Dado que las políticas públicas concretan y materializan los resultados de las interacciones entre diferentes actores públicos y privados, es necesario ante todo definir el concepto de actor. Con este concepto designamos tanto un individuo (un ministro, un diputado, un periodista especializado, etc.), como varios individuos (que conforman, por ejemplo, una oficina o una sección de la administración), o también una persona jurídica (una empresa privada, una asociación, un sindicato, etc.), o, incluso, un grupo social (agricultores, drogodependientes, personas sin techo, etc.). Hemos de hacer hincapié, sin embargo, que un conjunto de individuos sólo constituirá un actor unitario siempre y cuando, en lo que concierne a la política pública que se analiza, se presente y actúe con homogeneidad interna respecto a los valores e intereses que defiende y los objetivos que persigue. No podemos por tanto incorporar como actor a un <>, si constatamos las divisiones internas sobre el problema y las soluciones a adoptar entre los distintos concejales o servicios municipales.