Este no es un ente aparte, sino que si adolece de algún defecto, podría también achacarse al poder político y a la misma sociedad (ya que el funcionariado es una parte representativa de la misma): el primero no impulsando reformas administrativas desde su nivel de decisión, y la segunda no involucrándose dentro de los mecanismos de participación. Porque aunque el empleado público en ocasiones presente niveles considerables de desmotivación (hoy que su estatus se ha elevado y sus condiciones laborables están garantizadas) no podemos olvidar que les avala su preparación y que su selección se basa en los méritos propios. El problema en nuestro país, aún a corregir, es impulsar mecanismos meritocráticos de entrada, salida y permanencia en la dirección pública, en los puestos que median entre el funcionariado y el poder político. Estos cambios podrían terminar con ese fenómeno tan nuestro: tender a considerar muy positivamente los servicios públicos (más aún que en los paradigmáticos países nórdicos) pero abominar del ente que los proporciona, la Administración. Es por ello que, conocidos estos cambios, es necesario que todo ciudadano impulse, una vez se halla informado adecuadamente, soluciones operativas, y no una crítica sistemática e indiscriminada a la Administración. Y para ello, debe fomentarse una cultura de la participación y la rendición de cuentas. Las políticas públicas, como instrumento clave, deben contar con el sustento ciudadano pues sus propuestas afectan a todos sobremanera. Desde el debate sobre el Estado del Bienestar, pasando por el de la redistribución u otros problemas emergentes como el medio ambiente o la inmigración (este asunto, que usted en su artículo, como ya haría el cameralista Von Justi en el siglo XVIII, defiende como un medio de enriquecimiento del propio Estado, se ha convertido en un tema de controversia en la actualidad, con detractores y defensores), las políticas públicas se encargan de incluirlos o desecharlos de su agenda. Y tras todo este debate y trasfondo, señor Larra, encontramos la más sustancial de las diferencias: el cambio hacia un régimen esencialmente democrático. A pesar de sus imperfecciones, la democracia ha modificado una serie de valores sociales y ha contribuido al progreso. Creemos necesario, con nuestro proyecto, dar a conocer la inestimable labor de las Administraciones como garantes de la paz y el bienestar social. Consideramos que, a pesar de los tiempos difíciles, tenemos que abogar por una sociedad que siga garantizando unos mínimos sin que ninguna crisis económica los comprometa. Este es el tipo de Administración que queremos seguir construyendo, para que nadie vuelva a identificarse con ese modelo ineficaz, ese reflejo de mala cultura social, política y administrativa que describía en su artículo. Para que nadie tenga nunca que volver a escuchar, como si de una maldición se tratase, ese “vuelva usted mañana”.