En cualquier caso, la plasmación documental de los conocimientos técnicos, en forma de códigos, normas técnicas o protocolos de actuación, facilita la relación entre el subsistema profesional y el subsistema jurídico. Es así como los estatutos de una sociedad pueden establecer la obligatoriedad de un código de conducta, o un contrato puede establecer la obligatoriedad de una norma técnica. Los resultados de la autorregulación se convierten, de este modo, en Derecho de formación negocial que proviene de las fórmulas organizativas propias de la sociedad civil. Estos mecanismos de relación entre sistemas, que operan ya con normalidad en el campo del derecho privado, se han extendido también al campo del derecho público mediante las referencias legales al estado de la técnica o las remisiones legales y reglamentarias a normas técnicas. Se producen, así, conexiones, cada vez más frecuentes, entre el ordenamiento jurídico general y los resultados de la autorregulación generados en los subsistemas técnicos (normas técnicas, remisiones al estado de la técnica), en los subsistemas éticos (integración de conceptos derivados de la autorreflexión ética) o en los subsistemas profesionales y las empresas (referencias normativas a la “lex artis” o a las buenas prácticas).