creemos que el principio democrático y de Estado de Derecho al que la gobernanza debe servir exige el reconocimiento de un rol, unas formas organizativas y de funcionamiento y una responsabilidad especial a las Administraciones Públicas. Éstas son actores en estructuras de interdependencia, pero no un actor más. No creemos en la gobernanza como sustituto del gobierno, sino en la gobernanza con gobierno, como modalidad de gobernación. La gobernanza no puede diluir, sino fortalecer y legitimar la autoridad democrática. Para que ello sea así necesitaremos de un Derecho administrativo renovado que, desde el reconocimiento de las nuevas realidades y sus desafíos, vaya estableciendo los principios institucionales que nos permitan orientar la construcción y proceder a la valoración de la gobernanza, que ya ha llegado para quedarse. El concepto de gobernanza desarrollado desde la Comisión Europea no reduce el papel de los gobiernos a un actor más en las redes o estructuras de interdependencia en que la gobernanza consiste. Los gobiernos tienen una legitimidad y una responsabilidad diferenciadas y reforzadas. La gobernanza no quita nada al valor de la representación democrática, aunque plantea condiciones más complejas para el ejercicio efectivo de la autoridad. La gobernanza no elimina, sino que refuerza el papel de emprendedor, facilitador, mediador, dirimidor de conflictos, negociador y formulador de reglas que corresponde a los gobiernos; pero reconoce que algunas de estas funciones pueden ser también ejercidas por otros actores empresariales o sociales. Por encima del enjambre de opiniones doctrinales propias de la etapa de nacimiento de un nuevo paradigma, la gobernanza no elimina la necesidad de los gobiernos, aunque replantea sus roles, formas organizativas y procedimentales, los instrumentos de gestión pública, las competencias de los funcionarios y las capacidades de dirección política de la Administración. La gobernanza democrática implicará una estructura decisional y de implementación en cuya construcción institucional pueden resultar de gran utilidad los principios del republicanismo cívico19. Para el republicanismo, la libertad significa garantía institucional universalizada de no dominación arbitraria por parte de otro. Como se reconoce también que las autoridades públicas requieren crecientemente de poderes discrecionales que en sí constituyen una amenaza para la libertad, se conjura esta amenaza con: 1) un diseño institucional de la toma de decisiones públicas que garantiza su disputabilidad en foros deliberativos donde los diversos intereses sociales tienen oportunidad efectiva de dialogar, aun conflictivamente, y acabar formando sus preferencias; 2) una combinación de sistemas de control externo y social que exprese el principio republicano tradicional según el cual el precio de la libertad es la vigilancia eterna, y 3) una ciudadanía o civili- dad que participe en las decisiones públicas con vistas en su propio interés y los intereses generales, en actitud de diálogo, a través de organizaciones sociales diversas promotoras de intereses públicos y de confianza social generalizada.