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Obligaciones - resumen de la materia
derecho de las obligaciones (Universidad Nacional del Litoral)
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Obligaciones.
 BOLILLA N° 1.
 Noción de relación jurídica. Las relaciones jurídicas patrimoniales. La relación de obligación como especie de 
relación jurídica. 
Noción de relación jurídica: es todo vínculo entre 2 o más sujetos, con relación a determinados bienes o intereses,
estable y orgánicamente regulada por el d. como cauce para la satisfacción de una función social merecedora de tutela
jurídica. Su objeto son prestaciones (de dar, hacer o no hacer). Toda relación jurídica provoca la existencia de una
situación jurídica (modo de ser o estar de personas/bienes regulado por el ordenamiento jurídico). 
Una relación jurídica tiene 3 elementos esenciales: Sujeto. El sujeto activo es el que puede ejercer la prerrogativa a la
que ella refiere, mientras que el pasivo es quien debe soportar inmediatamente el ejercicio de la prerrogativa del titular.
Objeto. Contenido de la prerrogativa del titular. Causa-fuente. Hecho o acto jurídico del cual deriva.
Las relaciones jurídicas patrimoniales. Según la índole del contenido la relación jurídica es patrimonial (el derecho del
titular recae en un bien económico, de valor pecuniario apreciable; son los d. reales al recaer sobre las cosas que
integran el patrimonio, d. personales o creditorios (de obligación) al exigir una conducta de dar, hacer o no hacer
susceptible de apreciación económica y d. intelectuales) o extrapatrimonial (recae en un bien carente de esa valoración).
La “relación de obligación” comprende todo el fenómeno jurídico, y es utilizado como sinónimo de obligación. La
obligación es una subespecie de las relaciones jurídicas de tipo patrimonial relativo. Es relación jurídica al vincular a los
sujetos en una situación jurídica, de acreedor (titular de d. subjetivos) y de deudor (tiene un deber jurídico frente al
primero). La obligación difiere de los d. reales respecto a que la primera tiene 3 elementos (acreedor, deudor y objeto) y
la segunda tiene 2 elementos (titular de derecho y la cosa que es el objeto). 
 Concepto de obligación. Las definiciones antiguas. Las variantes que presentan. Las relaciones jurídicas 
intermedias. Las obligaciones propter rem . Evolución del D. de las obligaciones. 
Concepto de obligación. Art.724. “Definición. La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene
el derecho de exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener
forzadamente la satisfacción de dicho interés.” Exigencia impuesta por el ordenamiento jurídico de obrar una conducta a
favor de otro (u otros) de contenido económico.
Es relación al vincular al deudor con el acreedor, y es jurídica al ser regulada por el derecho; la relación jurídica es la
causa por la cual el deudor se somete a las exigencias del acreedor. La última parte del art alude la responsabilidad que
genera el no cumplir la obligación. 
El CCC recoge el criterio de distinción entre d. personales y reales que Vélez (siguiendo a Freitas) eligió p/ordenar las
relaciones jurídicas económicamente. El distingo es: los d. personales, nacen de relaciones que vinculan a dos partes,
con efectos relativos, que generan deberes y derechos entre quienes se vinculan; los d. reales, nacidos de las relaciones
de personas con cosas, absolutos, pues las facultades que se reconocen en virtud de ellos deben ser respetadas por
todos sin existir una persona determinada que deba una conducta a favor de su titular.
Existen 2 criterios, dualismo (admite y señala las diferencias entre el d. real y la obligación) y monismo (asimila el
derecho real a la obligación). 
La prestación, objeto de la obligación, es una conducta debida por el deudor (de dar, hacer o no hacer). El CCC resalta la
necesidad de que la conducta debida debe estar destinada a satisfacer un interés lícito del acreedor, identificado como
una necesidad objetivamente valorable de bienes o servicios que la prestación del deudor debe satisfacer, y puede ser
patrimonial o extrapatrimonial. Dicho interés lícito debe existir cuando la obligación nace y subsistir mientras no se
extinga. La introducción novedosa de esta noción genera consecuencias prácticas:
a) Su inexistencia puede devenir en la extinción de la obligación.
b) En materia de responsabilidad civil, establece la posibilidad de reparación en especio o el pago de una
indemnización.
c) Fija límites al ejercicio del derecho del acreedor, configurando la noción del ejercicio abusivo de sus
derechos. 
Además, se incorpora la posibilidad de ejecución forzada de la prestación, siendo el elemento coactivo de la obligación,
que pusiera de resalto la doctrina alemana al distinguir entre el débito (deber que recae sobre el deudor generalmente
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Procedimiento. 1. El hecho jurídico que genera la obligación; 2. La obligación considerada en sí misma, que es un efecto del
hecho jurídico anterior; 3. Las eventuales vicisitudes que puedan llegar a presentarse, y que reconocen la de la obligación en
cuestión; 4. El hecho jurídico que extingue la obligación.
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Obligaciones.
cumplido de forma voluntaria) de la responsabilidad (momento en el que, ante el incumplimiento, el acreedor puede
recurrir a los medios que el Derecho le proporciona p/obtener la satisfacción del interés perseguido).
Definiciones antiguas. La definición que brinda la instituta del emperador Justiniano: obligación es un vínculo de derecho
por el cual alguien está constreñido a cumplir una prestación según el derecho de nuestro país.
Otra definición establece que (Molitor) la obligación es un vínculo de derecho civil que constriñe a una persona a hacer
en provecho de otra una prestación.
El fin de toda obligación es el pago, el solvere.
Las variantes que presentan. Posee diferentes teorías según la naturaleza jurídica de la obligación. 
a) Teoría subjetiva. Tiene en cuenta exclusivamente a la obligación como un poder del acreedor ejercido sobre un
hecho del deudor; le otorga facultades físicas sobre este (someter a esclavitud, muerte).b) Teoría objetiva. El ordenamiento jurídico protege el interés del acreedor en que se cumpla la prestación. El
crédito sería el título que permite lograr esa prestación, sin importar que sea cumplida por el deudor o por otra
persona. La obligación es una relación entre dos patrimonios, el acreedor se ve beneficiado cuando los bienes
del patrimonio del deudor ingresan al suyo.
c) Teoría bipolar. El deudor tiene un deber libre de cumplir o no cumplir. Siendo que el deudor tiene el deber
jurídico de soportar/tolerar la acción del acreedor tendiente a cobrar. La obligación tiene doble sistema (deuda y
responsabilidad).
Las relaciones jurídicas intermedias. Las obligaciones propter rem . Situación intermedia entre obligación y derecho real;
son obligaciones que pesan sobre quien es dueño de una cosa determinada (denominado deudor). La obligación viaja o
ambula (por eso también se llaman ambulatorias) junto con la cosa a la cual accede. Propter rem, en latín es “a causa de
las cosas”. No hay tratamiento genérico de esta institución en el CCC, pero sus efectos propios se aplican. 
Mientras se tiene una relación de poder sobre una cosa, existe el deber a cargo del deudor, éste se puede liberar de la
obligación abandonando la cosa. Ej. Gastos de conservación de la cosa en condominio; obligación de abonar impuestos
inmobiliarios. 
Estas obligaciones propter rem descansan sobre determinada relación de señorío sobre una cosa, y nacen, se
desplazan y se extinguen con esa relación de señorío. 
Características: ambulatoriedad (la calidad de acreedor o deudor la reviste quien actualmente es titular del d. real o
relación de poder, y si este se transmite, la obligación también) y posibilidad del deudor actual de liberarse con el
abandono del d. real (esto puede o no traer aparejada la extinción de obligación). 
Tienen notas comunes con el d. creditorio y con el d. real. Se asemejan a la obligación porque el deudor no responde
solo con la cosa en razón de la cual nace la obligación propter rem, sino con todo su patrimonio. Sin embargo, se
asemejan también al d. real, pues se transmiten con la cosa, a través de su abandono.
El derecho de la cosa es otra situación intermedia entre la obligación y el d. real , que consiste en la facultad que tiene el
acreedor de una obligación de dar, antes de la entrega de la cosa por el deudor. Ej. El comprador tiene derecho a la cosa
vendida y por ello, antes de la entrega tiene d. a solicitar medidas cautelares que aseguren la entrega. 
Evolución del Derecho de las Obligaciones. Obligación proviene de ob-ligatum; estado de sujeción o sumisión del deudor
al poder del acreedor, que limitaba su libertad, y con gravísimos efectos si finalmente no cumplía: el deudor garantizaba
el cumplimiento con su propia persona. 
En el derecho romano el vínculo jurídico de la obligación tenía un carácter predominantemente personal. El acreedor
podía, en caso de que el deudor no cumpliera, someterlo a prisión o a acuerdos realizado entre ellos. 
La ley de XII TABLAS concedía al acreedor el derecho de matar al deudor o privar de su libertad (esclavo) a gusto. Se
llamaba nexus al hombre libre que se constituía en servidumbre para pagar con su trabajo el dinero debido.
La ley POETELIA PAPIRIA vino después a suprimir el nexus; de acuerdo a ella, ya no es la persona misma del deudor la
que respondía, sino sus bienes, su patrimonio.
El DERECHO CANONICO también implemento principios de la moral cristiana al d. de las obligaciones, ej. Principio de
buena fe, abuso del derecho, etc. 
La evolución de la obligación ha marchado siempre acorde con el desarrollo económico social de todos los pueblos y los
aspectos éticos morales, que determinan obrar de buena fe, reprimir el ejercicio antisocial o abusivo de los derechos y
también admitir con amplitud el daño moral. Invocar las reglas de moral y buenas costumbres para reprimir los excesos
de la autonomía de la voluntad y la protección de la parte débil en la contratación.
 Los elementos esenciales de la obligación. Enumeración. Los sujetos: requisitos, capacidad. El vínculo 
jurídico. El elemento personal y coactivo del vínculo jurídico. El débito y la responsabilidad. La coacción. El
objeto: sus requisitos. La causa: su evolución. La clasificación de las fuentes: tradicionales y modernas. El
deber moral y la buena fe. Prueba de la existencia de la obligación. Presunción de causa legítima.
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Obligaciones.
Elementos esenciales de la obligación. Enumeración. En toda relación jurídica pueden aislarse sus elementos
(componentes necesarios que la integran de tal manera que la relación jurídica es inconcebible sin ellos). En la relación
jurídica obligacional son los sujetos, el objeto, vínculo y causa-fuente. Todos existen gracias al último elemento. Sólo
para las relaciones nacidas de un acto jurídico se tiene en cuenta la finalidad.
Los sujetos: requisitos, capacidad. La calidad de sujeto corresponde a la persona (física o jurídica).
Hay un sujeto activo (titular de la facultad que, en la obligación, es el acreedor); y uno pasivo (a su cargo está el deber,
siendo deudor). En toda relación obligacional debe haber un sujeto acreedor y otro deudor, o en cada polo puede haber
varios de ellos (hoy en día es lo más común). No puede nacer una relación si no hay sujetos diferentes; si nacida la
obligación, se confunden los roles de deudor y acreedor en una misma persona, se extingue la relación por confusión; en
sí una persona puede generar obligaciones “con uno mismo” en derecho propio y en representación de un 3ro. 
Requisitos: 
-Capacidad de derecho: “ser titular de derechos y deberes jurídicos” p/quedar emplazado como acreedor o
deudor, si falta la capacidad de derecho el acto posee nulidad absoluta. Esta titularidad, si referimos a persona humana
tiene algunas limitaciones por ley, si hablamos de persona jurídica se limita sólo para el uso de su fin determinado. 
-Capacidad de ejercicio: atributo de las personas humanas p/ejercer por si mismos los derechos de los cuales
YA son titulares; si se ven imposibilitados es por cuestiones de salud o edad, y por eso se ejercen a través de sus
representantes legales. Si falta esta capacidad, el acto posee nulidad relativa. 
-Determinabilidad: se debe saber quién es el acreedor y quién el deudor; no es necesario que lo sean al
momento de la constitución del acto, pero si es que sean determinables, es decir que deben fijarse en el momento
constitutivo las pautas p/la individualización de los sujetos, aunque no se produzca en ese momento. La determinación
puede darse luego del origen de la relación, pero antes de su cumplimiento. La indeterminación absoluta obsta a la
existencia de la obligación. 
Determinación posterior del deudor: en obligaciones propter rem. Determinación posterior del acreedor: en
cheques y otros títulos al portador. 
El vínculo jurídico (o coercibilidad). El elemento personal y coactivo del vínculo jurídico. En la relación jurídica existe una
conexión entre dos o más entes, reglada por el derecho. Este vínculo jurídico es el elemento inmaterial que une a los
elementos de la relación. En las relaciones de obligación, el vínculo jurídico conecta a los sujetos involucrados o entre el
acreedor y el patrimonio del deudor. 
El vínculo se manifiesta por la sujeción del deudor a ciertos poderes del acreedor, que obliga al deudor a cierto
comportamiento concreto (la prestación). Es importante porque los poderes y deberes jurídicos de c/parte de la relación
de obligación existen en razón del vínculo jurídico: atrapa al deudor, imponiéndole deberes y cargas, sino también al
acreedor, quien tiene el deber de cooperar para que el deudor pueda cumplir y liberarse. Aunque no haya coerción
efectiva, el vínculo se manifiesta en la medida en que la relación jurídica obligacional es coercible.
Existen diversas atenuaciones del vínculo, como el favordebitoris (presunción favorable al deudor en caso de duda
acerca de si está o no obligado), la exclusión de los poderes del acreedor respecto de determinados bienes que integran
el patrimonio del deudor, límites temporales o prescripción, abdicación de una limitada esfera de libertad por parte del
deudor, etc.
Si la obligación es de objetos múltiples (más de un deudor/acreedor vinculados por una obligación derivada de una
causa fuente única) existe una pluralidad de vínculos. 
Si la obligación es recíproca (compraventa, se obligan ambas partes a hacer algo), los sujetos tienen dos vínculos
jurídicos, uno por c/obligación. “A” es acreedor de “B”, y en otra “B” es acreedor de “A”. 
Conclusión: El Estado pone a disposición del acreedor la fuerza pública p/obligar al deudor a cumplir. Algunos ven en
este poder de compulsión o coerción un elemento más de la obligación. Su límite se halla en que no puede ejercerse
violencia física sobre la persona del deudor; los poderes del acreedor se pueden manifestar: por acción (tiende a obtener
el cumplimiento con el fin de que el deudor cumpla la prestación) y por excepción (va a tender a repeler la demanda de
repetición o devolución de lo pagado).
El débito y la responsabilidad. La coacción. La doctrina alemana (s. XIX) formuló la distinción entre deuda y
responsabilidad, que son 2 momentos sucesivos en la situación del deudor. Esta doctrina halló su raíz en el D. Romano,
a través de la correspondencia entre el deber de cumplir (deuda) y la posibilidad de sujetar a la persona misma del
deudor (responsabilidad). Los 2 son elementos en la obligación. El primero es un estado de puro deber de cumplimiento,
que nace junto con la obligación y termina con el cumplimiento del deudor; el segundo es la responsabilidad, que
sobreviene después del incumplimiento de la obligación, habilitando a ejercer todo el poder de agresión patrimonial. 
Las virtualidades de la relación de deuda pueden ser esquematizadas de la siguiente manera:
a)El deudor (sujeto pasivo) tiene el deber jurídico de realizar la prestación, para lo cual el acreedor debe prestar la
necesaria cooperación, y dicho deber tiene correlato en la facultad de liberarse mediante el pago por consignación si el
acreedor se niega injustificadamente a aceptar la prestación ofrecida.
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Obligaciones.
b)El acreedor (sujeto activo con d. subjetivo) tiene la expectativa de obtener la prestación y está investido de un
título para ello, de manera que, si el deudor realiza el pago, este es debido y no corresponde su repetición. 
En la relación de deuda, la actitud del acreedor es esencialmente pasiva, pues aguarda el cumplimiento del deudor que
juega un papel activo, desde que debe realizar la prestación. Esos papeles se truecan en la relación de responsabilidad:
el acreedor está investido de un poder de agresión que consiste en la facultad de emplear las vías legales tendientes a
obtener la ejecución específica de lo debido, o un equivalente indemnizatorio.
Es decir, el acreedor tiene poderes dirigidos a obtener su satisfacción, que recaen sobre el patrimonio del deudor. Este
tiene la facultad de liberarse de su obligación siempre que satisfaga integralmente el interés del acreedor. En la deuda, el
acreedor tiene una expectativa a la prestación (cumplimiento por parte del deudor); en la responsabilidad tiene una
expectativa a la satisfacción, por medio de la ejecución forzada o la indemnización.
El objeto. Sus requisitos. El objeto es aquello sobre lo cual recae la obligación jurídica. Definido como el bien deseado
p/el sujeto activo, sobre el cual recae el interés implicado en la relación jurídica. 
El contenido de la relación jurídica es cierta conducta humana: el comportamiento del sujeto pasivo destinado a
satisfacer el interés del titular activo respecto del objeto. Cuando la obligación es de dar, la calidad de objeto
corresponde a la cosa. En las obligaciones de hacer y no hacer, el objeto es la ventaja o utilidad que deriva del hecho
debido o de la abstención. La conducta humana proyectada + interés = objeto de la obligación. 
La prestación es el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor; es el contenido de la
obligación (esta NO es efecto de un contrato, sino su efecto causal). La prestación constituye un plan de conducta futura
del deudor que responde al interés del acreedor. El deudor está sujeto a un deber de cooperación con el acreedor
p/satisfacer lo que este pretende según dicho plan prestacional, que puede tener componentes distintos. Dichas
prestaciones pueden ser positivas (realización de una conducta), que a su vez se clasifican en reales (obligaciones de
dar) y personales (de hacer), o negativas (abstención).
Las relaciones jurídicas pueden ser objeto de los actos jurídicos, cuando estos causan la extinción o perdida
(renunciando a derechos) suele pasar que el objeto no es un hecho/bien particular, sino una relación jurídica integral,
cuya extinción arrastra a los hechos o bienes que la integran.
Art.725. “Requisitos. La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible,
lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o
extrapatrimonial del acreedor.” 
La conducta debida del deudor debe reunir requisitos establecidos por el CCC, que deben presentarse al momento del
nacimiento de la obligación y subsistir durante su vigencia; sino: es inexistente la relación. 
 Posibilidad material y jurídica. La conducta del deudor debe ser factible de cumplimiento. La imposibilidad puede
devenir de un impedimento material, porque su cumplimiento es una conducta contraria a las leyes de la física (tocar el
cielo con las manos), o jurídico, cuando la conducta iría en contra de un mandato legal (prendar un inmueble). La
posibilidad necesaria para que la obligación nazca es la existente al momento de su nacimiento (imposibilidad originaria).
Si es posterior a ese momento (imposibilidad sobreviniente), la obligación se extingue por imposibilidad de cumplimiento.
La posibilidad debe ser objetiva (no dependiente de las circunstancias personales del deudor), definitiva y absoluta
(impida el cumplimiento de manera irreversible). Las imposibilidades subjetivas, temporarias o reversibles no obstan al
nacimiento, sin perjuicio de considerarlas impedimento si tales circunstancias frustran el interés del acreedor de modo
definitivo.
 Licitud. La prestación no debe contrariar el ordenamiento jurídico en su totalidad (ley, moral, buenas costumbres,
orden público). La invocación de la ilicitud de la conducta debe ser realizada por el deudor y corre a su cargo la prueba.
 Determinación. La prestación debe estar determinada (individualizada) al momento del nacimiento de la
obligación, o ser susceptible de determinarse antes del plazo fijado para su cumplimiento. No es posible obligar al deudor
a dar o hacer algo que no se sabe qué es; la determinación se logra expresando género, calidad y cantidad. 
 Susceptible de valoración económica. La prestación (objeto de la obligación) debe ser mensurable en dinero.
Hay 2 posturas: Savigny postula la necesidad de patrimonialidad de la prestación y el interés del acreedor; Von Ihering
dice que también son dignos de tutela los intereses morales, afectos, etc. (extrapatrimoniales). El CCC pronuncia que la
prestación debe ser valorable en términos económicos, p/lo cual el ordenamiento debe asignárselo. Las partes no
podrían pactar darle un valor económico a una conducta que el ordenamiento no se lo atribuye. 
 Corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. La prestación siempre debetener valor
económico, pero el interés del acreedor no siempre debe ser valorado en dinero y puede consistir en otros intereses
(extrapatrimoniales) como un interés moral, científico, cultural, etc. Y si dicho interés es serio merece ser protegido por la
ley. La doctrina determinó 2 ámbitos diferentes: la patrimonialidad del interés, que puede no existir, y la posibilidad de
valoración económica, que siempre debe presentarse. Conclusión: la prestación siempre debe tener valoración
patrimonial; el interés del acreedor no siempre debe ser valorado en dinero, puede constituir en otros intereses (extrap).
Siempre debe haber una valoración económica, de lo contrario no se podría ejecutar el patrimonio del deudor. 
La causa: su evolución. Clasificación de fuentes: modernas y tradicionales . Art.726 “Causa. No hay obligación sin causa,
es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico.”
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Obligaciones.
Durante muchos años causó controversias con relación a su significado y alcance, pudiendo distinguirse: causa fuente
(fuente de la obligación, hecho que le da origen) o causa final (finalidad de la obligación, fin perseguido al crearse). El art
alude a la causa fuente, la causa final se reserva a los actos jurídicos y contratos. Las tres posiciones frente la causa:
 Teoría causalista. La causa depende de la naturaleza del acto, esta es objetiva. Todos los actos/contratos de la
misma clase tienen la misma finalidad, hay elementos materiales que existen en todo contrato. No se consideran
fundamentos individuales (motivos) al ser irrelevantes para el derecho. 
 Teoría anticausalista. Consideraban como inútil, superflua, falsa a la causa; para ellos no era un elemento.
 Teoría neocausalista: diferencian causa fin (¿por qué debo?) de objeto (¿qué se debe?) y también distinguen los
móviles o motivos. Existen dos vertientes. 
 Objetiva o inmediata. Hay una finalidad típica para c/acto jurídico, la causa es la misma p/los contratos
iguales. 
 Subjetiva o mediata. Son los intereses, móviles determinantes de la voluntad de quien se obliga. Lo que
está en el fuero interno de la persona, que son irrelevantes jurídicamente al no ser que se encuentre
expresamente manifiesto. 
El CCC reconoce que las causas pueden ser: hechos jurídicos (cualquier acontecimiento al que el ordenamiento jurídico
le otorga capacidad jurídica de derechos), simples actos lícitos (acción voluntaria no prohibida por la ley de la que
resultan relaciones jurídicas) o actos jurídicos (hechos voluntarios lícitos que tienen por fin inmediato la creación de
relaciones). El hecho o acto que generó la obligación no debe estar prohibido por el derecho. El CCC expresa que debe
ser conforme con el ordenamiento jurídico, lo que significa que la causa de la obligación será válida si no existe
disposición legal que la prohíba, considerando el ordenamiento jurídico de manera integral.
Se llama fuente al hecho, acto o disposición legal por el que nace, se modifica o extingue la relación o situación jurídica. 
La clasificación tradicional proviene del derecho romano; las obligaciones se generaban por cuatro fuentes: contrato,
cuasicontrato, delito y cuasidelito. Luego los glosadores le agregaron otra fuente, la ley. 
La clasificación moderna toma las clasificaciones anteriores, agregando las siguientes fuentes: enriquecimiento sin
causa; voluntad unilateral; abuso del derecho; responsabilidad civil; gestión de negocios; empleo útil. 
Contrato; acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento p/crear, regular, modificar,
transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. 
ACTO ABSTRACTO. Art.283 “Acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto
abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice.” El acto abstracto es válido, independientemente
de la causa fin. 
El deber moral y la buena fe. Art.728 “Deber moral. Lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia
es irrepetible.” Es el caso de la deuda sin responsabilidad, el deudor tiene el deber de cumplir y el acreedor carece de
acción para exigir su cumplimiento y a la inversa, una vez que el deudor cumple, no puede exigir su repetición. 
El CCC adopta la teoría que niega carácter autónomo a las obligaciones naturales, y determina la regla general de que
toda atribución patrimonial realizada en cumplimiento de deberes morales es irrepetible. Las obligaciones naturales son
las que se fundan en el d. natural y la equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento (como sí las civiles), pero
si son realizadas por el deudor, se autoriza a retenerlas; han sido reemplazadas por el “deber moral” (NO JURIDICO), es
decir una exigencia moral o de conciencia. Este deber conlleva a que existan sujetos determinados, con una conducta
específica a desplegar, y debe carecer de vinculo jurídico y causa fuente idónea. Quien cumple este deber ha tenido una
intervención que lo coloca en esa situación de sentirse compelido a hacerlo frente al beneficiario, por más que éste no
tenga acción en su contra. 
Si se cumple el deber moral parcialmente, el beneficiario no tiene derecho a reclamar el cumplimiento absoluto (al ser
incoercible). 
La obligación natural mutó en deber moral, el cual se limitó a mantener su efecto esencial. Supuesto de deber moral: 
Art.1611 “Juego y apuesta de puro azar. No hay acción para exigir el cumplimiento de la prestación prometida en un
juego de puro azar, esté o no prohibido por la autoridad local. Si no está prohibido, lo pagado es irrepetible. Sin embargo,
es repetible el pago hecho por persona incapaz, o con capacidad restringida, o inhabilitada.”
Art. 729 “Buena fe. Deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe.”
La buena fe lealtad como principio general del ejercicio de los derechos. El CCC establece en diversas normas el
principio general de que los d. reconocidos a c/persona deben ser ejercidos de buena fe, aludiendo a la necesidad de
que las partes ejerzan sus derechos de manera correcta y leal (buena fe lealtad). 
Se ha puesto de resalto que la buena fe cumple diversas funciones:
a) Es un criterio informador, pues infunde a las normas particulares una tensión valorativa que es, a la vez,
fundamento, inspiración y fuente de legitimación, inspirando normas concretas e infundiendo al conjunto una orientación
hacia el respeto de valores fundamentales;
b) constituye un criterio de interpretación de las normas jurídicas y de las derivadas de la voluntad de las partes; 
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Obligaciones.
c) constituye una limitación al ejercicio de los derechos; 
d) es un criterio integrador, pues a través de su aplicación se descubren o crean normas no contempladas. Todas
las funciones son receptadas a través del estándar amplio admitido por el CCC.
El estándar de conducta impuesto por la buena fe: el deber de obrar con cuidado y previsión. El principio de la buena fe
crea un estándar abierto de conducta exigible a las partes de la obligación, cuya determinación en el caso concreto
queda diferida a quienes deban decidir la cuestión litigiosa que se presenta. Se alude, sin embargo, a conductas que
manifiestan la buena fe, esto es el deber de obrar con cuidado y previsión. El obligado que actúa de buena fe prevé las
consecuencias posibles de su conducta, de manera de cumplir acabadamente con el deber prestacional debido y evitar
causar daños. Quien así no actúa no obra conforme a la buena fe, su conducta es antijurídica y se expone a las
sanciones legales o convencionales que correspondan. 
Prueba de la existencia de la obligación.Presunción de causa legítima. Art.727 “Prueba de la existencia de la obligación.
Presunción de fuente legítima. La existencia de la obligación no se presume. La interpretación respecto de la existencia y
extensión de la obligación es restrictiva. Probada la obligación, se presume que nace de fuente legítima mientras no se
acredite lo contrario.”
Art.282 “Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada en el acto se presume que existe mientras no se
pruebe lo contrario. El acto es válido, aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera.”
El CCC determina el principio de interpretación a favor del deudor ( favor debitoris). Podemos afirmar que ya no se trata
de un favor debitoris, sino de un favor debilis, ajustando el principio a las nuevas demandas sociales. El que diga ser
acreedor debe probar la existencia de la obligación, porque la existencia de la obligación no se presume. Probada su
existencia, se presume que esta tiene una causa (porque nadie se obliga sin tener una razón para ello) legítima, la carga
de prueba corresponde a quien alegue lo contrario (deudor).
La interpretación sobre existencia y extensión de la obligación es restrictiva, si hay duda sobre la existencia de la
obligación, debe interpretarse que no existe tal. Si hay duda sobre la extensión de la misma (si debe $1000 o $1500) se
interpreta en sentido más favorable al deudor.
 La unificación de las obligaciones civiles y comerciales. 
Con la lex mercatoria, los comerciantes hicieron su ley (tuvieron sus propios tribunales, designaron sus jueces). Luego,
esa ley se aplicó también a los no comerciantes, sea por la teoría objetiva de los actos de comercio, fuera por la teoría
del acto unilateralmente mercantil. El art.7 del Código de Comercio establecía como regla: “si un acto es comercial p/una
sola de las partes, todos los contrayentes quedan por razón de él, sujetos a la ley mercantil.” 
Además, los principios de las relaciones comerciales fueron incorporados a la legislación civil. La unificación del D. civil y
comercial se ha producido hace mucho en el Derecho vivo (aquel que prescinde de los objetos jurídicos muertos, aunque
se hallen todavía legislados) y está en vías de consolidarse en el ámbito de la doctrina. 
El esquema de posibilidades plantea la unificación de ambas ramas del Derecho privado, o la más viable unificación del
régimen de las obligaciones en general, y los contratos en particular, civiles y comerciales.
La idea unificadora tiene importantes antecedentes legislativos, como el Código suizo de las obligaciones, que fue
incorporado como Libro al Código Civil en 1912. También ha habido intentos de unificación internacional, como el
Proyecto de Código uniforme de obligaciones y contratos franco-italiano de 1927.
Sin embargo, nuestro Código de Comercio de 1859 importó un principio de unificación de ambas ramas, por cuanto
debió intercalar disposiciones propias del Derecho civil, ante la falta de un código específico de esta materia. Aunque la
realidad demuestra que el D. mercantil, que fue una forma jurídica sectorial desarrollada en el medioevo p/atender
exigencias del tráfico de los comerciantes, fue extendiendo su vigencia penetrante de la trama del Derecho común,
generando una comercialización del Derecho civil.
En 1986 la HCDN creó una Comisión Especial de Unificación Legislativa Civil y Comercial, que definió un criterio para la
unificación, sancionando un proyecto unificado que fue vetado en 1991. 
La unificación del Derecho privado argentino implica tomar posición en un tema controvertido, como lo es el atinente al
papel que corresponde a los códigos frente a la proliferación de leyes especiales. Los códigos ya no abarcan la
regulación de la totalidad de la vida social, pero siguen siendo el receptáculo de los principios generales del sistema, en
tanto las leyes especiales funcionan como agregados y correcciones de los mismos. 
 Derecho del crédito y derecho real. Tendencias actuales en el d. de las obligaciones. Tendencia unificadora 
internacional y unificadora interna. Objetivo logrado. 
Derecho de crédito (d. personal; obligación). Vinculación jurídica que une a 2 personas en virtud de la cual el deudor
debe satisfacer al acreedor la prestación debida. 
Derecho real. Es una facultad que se tiene sobre una cosa, el típico es el dominio, que importa poder de señorío, goce y
disposición de la cosa.
Derechos reales Derechos creditorios
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Obligaciones.
Dan poder sobre una cosa determinada. Ej. Derecho de
propiedad.
Crean una relación jurídica que une a 2 personas y por la
cual el acreedor puede exigir la prestación debida.
Elementos. Titular del derecho y la cosa sobre la que se
ejercita el derecho. Puede existir cotitularidad.
Elementos. Sujeto activo; sujeto pasivo; objeto y causa.
Absolutos. Se ejercen erga omnes. Relativos. Se ejercen entre acreedor y deudor.
Creados por la ley, por ello son limitados. Derivan de la ley, la voluntad de las personas, de un
hecho ilícito. Límites: orden público, ley, moral, buenas
costumbres.
El titular tiene ius persequendi (se puede perseguir la cosa
aunque esté en manos de terceros).
No confiere este derecho.
El titular tiene ius preferendi (el titular del derecho tendrá
preferencia si concurren varios con pretensiones sobre la
cosa).
En principio, hay igualdad entre los diversos titulares,
salvo existencia de privilegios.
Sujetos a formalidades muy rigurosas: escritura pública,
registro, tradición, etc.
No requieren formalidades rigurosas.
No están sujetos a prescripción liberatoria (no se
extinguen por el uso).
Están sujetos a prescripción liberatoria (son puramente
temporales).
Pueden adquirirse por usucapión (adquisición por el
transcurso del tiempo más posesión). Es decir:
prescripción adquisitiva.
No se adquieren por usucapión.
El objeto puede ser cosas u otros bienes que la ley
contemple.
El objeto es la prestación (conducta de dar, hacer, o no
hacer). 
BOLILLA N° 2. 
Cuasicontrato. Es un hecho licito, unilateral, generador de obligaciones para el agente y otra persona; no posee el
acuerdo de voluntades. Ej. gestión de negocios, empleo útil, enriquecimiento sin causa, pago indebido, declaración
unilateral de voluntad (y sus 4 secciones). 
*Las relaciones entre acreedor y deudor en razón a las obligaciones son mediatas. 
 Otras fuentes de las obligaciones. Gestión de negocios. Definición. Obligaciones. Conducción útil. 
Responsabilidad por culpa, por caso fortuito, solidaria. Ratificación. Aplicación de las normas del mandato.
Conclusión.
Fuentes de las obligaciones. Significa el origen de la obligación; situación fáctica o hecho jurídico al cual la ley dota de
virtualidad p/engendrar el nacimiento de obligaciones. Es diferente a la causa fin (esta se pregunta el ¿para qué? de la
relación jurídica). 
Las fuentes pueden ser: 
 Fuentes mediatas (indirectas). Son los motivos o razones particulares que ha tenido c/parte al obligarse. La única
es la ley, que a su vez posibilita las fuentes inmediatas, es decir: la ley afirma la existencia de las fuentes
inmediatas como fuentes. 
 Fuentes inmediatas (directas). Es la finalidad abstracta que han tenido las partes al contratar. Contratos; gestión
de negocios; responsabilidad civil; empleo útil; declaración unilateral de voluntad; hechos ilícitos (responsabilidad
civil); enriquecimiento sin causa; títulos valores. (No agotan todos los supuestos). Se definen en el Libro 3ro. 
GESTIÓN DE NEGOCIOS. Art.1781 “Definición. Hay gestión de negocios cuando una persona asume oficiosamente la
gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni
obligada, convencional o legalmente.”
Una persona que no es representante legal de otra, ni está obligada por un mandato, realiza espontáneamente una
gestión útil para esta última. No hay acuerdo de voluntades, ni encargoo autorización para la realización del negocio,
que el gestor asume espontáneamente. Con carácter excepcional, se admite la posibilidad de intromisión en los asuntos
de otro, sea por razones de equidad, porque así lo establece la ley o por altruismo. Los requisitos son:
1) Realización útil de un negocio lícito ajeno. El gestor debe realizar uno o varios actos oficiosos o útiles
p/otro, consistentes en simples actos materiales lícitos o bien en actos jurídicos, sin ser instados por el último. 
2) Ausencia de una liberalidad. No debe tratarse de un caso de disposición de la propia actividad a favor de
otro, queriendo no obtener nada a cambio. El gestor tendrá derecho a reintegro o retribución por los gastos incurridos y,
en ciertos casos, por la tarea realizada.
3) Falta de autorización, mandato o representación legal. El gestor no debe estar autorizado a realizar la
gestión, ni debe estar obligado convencional o legalmente. 
4) Motivación razonable. La utilidad del negocio debe responder a un criterio de razonabilidad, o bien debe
el negocio fundarse en razones de equidad o justicia. La razonabilidad constituye una pauta rectora constituida en
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Obligaciones.
estándar para valorar una conducta, circunstancia o motivo, considerada por la CSJN para decidir supuestos de
discriminación, poder de policía y emergencia económica, e impuesta expresamente los jueces en la fundamentación de
sus sentencias. 
5) Falta de prohibición del gestionado. Ante la prohibición del dueño de seguir adelante, la gestión concluye.
No solo implica que vede la actuación del gestor, sino que formule su oposición.
Si hablamos de su naturaleza jurídica, se trata de una fuente autónoma de las obligaciones con efectos propios, creando
obligaciones para el gestor y el dueño del negocio. 
Obligaciones. Art.1782 “Obligaciones del gestor. El gestor está obligado a:
a) Avisar sin demora al dueño del negocio que asumió la gestión, y aguardar su respuesta, siempre que esperarla
no resulte perjudicial;
b) Actuar conforme a la conveniencia y a la intención, real o presunta, del dueño del negocio;
c) Continuar la gestión hasta que el dueño del negocio tenga posibilidad de asumirla por sí mismo o, en su caso,
hasta concluirla;
d) Proporcionar al dueño del negocio información adecuada respecto de la gestión;
e) Una vez concluida la gestión, rendir cuentas al dueño del negocio.”
Se debe comunicar sin demora al interesado sobre el inicio de la gestión y la espera de su respuesta salvo supuestos de
urgencia (inc. a); se debe dar al dueño una adecuada info. sobre su curso, de manera genérica (inc. d). La gestión busca
evitar un perjuicio al gestionado (en situaciones de ausencia, enfermedad o imposibilidad de actuación oportuna), no a
reemplazar su voluntad con relación al rumbo que deben tomar sus negocios. Se trata de deberes que constituyen una
derivación lógica de la obligación de actuar con diligencia y que a su vez ayudan a precisar el contenido del elemento
inactividad del dueño con relación a sus asuntos.
La respuesta que el dueño brinde al recibir este tipo de comunicaciones resultará determinante de la fuente de la
obligación que vinculará luego a las partes: así, las instrucciones que pueda impartir el gestionado podrán demostrar la
continuación del negocio bajo los efectos de un verdadero mandato. 
Se exige una actuación acorde a la conveniencia y a la intención real/presunta del dueño, porque al tratarse de realizar
un negocio en el mejor interés de otro, debe respetarse la voluntad y procurarse el provecho de ese otro ( inc. b).
El requisito de continuación de la tarea hasta su finalización o asunción de ella por el gestionado ( inc. c) tiene por
finalidad no perjudicar el patrimonio de este último, y especial sentido en el supuesto de obligaciones que no se agotan
en un único acto, sino que requieren de trabajos continuados. Al exigirse este recaudo, evidentemente se consideran
situaciones en las cuales el abandono de la gestión puede ocasionar un daño mayor al que podría esperarse en el caso
de no haberse iniciado ésta. Por ejemplo, en la demolición de una pared precaria del vecino durante su ausencia, con el
fin de construir un muro más sólido, quedando luego inconclusa la nueva edificación por parte del gestor. Ello podría
facilitar el hurto de los muebles del gestionado o el ingreso de intrusos, con la consecuente responsabilidad del gestor.
El deber así impuesto es en algún aspecto mayor al del mandatario, quien podría en cualquier tiempo renunciar a su
función siempre que ello no resulte intempestivo o injustificado (art.1332). 
Finalmente, se impone la rendición de cuentas una vez concluida la gestión (inc. e). El gestor permanece obligado hasta
que haya descripto los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios del negocio, aunque éste consista en un acto
singular. Y no resulta suficiente la sola presentación de las cuentas, sino que se requiere su documentación y
aprobación, en forma privada o judicial.
Art.1784 “Obligación frente a terceros. El gestor queda personalmente obligado frente a terceros. Solo se libera si el
dueño del negocio ratifica su gestión, o asume sus obligaciones; y siempre que ello no afecte a terceros de buena fe.”
Presume la situación en la que el gestor debe contratar terceros para las actividades. Si el dueño ratifica lo hecho por el
gestor o asume las obligaciones, queda obligado frente a los terceros; esta ratificación es retroactiva al día que la gestión
empezó. 
En principio, y antes de la ratificación o asunción del negocio por el gestionado, la obligación del gestor es personal y
exclusiva, con independencia de que él hubiere actuado a nombre propio o ajeno. El tercero solo tiene acción contra
este, aunque puede demandar al dominus mediante acción subrogatoria. Luego de la ratificación o asunción de las
obligaciones por el gestionado, se aplican las reglas del mandato, pero puede no quedar liberado el gestor, si ello afecta
los derechos de terceros de buena fe. 
Conducción útil. Art.1785 “Gestión conducida útilmente. Si la gestión es conducida útilmente, el dueño del negocio está
obligado frente al gestor, aunque la ventaja que debía resultar no se haya producido, o haya cesado:
a) A reembolsarle el valor de los gastos necesarios y útiles, con los intereses legales desde el día en que fueron
hechos;
b) A liberarlo de las obligaciones personales que haya contraído a causa de la gestión;
c) A repararle los daños que, por causas ajenas a su responsabilidad, haya sufrido en el ejercicio de la gestión;
d) A remunerarlo, si la gestión corresponde al ejercicio de su actividad profesional, o si es equitativo en las
circunstancias del caso.”
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Obligaciones.
Como elemento central de este instituto, se exige que la gestión emprendida sea útil, aunque finalmente no se alcancen
las ventajas originariamente tenidas en mira, por razones ajenas al deudor. Cabe considerar que la utilidad debe
apreciarse al momento en que se inicia la gestión, pues si el gestor es diligente, no podría reprochársele el cese de la
utilidad a lo largo del negocio, y si no lo es, será responsable por sus consecuencias. 
Inc. A. Gastos necesarios son los indispensables p/la conservación de la cosa. Los útiles son los que resultan
beneficiosos para cualquier sujeto. Inc. B. Refiere a las deudas que el gestor hubiere contraído p/llevar adelante el
negocio. 
Ej. Frente a mi domicilio hay un edificio que amenaza derrumbarse y su propietario se fue a Europa, para evitar esos
daños, lo hago apuntalar, por más que no tenga autorización del dueño, y sin intención de hacer una liberalidad, a la
vuelta de su viaje le reclamo los gastosrealizados. 
Responsabilidad por culpa. Art.1786 “Responsabilidad del gestor por culpa. El gestor es responsable ante el dueño del
negocio por el daño que le haya causado por su culpa. Su diligencia se aprecia con referencia concreta a su actuación
en los asuntos propios; son pautas a considerar, entre otras, si se trata de una gestión urgente, si procura librar al dueño
del negocio de un perjuicio, y si actúa por motivos de amistad o de afección.”
La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las
personas, el tiempo y lugar, comprendiendo la imprudencia, negligencia e impericia en el arte o profesión.
En general, los deberes de conducta que generan responsabilidad subjetiva, como en este caso, se valoran teniendo en
cuenta las características del agente. Así, “cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de
las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias” (art.1725).
Aunque en este caso se aplica una pauta específica p/valorar la diligencia del gestor de negocios, que es la
consideración de cuál hubiera sido la conducta del gestor de haberse tratado de un negocio propio. 
Responsabilidad del gestor por caso fortuito. Art.1787 “Responsabilidad del gestor por caso fortuito. El gestor es
responsable ante el dueño del negocio, aun por el daño que resulte de caso fortuito, excepto en cuanto la gestión le haya
sido útil a aquel:
a) Si actúa contra su voluntad expresa;
b) Si emprende actividades arriesgadas, ajenas a las habituales del dueño del negocio;
c) Si pospone el interés del dueño del negocio frente al suyo;
d) Si no tiene las aptitudes necesarias para el negocio, o su intervención impide la de otra persona más
idónea.”
El caso fortuito o fuerza mayor en principio exime de responsabilidad al deudor (salvo disposición en contrario). Esto
constituye una excepción a tal principio, disuadiendo conductas e imponiendo al gestor una responsabilidad agravada,
cuando actuare en contra de la voluntad o del mejor interés del dueño del negocio. La ley responsabiliza al gestor aun
por caso fortuito (que no pudo ser previsto y de saberse, se podría haber evitado), pero solo en supuestos
específicamente consignados.
“No responderá por daños causados por caso fortuito si la gestión fue de utilidad para el dueño del negocio”. 
Responsabilidad solidaria . Art.1788 “Responsabilidad solidaria. Son solidariamente responsables:
a) Los gestores que asumen conjuntamente el negocio ajeno;
b) Los varios dueños del negocio, frente al gestor.”
Se impone la solidaridad legal en estos supuestos, al presentarse varios sujetos pasivos o activos de la obligación, con
una causa fuente única, que es la gestión de negocios. El art.827 dispone “Hay solidaridad en las obligaciones con
pluralidad de sujetos y originadas en una causa única cuando, en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento
total puede exigirse a cualquiera de los deudores, por cualquiera de los acreedores”. La disposición supone un cambio
sustancial, pues impone solidaridad en supuestos en los cuales anteriormente se hallaba excluida.
Ratificación. Art.1789 “Ratificación. (confirmación de la validez de algo). El dueño del negocio queda obligado frente a los
terceros por los actos cumplidos en su nombre, si ratifica la gestión, si asume las obligaciones del gestor o si la gestión
es útilmente conducida.”
La ley exige una manifestación que puede ser expresa, o tácita a través de un acto o comportamiento concluyente de
parte del gestionado, que importe una aprobación de lo hecho por el gestor. Este acto importará normalmente la
aceptación de todos los actos realizados por el gestor, hayan sido útiles o inútiles, y de todos los gastos realizados. Se
dispone que la ratificación obligue al dueño del negocio, en tanto queda suplido el defecto de representación, con efecto
retroactivo al día del acto, aunque no queda liberado el gestor si ello afecta a terceros de buena fe. 
La asunción de las obligaciones del gestor y la utilidad de la gestión conducida por este también constituyen supuestos
que obligan al dueño del negocio frente a terceros, por causa de tal negocio.
Aplicación de las normas del mandato. Art.1790 “Aplicación de las normas del mandato. Las normas del mandato se
aplican supletoriamente a la gestión de negocios.
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Obligaciones.
Si el dueño del negocio ratifica la gestión, aunque el gestor crea hacer un negocio propio, se producen los efectos del
mandato, entre partes y respecto de terceros, desde el día en que aquella comenzó.”
Se prevé la aplicación de las disposiciones del mandato a la gestión de negocios en dos circunstancias:
a) En forma supletoria: Cuando no hubiere una norma específica de derecho para regular una situación de hecho
que involucra esta figura.
b) Cuando el dueño del negocio ratifica la gestión: Aun si se trató de una gestión impropia, por entender el gestor
que actuaba para sí. Para este caso, se disponen efectos retroactivos, entre partes y frente a terceros, al día en que la
gestión se inicia. 
Además, con la ratificación el gestor queda liberado frente a terceros, salvo que se afecte a terceros de buena fe.
Conclusión. Art.1783 “Conclusión de la gestión. La gestión concluye:
a) Cuando el dueño le prohíbe al gestor continuar actuando. El gestor, sin embargo, puede continuarla, bajo
su responsabilidad, en la medida en que lo haga por un interés propio;
b) Cuando el negocio concluye.”
Se impone la decisión del interesado principal, quien decide que el tercero cese la realización de una gestión que ya no
responde a su interés. La oposición podrá ser ineficaz:
a) Cuando el gestor tiene un interés legítimo en la gestión;
b) Cuando sin la realización del negocio no habría podido cumplirse oportunamente un deber impuesto al dueño por
razones de interés público;
c) Cuando parece impuesta por graves consideraciones morales como, por ejemplo, impedir el suicidio.
En el supuesto excepcional de continuarse del gestor y bajo su responsabilidad, toda utilidad adicional para el dueño no
habilitará a un recupero de parte del continuador bajo la figura de la gestión de negocios, sino, en todo caso, por un
enriquecimiento sin causa. En el segundo caso, la obligación terminara por el pago hecho por el gestor, debiendo
rendirse las cuentas correspondientes y pagarse los importes debidos al gestor.
 Empleo útil. Caracterización. Gastos funerarios. Obligados al reembolso. 
EMPLEO ÚTIL. Caracterización. Art.1791 “Caracterización. Quien, sin ser gestor de negocios ni mandatario, realiza un
gasto, en interés total o parcialmente ajeno, tiene d. a que le sea reembolsado su valor, en cuanto haya resultado de
utilidad, aunque después esta llegue a cesar. El reembolso incluye los intereses, desde la fecha en que el gasto se
efectúa.”
El ejemplo específicamente regulado en la ley se refiere a los gastos funerarios que podrá realizar una persona no
obligada, por razones de humanidad y para que el fallecido reciba un entierro decoroso. 
Aspectos: que el gasto sea realizado por quien no es gestor ni representante ni mandatario; gasto realizado en favor de
otro y en interés total o parcialmente ajeno; que haya sido de utilidad para la otra persona; se deben reembolsar los
gastos incluyendo intereses compensatorios; se trata de GASTO DE DINERO, no de administrar negocios ajenos. Otros
ejemplos: provisión de alimento, asistencia medida, etc. 
Es una de las aplicaciones del enriquecimiento sin causa.
Gastos funerarios. Art.1792 “Gastos funerarios. Están comprendidos en el art.1791 los gastos funerarios que tienen
relación razonable con las circunstancias de lapersona y los usos del lugar.”
Se admite el reembolso de los gastos funerarios bajo la figura del empleo útil, porque se interpreta que quien los asume
lo hace a favor de quienes se encuentran obligados a soportar tales erogaciones. Refiere al velatorio y sepultura. 
Obligados al reembolso. Art.1793 “Obligados al reembolso. El acreedor tiene derecho a demandar el reembolso:
a) A quien recibe la utilidad;
b) A los herederos del difunto, en el caso de gastos funerarios;
c) Al tercero adquirente a título gratuito del bien que recibe la utilidad, pero solo hasta el valor de ella al
tiempo de la adquisición.” (Prevenir que el crédito por empleo útil devenga ilusorio, a raíz de una enajenación gratuita
que torne insolvente al deudor).
 Enriquecimiento sin causa. Caracterización. Importancia de la acción. 
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA. Cuando una persona experimenta un aumento patrimonial y otra sufre un
empobrecimiento correlativo, sin que medie una causa jurídica legítima y no exista otra opción al respecto. El patrimonio
de una persona puede tener variaciones. Siempre que esas modificaciones tengan como antecedente una causa
jurídica, el ordenamiento aprueba los cambios y les asigna efectos. Pero si la transformación operada en el patrimonio no
reconoce una causa jurídica, el beneficiado tiene el deber de restituir lo mal habido. 
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Obligaciones.
Caracterización. Art.1794 “Caracterización. Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro,
está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido.
Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo si subsiste en
su poder al tiempo de la demanda.”
En el s.XIX, especialmente en la doctrina francesa, se reconoció esta figura como fuente autónoma de las obligaciones
porque hace nacer la obligación de restituir en cabeza del enriquecido.
Los requisitos para el ejercicio de esta acción son:
 Enriquecimiento del demandado. Se requiere el incremento del activo o disminución del pasivo patrimonial del
accionado, mediante el ingreso de bienes, el aumento de su valor, la eliminación de gastos que él hubiera debido
realizar, etc.
 Empobrecimiento del actor.
 Relación causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento.
 Ausencia de justa causa. No debe haber una causa-fuente que legitime el enriquecimiento. 
 Inexistencia de otra acción más útil – Subsidiariedad. La acción de repetición del empobrecido contra el
enriquecido se denomina “in rem verso” y opera de manera subsidiaria/residual de otras acciones. 
Art.1795 “Improcedencia de la acción. La acción no es procedente si el ordenamiento jurídico concede al damnificado
otra acción para obtener la reparación del empobrecimiento sufrido.”
La acción “in rem verso” se identifica con la idea de volver las cosas al estado anterior, persiguiendo el restablecimiento
del equilibrio patrimonial. Sus alcances se ven limitados doblemente: no puede excederse el empobrecimiento del
demandante, ni superarse el enriquecimiento del demandado (no puede ser fuente de provecho, ni pérdida).
Puede ser interpuesta por el empobrecido, sus sucesores, e incluso por los acreedores por vía de acción subrogatoria. El
legitimado pasivo es el enriquecido y se aplica a su prescripción el plazo genérico de 5 años.
 El CCC considera al pago indebido como una especie de enriquecimiento sin causa.
 Pago indebido. Casos. Irrelevancia del error. Alcance de la repetición. Situaciones especiales. Obligaciones 
putativas.
Se denomina así a la traslación patrimonial que, con aspecto de pago, no es tal. En efecto, el pago supone el
cumplimiento de una obligación. El pago indebido adolece de la falta de algún elemento esencial de la obligación, como
lo son los sujetos, el objeto y la causa-fuente. En situaciones de pago indebido, quien ha pagado tiene derecho a “repetir
el pago” (que se le devuelva lo que pagó), es decir que nace una obligación en virtud del que pagó, y en contra de quien
recibió el pago. Ej. Deudor que paga una obligación que no existe o no está obligado a pagar. 
Casos. Art.1796 “Casos. El pago es repetible, si:
a) La causa del deber no existe, o no subsiste, porque no hay obligación válida; esa causa deja de existir; o es
realizado en consideración de una causa futura, que no se va a producir; (se refiere a la causa).
b) Paga quien no está obligado, o no lo está en los alcances en que paga, a menos que lo haga como tercero; (se
refiere al sujeto).
c) Recibe el pago quien no es acreedor, a menos que se entregue como liberalidad; (sujeto)
d) La causa del pago es ilícita o inmoral; 
e) El pago es obtenido por medios ilícitos.”
Si no hay razón para el pago efectuado, este no produce efectos extintivos pues no existe obligación antecedente a
cumplir. A su vez, quien efectuó el desembolso tiene d. al recupero y nace la obligación de restituir. Al constituir una
especie de enriquecimiento sin cusa, la prescripción de la acción correspondiente el plazo genérico de 5 años.
El pago sin causa se configura toda vez que se realice una traslación patrimonial que con aspecto de pago luzca
orientada a extinguir una obligación que no existe válidamente.
Ejemplos para c/inciso. Inc. A. Una obligación que nunca existió, o si fue así que ya fue pagada; una obligación sujeta a
condición suspensiva y que no se haya producido el hecho condicionante p/que nazca. Inc. B. Pagar una deuda ajena;
que pague la totalidad un sujeto en una obligación simplemente mancomunada. Inc. D. alude a que no puede tratar de
objetos ilegales. Inc. E. El acreedor recurrió a violencia o intimidación para recibir el pago. 
Los casos en los que el pago resulta repetible son:
 Pago por una causa inexistente o no subsistente. No hay una obligación válida, o el pago se realiza en
consideración de una causa futura, que no se va a producir. 
 Pago por quien no está obligado, o no lo está en los alcances en que paga (a menos que lo haga como tercero)
o recibido por quien no es acreedor (a menos que se entregue como liberalidad). 
 Pago de causa ilícita o inmoral. Requiere torpeza por parte del solvens, además de falta de consciencia sobre el
carácter ilícito del pago, si se pretende la repetición de lo abonado.
 Pago obtenido por medios ilícitos. La norma autoriza la repetición, que no obsta la responsabilidad civil y penal
del acreedor, si su obrar antijurídico causó un daño al deudor. 
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Obligaciones.
Irrelevancia del error. Art.1797 “Irrelevancia del error. La repetición del pago no está sujeta a que haya sido hecho con
error.”
El error como vicio de la voluntad y el error como fuente de repetición del pago indebido responden a fundamentos
diferentes, teniendo regímenes legales distintos. El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto,
requiriendo además ser reconocible por el destinatario, si el acto es bilateral o unilateral recepticio, precisando asegurar
la pureza del acto voluntario. La repetición de lo pagado indebidamente se funda en un principio ético que no admite que
el injusto enriquecimiento de un individuo, causante del empobrecimiento de otro, se sostenga al amparo del d. 
Es así que la repetición será admisible sea que no hay o bien haya error por parte del deudor. Como corolario de esta
disposición, pierde vigencia la regla anterior aplicable, que exigía al deudor la prueba de su equivocación p/lograr la
repetición (“por un error de hecho o de derecho, se creyere deudor, y entregase alguna cosa o cantidad en pago, tiene
derecho a repetirla del que la recibió”).
Alcance de la repetición. Art.1798“Alcances de la repetición. La repetición obliga a restituir lo recibido, conforme a las
reglas de las obligaciones de dar para restituir.”
El principio general es que la repetición de lo pagado indebidamente se rige por los arts. referidos a las obligaciones de
dar cosas ciertas con el fin de restituirlas a su dueño, y en ellos se plantea “el deudor debe entregar la cosa al acreedor,
quien por su parte puede exigirla”, y para el caso de que el deudor la hubiese transmitido a alguien que no es el dueño,
se distingue: si la cosa es mueble no registrable (el acreedor no tiene acción contra el poseedor de buena fe y a título
oneroso, salvo que la cosa fuese hurtada o perdida) si es registrable mueble o inmueble (el acreedor tiene acción contra
el tercero que sobre ella aparentemente adquirió el derecho real, o que la tenga en su posesión por cualquier contrato
hecho con el deudor).
Situaciones especiales. Art.1799 “Situaciones especiales. En particular:
a) La restitución a cargo de una persona incapaz o con capacidad restringida no puede exceder el provecho que
haya obtenido;
b) En el caso del inc. b) del art.1796, la restitución no procede si el acreedor, de buena fe, se priva de su título, o
renuncia a las garantías; quien realiza el pago tiene subrogación legal en los derechos de aquel; (ej. rompe el pagaré)
c) En el caso del inc. d) del art.1796, la parte que no actúa con torpeza tiene derecho a la restitución; si ambas
partes actúan torpemente, el crédito tiene el mismo destino que las herencias vacantes.”
Si bien el art.1796 dispone en general sobre los supuestos de repetibilidad del pago, el art.1799 establece límites a tal
principio. Dichos límites permiten preservar el fundamento de esta figura, en tanto tienden a evitar el enriquecimiento
indebido y a garantizar soluciones de equidad en supuestos especiales:
 Pagos indebidos a personas incapaces o con capacidad restringida. La obligación de restitución se limita a la
utilidad recibida por causa del pago, a pesar de la falta de alguno de sus elementos esenciales. 
 Quien recibió el pago indebido de buena fe destruyó el título representativo de la deuda (cheque, pagaré, etc.) o
renunció a las garantías en virtud de dicho pago (fianzas, hipotecas). No corresponde la restitución. El legislador se
pronuncia en favor de quien, obrando rectamente, se deshizo de los elementos de resguardo de su crédito a raíz del
pago indebido, aunque asigna al pagador el d. de subrogación legal.
 Pago de causa ilícita o inmoral. Solo la parte que no actúa con torpeza tiene derecho a la restitución. Si ambas
partes actúan torpemente, el crédito tiene el mismo destino que las herencias vacantes, por lo que será beneficiario el
Estado argentino, la CABA o la provincia donde el pago se realice.
Obligaciones putativas. Son aquellas contraídas en la falsa creencia de ser deudor de otra persona. Así, creyéndome
deudor de Pedro procedo a instrumentarle la deuda suscribiendo un título (cheque o pagaré; por ejemplo). No se trata de
un pago sin causa, sino de una obligación sin causa, ya que el pago aún no se ha efectivizado. Entonces, si alguien se
erigió en deudor de otra persona sin causa que lo motive, el acreedor estará obligado a liberarlo, o si el pago se
efectivizó, a restituir lo mal pagado en virtud de dicha obligación carente de causa.
 Declaración unilateral de voluntad. Regla general. Reconocimiento y promesa de pago. Cartas de crédito. 
Promesa publica de recompensa. Concurso público. Garantías unilaterales. 
DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD. Consiste en la manifestación emitida por una persona a fin de que
produzca efectos jurídicos, sin que sea necesario que ocurra su aceptación. Se le dice también negocios jurídico
unilaterales, comienza siendo una obligación unilateral al declararse, y cuando el sujeto se determina, el primero se
obliga hacia este. “Acto jurídico por el cual el agente se compromete a satisfacer una prestación a favor de quien realice
el hecho impuesto como condición”. 
Los títulos valores son documentos que incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y
otorgan a cada titular de buena fe el derecho autónomo, es decir, no le pueden ser opuestas las defensas que existan
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Obligaciones.
contra los anteriores portadores. Esta causa fuente implica que la relación obligacional surja de un acto unilateral; uno de
los sujetos (activo) no está determinado al principio, pero es susceptible a determinación. 
Regla general. Art.1800 “Regla general. La declaración unilateral de voluntad causa una obligación jurídicamente exigible
en los casos previstos por la ley o por los usos y costumbres. Se le aplican subsidiariamente las normas relativas a los
contratos.”
Reconocimiento y promesa de pago. Art.1801 “Reconocimiento y promesa de pago. La promesa de pago de una
obligación realizada unilateralmente hace presumir la existencia de una fuente válida, excepto prueba en contrario. Para
el reconocimiento se aplica el art.733.” 
Art.733 “Reconocimiento de la obligación. El reconocimiento consiste en una manifestación de voluntad, expresa o tácita,
por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación.”
La promesa de pago consiste en la asunción no contractual pero voluntaria de una obligación, con cualquier contenido
admisible como prestación. Acreditada, goza de la presunción de fuente legítima. 
La norma también refiere al reconocimiento como declaración unilateral de voluntad, con remisión al art.733 CCC. Ej. Se
me pierde el perro y ofrezco $ como recompensa. YO unilateralmente doy inicio a una relación obligacional, siendo
sujeto pasivo/deudor, y quien encuentre el perro activo. 
Cartas del crédito. Art.1802 “Cartas de crédito. Las obligaciones que resultan para el emisor o confirmante de las cartas
de crédito emitidas por bancos u otras entidades autorizadas son declaraciones unilaterales de voluntad. En estos casos
puede utilizarse cualquier clase de instrumento particular.”
Ej. El cheque (más formal, entregado por un Banco); el pagaré (informal). Se considera un mecanismo o instrumento de
pago para transacciones.
PARA LOS SIG. ARTS: PROMITENTE ES EL QUE PROMETE; QUE UNA VEZ ACEPTADA LA PRESTACIÓN SE CONVIERTE DEUDOR. 
Promesa pública de recompensa. Art.1803 “Obligatoriedad. El que mediante anuncios públicos promete recompensar,
con una prestación pecuniaria o una distinción, a quien ejecute determinado acto, cumpla determinados requisitos o se
encuentre en cierta situación, queda obligado por esa promesa desde el momento en que llega a conocimiento del
público.”
La promesa pública de recompensa (mediante un anuncio público) a quien realice (sujeto indeterminado) determinado
acto es un supuesto de declaración unilateral de voluntad; quien hace una promesa queda obligado desde que es de
conocimiento público. El efecto vinculante puede reconocer limitaciones temporales o ser objeto de revocación en las
condiciones previstas legalmente. Ej. Quien publica un producto en el mercado ya le nacen obligaciones. IMPORTANTE:
ley 24.240 art.7.
Art.1804 “Plazo expreso o tácito. La promesa formulada sin plazo, expreso ni tácito, caduca dentro del plazo de seis
meses del último acto de publicidad, si nadie comunica al promitente el acaecimiento del hecho o de la situación
prevista.”
Art.1805 “Revocación. La promesa sin plazo puede ser retractada en todo tiempo por el promitente. Si tiene plazo, solo
puede revocarse antes del vencimiento, con justa causa. En ambos casos, la revocación surte efecto desde que es
hecha pública por un medio de publicidad idéntico o equivalente al utilizado para la promesa. Es inoponible a quien ha
efectuado el hecho o verificado la situación prevista antes del primer acto de publicidad de la revocación.”
Art.1806 “Atribución de la recompensa. Cooperación de varias personas. Si varias personas acreditan por separado el
cumplimiento del hecho, los requisitoso la situación previstos en la promesa, la recompensa corresponde a quien
primero lo ha comunicado al promitente de forma fehaciente. 
Si la notificación es simultánea, el promitente debe distribuir la recompensa en partes iguales; si la prestación es
indivisible, la debe atribuir por sorteo.
Si varias personas contribuyen a un mismo resultado, se aplica lo que los contribuyentes han convenido y puesto en
conocimiento del promitente por medio fehaciente.
A falta de notificación de convenio unánime, el promitente entrega lo prometido por partes iguales a todos y, si es
indivisible, lo atribuye por sorteo; sin perjuicio de las acciones entre los contribuyentes, las que en todos los casos se
dirimen por amigables componedores.”
Concurso público. Art.1807° “Concurso público. La promesa de recompensa al vencedor de un concurso, requiere para
su validez que el anuncio respectivo contenga el plazo de presentación de los interesados y de realización de los
trabajos previstos.
El dictamen del jurado designado en los anuncios obliga a los interesados. A falta de designación, se entiende que la
adjudicación queda reservada al promitente.
El promitente no puede exigir la cesión de los derechos pecuniarios sobre la obra premiada si esa transmisión no fue
prevista en las bases del concurso.”
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Obligaciones.
El d. moral del autor corresponderá siempre al concursante, e igual solución se prevé como regla supletoria respecto de
los d. patrimoniales o de explotación. Esto es, a menos que en las bases del concurso se prevea expresamente la cesión
de los d. pecuniarios sobre la obra premiada, con las condiciones correspondientes, el promitente no tiene derecho a
explotación patrimonial de la obra, ni a exigir su cesión.
Los concursos públicos son usados por el Estado para elegir cargos públicos o para el otorgamiento de becas, premios.
En el sector privado realizan también, pero se tienen presentes otras normas (ej. Defensa del consumidor). 
Art.1808 “Destinatarios. La promesa referida en el art.1807 puede ser efectuada respecto de cualquier persona o
personas determinadas por ciertas calidades que deben ser claramente anunciadas. No pueden efectuarse llamados que
realicen diferencias arbitrarias por raza, sexo, religión, ideología, nacionalidad, opinión política o gremial, posición
económica o social, o basadas en otra discriminación ilegal.”
Art.1809 “Decisión del jurado. El dictamen del jurado obliga a los interesados. Si el jurado decide que todos o varios de
los concursantes tienen el mismo mérito, el premio es distribuido en partes iguales entre los designados. Si el premio es
indivisible, se adjudica por sorteo. El jurado puede declarar desierto cualquiera de los premios llamados a concurso.”
Garantías unilaterales. Art.1810 “Garantías unilaterales. Constituyen una declaración unilateral de voluntad y están
regidas por las disposiciones de este Capítulo las llamadas “garantías de cumplimiento a primera demanda”, “a primer
requerimiento” y aquellas en que de cualquier otra manera se establece que el emisor garantiza el cumplimiento de las
obligaciones de otro y se obliga a pagarlas, o a pagar una suma de dinero u otra prestación determinada,
independientemente de las excepciones o defensas que el ordenante pueda tener, aunque mantenga el derecho de
repetición contra el beneficiario, el ordenante o ambos. 
El pago faculta a la promoción de las acciones recursorias correspondientes.
En caso de fraude o abusos manifiestos del beneficiario que surjan de prueba instrumental y otra de fácil y rápido
examen, el garante o el ordenante puede requerir que el juez fije una caución adecuada que el beneficiario debe
satisfacer antes del cobro.”
En el supuesto de hecho típico, se encuentra el ordenante quien resulta sujeto pasivo de una relación obligacional con
otro sujeto (el acreedor, que será beneficiario de la garantía) y solicita a un tercero (el garante) la emisión de una
garantía (mediante la cual se garantiza el pago de la obligación del ordenante). El emisor garantiza el cumplimento de las
obligaciones de otro y se obliga a pagar al reclamante lo convenido ante su solo requerimiento y sin necesidad de
justificar la legitimidad de su reclamo. 
En tanto la fianza se presenta como un contrato por el cual una persona se obliga accesoriamente a satisfacer una
prestación ajena en el caso de incumplimiento, la garantía unilateral reniega de la bilateralidad en su origen y de la
accesoriedad en su régimen jurídico. El instituto en análisis se caracteriza por la independencia, autonomía o abstracción
frente a la relación subyacente, que garantiza y que le da vida. 
La garantía unilateral es una obligación propia, no la promesa de pago de una deuda preexistente. Se asume un
compromiso en consideración de una determinada obligación ajena, pero por un título distinto a aquel por el cual se
obligó el principal deudor. 
Acciones recursorias luego del pago. 
 Garante contra ordenante. Normalmente mediante la realización de la contragarantía (depósitos o activos
líquidos exigidos para otorgar la garantía).
 Ordenante contra beneficiario. Para supuestos de cobro indebido de la garantía.
 Garante contra beneficiario. Sea por previsión expresa de la garantía, por vía de acción subrogatoria ante la
inacción del ordenante, por el cobro indebido de la garantía.
Fraude o abuso y medidas cautelares. La independencia característica de las garantías unilaterales conlleva la
posibilidad de que el beneficiario exija su cumplimiento, aun cuando la relación subyacente no hubiera sido incumplida. 
La opción del legislador es fundamental para que la garantía unilateral sea una alternativa superadora de la fianza y su
accesoriedad. Si bien conductas abusivas o fraudulentas no pueden ser cohonestadas por el ordenamiento jurídico, la
balanza debe inclinarse para la pretensión del beneficiario cuando exista un conflicto de intereses con el ordenante o
garante. Conforme a lo previsto por la norma, para que pueda obtenerse por el garante u ordenante una medida cautelar
que suspenda el pago de la garantía hasta que se preste una caución suficiente:
a) Debe existir un supuesto de fraude o abuso manifiestos. 
b) La prueba del fraude o abuso debe ser de fácil producción y examen, lo que normalmente corresponderá a
la evidencia instrumental.
Art.1811 “Sujetos. Pueden emitir esta clase de garantías:
a) Las personas públicas;
b) Las personas jurídicas privadas en las que sus socios, fundadores o integrantes no responden ilimitadamente;
c) En cualquier caso, las entidades financieras y compañías de seguros, y los importadores y exportadores por
operaciones de comercio exterior, sean o no parte directa en ellas.”
Art.1812 “Forma. Las garantías previstas en esta Sección deben constar en instrumento público o privado.
Si son otorgadas por entidades financieras o compañías de seguros, pueden asumirse también en cualquier clase de
instrumento particular.”
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Obligaciones.
Art.1813 “Cesión de garantía. Los derechos del beneficiario emergentes de la garantía no pueden transmitirse
separadamente del contrato o relación con la que la garantía está funcionalmente vinculada, antes de acaecer el
incumplimiento o el plazo que habilita el reclamo contra el emisor, excepto pacto en contrario. Una vez ocurrido el hecho
o vencido el plazo que habilita ese reclamo, los derechos del beneficiario pueden ser cedidos independientemente de
cualquier otra relación. Sin perjuicio de ellos, el cesionario queda vinculado a las eventuales acciones de repetición que
puedan corresponder contra el beneficiario según la garantía.”
Art.1814