Es constatable que el panorama en el que aparecieron los primeros códigos éticos de la profesión periodística y los primeros Consejos de Prensa se ha transformado radicalmente. Los avances tecnológicos, la consolidación definitiva de las libertades de expresión e información, la multiplicación de los medios y de su alcance, así como la ampliación de sus contenidos, que desbordan con mucho la actividad meramente informativa, presentan nuevos retos -para los Estados, para la sociedad y para los propios medios- realmente difíciles de abordar. Hoy día la transmisión de la información no conoce fronteras. Puede presentarse en tiempo real a lo largo y ancho de todo el planeta y, jurídicamente, se encuentra limitada, casi exclusivamente, por el respeto a otros derechos fundamentales. En lo que respecta a sus contenidos, la prensa escrita, la radio y, sobre todo, la televisión, no son sólo transmisores de información, sino que ofrecen, además, entretenimiento, en un intento de captar, a cualquier precio, la atención del mayor número posible de lectores, radioyentes y telespectadores, durante todas las horas del día. Su decisiva influencia en la conformación de la opinión pública, se extiende también a la formación de estilos de vida, de conductas y de valores, transformando lo que pudo ser un “cuarto poder”, en un poder envolvente y penetrante que se resiste a cualquier tipo de control. Por un lado, se sigue defendiendo, bajo las mismas banderas que antaño, una libertad que, probablemente, debería aparecer matizada en función de los objetivos que detrás de ella se esconden. Por otro lado, las cuestiones necesitadas de regulación ahora, aquellas relacionadas con la valoración de los contenidos que cruzan las fronteras de un país a otro, transformando el mundo en la famosa “aldea global” de la que hablara McLuhan, rebasan las formulaciones jurídicas para convertirse en cuestiones de gran calado ético, estético incluso, que quedan fuera del alcance de los poderes públicos. Las dificultades de articulación de la autorregulación, en la actualidad, empiezan cuando se constata que existe una total indefinición sobre quienes pueden ser considerados, y quienes no, profesionales de la información. Tales dificultades se tornan insalvables cuando se abren brechas en el seno mismo de la profesión. La diversidad de técnicas utilizadas por la prensa escrita, la radio y la televisión, en la transmisión de la información, impide sostener que los medios de comunicación compartan, como sería propio de un subsistema, un lenguaje técnico común. En lo que se refiere a sus concepciones éticas, en cualquiera de los citados medios es necesario distinguir “los profesionales de la información y los profesionales de aquella prensa que no es más que un producto industrial”. Ello explica, por ejemplo, que la existencia de códigos éticos y de organismos de autocontrol no haya frenado el desarrollo de un determinado tipo de prensa –la denominada “prensa amarilla” y la “prensa rosa”-, que llevan la actividad informativa, constantemente y casi por definición, a sus límites con otros derechos fundamentales. Se pone de manifiesto, así, la existencia, dentro de los medios de comunicación, de distintos modos de entender la información, distintas formas de ejercer la profesión periodística y concepciones diversas sobre la misma. La falta de institucionalización de los medios plantea notables problemas para que surja una adecuada autorregulación en su seno. Aunque ello se produciese, no parece que sea conveniente fiar la autorregulación solo a los medios, cuando de ella se derivan reglas con incidencia directa para terceros. Se hace necesario, por el contrario, abrir los organismos de autocontrol a la participación de los destinatarios de la información o de las emisiones. Sin embargo, agrupar a todo tipo de medios, todo tipo de profesionales de la información, además de representantes de los destinatarios de la misma, en un órgano con escaso poder coercitivo, puede conducir a la paradójica situación de que se aprueben nuevos códigos de conducta, con elevadas exigencias éticas y estéticas, destinadas a ser incumplidas. Se ha señalado, en esta línea, el sinsentido que supone pedir a los medios que apliquen códigos de conducta –en los programas destinados a la infancia y la juventud, por ejemplo-, cuando las audiencias muestran que tienen mayor aceptación precisamente los programas más violentos, o aquellos que mayores conflictos éticos plantean. Por el momento, pues, en lo que atañe a los medios de comunicación, parece que “la ley de la oferta y la demanda influye