En relación al segundo cuestionamiento referente a que si la designación puede recaer en cualquier profesional que cumpla los requisitos constitucionales para ejercer el cargo, o en uno de los postulantes que presentaron su candidatura a la Asamblea Constituyente en octubre del 2008 y no fueron electos, consideramos que el artículo 1 de la Constitución de la República vigente establece: "El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia (...)" calificativo que denota a la Constitución como determinadora del contenido de la ley, el acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura del poder, siendo los derechos de las personas a la vez, límites del poder y vínculos, por lo que la Constitución de la República es de directa e inmediata aplicación, y los derechos y garantías en ella contenidos justifican el orden institucional; por lo tanto, somos del criterio de que en aras de precautelar de forma expedita e inmediata la protección de los derechos a la participación política de la persona que solicitó el recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, sean consideradas, para ocupar la vacante de juez suplente, las personas que participaron en su momento y no fueron escogidas, siguiendo el orden de mejor puntuación que en aquel entonces obtuvieron, guardando así conformidad con el artículo 228 de la Constitución, que establece que el ingreso al servicio público, ascenso y promociones, se realizará mediante concurso de méritos y oposición.