Posiblemente el énfasis de productividad que se le solicita a la educación superior responde a la necesidad de responder al modelo socioeconómico imperante. Esta situación puede tener relación con la aparición en 2002 Decreto 12787 que como Estatuto Profesional Docente abrió la posibilidad a personas que sin haber hecho estudios de licenciatura pudieran ejercer la profesión docente, así un historiador, luego de terminar su periodo de prueba y acreditar ciertos cursos en pedagogía, podrían dictar ciencias sociales. Nuevamente en palabras de Ríos (2006, p 28) “es posible pensar que ya no es necesario […] adelantar programas profesionales específicos sobre pedagogía y didáctica para habilitarse para la enseñanza y la formación”. Paradójicamente, en 2004 aparece la Resolución 1036 que retoma los aspectos presentados previamente como aportes del Decreto 272. La Resolución 1036 que define las características específicas de calidad para los programas de pregrado y especialización en Educación, añade una especificidad al título obtenido por los profesionales en educación, la cual se determina por el nivel del sistema educativo, la disciplina, o la modalidad educativa, esto es una forma de reconocer el campo profesional de los docentes. En el aparte correspondiente a los aspectos curriculares se menciona el carácter de disciplina fundante que tiene la pedagogía y la importancia de la didáctica en las carreras en educación, en la medida en que generan espacios de reflexión y articulación de distintos saberes y disciplinas. La resolución también reconoce la formación de docentes como una de carácter teórico-práctico, por lo que otorga valor a los espacios de práctica pedagógica ya que allí los estudiantes tiene la oportunidad de desarrollar sus actitudes y competencias tanto de ejercicio docente como investigativas. Este decreto pone de manifiesto la necesidad de articular la docencia y la educación, lo cual debe darse desde la formación de pregrado.