Capitulo 7 Ed 2013

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Capítulo 7 
 
7. EL SECTOR PÚBLICO 
7.1. INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se analizarán con mayor grado de detalle aspectos vinculados al sector público, 
tanto respecto de las diversas concepciones que existieron del mismo a lo largo del tiempo por 
parte de distintas vertientes del pensamiento económico, como respecto del rol que desempeña 
el mismo en el flujo circular de la renta y sus principales funciones dentro de una sociedad 
moderna. Incluiremos en el final del capítulo un punto especial destinado a la política fiscal, 
campo en el que nos encontraremos ante varias posiciones doctrinarias. 
El concepto actual de sector público, al menos desde el punto de vista económico, no ha sido una 
constante a lo largo de la historia, ni tampoco es totalmente compartido por parte de las distintas 
corrientes del pensamiento económico. La concepción del mismo que tenían los economistas 
clásicos, que enunciaron sus teorías en un ámbito en el que predominaban condiciones de libre 
movilidad de factores, flexibilidad de precios, atomización de la oferta y la demanda y 
homogeneidad de los productos ofrecidos, se aproximaba a lo que en teoría se conoce como 
“estado gendarme” o “estado policía”. Gendarme en el sentido que, al no existir rigideces que 
impidieran el equilibrio simultáneo entre oferta y demanda en todos los mercados considerados, 
teóricamente no existían posibilidades de crisis económicas generalizadas; y como consecuencia 
de ello, el rol del Estado pasaba por ser un mero controlador del cumplimiento irrestricto de esas 
condiciones de competencia perfecta, interviniendo solamente si algún elemento ponía en riesgo 
a las mismas. 
Retomando aspectos desarrollados en el Capítulo 2 de este texto, en referencia a las principales 
escuelas de pensamiento económico, se entiende por economistas clásicos a aquellos que 
desarrollaron sus estudios en los países más avanzados, sobre todo Inglaterra, desde fines del 
siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Los más destacados en esta escuela fueron Adam Smith, 
David Ricardo, John Stuart Mill, Jean Baptiste Say, entre otros. 
Las condiciones expuestas anteriormente ciertamente no eran las mismas que primaban en la 
economía de los países más desarrollados a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, 
caracterizadas por la aparición de grandes empresas, sindicatos poderosos, diferenciación de los 
productos ofrecidos, etc., que tornaban cada vez más difícil el logro del equilibrio mediante la 
libre acción de las fuerzas de oferta y la demanda, teniendo como resultado el estallido de crisis 
económicas cada vez más frecuentes. Esta situación hizo eclosión en la conocida como Gran Crisis 
de 1930, la que dejó en claro que el sistema económico ya no se regía por las leyes de 
“competencia perfecta”, sino por leyes de la “competencia imperfecta”, tal como lo 
mencionamos al realizar una rápida clasificación de los mercados en el Capítulo 5. 
En este sentido, luego de experiencias destinadas a superar esta crisis, desarrolladas sobre todo 
en Estados Unidos de Norte América, la obra del inglés John Maynard Keynes significó un 
importante esfuerzo de adaptación de las concepciones económicas vigentes hasta ese 
momento. Este economista interpretó que las crisis ya no eran un fenómeno aislado y 
temporario, sino algo inherente a las características básicas del funcionamiento del sistema 
económico vigente en su tiempo. Señaló que las mismas se producen por deficiencias en lo que él 
denominaba “demanda efectiva”. En otras palabras, los gastos en bienes finales de consumo e 
inversión no alcanzaban para absorber la producción total de bienes y servicios, trayendo como 
consecuencia la reducción de la producción para adecuarla a la demanda efectiva existente, con 
sus secuelas de crisis y desempleo. 
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En la opinión de este economista, la solución a este problema debía obtenerse mediante 
impulsos externos que modificaran los volúmenes demandados tanto por consumo como por 
inversión, otorgando al sector público un rol preponderante en la generación de estos impulsos. 
A partir de esta concepción, el sector público fue ganando una importancia creciente a nivel 
económico, no sólo como componente de la demanda agregada o demanda efectiva de la 
economía, sino también como oferente de bienes y servicios, como productor de determinados 
servicios y también para tornar más equitativa a la distribución del ingreso. 
7.2. EL SECTOR PÚBLICO EN EL ESQUEMA CIRCULATORIO 
Cuando se examinó el esquema circulatorio, se tuvo una primera aproximación al papel jugado 
por el sector público dentro del mismo, ya que de su observación y primera aproximación 
analítica quedó claro que podía afectar a la renta disponible de las economías domésticas 
directamente al aumentar o disminuir los impuestos y al aumentar o disminuir las transferencias. 
Aumentará la renta disponible de las economías doméstica cada vez que aumenten las 
transferencias a las mismas o disminuyan los impuestos que cobra el sector público; y disminuirá 
la renta disponible cada vez que aumente los impuestos o disminuya las transferencias a las 
economías domésticas. Al mismo tiempo, el sector público también influye en la corriente del 
gasto directamente a través del gasto público, ya que sus aumentos y sus disminuciones 
provocan movimientos similares en el total del gasto agregado del sistema económico. 
Pero no solamente desde este punto de vista debe examinarse la acción del Estado, ya que a lo 
largo de este siglo las funciones públicas se han ampliado y diversificado en forma notoria, 
dejando de ser un mero guardián del buen desarrollo de la actividad económica (tal como lo 
postulaban los economistas clásicos), para convertirse en un verdadero agente económico, 
jugando un rol cada vez más activo en la circulación de la renta y la riqueza. 
Modernamente el sector público coordina y regula el mercado, fijando objetivos en materia de 
política económica, como por ejemplo el crecimiento del producto, el pleno empleo, la 
estabilidad de precios y la justa distribución de la renta. En muchos casos actúa también como 
empresario, al ofrecer bienes y servicios públicos, en algunos casos en concurrencia con el sector 
privado de la economía y en otros casos como proveedor exclusivo del servicio (defensa nacional, 
seguridad pública, justicia). 
En general, el lector se encontrará aquí con la expresión “sector público”, que resulta en 
resumidas cuentas la denominación del concepto jurídico y sociológico de Estado, en el campo de 
la Economía. Además cuando se habla de sector público debe tenerse presente que se está 
haciendo referencia al conjunto de órganos y administraciones incluidas en el mismo, que 
normalmente se separan en tres niveles en los Estados en los que la forma de gobierno es 
Federal. Estos tres niveles son: a) Sector Público Federal o Nacional; b) Sector Público Provincial; 
y c) Sector Público Municipal. Al mismo tiempo, dentro de cada uno de estos niveles es posible 
hablar de tres zonas diferenciadas: a) Administración Central, b) los Organismos Descentralizados 
y c) Empresas Públicas. Estos niveles no sólo se diferencian respecto de la autonomía que poseen, 
sino también por la forma en que se financia cada uno de ellos. 
Estas divisiones interactúan entre sí, y es posible encontrar Administración Central, Organismos 
Descentralizados y Empresas Públicas en los tres niveles de gobierno federal, provincial y 
municipal. A partir de la sanción de la reforma constitucional de 1994 se consagró en dicho texto 
una verdadera autonomía, aunque limitada, para los entes municipales. 
Normalmente la Administración Central hace referencia al Gobierno Federal o Nacional, en sus 
tres poderes, y su financiamiento está a cargo de la Tesorería General de la Nación, con recursos 
provenientes del cobro de tributos y la deuda pública. Las Administraciones Provinciales y 
Municipales, que gozan de autonomía presupuestaria, normalmente se financian conrecursos 
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impositivos, tasas por prestación de servicios, por coparticipación de impuestos de niveles 
superiores de gobierno y también eventualmente con deuda pública. 
Los organismos descentralizados normalmente se financian a través de partidas presupuestarias 
asignadas al efecto o también mediante la venta de bienes o prestación de servicios, teniendo 
relativa autarquía financiera. Las empresas públicas, en cambio, deben financiarse 
principalmente a través de la venta de los bienes que producen o los servicios que prestan en el 
mercado cobrando por ellos precios que se denominan “tarifas”. En el caso de no lo hiciesen así, 
su déficit se cubre con asignaciones presupuestarias del nivel de gobierno del cual dependen o 
contrayendo deuda con el sistema financiero. La cantidad de empresas públicas en los tres 
niveles de gobierno federal se ha reducido drásticamente en la década del noventa en la 
Argentina por el proceso de privatización de las mismas, que las puso en manos del sector 
privado, sacándolas de la órbita del sector público. 
7.3. FUNCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 
Examinado el marco general respecto del sector público, ya sea en torno a las ideas 
predominantes respecto del mismo en la teoría económica, como el rol que desempeña en la 
corriente circular de la renta, en este punto se analizará con mayor grado de detalle las funciones 
que normalmente se acepta en la actualidad que cumple el sector público. Las mismas pueden 
agruparse en torno de cinco principales: 
a) Producir, ofrecer y demandar todo tipo de bienes y servicios. 
b) Obtener recursos para financiar su actividad. 
c) Dictar normas para la regulación del sistema económico privado. 
d) Estabilizar la macroeconomía. 
e) Redistribuir la renta. Utilizar el mecanismo de las transferencias. 
 
7.3.1. Producir, ofrecer y demandar todo tipo de bienes y servicios 
En principio el Sector Público se encuentra capacitado para producir y ofrecer todo tipo de bienes 
y servicios, aunque dentro de una economía con mecanismos de mercado no resulta necesaria 
dicha actuación, por la existencia de un sector privado que puede realizar la misma función. 
Sin embargo, existe un conjunto de bienes y servicios que el Estado está en mejores condiciones 
de ofrecer a los particulares que el sector privado, como por ejemplo la defensa nacional, la 
seguridad pública, la justicia. Además, a medida que la sociedad fue incrementando su nivel de 
desarrollo y generando nuevas necesidades, ha ido encomendando al Estado cada vez más 
parcelas del bienestar público, generando una creciente actividad productiva de éste, de otro 
tipo de bienes aunque no existan beneficios marcados en su producción por parte del Sector 
Público. Como ejemplo de esto tenemos a la actuación en materia de educación, salud, 
transporte, etc. 
El mero hecho que el Estado sea el proveedor por excelencia de determinados bienes amerita un 
abordaje de su actuación desde el punto de vista económico. 
Los bienes públicos 
Los bienes que el Sector Público puede ofrecer en mejores condiciones que el sector privado son 
los llamados bienes públicos. Más precisamente son los bienes que no están sujetos al principio 
de exclusión ni al de rivalidad. 
Un bien está sujeto al principio de exclusión cuando es posible, a un costo razonable, excluir del 
uso del mismo a una determinada persona o grupo de personas por otra persona o grupo de 
personas. Cualquier bien que se adquiera mediante una contraprestación monetaria, es decir 
pagando un precio por él, como una computadora, un teléfono celular o un sándwich es un bien 
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sujeto a exclusión debido a que podemos excluir a una persona de gozarlo mediante el simple 
expediente de no dárselo si no paga por él. 
Un bien está sujeto al principio de rivalidad cuando su utilización por parte de una persona o 
grupo de personas, no reduce ni real ni potencialmente su uso o disfrute por parte de otras. Los 
objetos mencionados en el párrafo anterior, como la computadora, el teléfono celular o el 
sándwich, son bienes rivales, ya que si una persona utiliza la computadora o el teléfono celular o 
se come el sándwich automáticamente impide que las demás personas utilicen esos bienes o 
ingieran ese alimento, por lo tanto está reduciendo realmente el uso o disfrute por parte de esas 
demás personas. 
Resultan raros los bienes o servicios en los que se dan estas dos características, pero existen. El 
caso de la defensa nacional es el más claro: es imposible excluir a quien no quiera pagar la 
protección del ejército en las fronteras de un país, del goce de dicho servicio y al mismo tiempo el 
goce de dicho servicio por un ciudadano cualquiera no obsta en modo alguno para su disfrute por 
otro ciudadano. Es decir que al no estar sujeto ni al principio de exclusión ni al de rivalidad, la 
defensa nacional es un bien público. En estos casos aparece como necesaria su prestación a 
través del Estado, ya que cada individuo entenderá que el hecho que utilice o no el servicio no 
genera ningún costo adicional, por lo tanto no estará dispuesto a abonar ninguna suma por el 
mismo. El ejemplo podría hacerse extensivo a otros casos como la iluminación de las calles o la 
recolección de residuos domiciliarios, entre varios que se pueden citar. Si la sociedad considera 
necesario o imprescindible la prestación del servicio, sólo el Sector Público tendrá el poder de 
imperio necesario para que el costo de estos bienes y servicios sea distribuido en todos sus 
integrantes. 
Existen casos grises en que los principios de exclusión y/o rivalidad no se presentan totalmente, 
sino dentro de ciertos rangos de prestaciones, los que son analizados en los textos especializados 
en Finanzas Públicas. Muchos otros bienes y servicios que no tienen estas características son 
producidos y ofrecidos por un Sector Público moderno, conforme a las decisiones tomadas por la 
autoridad y sus relaciones recíprocas con el sistema de mercado. 
¿Pueden existir bienes públicos que no sean provistos por el Sector Público? Sí, siempre y cuando 
no estén sujetos a los principios de exclusión y rivalidad en el consumo. Un ejemplo de esto sería 
la transmisión de una radio o de un canal de televisión abierta. No se paga por escuchar o ver 
esas transmisiones, por lo tanto no hay exclusión posible en los mismos, aparte que el hecho que 
alguien sintonice esas transmisiones no inhabilita a nadie para hacer exactamente lo mismo, con 
lo cual tampoco se cumple el principio de rivalidad. Estas transmisiones obviamente tienen otra 
fuente de financiamiento que no sea una carga hacia el conjunto de la población, como puede ser 
la venta de publicidad. 
Los gastos del sector público 
Para realizar el ofrecimiento de bienes y servicios, el sector público también actúa como 
demandante de factores de la producción y otros bienes y servicios, realizando gastos que, 
recordemos, se computaban como un ingreso en la corriente del gasto cuando se analizó el flujo 
circular de la renta. 
Estos gastos que realiza el sector público en el cumplimiento de sus funciones se clasifican en 
gastos corrientes y gastos de inversión. Los primeros son los gastos normales de funcionamiento 
y están constituidos en su gran mayoría por pagos salariales, dado que gran parte de los servicios 
que emplean mucha mano de obra en su prestación los realiza el sector público. Los gastos de 
inversión son los edificios, muebles y equipos que requiere el Estado para la prestación de sus 
servicios, como así también la construcción de infraestructura de carácter económico, cuando se 
le encomiendan estas tareas. 
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La clasificación desarrollada en el párrafo precedente responde la visión “keynesiana” o 
“postkeynesiana” en materia de gasto público. Siguiendo a la concepción clásica de los mismos, 
estos economistas los clasificaban en “ordinarios” y “extraordinarios”. Entre los primeros se 
englobaban todos los gastos inherentes a la función de “gendarme” que ellos concebían para el 
Estado,es decir los pagos para el normal funcionamiento del mismo. Los segundos, en cambio, 
eran aquellos gastos no periódicos o de realización excepcional, como atención de guerras, 
catástrofes, etc. No sólo se diferenciaban por la habitualidad o no de su realización sino también 
por la forma en que se financiaban; los gastos ordinarios debían ser financiados a través de la 
recaudación impositiva normal, no ocurriendo lo mismo con los gastos extraordinarios, ya que 
por la aleatoriedad de su realización, correspondía financiarlos mediante endeudamiento y no 
cargar toda su incidencia en un solo período fiscal. De esta manera se distribuía su 
financiamiento en el tiempo y los pagos por capital e intereses pasaban a formar parte de los 
gastos corrientes. 
 
 
7.3.2. Obtener recursos para financiar su actividad 
Los recursos del sector público y la corriente circular de la renta 
Planteado el hecho que la prestación de determinados bienes públicos básicos necesariamente 
va a ser efectuado por el Sector Público, queda ahora analizar cómo obtiene los recursos 
necesarios para financiar los gastos derivados de ello. Las formas de obtener recursos por parte 
del sector público básicamente se agrupan en cuatro tipos: a) cobrar impuestos; b) endeudarse; 
c) la emisión de dinero como una forma especial de endeudamiento; d) la venta de activos. De las 
cuatro, se debe mencionar que únicamente la primera tiene una incidencia directa sobre la 
corriente circular de la renta, ya que, como se señaló, el cobro de impuestos implica detraer 
recursos de la corriente de renta que, saliendo de las empresas o aparato productivo, se dirige a 
los propietarios de los factores de producción. 
En el caso de la emisión de deuda pública, o endeudamiento público, no tiene esa incidencia 
directa, ya que en ese caso el sector público está captando parte del ahorro realizado por las 
economías domésticas, que, como se analizó en el capítulo anterior, no forma parte de la 
corriente del gasto sino que resulta una salida de la corriente circular. Esto en el caso de tratarse 
de ahorro interno, ya que si se trata de endeudamiento con el resto del mundo, con menos razón 
aún se puede pensar que afecte a la corriente circular de la renta, ya que está captando ahorro 
realizado en otros sistemas económicos. Tampoco en el caso de venta de activos existe una 
incidencia directa en el flujo circular de la renta, por referirse a bienes ya existentes sobre los que 
se produce una nueva transacción. 
Con respecto a la emisión de dinero con la finalidad de financiar el gasto del sector público, se 
debe señalar que ésta es una facultad exclusiva del sector público, por una parte, y por otra que 
tampoco tiene una incidencia directa sobre el flujo circular de la renta, ya que no implica 
detracción de recursos de la esfera privada para financiar el gasto del sector público, pero genera 
una serie de fenómenos que serán analizados al final de este punto. El fenómeno del 
endeudamiento del Sector Público que implica la emisión de dinero será explicado en detalle al 
abordar los factores de creación de la base monetaria en el Capítulo 8. 
Los tributos y sus clasificaciones 
Al hablar de tributos, nos referimos tanto a los impuestos propiamente dichos, como a las tasas y 
a las contribuciones especiales, cuyas características específicas exceden el análisis de este texto 
y se encuentran en la bibliografía especializada de Finanzas Públicas. Respecto de los impuestos, 
que normalmente son la principal fuente de financiamiento del gasto del sector público dentro 
de esta trilogía, debemos señalar que su cobro también es una facultad exclusiva que posee el 
sector público, no extensible al sector privado. Sus características básicas resultan la necesaria ley 
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en sentido formal que les debe crear y la posibilidad del Sector Público de compeler a los 
particulares a su pago. 
En general se reconoce a los impuestos una finalidad fiscal, dado que tienen como fin principal 
financiar el gasto público, aunque también pueden tener como finalidad accesoria la distribución 
más equitativa del ingreso, al gravar diferencialmente a algunos grupos de la sociedad respecto a 
otros. En algunos casos se asigna a los impuestos lo que se denomina finalidad extrafiscal, 
cuando persiguen una finalidad distinta que la de recaudar dinero para solventar el 
funcionamiento del sector público; dentro de esta categoría entran por ejemplo impuestos que 
graven a consumos que desean desalentarse (tabaco o bebidas alcohólicas) o que protegen 
determinados sectores económicos de la competencia externa a través de aranceles, que es una 
forma específica de imposición a las importaciones. 
Respecto de las clasificaciones de los impuestos, si bien pueden ser agrupados por diversas 
características que poseen, en base a los contenidos introductorios de este texto, se prestará 
atención a dos de ellas, que son por sus efectos sobre la distribución del ingreso en progresivos y 
regresivos, y en directos e indirectos de acuerdo a la posibilidad de traslado por parte de quién 
abona el impuesto de la incidencia del mismo a otros agentes económicos a través del sistema de 
precios. 
Los términos progresivo o regresivo se refieren a las proporciones en que los impuestos recaen 
sobre rentas diferentes. Un impuesto es progresivo cuando a medida que aumenta la renta 
detrae un porcentaje cada vez mayor de la misma bajo la forma de impuesto. Es regresivo si 
detrae un porcentaje de la renta cada vez menor a medida que la renta de una persona es más 
elevada. El impuesto es proporcional cuando detrae un porcentaje constante de la renta. 
Normalmente los impuestos al consumo tienen como característica ser de carácter regresivo, en 
tanto los impuestos directos sobre la renta tienen la posibilidad de ser de carácter progresivo. Un 
análisis más detallado de esta particularidad de los impuestos se efectúa en el Apéndice 1 de este 
Capítulo. 
Se señaló que, de acuerdo a la posibilidad de traslado de la incidencia de un impuesto a través 
del sistema de precios, éstos se clasifican en impuestos directos e indirectos. Un impuesto es 
indirecto cuando existe un sujeto que paga el impuesto pero carga el mismo al precio de venta de 
su producto de manera que su incidencia real se descarga sobre quien consume el bien o servicio 
gravada con este tipo de impuestos. Los casos más conocidos de este tipo de impuestos son el 
IVA (Impuesto al Valor Agregado), el impuesto sobre los Ingresos Brutos y diversos Impuestos 
Internos. A estos efectos da igual que el impuesto se discrimine o no respecto del precio en las 
diversas etapas de producción o comercio; lo que importa es que se traslade y sea pagado 
efectivamente con el consumo del bien. 
Los impuestos directos, en cambio, recaen sobre el contribuyente y no sobre los bienes, no 
siendo posible su traslado, al menos en teoría, ya que en la práctica hay quienes sostienen que 
este tipo de impuesto también es objeto de traslado. El ejemplo más característico de este tipo 
de impuesto es el Impuesto a las Ganancias, aunque también presentan esta forma diversos 
impuestos al patrimonio de los individuos, como el Impuesto sobre los Bienes Personales. 
En realidad el problema del traslado de los impuestos presenta una serie de aristas, ya que en 
algunos casos de impuestos indirectos teóricamente trasladables, razones de mercado 
(productos fácilmente sustituibles) hacen que terminen incidiendo más sobre los productores 
que sobre los consumidores. Por la misma razón, existen impuestos directos diseñados para que 
no sean trasladables, la estructura del mercado hace que sea posible que su incidencia termine 
sobre otros individuos en ese sistema económico. De cualquier manera un estudio en 
profundidad sobre esta problemática excede los contenidos introductorios previstos en este 
texto. 
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La emisión de dinero y el llamado “impuesto inflacionario” o “impuesto inflación” 
Queda por último efectuar una breve digresiónrespecto de la emisión de dinero como forma de 
solventar el gasto público que, ya se señaló, carece de incidencia directa sobre la corriente 
circular de la renta. Esto es así porque financiar gastos mediante la emisión monetaria o 
monetización de los déficits fiscales no implica detraer recursos de la corriente de renta que se 
dirige desde las empresas o aparato productivo hacia las economías domésticas. Es decir no 
existe el traslado de ingresos desde la esfera privada hacia la esfera pública que presupone el 
cobro de un impuesto. Pero el problema no se termina allí, ya que si esta emisión de dinero se 
convierte en una causal de crecimiento de los precios, nos encontraremos con que esta forma de 
financiamiento genera el denominado “impuesto inflación”. 
Este “impuesto inflación”, si bien no es impuesto legislado ni tiene determinado quién lo paga y 
quién lo cobra, aparece cuando el crecimiento de los precios provoca un descenso en la renta 
real de las personas que reciben ingresos de carácter fijo. Económicamente tiene el mismo efecto 
que la aplicación de un impuesto, dado que reduce el ingreso disponible para la compra de 
bienes o servicios de quienes sufren la erosión de sus ingresos. Tiene, por otra parte, 
características altamente regresivas, dado que su mayor incidencia recae sobre quienes reciben 
ingresos fijos o sólo periódicamente ajustables, y su cobro, al no estar normado (este impuesto 
es un hecho económico y no formal), puede ser hecho por quienes logran sacar ventajas en los 
ajustes de precios. Algunos autores sostienen que el Sector Público, dado que tiene el monopolio 
de la emisión monetaria, no está alcanzado por sus efectos y sí “cobra” el mismo, ya que el uso 
indiscriminado de esta facultad es la que le permite sacar una ventaja1. 
 
La venta de activos de propiedad del Sector Público 
Como cualquier particular, el sector público puede desprenderse de activos a cambio de un 
precio, en una transacción similar a las normadas por el derecho privado. Esta fuente de 
financiamiento, que tradicionalmente no resultaba significativa dentro del esquema de recursos 
del Estado, se transformó en muy importante en nuestro país en la última década del siglo 
pasado, y también en otros países que comenzaron un proceso de privatización y concesión de 
empresas y otros activos públicos. En efecto, durante esta década los fondos provenientes de 
privatizaciones y concesiones resultaron muy importantes dentro del total del Presupuesto 
público en muchos países de Latinoamérica. 
 
7.3.3. Dictar normas para la regulación del sistema económico privado 
Cualquier sector público moderno regula el funcionamiento de la economía privada mediante un 
conjunto de normas de distinto rango dentro de la pirámide jurídica. Algunas son de tipo muy 
genérico como las leyes que definen la propiedad privada, las condiciones que deben cumplir los 
contratos o las que regulan el funcionamiento de sociedades u otro tipo de asociaciones. Otras 
son de carácter más específico, abarcando universos determinados de actividades o individuos, 
que van desde las normas que regulan el uso del suelo urbano, establecen las normas de 
seguridad e higiene industrial u ordenan el ejercicio profesional de médicos, abogados, 
contadores y otras profesiones. 
En muchos casos estas normas regulatorias tuvieron su origen en lo que en economía se 
denomina fallas de mercado, en el sentido que la actividad económica, librada únicamente a sus 
móviles, generaba situaciones que producían un perjuicio a la totalidad o a determinados 
conjuntos de población o agentes económicos, como por ejemplo la contaminación originada por 
la producción de determinados bienes y servicios. En estos casos las normas regulatorias tuvieron 
 
1 Este tema es objeto de estudio en cursos especializados de Macroeconomía. Ver, por ejemplo, Sachs, J. y 
Larraín, F. “Macroeconomía en la Economía Global”. 2° Edición. Cap. 10. 
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como finalidad evitar que ese perjuicio se produjese o que su corrección estuviese a cargo de 
quien lo estuviese ocasionando. 
En muchos casos, en cumplimiento de esta función, el Estado generó determinadas agencias u 
organismos encargados del cumplimiento de las normas establecidas, del control de precios en 
diversas circunstancias o de regulación de monopolios, con el fin de proteger a los consumidores 
en temas relacionados con publicidad, sanidad, contaminación y otros. 
También se observó el hecho que en determinadas situaciones los resultados obtenidos con estas 
normas regulatorias no fueron los esperados, e incluso generaron diversos problemas al normal 
funcionamiento de la economía. Esto dio origen a la existencia de las llamadas fallas del Estado 
en el proceso de regulación y por ende a los denominados procesos de desregulación económica, 
mediante los cuales se pretende que, a través de la vigencia del funcionamiento del mercado, 
con menos restricciones o sin ellas, se mejore la asignación de recursos en la economía. Excede a 
los marcos de este texto emitir juicio respecto de las razones emitidas por quienes defienden los 
marcos regulatorios y aquellos que intentan acabar con los mismos. 
 
 
7.3.4. Estabilización macroeconómica 
En forma creciente, a lo largo de este siglo, se han encomendado al sector público tareas 
inherentes a la estabilización de la economía, entendiéndose por tales la ejecución de políticas 
tendientes a evitar las bruscas oscilaciones de las variables macroeconómicas más significativas, 
como por ejemplo el producto nacional, los precios, y el nivel de empleo. Para ello se ejecutan las 
denominadas políticas económicas estabilizadoras, tendientes a moderar las fluctuaciones en los 
denominados ciclos económicos, que son justamente las oscilaciones temporales de las variables 
mencionadas anteriormente. 
También suelen estar incluidas dentro de las mismas las políticas tendientes a mantener un 
elevado nivel de empleo, aunque no deben confundirse con las propiamente anticíclicas. En el 
punto 4 de este capítulo, cuando se aborden los contenidos de la política fiscal, se hará un 
análisis más detallado de esta problemática. 
Como instrumentos de las políticas estabilizadoras, el sector público puede controlar los 
impuestos, los gastos y las transferencias y la cantidad de dinero. Con respecto a impuestos y 
gastos, hemos visto que su volumen incide en la corriente de renta y de gasto del flujo circular de 
la renta, por lo que hacer efectiva la política fiscal no es otra cosa que tomar decisiones respecto 
de estas variables, es decir del volumen de gastos que realizará el sector público y del volumen 
de impuestos que cobrará el mismo. En cambio el control de la cantidad de dinero será un tema 
que abordaremos en el Capítulo 8 al analizar la llamada “política monetaria”. 
 
7.3.5. Redistribución de la renta 
A partir del análisis desarrollado en el Capítulo 6 respecto de la distribución del ingreso o renta, 
suele darse el caso que la distribución de la renta entre los perceptores de la misma que surge de 
la acción del mercado no es la que la sociedad en su conjunto está dispuesta a aceptar. Al margen 
que se considere o no que el mercado está fallando al momento de distribuir el ingreso, las 
soluciones que brinda simplemente no son aceptadas por el conjunto de la población. Frente a 
esta situación, la sociedad en su conjunto suele encomendarle al Estado la ejecución de políticas 
redistributivas tendientes a hacer más equitativo el acceso por parte de la población a los bienes 
y servicios que se producen. 
Como comentario general cabe señalar que, si en el punto referido al uso de la política fiscal 
como instrumento de estabilización, el Estado tomaba decisiones acerca de los montos globales 
de impuesto que cobra y de gastos que realiza, es decir cuánto cobra y cuánto gasta, cuando 
toma decisiones en torno a la distribución del ingreso está determinando a quién se le cobra más 
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impuestosy a quién se le cobra menos impuestos, y hacia quién se dirigen el gasto y las 
transferencias y en las proporciones que se efectúa. 
Las transferencias 
Una mención especial dentro de los mecanismos de redistribución del ingreso merecen las 
denominadas transferencias que realiza el sector público. Las transferencias son pagos por los 
cuales quienes los reciben no dan en contraprestación ningún bien o servicio. Son ejemplo típico 
de este tipo de gastos los vinculados a la seguridad social, los subsidios al desempleo, las 
asignaciones familiares u otro tipo de planes sociales dirigidos a determinados colectivos de la 
población. Normalmente no se las agrupa junto con el gasto porque no representan una 
demanda de bienes y servicios. Pero no por ello dejan de tener influencia sobre los consumos 
que realizan las economías domésticas, ya que quienes reciben esos pagos están en condiciones 
de realizar consumos que de otra manera no harían, y quienes realizan pagos para financiar estos 
gastos de transferencia pierden capacidad de realizar consumos o darle otros destinos a esos 
ingresos por el monto en que deben tributar a esos sistemas. 
Examinando la trayectoria de ambos tipos de gastos, es decir los gastos en bienes y servicios y las 
transferencias, se observa que si se considera solamente como gasto a los pagos en contrapartida 
por bienes y servicios que compra el sector público, éstos, en la mayoría de los países se han 
mantenido relativamente estables. En cambio, cuando se analiza la totalidad del gasto público, se 
observa que el mismo ha experimentado un sostenido crecimiento, basado principalmente en la 
evolución que han tenido los pagos por transferencia que realiza el Estado. Estos han aumentado 
por los pagos realizados a un número creciente de personas desempleadas, a industrias en 
transformación o en general programas de inversión pública destinados a la reconversión 
industrial. 
Pasando ya a las medidas concretas que puede tomar el sector público en materia de 
redistribución del Ingreso o del Producto, y partiendo de las formas de medición de la 
distribución del ingreso presentadas en el capítulo anterior, podemos señalar que, de acuerdo a 
su origen, las mismas se pueden dividir en tres grupos: 
a) las que afectan a la participación de los distintos factores de producción en la distribución del 
ingreso, es decir la distribución funcional del ingreso; 
b) las que afectan a cómo se distribuye el ingreso entre las distintas capas de población 
clasificadas de acuerdo a su ingreso, o sea la distribución personal del ingreso; y 
c) una tercera forma que, sin afectar el ingreso que perciben los distintos factores o capas de la 
población, cambia la posibilidad de acceso a bienes y servicios de cada uno de los integrantes 
de ese sistema económico. 
Cabe remarcar que esta división se realiza de acuerdo al origen de la medida, porque, una vez 
que es puesta en práctica una medida que afecte a la distribución del ingreso, cualquiera sea su 
grupo de origen, termina necesariamente afectando a la distribución funcional y a la distribución 
personal del ingreso, como así también a la distribución del producto real. 
La redistribución funcional del ingreso 
Con respecto a las políticas redistributivas que afectan en principio a la distribución funcional del 
ingreso, en general pasan por alterar las remuneraciones relativas de los distintos factores con el 
objeto de hacer más o menos atractivas las distintas opciones para su utilización, excepto en los 
casos en que se quiera impulsar desde el sector público la utilización de un determinado factor, a 
los efectos de generar una mayor absorción del mismo. 
Dentro de las primeras tendríamos a medidas como el control de alquileres, a los efectos de limitar 
rentas de carácter especulativo sobre inmuebles escasos, o la regulación de la tasa de interés, 
 158 
 
teniendo como objetivo limitar la remuneración al capital en su forma líquida haciéndolo menos 
atractivo que otras formas de inversión. 
En el segundo grupo se inscribirían las políticas de empleo que pueda ejecutar o inducir el Estado, 
por ejemplo en tecnología que utilicen intensivamente la mano de obra en la ejecución de obras 
públicas, a los efectos de disminuir el desempleo de mano de obra no calificada. 
La aplicación de salarios mínimos también entraría dentro de las políticas redistributivas de la 
distribución funcional del ingreso, ya que tendería a proteger el ingreso de la mano de obra no 
calificada y elevar de esa manera su participación en la distribución del ingreso. 
La redistribución personal del ingreso 
Las políticas redistributivas destinadas originalmente a afectar la distribución personal o familiar del 
ingreso, dada una distribución funcional, es decir asumiendo la distribución asignada a cada factor 
por la operación del sistema económico, en general se realizan a través de la política impositiva y 
de la política de transferencias que ejecute el sector público. Decimos que estas políticas en general 
asumen una determinada distribución funcional, pero también, una vez puestas en práctica 
terminan afectando también a la absorción de recursos que se realiza en la economía y, por ende, a 
la distribución funcional del ingreso. Como ejemplo puede citarse: 
a) Cambios de carácter general en los regímenes tributarios, pasando de tributación indirecta de 
carácter regresivo a cargas directas sobre los ingresos o la propiedad (si se desea hacer más 
progresiva la distribución del ingreso, a la inversa si se tiende a hacerla más regresiva). 
b) Imposición diferencial, por ejemplo gravar con impuestos internos o alícuotas más elevadas en 
los impuestos al consumo a bienes de lujo y no gravar o gravar con alícuotas más bajas 
consumo de carácter masivo o popular. 
c) Transferencias y subsidios a los sectores más desfavorecidos en la distribución, por ejemplo la 
política en materia de jubilaciones, subsidio por desempleo, asignaciones familiares u otros 
tipos de aportes que mejoren la situación de quienes perciben menores ingresos. 
La redistribución del producto real 
Queda por último analizar la incidencia de la conformación distributiva sobre la cantidad de bienes 
y servicios a que accede cada uno de los integrantes de un sistema económico, siendo este el 
anverso “real” del flujo nominal que implica el Ingreso y su distribución. Los determinantes básicos 
de la distribución del producto real entre la población son, obviamente, la distribución funcional y 
la distribución personal del ingreso, ya que ellos determinan cuánto ingreso posee cada uno y, a 
partir de allí, a qué cantidad de bienes y servicios puede acceder. Por lo tanto, cualquier 
modificación en la distribución del ingreso a partir de las políticas mencionadas en los puntos 
anteriores termina incidiendo de la misma forma en la distribución del ingreso real. 
Sin embargo, el análisis de la distribución del producto real muestra una veta un tanto distinta del 
análisis de las políticas redistributivas analizadas hasta el momento, ya que si bien no caben dudas 
que los cambios inducidos por el sector público en la distribución del ingreso impactan de la misma 
manera en la distribución de los bienes y servicios en el seno de la sociedad, puede darse el caso de 
la existencia de políticas redistributivas de esos bienes y servicios que no necesariamente afecten el 
ingreso de las personas. Entiéndase bien que estamos hablando de su ingreso nominal, ya que estas 
personas, al poder acceder a una mayor cantidad de bienes y servicios, están participando en una 
porción mayor de los bienes y servicios producidos en esa sociedad, por lo tanto están mejorando 
su ingreso en términos reales. En otras palabras, mejoran la capacidad adquisitiva de las familias 
pero no modifican el ingreso en dinero que perciben. En este marco, existe una amplia gama de 
medidas que puede encarar el sector público a través de la política del gasto público que estarían 
apuntando en esa dirección.159 
Como ejemplo de medidas que afecten a la posibilidad de acceso a bienes y servicios por parte de 
la población, dadas las distribuciones funcional y personal del ingreso tenemos: 
- Política de subsidios a sectores privados tendientes a abaratar el precio de bienes o servicios. 
En esta época los más comunes son los subsidios a los transportes masivos, como ferrocarriles, 
subterráneos o colectivos. Hasta no hace mucho tiempo también existía un subsidio a la 
producción de pan a través de la operatoria de la Junta Nacional de Granos, que vendía el trigo 
a menor precio que el de mercado a los molinos harineros con el propósito de mantener bajo el 
precio del pan y otros derivados de la harina. 
- Precios de venta inferiores a sus costos en empresas de la esfera pública, tendientes a subsidiar 
determinados consumos, básicamente en tarifas de servicios públicos o en transportes públicos 
masivos. 
- Manejo de la política del gasto público tendiente a la ampliación de la oferta de bienes y 
servicios a sectores de bajos ingresos, como por ejemplo la construcción de hospitales y 
escuelas públicas. En estos casos se posibilita el acceso a determinados bienes y servicios a 
sectores que, de acuerdo a la distribución del ingreso prevaleciente, no tendrían acceso a los 
mismos. 
7.4. LA POLÍTICA FISCAL 
Como ya se señaló cuando se tocó brevemente la posibilidad que tiene el Estado de implementar 
políticas de estabilización, éstas consisten básicamente en un conjunto de medidas tendientes a 
controlar la economía para evitar que esta tenga bruscas oscilaciones cíclicas, a las que se suelen 
agregar políticas tendientes a mantener elevado el nivel de empleo (o bajo el nivel de 
desempleo, que es lo mismo). En este marco definiremos a la política fiscal como las decisiones 
que toma el gobierno en materia de niveles de gastos, transferencias e impuestos. Es decir, en 
materia de los componentes del presupuesto público, que resulta la ley en sentido formal que 
expresa los planes del sector público para los niveles y composición de estos conceptos. 
Para dar un marco adecuado a estos temas, en este punto se definirán y analizarán las nociones 
de producto real y producto potencial; políticas fiscales expansivas y contractivas; el 
financiamiento de las políticas fiscales y el déficit público y las posiciones de las distintas escuelas 
de pensamiento económico frente a la idea del déficit gubernamental. 
Producto potencial y producto real 
La idea de producto potencial de una economía se asocia con el producto que generaría el 
empleo de la totalidad de los recursos de una economía, o, desde otro punto de vista, el 
producto necesario para que todos los recursos estén empleados. De cualquier manera cabe 
recalcar que se trata de una noción de carácter abstracto porque no es lo que la economía 
efectivamente está produciendo sino lo que estaría en condiciones de producir. 
Producto real, en cambio, es la producción efectivamente alcanzada por la estructura económica 
de un país. Obviamente, mientras más cerca se encuentre el producto real del producto 
potencial, mayor será el nivel de empleo (o menor el nivel de desempleo); mientras más alejado 
se encuentre el producto real del potencial, la situación será a la inversa, es decir existirá mayor 
desempleo. Esporádicamente, y en épocas en que los factores de la producción se hallan 
empleados al máximo, puede resultar que el producto real supere al potencial. 
Este acercamiento entre producto real y producto potencial tiene que ver con la fase del ciclo 
económico que se esté atravesando, entendiéndose este concepto de ciclo como el perfil más o 
 160 
 
menos regular de expansión y contracción de la actividad económica en torno a una senda de 
crecimiento tendencial2. 
Cuando la economía atraviesa la fase expansiva del ciclo, el producto real se aproxima al 
producto potencial y el desempleo disminuye; cuando transita por la fase recesiva, el producto 
real se aleja del producto potencial y el desempleo aumenta. Por esta razón las políticas fiscales 
que apunten a la estabilización económica serán distintas según cual sea la fase del ciclo por la 
que se está atravesando. 
Políticas fiscales expansivas o contractivas 
En las fases recesivas, cuando la corriente del gasto en el flujo circular no alcance a adquirir el 
total de la producción realizada, lo correcto es aplicar políticas fiscales de carácter expansivo, es 
decir que tiendan a engrosar la corriente del gasto. En este sentido las medidas a tomar son las 
que expandan ese flujo y serán aumentos en el gasto o en las transferencias y disminuciones en 
los impuestos, que no es otra cosa que expandir las entradas al flujo circular y reducir las salidas 
al mismo. 
A la inversa ocurre en las fases expansivas. En estos casos es correcto aplicar políticas fiscales de 
carácter contractivo, que serían las inversas de las señaladas en el punto anterior, ya que si se 
continúa aumentando las entradas al flujo circular y reduciendo las salidas al mismo, se 
terminará generando algún tipo de presión de carácter inflacionario, ya que la producción no 
alcanzará a cubrir la totalidad de la corriente del gasto. 
El éxito de una política anticíclica estará dado por la inexistencia de bruscas oscilaciones de 
carácter macroeconómico. Modernamente se utilizaron en forma habitual políticas de carácter 
expansivo para alcanzar el pleno empleo de los recursos, independientemente de la fase del ciclo 
por la cual se transitaba. En este caso conviene tener en claro que se transciende de la mera 
política anticíclica para pasar a ejecutar políticas de pleno empleo de los recursos. La medida del 
éxito de estas políticas no estará dada por la inexistencia de fluctuaciones cíclicas sino porque se 
mantiene una tasa baja de desempleo, es decir, un producto real cercano al producto potencial. 
 
7.5. EL DÉFICIT PÚBLICO Y SU FINANCIAMIENTO 
Las políticas fiscales y el déficit fiscal 
En muchos casos, sobre todo cuando se llevan adelante políticas expansivas tendientes a obtener 
elevadas tasas de empleo, el Estado incurre en pagos por gastos y transferencias que están por 
encima de sus recursos, lo que lo lleva a incurrir en los denominados déficits públicos. Si bien ya 
se abordó con anterioridad la forma en que el sector público obtiene sus recursos, cabe señalar 
que este déficit puede ser solucionado a través de tres formas distintas: a) endeudándose; b) 
emitiendo dinero como forma especial de endeudamiento y c) vendiendo activos de propiedad 
del sector público. 
Descartamos de las fuentes de recursos ya analizadas del sector público al cobro de tributos, ya 
que mayores tributos eliminan el déficit, y no simplemente lo financian como resulta nuestro 
objetivo de estudio en este punto. 
La emisión monetaria, endeudamiento especial al que se recurrió de manera habitual y muchas 
veces descontrolada en las economías periféricas o menos desarrolladas, plantea una serie de 
problemas que no la hacen aconsejable como práctica permanente de financiamiento, ya que 
 
2 Este tema también es objeto de estudio en cursos más avanzados de Macroeconomía. Una definición 
precisa del concepto de ciclo económico se debe al economista institucionalista Wesley Claire Mitchell, en 
su trabajo “Medición de los Ciclos Económicos”, publicado por el National Bureau of Economic Research en 
1946. 
 161 
ocasionó (por lo menos en el caso argentino) numerosos desajustes que concluyeron en períodos 
fuertemente inflacionarios. 
Queda entonces como mecanismo más habitual de financiamiento del déficit público la emisión 
de deuda pública o endeudamiento. La deuda pública está formada por el conjunto de 
instrumentos representativos de la acreencia, que el Estado entrega al público a cambio de los 
recursos monetarios que éste le entrega. Esta deuda crece siempre como consecuencia de los 
déficits fiscales financiados con captación de ahorro de las economíasdomésticas o en el 
exterior3. 
El “efecto expulsión” 
Un efecto que suele provocar la aparición de déficits fiscales y su correlato de aumento de la 
deuda pública, es un incremento en la tasa de interés de mercado de la economía. Si bien todavía 
no hemos abordado aspectos relativos a la formación de la tasa de interés de mercado, debemos 
señalar que, según se vio en el esquema de flujo circular de la renta, el ahorro de las economías 
domésticas tendría como finalidad básica financiar la inversión de las empresas o aparato 
productivo. Si aparece un segundo demandante a este flujo de ahorro, tal como lo es la captación 
del mismo que trata de efectuar el sector público a través de la emisión de deuda, este aumento 
en la demanda tendrá como consecuencia elevar el “precio” del mercado del dinero, que no es 
otra cosa que la tasa de interés. 
Este aumento en la tasa de interés tiene efectos sobre el gasto privado en inversión, ya que 
desalentará determinados emprendimientos para los que se prevea un bajo retorno de la 
inversión. En economía esto se conoce como “efecto expulsión”, que no es otra cosa que 
desplazar gasto privado en inversión por gasto público, a través del efecto que el déficit fiscal 
genera sobre la tasa de interés. Otra de las denominaciones comunes de este efecto, es la de 
“efecto desplazamiento” utilizado como sinónimo de la expulsión del gasto privado por el gasto 
del sector público. 
La posición de clásicos y keynesianos ante el déficit fiscal 
Las políticas fiscales activas por parte del sector público son relativamente novedosas en los 
aspectos teóricos, porque, tal como se vio en la introducción a este capítulo, los economistas 
clásicos preconizaron una abstención del Estado en materia de políticas económicas, ya que, 
según ellos, el sistema económico dispone de una serie de mecanismos automáticos que 
eliminan los desajustes, siendo la intervención del Estado un elemento que perturba ese normal 
funcionamiento. 
Los principios en los cuales los clásicos basaban sus posiciones en torno a la política del sector 
público se pueden sintetizar, de manera muy ajustada, en la noción de que el equilibrio 
presupuestario resultaba la norma a respetar año tras año, en base a un gasto público limitado y 
a tributos de carácter neutral, es decir que afectaran en la mínima medida a las decisiones que 
tomaban los verdaderos actores del sistema de mercado, los productores y las economías 
domésticas. 
Obviamente, si se respetaban estos principios, no habría déficit regular, por lo que tampoco 
tuvieron nada que decir acerca de la forma en que se financiaba. Sí aceptaban la posibilidad que 
los déficits existieran en casos verdaderamente especiales, como guerras y catástrofes, 
considerando que la mejor forma de financiarlo en esos casos, resultaba el endeudamiento. 
La perspectiva keynesiana del problema era, según se vio, distinta de la de estos economistas, ya 
que, en su opinión, la existencia de recesiones económicas era consecuencia de limitaciones en la 
 
3 La posición de muchos autores es que el endeudamiento sólo posterga los problemas en la economía, y 
que al final, si no se realizan los ajustes entre ingresos y egresos en el Sector Público, se deberá lo mismo 
emitir dinero para pagar la deuda y sus intereses, con consecuencias inflacionarias. 
 162 
 
demanda de bienes, y al sector público le correspondía incrementar el nivel de esa demanda a 
través de la ejecución de las políticas fiscales cuando la economía atravesaba esas fases recesivas 
para evitar sus efectos nocivos. 
En esa perspectiva, Keynes, aún limitando la actuación del sector público, señaló la necesidad de 
equilibrio fiscal pero no anual, sino teniendo en cuenta la duración del ciclo económico. Esto 
quería decir que admitía la existencia de déficits presupuestarios en las fases recesivas, que 
deberían ser compensados con superávits presupuestarios en las fases expansivas o de alto nivel 
de empleo en la economía. 
En materia de impuestos defendió el impuesto a la renta de las personas con alícuotas 
progresivas a medida que los ingresos fuesen más elevados. De esa manera captaba recursos de 
los sectores sociales con alto nivel de ingreso y que tenían una elevada propensión al ahorro. 
Dado que él sostenía que el ahorro era una detracción a la corriente del gasto, correspondía al 
Estado captar parte de ese ahorro bajo la forma de impuestos e incorporarlo a la corriente de 
gastos como gasto público. De esta manera también actuaba como un elemento que expande el 
gasto, y por lo tanto la demanda agregada de la economía. 
Los economistas poskeynesianos avanzaron aún más en lo que hace a las aplicaciones de la 
política fiscal, considerando que ingresos, gastos y deuda pública eran instrumentos destinados a 
conseguir el mantenimiento de un nivel alto y estable de empleo con precios también estables. 
Es decir que al objetivo keynesiano de evitar fluctuaciones cíclicas, sumaron el de conseguir y 
mantener el nivel de demanda adecuado para un elevado nivel de empleo. 
 
7.6. GUÍA DE ESTUDIO 
7.6.1. Conceptos básicos 
 Sector Público y esquema circulatorio. 
 Funciones del Sector Público. 
 Bienes Públicos. 
 Gastos Públicos. Transferencias. 
 Impuestos. Clasificaciones. 
 Impuesto Inflacionario o Impuesto Inflación. 
 Redistribución funcional y redistribución personal del Ingreso. 
 Redistribución del Producto Real. 
 Política Fiscal. 
 Producto Potencial y Producto Real. 
 Ciclo económico. 
 Políticas Fiscales expansivas y Políticas Fiscales contractivas. 
7.6.2. Preguntas de repaso 
1. ¿Cómo está constituido el sector público? ¿Cómo se financia cada uno de sus niveles? 
2. Señale si los siguientes servicios son bienes públicos o no. Explique por qué: 
- La recolección domiciliaria de residuos. 
- El sistema de evacuación de excesos de agua de lluvia en la ciudad. 
- El servicio público de transporte de pasajeros en la ciudad. 
3. ¿Qué diferencias existen entre gastos y transferencias del sector público? 
4. ¿Cuáles son las formas alternativas de financiamiento del sector público y qué implicancias tiene 
cada una de ellas sobre la corriente circular de la renta? 
 163 
5. ¿Qué tipo de medidas puede tomar el sector público para realizar la redistribución del producto 
real? ¿De qué manera puede realizarlo? 
6. Señale la posición de economistas clásicos, keynesianos y poskeynesianos respecto del déficit 
fiscal. 
7. Explique los conceptos de progresividad y regresividad en los impuestos y cómo afectan al 
coeficiente de Gini: a) la aplicación de un impuesto de características progresivas o de 
características regresivas; y b) un subsidio a la prestación del servicio público de transporte 
de pasajeros. 
7.6.3. Señale si es verdadero o falso; fundamente su respuesta 
1. Las políticas fiscales expansivas normalmente se utilizan cuando el desempleo es elevado (si se 
desea estabilizar la economía), y normalmente abarca aumentos en el gasto público, en los 
impuestos y en las transferencias. 
2. Toda política fiscal expansiva tiene como objetivo elevar el Producto real y el Producto Potencial. 
3. Los cambios en la política impositiva que impliquen gravar con alícuotas mayores a los 
ingresos más elevados, a la par de redistribuir el ingreso, implican una redistribución del 
producto real, ya que la distribución de este último está determinado por la distribución 
personal del ingreso. 
4. La construcción de escuelas y hospitales destinados a la población de menores ingresos, lo 
mismo que los subsidios a la producción de bienes de consumo masivo, terminan 
redistribuyendo el producto real, ya que son medidas redistributivas de la distribución personal 
del ingreso en términos nominales. 
5. Las políticas de limitación del gasto público y equilibrio presupuestario es términos anuales 
sostenidas por Keynes implicaban ignorar la posibilidad de ejecutar políticas fiscales anticíclicas. 
7.6.4. Elecciónde respuestas alternativas 
1. Un impuesto como el Impuesto al Valor Agregado, según desde el punto de vista del que se lo 
analice, se lo puede clasificar como: 
a) Progresivo, directo y con finalidad fiscal (recaudatoria). 
b) Regresivo, directo y con finalidad extrafiscal. 
c) Regresivo, indirecto y con finalidad fiscal (recaudatoria). 
d) Ninguna de las anteriores alternativas es válida. 
2. Un impuesto será considerado progresivo cuando: 
a) Los que ganan $ 1.000 tributan $ 150 y los que ganan $ 5.000 tributan $ 600. 
b) Los que ganan $ 1.000 tributan $ 200 y los que ganan $ 5.000 tributan $ 100. 
c) Los que ganan $ 5.000 tributan $ 500 y los que ganan $ 1.000 tributan $ 100. 
d) Los que ganan $ 5.000 tributan $ 600 y los que ganan $ 1.000 tributan $ 100. 
e) Son ciertas las alternativas c) y d). 
f) Ninguna de las anteriores alternativas es válida. 
7.6.5. Ejercicios resueltos; criterios para la resolución de los problemas planteados 
1. En el caso que la economía entre en recesión, una medida correcta de política anticíclica es 
elevar niveles de gastos y de impuestos. 
Respuesta: Falso. Es correcto como medida de política anticíclica elevar los niveles de gasto, pero 
es contrario a ella elevar los impuestos. Esto podría ser cierto si la magnitud de aumento del gasto 
fuese mayor que la de aumento de los impuestos, pero en el enunciado no dice nada de ello. 
 164 
 
2. Si un impuesto es calificado como progresivo, esto indica que los sectores de menores 
ingresos pagarán menores volúmenes absolutos de impuestos y los sectores de mayores 
ingresos pagarán tanto mayores volúmenes absolutos como relativos de impuesto. 
 
Respuesta: Verdadero. Si bien el discriminante para determinar si un impuesto es progresivo o no 
es el impacto relativo sobre el ingreso de cada uno de los grupos perceptores del mismo (en el 
caso de los impuestos progresivos se observa una incidencia relativa mayor sobre los perceptores 
de rentas más elevadas), no cabe duda que los perceptores de ingresos más bajos, por esa razón y 
por estar relativamente menos incididos por el impuesto, terminarán tributando un volumen 
absoluto menor de impuesto. 
 
3. Un aumento de las alícuotas del impuesto a las ganancias sobre los sectores de ingresos más 
elevados tendrá efectos expansivos sobre el flujo circular de la renta, ya que se trata de un 
impuesto progresivo. 
Respuesta: Falso. Si bien se trata de un impuesto progresivo, nunca el aumento de un impuesto, 
como medida única, podrá dar lugar a una expansión del flujo circular de la renta. 
4. Un cambio en el sistema impositivo que implique gravar con alícuotas mayores a las rentas 
más elevadas en reemplazo de impuestos indirectos sobre el consumo, y que arroje una 
menor recaudación impositiva, implicará disminuciones en el flujo circular de la renta y una 
mejor distribución del producto real en esa economía. 
Respuesta: Falso. Lo planteado efectivamente mejora la distribución del producto real en la 
economía, ya que las medidas impositivas propuestas mejoran la distribución personal del ingreso 
(y esto mejora la distribución del producto real), pero si la recaudación impositiva total es menor 
en la nueva situación, el impacto sobre el ingreso de las economías domésticas será positivo, lo 
que llevará a ampliar el flujo circular de la renta. 
7.6.6. Actividades sugeridas para su realización en grupo 
1) Ubique la o las oficinas relacionadas con el presupuesto existente en su ciudad. Sean estas 
del nivel federal, provincial o municipal, obtenga el último presupuesto disponible y observe 
(seguramente requerirán la ayuda del profesor): 
a) ¿Cuál es el nivel total de ingresos previstos y sus distintas fuentes? 
b) ¿Cuál es el nivel total de gastos y sus distintas clasificaciones? ¿Hay otras diferentes a las 
enunciadas en el texto? 
c) ¿Cuál es el nivel total de transferencias y sus destinos? 
d) ¿Es deficitario o superavitario? Si es deficitario, ¿cuál es el mecanismo de 
financiamiento? 
e) Realice un esquema en que sólo se observen los montos totales de ingresos, gastos, 
transferencias y financiamiento. Como componente de la comunidad afectada, ¿le parece 
correcta esa distribución? 
2) El presupuesto analizado, ¿se cumple regularmente o no? Averigüe qué sucede en caso que 
necesite modificaciones. ¿A través de qué documento se informa del presupuesto 
efectivamente ejecutado al finalizar el período por el que se presupuestó? 
3) Realice una entrevista con uno o varios legisladores o concejales responsables del dictado de 
la norma presupuestaria analizada. ¿Qué criterios siguieron para asignar los gastos y 
presupuestar los ingresos?, ¿es compleja la tarea a realizar para formular un presupuesto?, 
etc. 
 
 
 165 
APÉNDICE 1 
La progresividad y la regresividad en los impuestos 
¿De qué depende que un impuesto sea progresivo o regresivo? Según se señaló, del porcentaje 
de la renta que detrae a los distintos perceptores de ingresos. Si el porcentaje que detrae a los 
que perciben rentas más elevadas es superior, estaremos en presencia de un impuesto 
progresivo. Si es a la inversa, será regresivo. ¿Qué tipo de impuestos revisten estas 
características? A través de dos ejemplos veremos por qué razón, en general, los impuestos 
indirectos sobre el consumo revisten características regresivas. 
Supongamos la existencia de dos agentes perceptores de renta, uno de los cuales recibe 1.000 
unidades monetarias por período de tiempo y el otro percibe 10.000 unidades monetarias en el 
mismo período de tiempo, un ingreso bastante más elevado que el primero. Supongamos 
además que el individuo que percibe menores ingresos, por esa misma razón, consume todo su 
ingreso, mientras que el de renta más elevada consume la mitad de la misma y la otra mitad la 
ahorra. El impuesto que grava a ambos, simplemente a título ejemplificativo y con el afán de 
simplificar, será el IVA, con alícuota del 21%. Veamos como es la situación de ambos perceptores 
ante el impuesto: 
Perceptor Ingreso (Y) Consumo IVA Incl. (%) Tributo (T) (T)/(Y)*100 
 1 1.000 1.000 21% 173,6 17,36% 
 2 10.000 5.000 21% 867,8 8,68% 
El perceptor 2, de renta más elevada, tributa más impuesto, ya que consume un volumen mayor 
de bienes que 1, sin embargo el mayor tributo en volúmenes absolutos por parte de quienes 
tienen renta más elevada no alcanza para definir un impuesto como progresivo, ya que se 
observa que la incidencia del mismo sobre la totalidad de su ingreso es menor de la que se 
produce sobre el perceptor 1, de menores ingresos. 
¿Qué pasa cuando ambos son tratados por un impuesto sobre la renta con escalas progresivas? 
Supongamos que la escala que impone a ambos es la siguiente: 
 Ingreso Tributo 
 Base Fija + Excedente 
 0 – 4.999 0 + 10% sobre el excedente de 0 
5.000 – 7.999 500 + 15% sobre el excedente de 5.000 
8.000 – 11.999 950 + 20% sobre el excedente de 8.000 
Perceptor Ingreso (Y) Tributo (T) (T)/(Y)*100 
 1 1.000 0 + 100 = 100 10,0% 
 2 10.000 950 + 400 = 1.350 13,5% 
En este caso vemos que los perceptores de rentas más elevadas no sólo pagan un volumen 
absoluto de impuesto más elevado, sino que tributan un porcentaje mayor de su ingreso, lo que 
convierte al mismo en un impuesto progresivo. 
 166 
 
CUADROS ESTADÍSTICOS 
Cuadro 7.1.: Sector Público Nacional; Aspectos Relevantes 
 
SECTOR PÚBLICO NACIONAL – BASE CAJA (ANUAL) 
 
- En millones de pesos - 
Año 
EROGACIONES 
Total 
Gastos de 
Operación 
Int. Deuda 
Externa 
Prest. Seg. SocialTransfer. 
Corrientes 
1993 40.197,3 8.191,8 2.551,9 13.136,1 15.847,2 
1994 45.569,6 8.258,6 2.915,6 16.000,8 17.989,7 
1995 47.428,8 8.706,5 3.890,5 15.627,8 18.685,5 
1996 48.457,0 8.899,2 4.460,3 15.443,9 19.452,3 
1997 55.098,8 9,466,1 5.540,5 17.199,3 22.632,9 
1998 56.814,2 9.130,2 6.445,3 17.480,6 23.539,5 
1999 59.010,1 9.407,7 8.000,0 17.436,4 23.930,4 
2000 59.501,5 8.625,5 9.503,9 17.431,3 23.772,4 
2001 56.530,0 8.243,9 10.101,8 16.616,9 21.467,0 
2002 57.450,4 8.964,8 5.828,1 16.535,4 25.128,7 
2003 72.218,7 11.571,3 4.999,9 19.464.3 34.009,9 
2004 87.656,0 12.972,9 3.830,2 22.877,1 45.811.0 
2005 107.004,0 16.025,6 7.119,7 24.905,1 55.596,4 
2006 130.438,4 19.185,1 7.797,4 32.190,4 66.961,9 
2007 134.874,8 25.074,9 10.609,4 50.460,8 41.387,2 
2008 180.903,2 32.760,9 11.213,8 64.551,8 61.691,5 
2009 231.349,8 45.246,5 13.330,5 83.240,0 74.117,5 
2010 301.780,8 63.435,2 11.792,6 107.068,0 101.993,9 
2011 411.993,3 81.888,2 20.286,5 147.085,4 133.943,4 
2012 544.181,3 104.206,9 29.948,3 204.617,1 155.981,3 
 
 167 
 
 
Año 
INGRESOS RESULTADO 
Total Tributarios Cont. Seg. Social 
Result. Sin 
privatizac. 
Super Prim. S/ 
Privat. 
1993 44.756,1 29.007,2 12.245,6 2.207,2 5.121,2 
1994 47.458,1 31.614,1 12.912,9 - 817,2 2.333,1 
1995 48.017,2 31.034,7 13.704,8 - 2.544,5 1.539,0 
1996 46.004,9 33.176,0 10.281,0 -5.889,3 - 1.281,4 
1997 53.838,1 38.352,3 12.201,7 - 4.341,4 1.446.9 
1998 55.999,1 40.362,8 11.990,0 -4.169,8 2.490,5 
1999 54.639,7 38.625,6 10.891,8 - 7.347,5 876,1 
2000 55.211,7 40.671,8 10.684,3 - 6.936,3 2.719,7 
2001 50.266,1 37.164,6 9.639,6 - 8.779,5 1.395,1 
2002 54.986,1 40.034,4 9.710,4 - 4.553,8 2.255,7 
2003 77.122,6 60.737,5 11.689,0 1.794,1 8.676,9 
2004 104.968,1 83.583,6 14.639,6 11.629,7 17.332,7 
2005 126.223,8 102.041,3 18.587,0 9.379,5 19.622,6 
2006 158.216,2 124.225,6 25.606,4 11.616,1 23.157,9 
2007 163.801,0 109.366,3 44.721,0 9.247,6 25.670,1 
2008 218.461,2 148.559,7 54.693,7 14.654,8 32.528,7 
2009 260.044,9 150.228,1 77.064,0 - 7.138,8 17.277,9 
2010 350.295,6 206.249,1 100.961,5 3.035,0 25.082,2 
2011 434.786,7 264.005,0 133.680,1 - 30.663,8 4.919,7 
2012 550.189,8 329.553,0 174.388,2 - 55.564,7 - 4.374,9 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.