura productiva y redistributiva. Estas ideas tuvieron amplia difusión en aquellas décadas en libros como La Ciudad del Buen Acuerdo de Eliseo Reclus o en cabeceras de la prensa libertaria como La Tramontana o El Municipio Libre. Ya casi acabado el siglo, los debates sobre la descentralización, el municipio libre y la construcción de un sistema territorial a escala humana y en armonía con la naturaleza, pieza clave del pensamiento libertario, encontraron su prueba de realidad en el crecimiento de las ciudades industriales. La insalubridad, el crecimiento por anexión de las poblaciones periféricas de las grandes urbes, como ocurrió en Barcelona en aquellos años, y las consecuencias sociales del ciclo de crecimiento fabril, llevaron a los primeros levantamientos de las periferias obreras. El proyecto libertario comprendía la necesidad de crear ciudades habitables ecológica y socialmente, así como de garantizar la independencia local frente al avance de las grandes aglomeraciones. Buen ejemplo de ello fueron los movimientos insurreccionales que se produjeron contra el plan de anexiones de los municipios limítrofes de Barcelona en 1897. Estas movilizaciones dieron cuerpo a un modelo de municipalismo protagonizado ya no sólo por pueblos y ciudades, sino también por los propios barrios obreros de la periferia, ya fueran antiguos municipios independientes o poblados de nueva creación. Como ya sucediera con la idea de autonomía local que estuvo detrás del insurreccionalismo decimonónico —como ya se ha visto con el republicanismo federal—, también en el imaginario de las comunidades populares y obreras de las periferias urbanas del siglo XX, la autonomía política quedó vinculada a la descentralización y la autonomía local. El concepto del Municipio Libre sobrevivió así al cambio de siglo. En la década de 1930 este se articuló en torno a tres grandes cuestiones. La primera tenía que ver con su posición en la organización del comunismo libertario. Este se concebía de acuerdo con el viejo principio federal tal y como expuso Federico Urales en su obra El Municipio libre. La segunda residía en la necesidad de armonizar el urbanismo con la naturaleza, creando una idea de ciudad que fuese no sólo justa en términos económicos, sino saludable y sostenible en términos medioambientales.21 La tercera cuestión tenía que ver con la relación entre la organización territorial y los sistemas de producción y redistribución de la riqueza, un problema que tenía que ver con el papel revolucionario de los sindicatos anarquistas.22 El edificio teórico se puso en práctica en distintas zonas en las primeras décadas del siglo XX. De alguna forma estas ideas estuvieron ya presentes en los alzamientos anticlericales y antimilitaristas de la Semana Trágica de Barcelona en 1909, en las movilizaciones populares de 1917 —donde un movimiento de juntas acompañó las huelgas obreras— y en los numerosos alzamientos e insurrecciones locales que protagonizó el movimiento libertario en los años treinta, además de en la revolución de octubre de 1934 en Asturias. Todos estos acontecimientos fueron el preludio del asalto revolucionario de 1936. En la revolución española se pusieron en práctica todos los saberes y proyectos heredados del último siglo. La innovación institucional que trajo la revolución estuvo basada efectivamente en la articulación de dos grandes experimentos: de un lado, la organización de la producción por medio de los sindicatos; de otro, la administración de los asuntos corrientes por medio de las comunas libres.23 Los municipios fueron la base política y administrativa de la revolución. A partir de ellos se debía articular una gran confederación encargada de organizar, sin autoridad central y con plena autonomía, el nuevo orden político y social. En el Municipio Libre con�uyeron, en definitiva, un conjunto de fuerzas que se pueden comprender en los términos: urbanismo ecologista, poder democrático local y autoorganización del bienestar. Este último elemento apuntaba además a otras escalas institucionales. Así como es cierto que el Municipio Libre se consideraba plenamente autónomo, pero también célula y base de la gran alianza internacional, también es cierto que el movimiento libertario fue capaz de desarrollar sistemas institucionales propios, como ambulatorios de salud o escuelas racionalistas, que formaron sus propias redes y federaciones superpuestas a las de municipios y sindicatos. En este sentido, el diseño municipalista o de comunas libres basado en la autonomía de cada localidad nunca se opuso a la creación de marcos de interdependencia y federación en aquellas áreas de responsabilidad que no podían ser organizadas en un ámbito estrictamente local. Por este motivo, la educación, la salud o algunos servicios no estaban al albur de lo que aconteciese en cada lugar; la confederación perseguía la máxima federal de Proudhon de llegar a la unidad a partir de la diversidad. En última instancia, el movimiento libertario pretendió construir un sistema federal que no cayese en los vicios del centralismo liberal pero que a la vez mantuviese la responsabilidad de cada entidad local. Esta contradicción sólo podía resolverse multiplicando los actores que participaban en el pacto federal. Al considerar tanto las estructuras microsociales —comunidades, cooperativas, sindicatos, asociaciones— como las organizaciones territoriales en materia de salud o educación, prefiguraron un concepto de institución que no se basaba en la centralización y en la jerarquía. La descentralización y el pacto federal debían generar órganos capaces de coordinar y poner a cooperar instituciones sociales distintas y democráticamente establecidas.