En cualquiera de los casos, la falta de diligencia, la falta de transparencia u objetividad, el incumplimiento de las normas procedimentales, el tr...

En cualquiera de los casos, la falta de diligencia, la falta de transparencia u objetividad, el incumplimiento de las normas procedimentales, el trato desigual a los ciudadanos, el favorecimiento de los intereses de concretos administrados, o incluso de los intereses propios, constituyen infracciones disciplinarias e incluso pueden ser actuaciones constitutivas de delito. Ocurre, sin embargo, que este tipo de actuaciones sólo puntualmente salen a la luz y, cuando lo hacen, se ventilan ante los tribunales. Ello indica una clara insuficiencia del control disciplinario, un ejercicio deficiente de este tipo de control y una larvada complicidad de políticos y funcionarios públicos en la aceptación de ciertas conductas dudosamente legales. Esta judicialización explica también la percepción pública, claramente negativa, de la Administración. Buena parte de los ciudadanos presumen que la actuación de los empleados públicos mayoritariamente es contraria a los intereses generales y, por ende, ilegal. Esta impresión es confirmada, a veces incluso generada, por los medios de comunicación.