En este capítulo nos proponemos relevar la evaluación y opiniones que –sobre las políticas del Estado argentino vinculadas a la SIC y al gobierno electrónico– tienen las organizaciones de la sociedad civil que asumen como eje de trabajo el desarrollo social de las TIC. De esta manera, buscamos contraponer el análisis realizado en el capítulo anterior con las perspectivas, pareceres y acciones de actores que pertenecen a ese muy heterogéneo campo de la “sociedad civil”, espacio de enorme diversidad y en el cual ni siquiera las denominaciones alcanzan consensos amplios. El mismo término “sociedad civil” presenta en su genealogía marcados desplazamientos de sentido, en los que en algunos momentos se identificó con las relaciones mercantiles frente al ámbito del Estado (como en la economía liberal clásica) y en otros se lo consideró un espacio de mediación entre individuo/familia y Estado.1 Tal vez por ello a partir de los años noventa adquirió una importante difusión el término “Tercer Sector” para referirse a una esfera que no queda comprendida ni por el Estado ni por el mercado, y que por lo tanto no se definiría positiva, sino negativamente: Los atributos específicos de las organizaciones que componen el llamado Tercer Sector no estarían en su sustancia sino en las similitudes y diferencias con respecto a los otros dos sectores. Así, comparten con las empresas su condición de organizaciones privadas y con el Estado el interés por temáticas que encuentran alguna referencia directa o indirecta, y a veces casi imperceptible, con lo público (Roitter, 2004: 18).