Se trata de gestionar menos burocráticamente las políticas públicas. La provisión es pública, la producción privada. Consecuentemente, la configuración de la estructura de las organizaciones públicas se ha de efectuar de una forma menos piramidal y jerárquica, o sea, más plana y flexible, y se ha de establecer un modelo de responsabilidades para la gestión pública diferente y complementario del de legalidad. En este modelo la autonomía, la flexibilidad y la descentralización de las decisiones y de la ejecución de tareas, no es incompatible con la fijación previa de objetivos, la medición del cumplimiento de éstos y de los resultados, y de la posterior exigencia de responsabilidades.