Detalle de la solicitud de interpretación Descripción del caso: La accionante manifiesta que la norma constitucional contenida en la Disposición Tr...

Detalle de la solicitud de interpretación
Descripción del caso:
La accionante manifiesta que la norma constitucional contenida en la Disposición Transitoria Primera, establece que en el plazo de 360 días, la Asamblea Nacional Legislativa aprobará las siguientes leyes: Ley de Soberanía Alimentaria, Ley Electoral, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley del Consejo de Participación Social y Ciudadanía, Ley de Control Constitucional y de Garantías Básicas, Ley de Aguas, Ley de Participación Ciudadana, Ley de Comunicación, Ley de Educación, Ley de Servicio Público, Ley de la Defensoría Pública, Ley de Registro Civil, Ley de Registro de Propiedad y Mercantil, Ley de Descentralización Territorial, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Militar y Policial, y Ley de Seguridad Pública; sin embargo, comenta que a pesar de lo dispuesto en el texto constitucional, solamente se ha cumplido con cuatro proyectos de ley. Por ello, sostiene que la Asamblea Nacional no cumplirá con el plazo previsto para la aprobación de las leyes restantes, el que fenecerá el 14 de octubre del 2009.
Argumenta que el criterio de ampliar o extender el plazo previsto al 14 de febrero del 2010 constituye una abrogación de funciones, cuando precisamente lo que se precautela es que el desarrollo de las leyes se realice bajo la amenaza de la inconstitucionalidad por omisión.
De esta forma, la accionante señala que, al respecto, el artículo 436, numeral 10 de la Constitución prevé tratar este tema denominándolo "acción inconstitucional por omisión"; figura creada frente al incumplimiento de las autoridades del sector público y de los legisladores, que no cumplen con el desarrollo legal secundario de las normas constitucionales.
Por lo expuesto, considera que con el objeto de evitar que las leyes se aprueben fuera del plazo establecido por la propia Constitución, en un marco de ilegalidad e ilegitimidad, solicita a la Corte que establezca un plazo razonable para la aprobación de las leyes referidas; plazo que deberá tomar en cuenta la complejidad del tema legislativo y el tiempo que requiere el ejecutivo para actuar como colegislador, ya que también debe presentar sus objeciones.
Petición Concreta
Solicita a la Corte Constitucional que interprete la Disposición Transitoria Primera de la Constitución de la República, en relación con lo dispuesto en el artículo 436, numeral 10 ibídem, y fije un plazo para que la Asamblea Nacional expida las leyes conforme el mandato constitucional.
Normas Constitucionales cuya interpretación se solicita
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR - Página 197 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec
La accionante solicita que en virtud de lo dispuesto en el artículo 436, numeral 1 y artículos 19 y siguientes de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las competencias de Corte Constitucional, para el periodo de transición, se interprete la Disposición Transitoria Primera, cuyo texto se transcribe a continuación:
Disposición Transitoria Primera:
"PRIMERA.- El órgano legislativo, en el plazo máximo de ciento veinte días contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución aprobará la ley que desarrolle el régimen de soberanía alimentaria, la ley electoral, la ley reguladora de la Función Judicial, del Consejo de la Judicatura y la que regula el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
En el plazo máximo de trescientos sesenta días, se aprobarán las siguientes leyes:
1. La ley que regule el funcionamiento de la Corte Constitucional y los procedimientos de control de constitucionalidad.
2. La ley que regule los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, que incluirá los permisos de uso y aprovechamiento, actuales y futuros, sus plazos, condiciones, mecanismos de revisión y auditoría, para asegurar la formalización y la distribución equitativa de este patrimonio.
3. La ley que regule la participación ciudadana.
4. La ley de comunicación.
5. Las leyes que regulen la educación, la educación superior, la cultura y el deporte.
6. La ley que regule el servicio público.
7. La ley que regule la Defensoría Pública.
8. Las leyes que organicen los registros de datos, en particular los registros civil, mercantil y de la propiedad. En todos los casos se establecerán sistemas de control cruzado y bases de datos nacionales.
9. La ley que regule la descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de competencias, que incorporará los procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que recibirán los gobiernos autónomos descentralizados del Presupuesto General del Estado. Esta ley fijará el plazo para la conformación de regiones autónomas, que en ningún caso excederá de ocho años.
10. La ley penal y la ley de procedimiento penal en materia militar y policial.
11. La ley que regule la seguridad pública y del Estado.
El ordenamiento jurídico necesario para el desarrollo de la Constitución será aprobado durante el primer mandato de la Asamblea Nacional".