Ardinan en “un esquema en virtud del cual se concibe esta materia como un proceso lógico de progresivo descenso de lo abstracto a lo concreto que, en una línea no interrumpida, se desenvuelve en escalones sucesivos ligados por el fundamental propósito de defender la absoluta prioridad de los intereses de los inversores sobre los de las entidades intermedias en cuantas situaciones fácticas se presenten y de velar por las transparencia del Mercado; finalidades esenciales en las que todas las normas de conducta convergen” Dictamen del Consejo de Estado 1643/92, de 1 de 1993, relativo al Proyecto de Real Decreto sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios. Autorregulación y racionalidad técnica en el ámbito de la gestión de riesgos suficiente el respeto al principio de tipicidad. Sin embargo, puesto que este control es ejercido por una Administración, la posibilidad de que ésta pueda sancionar en base a normas de origen privado debe venir prevista en la Ley que habilita su actuación. Esta necesidad de habilitación legal ha sido suplida en la modificación de la LMV que tuvo lugar en 1998, donde se prevé específicamente la posibilidad de que la CNMV ejerza su potestad sancionadora en base a los RIC206. Así pues, la regulación de policía de carácter represivo, el ejercicio, en este caso, de la potestad sancionadora por parte de la CNMV, se encuentra condicionada por el contenido de genuinos instrumentos de autorregulación. C) El management empresarial. Esta nueva función de “control de la autorregulación”, asumida por la Administración es claramente visible también en el ámbito del management empresarial. Allí donde se generan mayores riesgos es en el proceso concreto de manipulación y elaboración de productos. En estos procesos únicamente la profesionalidad de quienes manejan los productos, las sustancias o los aparatos técnicos de una instalación industrial puede garantizar la minimización de estos riesgos. Gracias a los propios circuitos internos de información que poseen estos profesionales -más o menos formalizados, como se verá, según los ámbitos- pueden implantarse sistemas de calidad que faciliten la gestión de riesgos. Todo sistema de calidad se basa en la adopción de una serie de pautas que describen con detalle, paso a paso, la formas correctas de realizar una determinada actividad –tales pautas se formalizan en instrumentos de autorregulación normativa-. Imponen, en la mayoría de los casos, el establecimiento de autocontroles periódicos para comprobar que la actividad se desarrolla de acuerdo a las pautas fijadas previamente y, para facilitar esta tarea, es también recomendable que se documenten los resultados de cada autocontrol –autorregulación declarativa, que deja constancia del cumplimiento de las pautas de conducta que pueden o debe implantar las empresas-. Así, un sistema de calidad encuentra su base en reglas técnicas e implica el cumplimiento de tales reglas y el autocontrol constante de su grado de seguimiento. Pues bien, de nuevo nos encontramos con que, desde fechas muy recientes, los poderes públicos vienen fomentando estos sistemas de calidad, los acaban imponiendo en algunos casos, y se reservan siempre, en última instancia, la facultad de comprobar que se realizan de forma adecuada. Puesto que los riesgos para la salud, la seguridad o el medio ambiente son de procedencia muy diversa, son también diversas las actividades empresariales se ven afectadas por estas nuevas formas de autorregulación. Los riesgos para la salud, por ejemplo, pueden derivarse de una incorrecta manipulación de las sustancias que se incorporan a los alimentos. La producción, elaboración y conservación de alimentos son hoy procesos especialmente complejos en los que interviene, cada vez con mayor intensidad, la utilización de técnicas cada vez más avanzadas, no siempre exentas de peligro y que, en cualquier caso, convierten al producto final en una incógnita para el que los ingiere. La utilización de estas tecnologías, combinada con la lucha por el mercado, podría llevar a las industrias a poner realmente en peligro la salud de los ciudadanos207. Incluso en un ámbito aparentemente poco tecnificado como es el de los productos agrícolas existen una serie de sustancias que pueden ser utilizadas como fertilizantes que, siendo buenas para las plantas, pueden causar daños ambientales (como la contaminación de las aguas). Otros productos, como los fitosanitarios, o algunos productos químicos, si no se utilizan en las dosis adecuadas, pueden causar daños en la salud de las personas que consuman los alimentos. Naturalmente, existe una extensa y compleja regulación pública, de origen comunitario y nacional sobre estos aspectos, donde se prohíbe incluso la utilización o la mezcla de determinadas sustancias o productos208. Sin embargo, y entrando en el ámbito de los productos permitidos, su correcta o incorrecta utilización puede resultar determinante para prevenir riesgos. En aras a su prevención se están adoptando medidas para que los agricultores adecuen su actividad a las denominadas “Buenas Prácticas Agrarias”. Se entienden como tales las que aplica un agricultor responsable en su explotación y que incluyen y superan, necesariamente, el cumplimiento de los requisitos de seguridad obligatorios, así como las que se han definido expresamente como tales por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación209. Los poderes públicos fomentan la utilización de Buenas Prácticas Agrarias de diversos modos. En primer lugar, mediante la elaboración de manuales y documentos de divulgación de buenas prácticas por parte de las Administraciones públicas210. En segundo lugar, para la concesión de ayudas a la agricultura, se exige que se apliquen las buenas prácticas agrarias. Esta exigencia puede venir concretada mediante una remisión genérica a las buenas prácticas agrarias211 o mediante la concreción legal de lo que se