A pesar de que existen notables diferencias entre ellos, derivadas del momento histórico y del entorno cultural en el que se aprueban, estos códigos poseen unos contenidos mínimos bastante similares, que pueden resumirse en los siguientes: principios generales de ética –defensa de la verdad, la objetividad, la exactitud o el secreto profesional-; protección de derechos humanos –dignidad de la persona humana, derecho a la intimidad y a la vida privada, igualdad de tratamiento a las personas y respeto a las instituciones sociales-; deontología específica de la profesión –integridad del periodista, dignidad profesional, lealtad a la empresa, utilización de medios honestos para la obtención de información, y regulación de la cláusula de conciencia-; y, aunque en menor proporción, deberes de las empresas de comunicación –derecho de réplica, corrección de errores, no publicación de pornografía, o no incitación al crimen o a la violencia-. Estos códigos constituyen la referencia esencial en la que se basan los Consejos de Prensa –cuando éstos no poseen su propio código-, en el ejercicio de su función de autocontrol de la profesión. La misión principal de estos organismos consiste en velar por el respeto a la libertad de información y, por tanto, deben controlar tanto los abusos gubernamentales contra la prensa como los excesos cometidos por la propia prensa. La iniciativa de creación, la composición y las funciones de los Consejos de Prensa difiere según los países. En general, sin embargo, su constitución, que está presidida por el principio de voluntariedad, proviene de la iniciativa de las organizaciones profesionales y de las asociaciones de editores. En ocasiones, como sucede con el Consejo de Prensa sueco, su composición se limita a diversos sectores del mundo de la prensa. En la mayoría de los casos, sin embargo, estos organismos agrupan a editores y periodistas. Los Consejos de Prensa holandés, finlandés y británico, en su configuración actual, son los organismos de autocontrol que poseen una composición más amplia, puesto que integran a editores, a periodistas y al público lector. Las decisiones de estos organismos –que adoptan la forma de recomendaciones, o reprobaciones- se definen por su carácter no coercitivo. Debido a ello, la efectividad de estos instrumentos de autorregulación depende, por un lado, del grado de prestigio y autoridad que tengan dentro de la profesión y, por el otro, de su repercusión social, que está condicionada a la publicidad de su existencia y de sus decisiones. Si la mencionada autoridad es comúnmente aceptada, estos instrumentos de autorregulación presentan enormes ventajas sobre la regulación y el control estatales. Sin embargo, la levedad de las decisiones de los Consejos de Prensa, que no imponen sanciones disciplinarias a sus miembros, es un importante obstáculo para la implantación efectiva de la ética profesional. El modelo español de regulación y control público de los medios de comunicación. Es notable el contraste existente entre el temprano desarrollo de la autorregulación periodística en los países de nuestro entorno y la tardía homologación del periodismo español a dicho entorno. Ello es debido a circunstancias históricas muy concretas. Se ha afirmado con contundencia que los precedentes históricos del control de los medios de comunicación en España giran en torno a la censura. Cuando en Europa aparecieron los primeros Consejos de prensa, el panorama español estaba marcado por la existencia de un estricto control gubernamental, que incluía la censura previa y que impedía el ejercicio de la libertad de información. En tal contexto, la autorregulación, a parte de sus escasas posibilidades de desarrollo, carecía de sentido.