Material Sesion 14 Fujimorato economia y corrupcion

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Problemas y desafíos en el Perú actual
						Sesión 14
	Tema
	El Fujimorato 1990 – 2000: Régimen económico y corrupción
	Logro de la sesión
	Al finalizar la sesión, el estudiante analiza las principales características de la política económica del gobierno de Fujimori y de la corrupción que se produjo en el mismo. 
Actividad 1. A partir de lo trabajado en clase y la lectura del texto de Campodónico contesten a las siguientes preguntas: 
· ¿En qué consistió el shock de precios de agosto de 1990? 
· ¿En qué consistió la reforma neoliberal del gobierno de Fujimori? 
“En agosto de 1990, Alberto Fujimori ganó las elecciones con un programa que negaba la aplicación de un shock de precios. Sin embargo, al poco tiempo de ganar las elecciones, cambió de política y aplicó un programa típico de reducción de la demanda interna –que se conoció como ´fujishock´– para enfrentar la hiperinflación. El diagnóstico básico del programa de estabilización era que los precios dependían de la oferta monetaria: la inflación estaba determinada directamente por el enorme crecimiento de la cantidad de dinero. Esta concepción tomó cuerpo en un shock aplicado para revertir los principales desequilibrios macroeconómicos: déficit fiscal, baja presión tributaria, déficit de la balanza de pagos, hiperinflación y desorden de los precios relativos. Dancourt y Mendoza nos dicen que vinculados con el mencionado desequilibrio existían atrasos en los precios básicos de la economía: tipo de cambio y tarifas de los servicios públicos (agua, electricidad, gasolina). Este shock tuvo un impacto duro y devastador, generando condiciones de elevada anomia social. Los programas sociales asistencialistas recién fueron creados dos años después, cuando la situación había comenzado a mejorar.
En marzo de 1991, una vez estabilizada relativamente la economía, Fujimori puso en marcha el denominado Programa de Ajuste Estructural (PAE), aplicación del Consenso de Washington. (…) Los PAE afirman que los problemas de América Latina tienen un origen endógeno, vale decir que su causa radica en las políticas intervencionistas del Estado en la economía bajo el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Por tanto, plantean una política integral que otorgue prioridad al mercado en la asignación de los factores de producción. Así, los llamados diez mandamientos del Consenso de Washington fueron:
1. Disciplina fiscal
2. Reorientación del gasto público
3. Reforma tributaria: se priorizan los impuestos indirectos (impuesto general a las ventas [IGV])
4. Liberalización financiera: apertura de la cuenta de capitales de la balanza de pagos
5. Tipos de cambio reales unificados y competitivos
6. Liberalización comercial: baja de aranceles
7. Apertura a la inversión extranjera directa (IEI)
8. Privatización de las empresas estatales
9. Desregulación
10. Mercados laborales flexibles
En consonancia con estos principios, los gobiernos latinoamericanos privatizaron las empresas estatales, desregularon los mercados y abrieron las cuentas de capitales. Asimismo, se liberalizaron el tipo de cambio, las tasas de interés y los mercados laborales, y se terminó con la reforma agraria.
Se crearon nuevas instituciones basadas en la libre competencia (Indecopi), se crearon las llamadas «islas de eficiencia» -Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú (CONASEV), SUNAT, PROMPERÚ, PROMPEX, entre otras-, así como organismos reguladores para las políticas de precios de los servicios públicos, casi todos basados en el enfoque de los costos marginales (electricidad y gas, Osinergmin; telefonía, Osiptel; agua potable, Sunass). 
La privatización
El escenario hiperinflacionario y recesivo que prevaleció en el Perú y en el resto de la región a fines de los ochenta, legitimó un planteamiento fuertemente negativo sobre la pertinencia de la actividad empresarial del Estado. Esto, unido a la caída de la Unión Soviética y al escenario de guerra interna, fue aprovechado para generar un consenso en torno a la privatización de empresas públicas como solución para la inflación, lo que proporcionó elementos para una privatización sin mayor resistencia. Así, el presidente Fujimori inició la reestructuración del Estado, dando curso a una importante transformación de las relaciones con la sociedad, que a su vez condicionó los vínculos entre los distintos grupos sociales y actores políticos en el Perú. 
La privatización constituyó un componente esencial del programa de reformas. El gobierno consideró que era una herramienta a través de la cual el Estado dejaba en el sector privado la iniciativa empresarial, con el fin de tornar eficiente la acción pública en aquellas áreas donde había perdido presencia en las últimas décadas: educación, salud, seguridad y administración de justicia. 
Por tanto, en el modelo correspondía al sector privado encargarse directamente de la actividad productiva y constituirse en el motor del desarrollo del país. Así, la privatización no fue considerada como un fin en sí misma, sino como un medio para reasignar los roles del Estado y el sector privado, a fin de conseguir una mayor eficiencia en la asignación de recursos y en la producción de bienes y servicios.
El dinero obtenido por el Estado gracias a la privatización no fue bien empleado. Casi un tercio de los ingresos fue gastado en programas sociales asistencialistas a los sectores pobres, llamados también de “focalización”. Esa ayuda social también fue funcional al desarrollo de un extenso clientelismo que subordinó las ilusiones populares a los designios del poder político.
Un segundo tercio de los ingresos fue empleado en adquisiciones de bienes del extranjero, principalmente en compra de armas. En estas compras el gobierno no cumplió con los procedimientos administrativos, debido a la formación de una amplia red de corrupción. Cabe señalar, además, que buena parte del armamento que se compró era obsoleto y de mala calidad y fue comprado a precios elevados pagando enormes sobornos a funcionarios del gobierno peruano. 
Finalmente, el último tercio de los ingresos sirvió para el pago de la deuda externa, sobre todo en los años 1999 y 2000, a los acreedores de la banca multilateral. Así, se logró “aliviar” la difícil situación del presupuesto de la República, al no requerirse ingresos internos para atender el servicio de la deuda.
El dinero de la privatización utilizado para gastos sociales pudo mitigar los niveles de pobreza –con políticas de corte populista–. No sucedió lo mismo con el dinero gastado en armas, como ya hemos visto, mientras que el pago de la deuda externa puso menos presión a las cuentas fiscales. Así, la venta de los activos del Estado produjo una ilusión poco duradera por definición, ya que estos solo pueden venderse una vez, por lo que no generan ingresos sostenibles”. (Campodónico 2015: 189-195, 202-207 En: Zapata 2015)
Actividad 2. A partir de lo trabajado en clase y la lectura de texto de Quiroz, contesten a la siguiente pregunta: 
· ¿Se puede hablar de una red de corrupción durante el gobierno de Fujimori? Justifiquen su respuesta.
“En el quincuagésimo tercer cumpleaños de Montesinos, el 20 de mayo de 1998, había bastante que celebrar en las lúgubres habitaciones y corredores del SIN. El régimen estaba consolidado en el poder, la maquinaria corrupta venía operando con pocos problemas y la campaña para la segunda reelección de Fujimori marchaba viento en popa. A la extraña reunión festiva acudió un grupo selecto de parlamentarios, ministros, generales de las fuerzas armadas y de la policía, jueces, fiscales y empresarios. Esta y otras celebraciones secretas eran una muestra representativa de las vastas redes y ramas de corruptela en la década de 1990.
Las redes de corrupción tenían, al centro, la íntima e intrincada alianza entre Fujimori y Montesinos. El primero se ocupaba fundamentalmente de la política y actuaba como imagen mediática populista; y el segundo negociaba secretamente con el alto comando militar y reunía fondos ilegales en medio de múltiplesotras tareas de inteligencia desde el SIN, su cuartel general de espionaje. Durante la fase final del régimen de Fujimori, Montesinos mantenía enlaces con casi todas las ramas de la estructura de corruptela que controlaba el poder, manipulaba la información pública, saboteaba a la oposición y daba el mal ejemplo a los rangos inferiores de funcionarios y a la sociedad en general. El tamaño, alcance y composición de esta red fueron asombrosos (...).
Fujimori contaba con un núcleo interno de parientes a cargo de los intereses familiares que giraban alrededor de su poderoso cargo. Víctor Aritomi Shinto, casado con Rosa, hermana de Fujimori, fue nombrado embajador del Perú en Japón en 1991, un puesto clave que mantuvo hasta los últimos días del régimen. Hábilmente, Fujimori y Aritomi utilizaron la nacionalidad japonesa, que podía otorgarles protección e impunidad. Entre otras varias operaciones, Aritomi usó su inmunidad diplomática para transportar con regularidad los ingresos ilícitos de Fujimori al Japón, en montos manejables como para lavarlos sin dejar huellas evidentes. Además, la secretaria personal de Fujimori hizo transferencias bancarias a Aritomi de los fondos ilegales que el presidente recibía en el Perú. Aritomi también solicitó donaciones y fondos de socorro humanitario que se canalizaron a la familia Fujimori.
Además, el poder y la influencia corruptora ejercida por Montesinos en el poder judicial se hicieron casi absolutos después de 1992. Los jueces de la Corte Suprema y de los juzgados superiores y provinciales conformaron una red de prevaricación y cohecho que otorgaba decisiones y sentencias a favor de intereses privados y políticos protegidos por Montesinos. Un aliado principal de Montesinos en la Corte Suprema fue el juez Alejandro Rodríguez Medrano, quien convocaba a otros jueces para presionarles a dictaminar según lo requerido por el asesor presidencial. En un caso particularmente vergonzoso, Montesinos le entregó al presidente de la Corte Suprema el borrador de una resolución favorable a la apelación de Fujimori para postular a la presidencia del país por tercera vez, no obstante los impedimentos constitucionales. El juez en cuestión y los miembros de la sala constitucional de la Corte Suprema se reunieron con Montesinos en el SIN para tratar sobre dicha resolución, que luego aprobaron oficialmente.
Desde su supuesta reforma en 1992, todo el sistema judicial estaba plagado de «innovaciones» institucionales que servían como incentivo para los jueces mediocres y corruptos, y como castigo para los honrados. Aproximadamente cincuenta jueces de cortes superiores y provinciales colaboraron en la red judicial de Montesinos. En otro caso notorio, Blanca Nélida Colán, la fiscal de la Nación y cabeza del Ministerio Público, desestimó diversas acusaciones formales contra Montesinos. Durante su larga permanencia en el cargo (1992-2001), la fiscal accedió a una vida de considerable lujo que luego no pudo justificar al ser encausada judicialmente.
El soborno de las autoridades electorales para que llevaran a cabo el fraude fue particularmente escandaloso. En diciembre de 1999, José Portillo, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y aproximadamente cuarenta asociados vinculados a los congresistas Absalón Vásquez y María Jesús Espinoza falsificaron parte de las miles de firmas necesarias para la inscripción de Perú 2000, el rebautizado movimiento político de Fujimori. El fraude fue expuesto por informes de investigación publicados en El Comercio. Para la falsificación se usaron padrones confidenciales de votantes de elecciones anteriores. Además, un aparato sofisticado de espionaje telefónico masivo, que suministraba información directamente a Montesinos, fue instalado en la sede central de la ONPE. Portillo, así como Alipio Montes de Oca, el jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), visitaban a Montesinos en el SIN regularmente. Invariablemente, el JNE rechazaba todas las quejas legales presentadas contra las maniobras reeleccionistas e inconstitucionales de Fujimori.(…)
Varios representantes elegidos por la oposición en el Congreso fueron sobornados por Montesinos para que cambiaran de bando en cuestiones claves, suministraran información confidencial acerca de los partidos de oposición o apoyaran en secreto a la bancada fujimorista en las votaciones. Este tipo de soborno se había venido dando desde por lo menos 1992, pero se intensificó después de las elecciones de 2000 porque la bancada fujimorista ya no tenía la mayoría. Los congresistas sobornados asistían a reuniones individuales y secretas con Montesinos en el SIN para concertar los pagos. Algunos recibieron dinero directamente de manos del asesor. Cada congresista tránsfuga tenía su precio. El más notorio fue el caso de Alberto Kouri, quien recibió 60.000 dólares para cambiar su lealtad partidaria inmediatamente después de las elecciones de 2000.
Los magnates de los medios de comunicación de masas fueron los mejor pagados por Montesinos, debido a su papel estratégico en la información pública. Los participantes más notorios en la corrupción de los medios fueron José Francisco y José Enrique Crousillat, padre e hijo entonces propietarios de América Televisión, canal 4. Dicha estación televisiva ofrecía programas parcializados, conducidos por Laura Bozzo, la anfitriona de denigrantes reality shows, y otros presentadores. Los Crousillat le vendieron la línea editorial de su emisora a Montesinos, desde por lo menos 1997, en cerca de 600.000 dólares mensuales. Montesinos arregló el refinanciamiento de la deuda de siete millones de dólares que los Crousillat tenían con el Banco Wiese y garantizó el pago de seis millones de dólares a los Crousillat, a través de la Caja de Pensiones Militar Policial-Banco de Comercio, que se encontraba bajo control financiero de agentes montesinistas. Los Crousillat amasaron fortunas personales de aproximadamente cinco millones de dólares en bienes raíces y en cuentas offshore en el Caribe y en Panamá.
Montesinos aludía a este grupo de magnates mediáticos como el «equipo». Un video grabado en 1999 mostró a Ernesto Schütz, presidente del directorio de Panamericana Televisión, canal 5, negociando con Montesinos por más de 12 millones de dólares para que vendiera su línea editorial y atacara a la oposición. Schütz tuvo que contentarse con 1,5 millones de dólares al mes por un total de 9 millones. Los hermanos Samuel y Mendel Winter tal vez recibieron menos por la venta de su contenido editorial, pero quedaron agradecidos, pues lograron apropiarse del canal 2 en 1996, gracias a la persecución contra Baruch Ivcher, el principal accionista. Ivcher se vio obligado a exiliarse y fue privado de su ciudadanía peruana después de que le retirase su respaldo a Fujimori y emitiera informes reveladores sobre la tortura y el espionaje telefónico. Genaro Delgado Parker, un importante accionista de canal 13 que tenía crónicos problemas legales, le prometió a Montesinos que despediría al periodista independiente César Hildebrandt a cambio de una sentencia favorable en una disputa por la propiedad de acciones del canal.[…]
La prensa amarilla, a la cual se conocía colectivamente como la «prensa chicha», atendía a las masas mal informadas. Los propietarios y editores de estos pasquines mostraban gran imaginación en propagar insultos estrambóticos, desinformación y manipulación sociopolítica. Los más exitosos en este tipo de periodismo y sus campañas «psicosociales» fueron los hermanos Alex y Moisés Wolfenson (este último un congresista fujimorista elegido en 2000), editores de El Chino. Otros propietarios de periódicos chicha como Rubén Gamarra (La Yuca) y José Olaya (El Tío) fueron sindicados por recibir cuantiosos subsidios impropios en 1999. Augusto Bresani, un periodista cercano al SIN, trabajó con Montesinos y el publicista Daniel Borobio en la transmisión tanto de titulares como de dinero a los editores de la prensa chicha. Bresani no solo recibía dinero de Montesinos sino también, a partir de1997, de importantes corporaciones privadas decididas a prestar respaldo a Fujimori y sus campañas sucias. (Quiroz 2013: 466-483, 495-505)
Actividad 3: Se realiza la redacción reflexiva calificada. A partir de lo trabajado en la sesión, en grupo de cinco integrantes, los estudiantes redactan un ensayo a partir de las siguientes preguntas: 
· ¿Qué problemas lograron resolverse con la política económica del gobierno de Fujimori? 
· ¿Qué problemas no lograron resolverse con la política económica? 
· ¿Qué vínculos pueden establecerse entre el desempeño económico del gobierno de Fujimori y la corrupción en ese gobierno?
Esta actividad completamente desarrollada se entrega al docente por medio de Canvas hasta un día antes de la sesión de la siguiente semana hasta las 23:59 hrs. Esta actividad se presenta de forma grupal.
Bibliografía
Quiroz, A. (2013). Historia de la corrupción en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos / Instituto de Defensa Legal.
Zapata, A. (Coord.) (2015). Perú: la búsqueda de la democracia 1960-2010. Tomo 5. Madrid: Fundación MAPFRE y Penguin Random House.