estado y sociedad en politica publica

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INSTITUTO UNIVERSITARIO JUAN VUCETICH
(IUV)
ESTADO, SOCIEDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE
SEGURIDAD
CLASE 3
INSTITUTO UNIVERSITARIO JUAN VUCETICH 
(IUV)
ESTADO, SOCIEDAD Y POLITICAS PUBLICAS DE 
SEGURIDAD
CLASE 3
CLASE 3
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD
Estimadas y estimados estudiantes, en esta clase se llevará a cabo la caracterización
política, institucional y criminológica de las políticas de Seguridad Pública y Ciudadana.
En esta primera parte, vamos a introducirnos en la caracterización política e institucional
de la Seguridad Pública y Ciudadana. Luego, haremos lo propio con la caracterización
criminológica.
Es importante comenzar describiendo y diferenciando los conceptos de “Seguridad Pública
y Ciudadana'': cuando hablamos de Seguridad Pública, estamos hablando de todas
aquellas instituciones estatales encargadas de mitigar, prevenir y hacer cesar los
delitos y las violencias ¿Cuáles son estas instituciones? Por un lado, las fuerzas
policiales, por otro lado, el sistema Judicial como método de resolución de conflictos. Saín
lo resumen de esta forma:
“Comprende el conjunto de estructuras y procesos institucionales que, de hecho, se
encuentran abocados a la formulación, implementación y evaluación de las políticas y
estrategias de seguridad pública, así como la dirección y administración del sistema
institucional mediante el cual ello se lleva a cabo”. (Marcelo Sain, p. 69).
En cambio, la Seguridad Ciudadana incorpora a un actor fundamental a la toma de
decisiones en base a los conflictos sociales: La ciudadanía. Esto no significa que deja
de lado las instituciones estatales, por lo contrario, significa que se le comienza a dar más
entidad a la voz de la ciudadanía como actor central para el proceso de discusión y
construcción de las políticas públicas.
Además, no solo se va a preocupar en resolver los delitos y las violencias, sino que
también va a pensar en políticas públicas para crear un ambiente favorable para la
convivencia pacífica (claro está que también incluye el delito y la violencia). Esto
conlleva a pensar en la prevención de los conflictos sociales (más adelante se desarrollará
con mayor énfasis).
Por último, el objetivo primordial se relaciona con el ejercicio pleno de todos los derechos
humanos: derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a un hábitat digno, derecho
a la seguridad humana, etc.
DIMENSIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD
PÚBLICA Y CIUDADANA
Una política de seguridad pública se relaciona con abordajes, modos de intervención
planificados y coordinados con el fin de resolver o mitigar ciertos conflictos (que incluyen
delitos) en un determinado espacio y tiempo. Se operativizan a través de actores del sector
público, pero también de la sociedad civil. Por ejemplo, una política de prevención social del
delito (programas para jóvenes en conflicto con la ley penal) nunca se podría llevar a cabo
en acuerdo con asociaciones civiles, mutuales, organizaciones políticas, etc.
En ese sentido, es importante problematizar el concepto de “conflicto” ya que lo determina
“un proceso de interacción articulado sobre la base de un enfrentamiento, disputa o
contienda entre actores sociales-personas, grupos, organizaciones o colectividades- que
intervienen en dicho proceso en función de preservar ciertos bienes, relaciones o
situaciones preexistentes…” (Saín, p.68). Para ejemplificar podemos mencionar a los y las
trabajadores/as de la economía popular: vendedores ambulantes en conflicto con los
comercios. Más allá de las opiniones diversas, lo cierto es que se da en el marco de lo que
mencionaba Saín. Es clave la gestión del conflicto de forma responsable y democrática
para mitigar el conflicto y dejar conformes a las partes (tarea para nada fácil).
El autor menciona que se deben tener en cuenta dos componentes de las Políticas de
Seguridad:
● Diagnóstico integral de la seguridad pública: son todas las acciones
abocadas a la recopilación de información de las problemáticas situacionales
(delitos, violencias, conflictos generales, etc.) ubicadas en un espacio/tipo
determinado. Incluye también al sistema institucional de la Seguridad Pública.
Por otro lado, es importante recopilar información sobre el sistema institucional encargado
de mitigar los delitos y las violencias. Conocer a fondo porque actores están compuestos,
como están organizados, qué acciones llevan a cabo y como lo hacen en un determinado
espacio/tiempo.
● Sistema institucional general: el segundo componente se relaciona, por un
lado, con la adecuación y modernización de la “institucionalidad de la
seguridad”. Por otro lado, con el control del delito y la violencia mediante la
investigación criminal. Sobre todo, pensando en medidas preventivas por
sobre las represivas.
Como conclusión, el primer componente está relacionado con las cuestiones particulares
de la Seguridad Pública, en cambio el segundo componente se relaciona con las
cuestiones generales del sistema institucional. Sain lo resumen de esta manera:
“La gestión estratégica del control del delito, asentada en el desarrollo tanto de
estrategias sociales como policiales y jurisdiccionales, constituyen el núcleo
fundamental de las políticas de seguridad pública. El diagnóstico situacional e
institucional, así como las estrategias institucionales, en cambio, configuran
dimensiones instrumentales básicas para la gestión estratégica del control del delito”
(Sain, p.70).
DIMENSIÓN CRIMINOLÓGICA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y
CIUDADANA
Como se trabajó en la Clase 2, la inseguridad ciudadana podría ubicarse como uno de los
wicked problems que adquieren más relevancia en las sociedades latinoamericanas
contemporáneas. Según Rico y Chinchilla este problema es identificado por la mayoría de
la ciudadanía como el aumento, real o supuesto, de la delincuencia y la intervención
desafortunada de los organismos estatales encargados de su prevención y represión. Así,
su estudio debe incluir tanto elementos de la realidad (criminalidad, legislación, fuerzas de
seguridad) como elementos de la percepción (opinión ciudadana).
FACTORES ASOCIADOS A LA CRIMINALIDAD Y RESPUESTA
ESTATAL
Según el mencionado autor, la evolución de la criminalidad en América Latina desde los años
80 está caracterizada por una relación cada vez más estrecha entre delincuencia común y
crimen organizado, principalmente a través del narcotráfico y sus actividades derivadas, como
el lavado de dinero y robo de vehículos. Además, sostiene que se detecta, siempre hablando
de la realidad general de los países latinas, una participación cada vez mayor de los jóvenes
en estas actividades, principalmente entre los varones, y una creciente regionalización del
delito: es decir, ilícitos que no se ven restringidos por los límites políticos entre países, sino
que avanzan a través de ellos aprovechando las características geográficas de cada región.
En relación a los factores o causas que explican este fenómeno se reconoce cada vez con
más amplitud y aceptación que la expansión de la delincuencia no puede ser asociada a una
única causa, sino a la interacción de un grupo numeroso y variado de factores que en cada
realidad particular inciden en mayor o menor medida en la configuración de las formas
violentas de la problemática criminal: pobreza, desempleo, fracasos de la escolaridad formal,
exclusión y vulnerabilidad de grupos familiares, etc. Todos estos pueden ser agrupados como
“deterioro de condiciones básicas para el desarrollo humano” generado como consecuencia
del aumento de la desigualdad social.
Si para Rico y Chinchilla, siguiendo estudios del Banco Mundial, la desigualdad social y la
exclusión aparecen como condicionantes que aportan a una mayor criminalidad, América
Latina, región con mayores indicadores de desigualdad a nivel mundial, se debe encontrar
lógicamente entre las regiones que también mayor tasa de crímenes violentos registra.
Otro elemento que debe ser contemplado para entender elsurgimiento de la problemática
criminal está asociado a los patrones de consumo de alcohol y de sustancias psicotrópicas,
especialmente presentes en delitos violentos como los homicidios.
Esta descripción del fenómeno nos lleva a indagar acerca de cómo se estructura la reacción
oficial – estatal frente al delito, cuáles son las instituciones y las características que estas
asumen. Si bien el sistema penal se encuentra conformado por la policía, el ministerio
público, la defensa, el servicio penitenciario y los tribunales, los servicios policiales
constituyen el “primer filtro” y desempeñan un papel fundamental en materia de seguridad
ciudadana. Según Rico y Chinchilla, este organismo ha experimentado, al menos
formalmente, cambios sustanciales en las últimas décadas, luego de los procesos de
recuperación democrática: entre los más importante se destacan el reconocimiento de su
carácter civil, apolítico y profesional.
Uno de los principales procesos que conscientemente fue encarado desde la autoridad
política democrática en los países de América Latina es el de desmilitarización. La
militarización de la policía se manifiesta en su estructura y dependencia, en las funciones
encomendadas, especialmente las consistentes con el mantenimiento del orden público, la
prevención y represión de la delincuencia. También se pueden observar los esfuerzos y
avances en este sentido revisando los procesos de formación de las fuerzas policiales, siendo
mayoritaria la inclinación a centrarse en la adquisición de conocimientos y aptitudes
orientados al respeto por los derechos humanos.
En relación a los controles, hay dos categorías principales: los internos, propios de la
institución y que se traducen en inspecciones generales y auditorías, que están limitados por
las características que asumen la organización policial, con reducida autonomía, y los
externos que fueron previstos para suplir, corregir y complementar las deficiencias de los
primeros, pero que tampoco han sido eficientes por la oposición de una institución
tradicionalmente cerrada.
En cuanto a los demás actores del sistema penal también subsisten en su accionar
deficiencias que impiden avanzar en un funcionamiento orgánico articulado cuyas respuestas
se acerquen a las demandadas por la ciudadanía. Por ejemplo, en materia legislativa se ha
introducido el modelo acusatorio de origen anglosajón, asignando la etapa de instrucción al
Ministerio Público, buscando acelerar los procesos y afianzar las garantías procesales e
introduciendo medidas alternativas a la detención preventiva. Sin embargo, estos cambios,
aunque han iniciado un sendero de transformación, no han conseguido resolver numerosos
problemas del área (desfasaje entre demanda ciudadana y legislación interpretada como
garantista, incongruencias por convivencia de normas antiguas y nuevas, inflación legislativa,
etc.).
En lo que respecta al poder judicial, a pesar también de que se pueden rastrear en varios
países programas implementados tendientes a reforzar su independencia y modernización, la
creación de una carrera judicial y la mejora de las escuelas judiciales, la investigación
empírica muestra que:
a- los objetivos de la sanción penal no son claramente determinados y a veces son
contradictorios.
b- no se ha probado el valor intimidante de las penas impuestas por los jueces
c- las penas clásicas no son eficientes dado el alto porcentaje de reincidencia
d- la certeza en la aplicación de la pena sí ejerce un poder intimidante
Por último, el sector penitenciario también ejerce influencia en el sentimiento de inseguridad y
la prevención. Su principal función, al menos teórica, la readaptación social de los privados de
libertad, lo ubica en este lugar. Sin embargo, suele ser el sector más descuidado y menos
reformado, acumulando y reproduciendo problemáticas tradicionales como el hacinamiento, la
sobrepoblación, poco uso de medios alternativos a la prisión y ausencia o ineficacia de los
programas de recuperación social de los infractores condenados.
CRIMINALIDAD: CONSECUENCIAS ECONÓMICAS, SOCIALES, POLÍTICAS
Y NUEVOS ENFOQUES DE POLÍTICAS
El incremento del crimen y el temor a ser víctima de un hecho delictivo se manifiesta en la
alteración de comportamientos individuales y colectivos por parte de la sociedad. Así, en el
escenario económico, aumentan las erogaciones familiares tendientes a mejorar su nivel de
protección y prevención (colocación de alarmas y rejas, contratación de servicios de
seguridad privada), se dejan de realizar actividades económicas con la consecuente pérdida
de productividad o se pierden inversiones y/o visitas turísticas por un elevado sentimiento de
inseguridad. Pero además hay cambios en el campo social: se suelen engendrar reacciones
afectivas que reducen la calidad de vida en el plano psicológico – personal y comunitario que
contribuyen a generar estereotipos de la criminalidad y la delincuencia. Por último, en el plano
político, la consecuencia más evidente es la demanda ciudadana de medidas más represivas,
tanto en la órbita de la intervención policial como en lo estrictamente legal.
Estas consecuencias, y sobre todo la tendencia represiva de la población, lleva al
replanteamiento de las políticas oficiales de seguridad ciudadana, apareciendo nuevos
enfoques y modelos a partir de los cuales se entiende la acción estatal.
Un ejemplo de ello es el modelo de policía de proximidad o de orientación comunitaria. Este
modelo, que surge en Estados Unidos a partir del fracaso del modelo policial profesional, se
asienta en una impulsar una mayor participación ciudadana en la producción de la seguridad
y la generación de un vínculo más cercano con la comunidad, busca encontrar soluciones
sostenibles a los problemas de la criminalidad a partir de la descentralización operativa y la
delegación de responsabilidades, la ampliación del mandato policial más allá de las funciones
clásicas de prevención y represión, una intervención proactiva más que reactiva y la inserción
de la acción policial en las políticas de desarrollo social.
Por otro lado, en cuanto a la prevención del delito, hay dos enfoques que se abordarán
primariamente: uno de “prevención situacional”, según la cual el delito resulta en gran medida
de elecciones influenciadas por aspectos concretos e inmediatos, y otro de “prevención
social”, que parte de entender la acción criminal a partir de la existencia de diversos factores
anteriores a su perpetración (familia, escuela, empleo, pertenencia a bandas criminales, entre
otros).
NUEVAS FORMAS DEMOCRÁTICAS DE CONTROL DE LA CRIMINALIDAD
Siguiendo con el tema que venimos trabajando en esta clase, referido a las condiciones
generales en que se presenta la criminalidad en una sociedad y cuáles son las estrategias
para lidiar con ella, en el texto de Binder propuesto en la bibliografía van a encontrar una
serie de elementos conceptuales muy interesantes para pensar en nuevas formas
democráticas de control de la criminalidad.
En este texto no se presentan soluciones, sino que se problematizan preconceptos y
prejuicios asociados a las maneras clásicas de pensar y actuar sobre la criminalidad; y se
propone poder pensar en estrategias que logren superar esos prejuicios para poder elaborar
Políticas Públicas de Seguridad con mayor eficiencia.
¿RESTABLECER EL ORDEN O GESTIONAR LA CONFLICTIVIDAD…?
El primer preconcepto que Binder propone discutir es el mismísimo concepto de
criminalidad. Al respecto señala que:
“Lo que denominamos fenómeno criminal o criminalidad no es una realidad natural, sino que
es el entrecruzamiento de fenómenos culturales (conflictividad) y políticas estatales (procesos
de criminalización)” (BINDER, p. 12)
En este texto se señala el origen necesariamente social (no natural) de lo que es construido
como acción criminal en cada momento histórico de las sociedades. Y que esta construcción
depende de muchos factores culturales e institucionales. Una acción puedeser considerada
criminal y ser penada en una época, y la misma acción dejar de serlo en otra; o viceversa.
Abundan los ejemplos, pero algunos de los más recientes pueden ser acción del “aborto” o el
consumo de marihuana: ambas acciones, claramente definidas como ilegales por el sistema
institucional y penadas
en códigos judiciales, pueden dejar de serlo por una serie de factores de conflictividad social,
cambios en criterios de legitimidad, y por lo tanto, dejar de ser acciones criminales que deben
ser perseguidas y reprimidas.
Pensar la criminalidad como un “fenómeno natural” impide observar los procesos de cambio.
Esa forma de mirar a la sociedad supone otra idea errónea: la idea primigenia de “orden”.
En esa visión de las cosas, el “orden” es algo dado y armónico. Para la antigüedad
grecorromana era el “Orden Natural”; para la edad media teológica era el “Orden Divino”; y
para el mundo Moderno es el “Orden Racional”.
Según esta visión, el “orden” carece de conflictos; y toda criminalidad es leída como un
desequilibrio o ruptura del orden. Entonces una Política de Seguridad lo único que debe hacer
es preservar o restablecer el orden. Y la función de la policía sería mantener las cosas
“ordenadas” (ser Agentes del Orden).
Según Binder, por estas razones, por considerar de manera tan simplista la función policial,
es que se volvió ineficaz:
“Para fundar un control democrático de la idea de criminalidad, debe abandonarse la idea de
Orden y debe ser reemplazada por la idea de la Gestión de la Conflictividad” (Binder, p. 14)
La idea de gestionar la conflictividad no tiene que ver con “mano blanda” ni con decir “pobres
delincuentes el origen social que tuvieron, sólo son resultado de su entorno”; lo que se
plantea es que sin entender la complejidad de las conflictividades sobre las que se trabaja, el
esfuerzo puede ser ineficaz.
Al conjunto de las conflictividades se le responde con diversas formas de gestión instaladas
en distintos niveles estatales y se caracterizan por su mayor capacidad reactiva, disuasiva o
preventiva. Incluso determinadas formas de la conflictividad pueden ser gestionadas
mediante formas sociales no estatales, creando ámbitos o niveles de conciliación, o mediante
la amenaza de la acción violenta.
Todo sistema de gestión de la conflictividad es la contracara del dominio del más fuerte y
podemos establecer como un principio democrático que la sociedad debe ir resolviendo (un
proceso social largo y complejo) cómo se distribuyen las ganancias en los conflictos, evitando
todo el tiempo el abuso de poder y de la violencia:
“Si el más fuerte debe ganar que no lo sea porque es el más fuerte. Esta idea es el principio
regidor de todas las políticas de gestión de la conflictividad, y es precisamente, la idea
contraria al concepto de orden.” (BINDER, p17)
Con respecto a un protocolo del uso de la fuerza, en el paradigma de la gestión de la
conflictividad se plantea que:
1. Debe existir una primacía de los instrumentos no violentos o con historia menos
abusiva (principio de última ratio).
2. No se deben utilizar instrumentos violentos si el conflicto no tiene ya algún
componente violento que deba ser neutralizado o acotado (principio de mínima
intervención).
3. No existe ningún conflicto que por sí sólo tenga una naturaleza que implique la
intervención violenta del Estado, ya que la “gravedad” no se mide sólo por los
atributos de ese conflicto sino por la eficacia de los métodos de respuesta
(principio de respuesta integral).
4. La selección de un conflicto como uno de esos que “reclaman” una intervención
violenta no debe ser rígida, ya que siempre se debe dejar la puerta abierta para
que otra forma de intervención de los conflictos produzca el mismo efecto social
con menor costo en términos de violencia (principio de economía de la violencia
estatal).
PREJUICIOS A LA HORA DE PENSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE
SEGURIDAD
Las Políticas de Seguridad están impregnadas de prejuicios que provienen de otras ciencias
o de otras instancias de instituciones de la seguridad, principalmente: el Derecho Penal y la
Criminología. Ambos dos saberes son consolidados en lo que respecta al vínculo con la
criminalidad, y sus perspectivas se imponen cuando se deben pensar Políticas de Seguridad,
generando miradas equívocas y posiblemente respuestas ineficaces o erróneas.
PREJUICIOS HEREDADOS DEL DERECHO PENAL
Todavía se pretende diseñar Políticas Públicas de Seguridad desde el Derecho Penal. Según
esta visión, nos enfrentamos a “una conducta que merece un reproche y por lo tanto debe ser
castigada” (Binder, p.19). Lo que en la jerga se llama un caso.
De esta manera, se olvida o tapa todo el proceso que lleva a tomar la decisión de que una
determinada área de conflictos reclame la intervención violenta o no (ya sea reactiva o
disuasiva), y sólo discute “la intensidad de la respuesta penal”; por ejemplo: cuando se habla
de “inseguridad” y enseguida la discusión gira hacia el lado de la edad de imputabilidad o la
ampliación de las penas, o las condiciones carcelarias.
Discutir el castigo no produce protección. Una Política Pública de Seguridad debe actuar
mucho antes del ejercicio de la pena.
PREJUICIOS HEREDADOS DE LA CRIMINOLOGÍA
Si bien la criminología como ciencia se encuentra produciendo nuevas perspectivas, lo que
podemos llamar la “criminología operativa”, es decir: la que manejan los operadores del
sistema penal, sigue en la perspectiva de “contar casos y definir personas”.
Desde las viejas estadísticas policiales hasta las nuevas encuestas de victimización, se
tiende a contar casos de delitos y definir perfiles de delincuentes y delinquidos. Se basa en el
“orden criminal existente”, legislado y definido como tal.
Lograr hallar regularidades delictivas y perfiles de delincuentes sin dudas tiene su utilidad,
pero no alcanza para orientar Políticas Públicas de Seguridad generales, y además nos da
una visión equivocada del fenómeno criminal.
“Un Caso Judicial (o criminológico) puede tener mucha importancia y visto desde el sistema
de garantías sólo existe como caso, pero visto desde las políticas de respuesta valdrá sólo y
tanto tenga efecto sobre la regularidad en que está inmerso.” (BINDER, p21)
El objetivo de toda Política Pública de Seguridad debe ser modificar las regularidades
sociales de donde “el caso” (penal o criminológico) emergió.
PREJUICIOS HEREDADOS DE LA EPIDEMIOLOGÍA Y EL MILENARISMO
Otra mirada errónea sobre el fenómeno criminal, que enturbia la posibilidad de pensar en su
complejidad las Políticas Públicas de Seguridad, es pensar a la criminalidad como si fuera
una peste: “un mal indeterminado en su extensión, en sus formas y en sus causas, pero
tangible y mortal”. (p.26)
Pensar al fenómeno criminal como una gran enfermedad, como una peste, no sólo presupone
la existencia de un “Orden Sano” (y volvemos acá a la idea de “retorno al orden ideal”), sino
que también genera mecanismos sociales de defensa ante la peste que tiende a dividir a la
sociedad en cuatro grupos: a) Los enfermos; b) Las potenciales víctimas; c) Los transmisores;
d) Los incontaminables. Desde esta perspectiva:
“(...) ciertos sectores sociales son los que producen el mal o ya están enfermos, el
protagonista central es el conjunto de personas que pueden ser afectadas y siempre se
presentarán algunos que están por fuera de ese circuito.” (Binder, p.26)
El miedo extendido socialmente ante la peste criminal, puede generar formas patológicas del
diálogo político referido a las cuestiones de las políticas de seguridad:
“Una ciudadanía temerosa se encuentra mucho más dispuesta a bajar sus niveles de control
y a renunciar a la idea republicana de representatividad por la del cuidado, señorío o
resguardo.” (p.28)
El miedo a la peste criminal abre la posibilidad -y el deseo- de la irrupción de un “Mesías
Protector” que se cobra los derechos ciudadanos (como las libertades o la representatividad)
a cambio de “un tiempo de restauracióndel dolor y paz por mil años”. Muchos políticos que
trabajan sus campañas en torno a la cuestión de la seguridad, pretenden erigirse como ese
Mesías.
EL MIEDO Y EL MERCADO DE LA SEGURIDAD
Hay muchas razones por las cuales la sociedad puede sentir miedo. Por un lado están la
criminalidad, la violencia o la agresión cotidiana concretas; pero también genera inseguridad
estructural la vaga incertidumbre con respecto al futuro, en una sociedad en la cual los
riesgos han ido aumentando y complejizándose y las redes de protección estatal se han ido
debilitando.
Existe un “mercado de la violencia”. Desde el relato cotidiano del “género policial” a través de
programas de TV o noticieros, hasta videojuegos que entrenan para matar o defenderse.
Todos estos elementos constituyen un círculo vicioso en el cual las sociedades no sólo
sienten miedo por lo que sucede, sino también por lo que podría suceder. El mercado de la
seguridad privada, por ejemplo, se monta sobre esos miedos, de manera que la percepción
ciudadana de inseguridad es la condición de posibilidad para la expansión del negocio. Por
eso Binder bien señala que:
“Una intervención estatal profunda para modificar la dinámica del mercado de la seguridad es
también una acción necesaria para modificar las percepciones que tenemos del fenómeno
criminal y las posibilidades reales que tenemos de solucionarlo o controlarlo.” (p.27)
Es decir que, una Política Pública de Seguridad no sólo debe actuar sobre los hechos
criminales concretos, sino también sobre la percepción de inseguridad de la ciudadanía.
PROFESIONALIZACIÓN Y GOBIERNO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y
CIUDADANA
Como bien vimos a lo largo de la presente clase. Los enfoques y abordajes orientados al
tratamiento de las políticas de seguridad en América Latina y específicamente en Argentina,
fueron variando según el contexto histórico desde el cual se pensaron. Pasando por modelos
dictatoriales de seguridad nacional focalizados en la persecución de enemigo interno, definido
como tal, por su condición de opositor político frente al régimen establecido. Posteriormente,
con el retorno de la democracia, se establece la diferenciación entre defensa nacional y
seguridad interior, concluyendo de manera definitiva, las competencias y limitaciones legales
tanto para las fuerzas armadas como para las instituciones de seguridad interna (Policías,
Gendarmería, Prefectura). Consolidando las bases para el desarrollo de políticas públicas de
seguridad, en contexto de Democracia.
Durante los años 80 y 90 en Argentina, las políticas públicas de seguridad aplicadas, se
caracterizaron fundamentalmente por la persecución y el castigo pos delito, es decir, políticas
netamente punitivas y reactivas, las cuales carecen de la capacidad analítica necesaria para
comprender factores de origen del delito, de manera tal de generar acciones necesaria para
la prevención y la disuasión de la violencia y el delito. Por otro lado, dichos modelos de
seguridad pública de corte tradicional, sustentados únicamente en la respuesta Estatal, se
caracterizaron por el autogobierno de las instituciones públicas de seguridad y un marcado
desgobierno civil de las políticas de seguridad. Durante el desarrollo de la siguiente unidad,
analizaremos estos temas con mayor profundidad.
A finales de los años 90, comienza a entrar en agenda de manera muy incipiente, la
necesidad del desarrollo técnico y profesional para el campo específico de la seguridad. Junto
a este proceso de tecnificación y especialización de la seguridad pública, comienza a entrar
en escena el concepto de seguridad Ciudadana, el cual, como ya dijimos, en lugar de poner
el foco en las acciones que debería llevar adelante el Estado en cuestiones de seguridad, se
centra más en la responsabilidad y en las acciones podría llevar adelante la ciudadanía, al
momento del diseño, la planificación y la implementación de políticas de seguridad, en calidad
de co-protagonista junto al Estado. En este sentido, la participación ciudadana en cuestiones
de seguridad, no exime al Estado y a sus instituciones de la responsabilidad natural en su rol
de garante de la seguridad ante la sociedad, más bien se concibe al ciudadano como sujeto
político colectivo con deberes, garantías y derechos a ser partícipe del proceso de
construcción de esa seguridad pública y ciudadana junto al propio Estado. A más de 20 años
de la irrupción del concepto de seguridad ciudadana en la agenda pública, dicha discusión
parece aún no estar del todo saldada.
Por último, uno de los principales desafíos al momento de pensar, construir y consolidar un
modelo democrático de seguridad pública y ciudadana, se centra en el desarrollo técnico,
académico y profesional de funcionarios públicos (civiles y policiales) vinculados al campo de
la seguridad, consolidando de esta manera, un modelo democrático de seguridad, basado en
el planeamiento estratégico y en la evidencia. En este sentido, el Instituto Universitario Juan
Vucetich, tiene como uno de sus objetivos principales, capacitar, formar y promover, la
profesionalización y desarrollo técnico y académico del campo de la seguridad pública y
ciudadana. Enfocado tanto a funcionarios públicos policiales como civiles.
Durante el desarrollo de la Unidad IV de la presente materia abordaremos de manera
más específica las cuestiones hasta aquí expuestas.