politica publica

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INSTITUTO UNIVERSITARIO JUAN VUCETICH 
 
(IUV) 
 
 
 
ESTADO, SOCIEDAD Y POLITICAS PUBLICAS EN 
SEGURIDAD 
 
 
 
 
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CLASE 4 
Sobre las violencias, los conflictos, y los paradigmas en pugna 
Estimados y estimadas estudiantes en esta clase abordaremos las dinámicas de las 
violencias en los territorios, y como ellas traen aparejadas distintas aristas y 
problemáticas que el autor Alberto Binder, esquematizo de una forma particular, que 
nos sirve de puntapié para pensar las posibles intervenciones del Estado ante estos 
fenómenos. 
 Es importante mencionar que cuando hablamos de violencias y conflictos en 
los territorios hacemos mención a un campo problemático donde intervienen distintos 
intereses, y actores disputando sentidos y formas de intervención, si bien intentar dar 
cuenta de esto, no es una tarea sencilla, y muchas veces hay estrategias de un 
paradigma yuxtapuestas en en el otro y viceversa, esta clasificación como 
mencionamos antes nos va a permitir , generar una caja de herramientas para 
complejizar las intervenciones del Estado ante la violencia y los conflictos. 
Tanto desde el campo académico como político, fueron emergiendo diferentes 
propuestas sobre cómo abordar la complejidad de la problemática y los modos de 
intervención posibles. Como señala Binder (2009), las propuestas pueden ser 
sintetizadas en dos modelos diametralmente opuestos: como se ha mencionado 
anteriormente, de la seguridad nacional a la seguridad ciudadana: el paradigma del 
orden vs. el paradigma de gestión de la conflictividad. 
 
El paradigma del orden 
 
El primero de los modelos, el “paradigma del orden” explica la conflictividad 
social como un desequilibrio de la armonía social. Por ende, desde este enfoque, una 
política de seguridad debe contribuir al restablecimiento del orden perdido o violado. 
 
 
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Ahora bien, vale plantear el siguiente interrogante: ¿quiénes definen ese orden? ¿a 
quiénes incluye? 
La ilusión de la idea de orden –señala Binder- ha fundado una visión 
esquemática, lineal y simplista acerca del conjunto de fenómenos atrapados por las 
políticas de seguridad. Los conflictos que acarrean las diferencias y las desigualdades 
sociales quedan excluidos de este universo, no son puestos en cuestión ni 
comprendidos como parte de la problemática. El modo de afrontar los conflictos 
conlleva problemáticas explicitas, ya que: sólo se promueven formas violentas y 
poco eficientes de intervención. 
Ahora bien, en vistas a diseñar políticas de seguridad que den respuesta a los 
conflictos que atraviesan el problema de la convivencia humana, se debe atender la 
complejidad de estos fenómenos (las diferentes maneras de pensar, la desigualdad 
social, etc.), y este paradigma no da respuestas ni marcos de acción. 
 
El paradigma de la gestión de la conflictividad 
 
Frente a ello, el paradigma de la gestión de la conflictividad viene a poner 
en cuestión las ideas del sentido común que consideran al conflicto social como algo 
negativo, y en su lugar propone pensar el potencial transformador de la conflictividad 
social. Muchas situaciones, que en otros contextos históricos fueron consideradas 
conflictivas, finalmente constituyeron los motores de cambios y reformas y de la 
consolidación de nuevos órdenes, siempre provisorios y en relación con las dinámicas 
sociales. 
Es en este sentido que el conflicto debe ser considerado como algo inherente 
a toda sociedad y, por lo tanto, inevitable. Es expresión de la diversidad y a la vez 
motor de cambio y de mejoría de situaciones inadecuadas. El conflicto es necesario 
para el desarrollo de toda colectividad que cambia y avanza cuando busca y encuentra 
la solución a sus problemas. 
El conflicto no es positivo ni negativo, y sí un elemento estructural y 
estructurador de la vida en comunidad y cuando tiene solución puede dar 
 
 
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resultados beneficiosos. La forma de gestionarlos es la base para asegurar 
resultados positivos o negativos. Únicamente asumiendo esto, intentando 
entenderlo, y analizándolo es posible ofrecer una alternativa que permita 
superarlo y generar la necesaria satisfacción de los intereses y necesidades 
de las partes. 
Cabe destacar que el paradigma de la gestión de la conflictividad no implica 
una política permisiva sobre la criminalidad, sino una de mayor complejidad. Se busca 
comprender el fenómeno, pero no para justificarlo o relativizarlo. 
Con esto queremos aclarar una confusión común que es asociar las políticas 
de gestión de la conflictividad con políticas permisivas o que justifican los delitos. 
Reconocer la naturaleza conflictiva de la vida en sociedad, y estudiar sus causas, no 
conduce a minimizar ni relativizar el delito y las violencias. 
 
Tabla Paradigmas de intervención 
 
Paradigma del orden Paradigma de la gestión de la conflictividad 
El conflicto es visto como 
algo negativo que altera la 
armonía social 
El conflicto es visto como algo inevitable y no 
necesariamente negativo 
La forma de gestionar los conflictos es la que dará 
resultados positivos o negativos. 
El objetivo de la política de 
seguridad es restablecer el 
orden 
El objetivo es que el conflicto no se resuelva 
violentamente. 
Los conflictos se afrontan de 
forma reactiva 
Busca intervenir sobre las causas del conflicto de forma 
preventiva y a través de numerosos actores estatales y 
comunitarios (pluralización de actores) 
No se pregunta por las 
causas de los conflictos. 
Se pregunta por las causas de los conflictos para lograr una 
intervención eficaz 
 
 
De esta manera y en consonancia con lo anterior podemos inferir que, si los 
conflictos sociales son fenómenos complejos y multicausales, entonces no 
 
 
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corresponde que las respuestas a ellos provengan de la intervención exclusiva del 
Ministerio de Seguridad. El ministerio es una de las agencias, pero deberá coordinar 
su intervención con otras agencias del Estado (Ministerio de Desarrollo o Educación, 
o como en el caso de la Pandemia del Covid-19, el ministerio de transporte y el de 
salud, por ejemplo), procurando la participación de los gobiernos locales que son, en 
última instancia, los que se miden diariamente con los conflictos sociales en sus 
territorios. 
 
El sistema institucional de gestión de conflictos 
 
Una determinada forma de conflictividad puede ser gestionada mediante 
formas sociales no estatales, mediante la existencia de modelos ejemplares (ley, 
decisiones judiciales, etc.), a través de la creación de ámbitos o niveles de 
conciliación, por medio de funcionarios que resuelven conflictos (todas las formas de 
tribunales) o mediante la amenaza o la aplicación de violencia (política de seguridad 
y política criminal). 
Estos conjuntos de mecanismos conforman la trama propia del 
sistema institucional de gestión de conflictos, es decir, del 
conjunto de niveles, instancias e instrumentos con que cuenta 
una determinada sociedad para intervenir en la conflictividad, en 
especial para que ella no sea resuelta bajo formas violentas 
(Binder, 2009, pág. 30) 
Es así que podemos entender, de acuerdo a las ideas de este especialista, que 
este sistema de gestión de la conflictividad es todo lo contrario al predominio del más 
fuerte, y por ello, muy pertinente a un modelo de Seguridad eficiente y responsable: 
Siempre es valioso para una sociedad democrática que en esa 
conflictividad no predomine el más fuerte. Todo el sistema de 
gestión de conflictividad es la contracara del predominio del más 
 
 
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fuerte y podemos establecer como un principio democrático que 
la sociedad debe ir resolviendo (en un proceso social largo y 
complejo) cómo se distribuyen las ganancias en los conflictos, 
evitando en todo momento el abuso de poder y la violencia. Si el 
fuerte debe ganar, que no lo sea porque es el más fuerte 
sostiene el autor. (Binder, 2009, pág. 31) 
Esta idea contraria
al predominio del más fuerte, es según Binder, el principio 
regulador de todas las políticas de gestión de la conflictividad y es, precisamente, la 
idea contraria al concepto de orden. 
La intervención estatal frente a los conflictos requiere, por un lado, una: 
[…] base de información sobre las características del conflicto y 
el sector de conflictividad y de la eficacia relativa de cada una de 
las formas de gestión de la conflictividad”, y por el otro, el 
acompañamiento de todo el “aparato técnico y político propio de 
las políticas públicas modernas que permitan un debate, un 
diseño, una ejecución y una evaluación de esas políticas, más 
participativa y controlada (Binder, 2009, pág. 32) 
Estas dos instancias que delimita Binder son centrales en la planificación 
estratégica. Son relevantes para las administraciones gubernamentales que se 
plantean qué hacer frente al problema de la prevención del delito y las violencias. 
Con este apartado culminamos el primer módulo del curso. A continuación, 
pasaremos a abordar el fenómeno del delito junto a sus principales estrategias 
preventivas y sus modelos de intervención. 
En lo que sigue, examinaremos con mayor detenimiento el lugar del Estado ante los 
fenómenos de la violencia, los conflictos y el delito de manera más general, pero 
profundizando en los marcos conceptuales adecuados para el tratamiento de la 
inseguridad: 
 
 
 
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Inseguridad y Control del Delito 
A partir de mediados de los años ‘90, en Argentina se fue construyendo social y 
políticamente la inseguridad frente al delito como una de las mayores problemáticas 
de los centros urbanos. Al mismo tiempo, inseguridad y violencia han estado cada vez 
más estrechamente ligados. Como ha señalado Máximo Sozzo (2009: 59), la “crisis 
de la inseguridad” ha estado integrada por dos componentes: 
1. Un componente de tipo ‘objetivo’, vinculado al crecimiento en la cantidad de 
hechos delictivos, fundamentalmente de aquellos que integran la “criminalidad 
de calle” o “microcriminalidad” (es decir, delitos contra la propiedad y contra las 
personas que ocurren sobre todo en el espacio público y suelen implicar un 
contacto directo, a veces violento, entre ofensor y ofendido) 
2. Un componente de tipo ‘subjetivo’, conocido como “sensación de inseguridad”, 
que traduce un malestar en los sentimientos y expectativas de los ciudadanos 
respecto de la posibilidad de ser víctimas de un delito. 
Este proceso ha implicado, además, una fuerte crisis en relación al rol de los 
actores estatales tradicionalmente competentes en este campo de las políticas 
públicas —policía, justicia penal, prisión—, y una creciente politización de la 
problemática de la inseguridad que la ha transformado en un tema central del debate 
electoral. 
Siguiendo los desarrollos que David Garland realizó sobre todo a partir de los 
contextos estadounidenses y británicos, es posible distinguir dos respuestas estatales 
frente a la crisis de la inseguridad. Por un lado, una “respuesta denegatoria” que 
muestra que los actores estatales involucrados parecen negar el agotamiento de sus 
modos de pensar y actuar y, al mismo tiempo, los reafirman intentando intensificar y 
endurecer el empleo de viejas técnicas de intervención sobre el delito. Según Sozzo 
 
 
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(2009), esta respuesta, que ha sido la predominante en Argentina a partir de mediados 
de la década del ‘90, fue impulsada por el “brazo político” de las estructuras estatales 
que han promovido la politización del problema de la inseguridad y generado una 
especie de perspectiva que no termina de solucionar las problemáticas concretas de 
seguridad. Se incluyen aquí decisiones y acciones tales como el aumento exponencial 
del encarcelamiento y el incremento de los factores relacionados a estrategias 
penales. 
Por otro lado, una “respuesta adaptativa” (en Argentina, minoritaria en comparación 
con la respuesta denegatoria) en la que los actores estatales involucrados reconocen 
las limitaciones en las formas de pensar el delito y de responder a él, y buscan producir 
innovaciones. Se trata de un tipo de respuesta que incluye una multiplicidad de 
acciones heterogéneas entre las que se encuentran la “racionalización” y 
“comercialización” de la administración de justicia penal, la implementación de penas 
alternativas a la privación de la libertad y una redefinición de las responsabilidades en 
materia de control del delito. En Argentina, el proceso de responsabilización de nuevos 
actores se ha observado sobre todo en el desplazamiento de tareas y deberes hacia 
un actor estatal que antes no estaba involucrado en la producción de seguridad: el 
Gobierno Local. Según Sozzo, este proceso de ‘descentralización’, que otorga un 
mayor protagonismo a los gobiernos locales, es producto del encuentro entre dos 
tendencias: 
1. Una tendencia descendente o ‘de arriba hacia abajo’, que ubica a este 
actor frente al desafío de actuar para producir seguridad. Esta 
delegación de tareas es impulsada por las estructuras estatales 
centralizadas. “Los actores centrales impulsan a que los actores locales 
se transformen en centros de imputación de la demanda ciudadana” 
(Sozzo, 2008: 61). 
 
2. Una tendencia ascendente o ‘de abajo hacia arriba’, que surge de la 
demanda seguridad de los ciudadanos de urbes medianas y grandes 
producto del crecimiento en la “criminalidad de calle” y de la “sensación 
 
 
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de seguridad”. También se conjuga con que ciertos actores locales han 
reivindicado su capacidad de hacerse cargo de la seguridad ciudadana 
en el plano local. “Ciudadanos y actores políticos locales, por caminos 
diversos, coinciden de esta forma en ubicar en el centro de la escena de 
las políticas de seguridad frente al delito, al gobierno municipal” (Sozzo, 
2008: 62). 
Las iniciativas de los gobiernos locales han sido múltiples y heterogéneas, aunque en 
su mayoría se han centrado en producir intervenciones que permitan la prevención 
del delito. Más adelante veremos en detalle las diferentes estrategias que emergen a 
partir de la crisis de la inseguridad y de la consolidación del gobierno local como un 
actor clave, pero antes examinaremos una distinción analítica importante entre 
represión y prevención del delito. 
Represión y Prevención del Delito 
Es posible distinguir dos finalidades de la política criminal: la represión del delito y la 
prevención del delito. La primera de estas finalidades refiere a la intervención luego 
de que el delito ha ocurrido para castigar al sujeto que lo ha cometido. Por su parte, 
la segunda de estas finalidades refiere a la intervención antes de que el hecho delictivo 
ocurra para evitar que efectivamente suceda. Ambas intervenciones requieren la 
movilización de diferentes recursos (técnicas de intervención, programas políticos, 
dispositivos institucionales), los cuales pueden ser de naturaleza penal o extra-penal. 
Los recursos penales se vinculan directamente a la finalidad de represión del delito, 
aunque se ha resaltado también su utilidad en términos de prevención del delito. No 
obstante, la criminología crítica ha señalado que: 
“Los resultados que ha llegado a obtener, desde hace tiempo, el análisis 
histórico y social de la justicia criminal, se pueden sintetizar en la afirmación de 
que el sistema de justicia criminal se manifiesta incapaz de resolver lo 
concerniente a sus funciones declaradas. Esto significa que la pena como 
instrumento principal de este sistema, falla en lo que respecta a la función de 
 
 
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prevención de la criminalidad. Este estado de crisis se registra en todos los 
frentes: sea el de la prevención negativa general, es decir, de la intimidación de 
los potenciales delincuentes, sea el de la prevención positiva especial, es decir, 
de la reinserción social de los actuales infractores de la ley penal. Estos fines 
preventivos son, a la luz de los hechos, simplemente
inalcanzables. Por otra 
parte, otras funciones de prevención que parecen ser efectivamente realizables 
para el sistema penal, como la prevención negativa especial, es decir, la 
neutralización o la intimidación específica del criminal, y la prevención general 
positiva, es decir, la afirmación simbólica de la validez de las normas que 
favorecen el proceso de integración social, son en realidad inadecuadas 
respecto de los criterios de valor que preceden a nuestras constituciones, a 
saber las constituciones del Estado social y democrático de derecho” (Baratta, 
1998 5-6, citado en Sozzo, 2008: 70). 
 
Por su parte, los recursos extra-penales no refieren a la imposición de castigos 
legales, aunque apuntan al control del delito. Los mismos nacieron y se desarrollaron 
históricamente vinculados a la finalidad de prevención del delito. Como sostuvo Sozzo: 
“La emergencia de los recursos extrapenales de la política criminal tiene como 
hitos fundamentales algunos procesos sociales e institucionales iniciados en el 
siglo XIX en diferentes horizontes culturales: la consolidación de las técnicas 
preventivas de la institución policial en la primera mitad del siglo XIX en Europa 
Occidental y en la segunda mitad del siglo XIX en Argentina y América Latina; 
la promoción de las reformas sociales en el marco del surgimiento de las 
primeras políticas sociales típicas del Estado Social del siglo XX la promoción 
de las llamadas "medidas de seguridad predelictuales" a principios de este 
siglo en Italia, España y América Latina; etc.” (Sozzo, 2008: 71). 
 
Estrategias de Prevención del Delito 
 
 
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Como sostuvimos más arriba, la crisis de la inseguridad ha dado lugar a una serie de 
respuestas estatales diversas respecto del control del delito. Los procesos de 
descentralización y la emergencia de los Gobiernos Locales como actores 
claves en la gestión de la seguridad han sido respuestas adaptativas muy visibles 
en Argentina, sobre todo a partir de los últimos 15 años. Las iniciativas de los 
gobiernos municipales, enfocadas en la prevención del delito, pueden agruparse en 
tres grupos: estrategia situacional-ambiental; estrategia social; y estrategia 
comunitaria. 
a. Estrategia situacional-ambiental: Comprende un conjunto de 
intervenciones dirigidas a impactar en el plano ‘situacional’ o 
‘ambiental’ que se considera involucrado en la producción del delito. 
“Se trata de producir diseños, manipulaciones o transformaciones de las 
‘situaciones’ o ‘ambientes’ en los que se considera posible que se 
desarrollen ciertas formas de actividad delictiva, reduciendo las 
oportunidades para su comisión” (Sozzo, 2009: 62). Según las técnicas 
que se emplean, es posible distinguir dos grupos: i) Acciones que 
pretenden impactar en la situación física y espacial del ambiente. 
Por ejemplo, iluminar espacios oscuros, instalación de cámaras de 
seguridad, desmalezamiento de terrenos baldíos, etc. ii) Acciones que 
buscan impactar en la situación social del ambiente, mediante la 
instalación de ‘vigilantes’ que puedan desalentar a los potenciales 
ofensores. Por ejemplo, la creación de ‘guardias urbanas’ orientadas a 
la vigilancia de espacios públicos, a la realización de actividades de 
control del cumplimiento de normativas municipales, etc. Aquí también 
se incluyen acciones que buscan activar ‘vigilantes no profesionales’, es 
decir, ciudadanos desarrollan actividades individuales o colectivas de 
“autoprotección” en la cuadra donde residen. 
 Críticas a las estrategia situacional-ambiental: Una de las 
principales críticas a este tipo de prevención pero que tienen como fin la 
modificación de los espacios está orientada a que muchas veces 
 
 
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produce desplazamientos del delito, y resulta beneficioso sólo para 
espacios específicos en determinados momentos con efectos 
temporarios. 
b. Estrategia social: Se trata de un conjunto de intervenciones que se 
proponen actuar sobre los procesos sociales y culturales que se 
entienden como forjadores de las condiciones de posibilidad para que 
un individuo cometa un delito. Es decir, se proponen actuar sobre las 
causas de esos comportamientos. Algunos de los espacios donde se 
busca intervenir son la familia, la escuela, el grupo de pares y el individuo 
mismo ya que se presupone que algunos de los motivos de la 
‘criminalidad de calle’ (que es, como vimos, protagonista en esta crisis 
de la inseguridad) refieren a que los individuos no han incorporado 
debidamente reglas sociales fundamentales, lo cual no les permite ‘auto-
limitarse’ en torno a dichas reglas (‘déficit cultural’). Es decir, se trataría 
de un problema de socialización, control social y autocontrol. Al 
‘déficit cultural’ se agrega también un ‘déficit material’ para explicar estos 
comportamientos delictivos. Por eso en esta estrategia se incluyen 
también “intervenciones que luchen contra la exclusión social, 
produciendo alternativas y oportunidades de inserción social en sus 
diversos planos, pero sin abandonar la dimensión ‘material’” (Sozzo, 
2008: 66). Según Sozzo, se trata de la estrategia menos adoptada en el 
contexto argentino debido al ascenso de una estructura relacionada a la 
reducción del Estado. Esta politización ha impulsado medidas que 
produzcan efectos ‘a corto plazo’ y que sean visibles para los 
ciudadanos, mientras que las acciones que integran esta estrategia son 
más bien de mediano y largo plazo y muchas veces solo tangibles para 
los grupos destinatarios. 
 
 
 
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c. Estrategia comunitaria: Las acciones comprendidas en esta estrategia 
apelan fuertemente a la comunidad “como el espacio local de interacción 
social en que los problemas de seguridad frente al delito se producen y 
por ende, donde deben ser enfrentados” (Sozzo, 2008: 69). A su vez, 
apelan a la comunidad como un actor que debe activarse y movilizarse 
junto con actores políticos locales. Las expresiones seguridad 
comunitaria y prevención comunitaria han estado muy presentes en 
los últimos años en Argentina. Se pueden distinguir dos tipos de 
intervenciones: i) aquellas que buscan movilizar a los residentes de 
determinadas manzanas o barrios para que actúen como vigilantes no 
profesionales (que son, como vimos antes, también estrategias 
ambientales). ii) Aquellas que consisten en crear espacios de debate 
público sobre la situación de la seguridad en la ciudad. Estos espacios 
pueden ser periódicos u organizados como reacción a partir de 
situaciones particulares. Las acciones comprendidas en la estrategia 
comunitaria pueden a su vez estar atravesadas por otras estrategias, 
fundamentalmente las ambientales o situacionales. 
Como podemos notar Sozzo desarrolla las premisas teóricas, fortalezas, debilidades 
y consideraciones de cada una de esas tácticas, a partir de la síntesis de las diversas 
teorizaciones y conceptualizaciones existentes. 
Por otra parte, este autor reflexiona respecto del rol de la institución policial en este 
tipo de estrategias extrapenales y hace referencia a la “metáfora de un movimiento de 
péndulo” en el que en un extremo se ubicaría la táctica comunitaria -con un habitual 
mayor grado de participación policial-; en el centro, la táctica situacional-ambiental, 
que registraría un grado medio de participación policial y, finalmente, en el otro 
extremo, ubicaría la táctica social, en la que se observa habitualmente un grado muy 
bajo de participación policial o, directamente, su inexistencia (si bien esta metáfora 
responde a generalizaciones y en la práctica se dan muchas excepciones y 
especificidades). 
 
 
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Pese a la centralidad de la institución policial en la táctica comunitaria, hace referencia 
al proceso de multiplicación de actores con respecto al tradicional monopolio de la 
política de seguridad urbana por parte de la institución policial. En este sentido, tienen 
lugar como actores relevantes los individuos
que forman parte de las comunidades 
locales, organizados de diferentes formas y en particular, las llamadas instituciones 
intermedias. 
El autor hace referencia también a la habitual combinación, en técnicas de 
intervención orientadas a la prevención, elementos provenientes de las diversas 
tácticas de prevención del delito contemporáneas, dando lugar a lo que se ha 
denominado la prevención integrada. Al mismo tiempo que crece la conciencia de que 
no se puede hacer “nueva prevención” o “prevención integrada” comprendiendo el rol 
esencial que cumplen las fuerzas policiales y de seguridad, pero a la vez integrar otros 
actores de la sociedad, para lograr una mayor complementación. 
Con todo este contenido desarrollado, podemos reflexionar: 
¿Entonces qué función tiene el Estado con respecto a la problemática de la 
inseguridad? ¿Tiene relación únicamente con el abordaje de los delitos en sus 
distintos niveles? 
Esto también es necesario reflexionar, la respuesta como venimos observando es que 
no solamente. Hay distintas instancias que hacen a la seguridad ciudadana y que 
están relacionadas con el trabajo sobre las violencias, los conflictos, el resguardo 
de los derechos y por último los delitos. Sentirnos seguros, implica que podamos 
desarrollarnos en contextos donde las violencias, los conflictos, y los delitos sean 
considerablemente bajos. Y también donde todos nuestros derechos (como por 
ejemplo el acceso al trabajo, la educación, la salud, o la posibilidad de realizar 
reclamos justos) estén garantizados y no sean vulnerados. 
Las violencias en sus distintas modalidades es uno de los factores que se deben 
gestionar desde el Estado, para poder brindar seguridad, teniendo en cuenta todas 
las complejidades que la atraviesan. al igual que la conflictividad. 
 
 
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Por lo tanto, como plantea el autor Alberto Binder “el Estado no puede quedarse 
absorto frente a la conflictividad, tiene que hacer algo con ella, porque si deja a la 
conflictividad librada a su propia dinámica, lo que posiblemente ocurra es que se 
imponga la lógica interna del conflicto, y en ese conflicto va a ganar el más fuerte, va 
a ganar el que tenga más poder.Si el conflicto es una contradicción de intereses, y 
uno lo deja librado a su propia dinámica, ese conflicto va a ir generando que gane el 
más fuerte(Binder,2015). 
Las políticas públicas de seguridad deben encontrar en la comunidad, y la 
planificación estratégica, los ámbitos privilegiados para la gestión de la conflictividad 
y la prevención de la violencia . 
 
Bibliografía obligatoria 
SOZZO, Máximo, “Seguridad urbana y tácticas de prevención del delito”, en 
Inseguridad, Prevención y Policía, Quito, FLACSO Ecuador, pp. 67-74, 2008. 
SOZZO, Máximo, “Gobierno local y prevención del delito en la Argentina”, en Urvio, 
Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, Número 6, pp. 58-73, 2009. 
 
Bibliografía optativa 
Binder, Alberto . Políticas de seguridad y gestión de la conflictividad. Lugar de 
publicación: Centro de Estudios para el Cambio Social, 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=s2DdAC5wees