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* Estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá D.C.). Director 
de la Revista Latinoamericana “Surmanía” y miembro del Semillero de Investigación No. 1 llamado “Ciudada-
nías juveniles y paz democrática en Colombia”.
La oposición venezolana y los medios de 
comunicación: la razón de su “silencio”
Jhosef Eduardo Meza Cuesta*
(jhosef_meza@yahoo.es)
Artículo de investigación recibido el 19/10/2014 y aprobado el 20/04/2015
Cómo citar este artículo:
MEZA CUESTA, Jhosef Eduardo (2015). “La oposición venezolana y los me-
dios de comunicación: la razón de su “silencio””. En: Trans-pasando Fronteras, 
núm. 7, pp. 85-106. Cali, Colombia: Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurí-
dicos, Sociales y Humanistas (CIES), Facultad de Derecho y Ciencias sociales, 
Universidad Icesi.
DOI: 10.18046/retf.i7.1607 
Resumen
El objetivo de este artículo es explicar por qué la vulneración de la libertad de expresión y de comuni-
cación a la oposición venezolana ha sido la razón principal por la cual ha estado en un relativo silencio 
durante más de diez años. En la primera parte se expondrán las formas y los motivos por los que estas 
libertades han sido vulneradas por parte del gobierno venezolano; en la segunda se argumentará con 
más profundidad la tesis principal, analizando varios textos que tratan la problemática y explicando las 
implicaciones que todo esto trae no solo para los actores políticos involucrados sino para la polarizada 
sociedad venezolana. Por último se realizarán las conclusiones pertinentes, de acuerdo con lo desarrolla-
do en la investigación.
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Jhosef Eduardo Meza Cuesta
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Introducción
La década del 2000 será recordada en América Latina porque, después de décadas de dic-
taduras militares y posteriores transiciones democráticas, hubo una oleada de gobiernos 
alternativos, de los cuales, algunos aún se mantienen. A pesar de que se pueden diferen-
ciar entre sí, sus políticas tanto como sus discursos son bastante similares: están en contra 
del imperialismo estadounidense –en otros casos se alejan de la influencia de los Estados 
Unidos, más no rompen con ellos, como es el caso de Argentina–; realizan políticas 
que limitan el accionar de las elites, tanto políticas como económicas, en beneficio de 
las clases populares mediante, por ejemplo, la estatización de empresas, especialmente 
las extractoras de recursos minero-energéticos; y un variado programa de subsidios que 
reducen la pobreza y la desigualdad social.
Solo algunos países no han tenido gobiernos de este tipo –como Colombia, México, 
Perú, entre otros– y tal vez eso se explica por la cultura política de sus respectivas ciuda-
danías y su correspondiente devenir histórico de las últimas décadas. A pesar de su rela-
tiva estabilidad, los gobiernos alternativos de América Latina, tiene grupos políticos que 
se oponen de una u otra manera a su forma de gobernar y a sus discursos, y además, han 
sido importantes en su contexto político. Sin embargo, durante más de diez años han per-
manecido en un silencio que dista de ser absoluto, aunque en algunos momentos tienden 
a serlo. La razón principal de este silencio es la violación de las libertades de expresión 
y de comunicación hacia estos grupos –que aquí en adelante se les llamará “oposición”– 
que se ha realizado por parte de dichos gobiernos en los últimos años.
Aquí vale la pena resaltar que algunos casos son más relevantes que otros; un 
ejemplo clásico podría ser el de Ecuador, que recientemente aprobó una ley de medios 
de comunicación que es calificada de “mordaza”1 por varios organismos internaciona-
les –como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–; y otro podría 
1 “Mordaza” es una palabra adoptada por aquellos que denuncian limitaciones o prohibiciones a la liber-
tad de expresión; es una metáfora: las leyes y medidas adoptadas con tales fines son como si fueran una trozo de 
tela o una soga que es puesta en la boca de alguien para impedir que hablen, que se conoce con tal nombre.
Palabras clave
Oposición, gobierno, libertad de expresión y de información, medios de comunicación, censura.
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ser el de Argentina, que también hizo lo propio hace cuatro años pero aún no ha en-
trado en vigencia porque los altos tribunales del país la consideraron inconstitucional 
hace unos meses (Vanguardia Liberal, 12 de Julio de 2013). Sin embargo, las organi-
zaciones internacionales, las ONG que tratan los temas relacionados con los medios 
de comunicación y varios académicos, concuerdan en que el caso más paradigmático 
de todos es el de Venezuela.
Entre las razones por las cuales se escogió este país para tratar la problemática de la 
libertad de expresión y de comunicación están: la sistemática violación de estas liberta-
des por parte del gobierno venezolano al aplicar leyes que acallan las voces opositoras 
al régimen. Y, la imposición de drásticas sanciones a los medios de comunicación que 
disten de lo establecido. También por el contexto político, pues Venezuela se caracte-
riza por ser un país extremamente polarizado, algo que se reafirmó e intensificó con la 
controversial elección del presidente Nicolás Maduro. Por lo que cualquier cosa que 
se dice en los medios de comunicación, ya sean estatales o privados, provoca –y ya ha 
provocado varias veces– situaciones tensas entre el gobierno y la oposición; por último, 
y como causa de lo anterior, ha surgido una oposición más fuerte y unida, por lo que el 
chavismo ha intentado acallar su voz para impedir que se convierta en un gran rival en 
el ámbito político.
Por estas razones, el objetivo de este artículo es explicar por qué la vulneración de la 
libertad de expresión y de comunicación a la oposición venezolana ha sido la razón prin-
cipal por la cual ha estado en un relativo silencio durante más de diez años. En la primera 
parte se expondrán las formas y los motivos por los que estas libertades han sido vulnera-
das por parte del gobierno venezolano; en la segunda se argumentará con más profundi-
dad la tesis principal, analizando varios textos que tratan la problemática y explicando las 
implicaciones que todo esto trae no solo para los actores políticos involucrados sino para 
la polarizada sociedad venezolana. Por último se realizarán las conclusiones pertinentes, 
de acuerdo con lo desarrollado en la investigación.
La libertad de expresión en Venezuela: un privilegio de unos pocos
Una explicación plausible para este apartado es que hay una contradicción entre los ob-
jetivos que tiene el gobierno venezolano al promulgar leyes de medios de comunicación 
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y la realidad. Se hace necesario explicar desde el punto de vista de varios autores cuáles 
han sido los mecanismos por los que se han vulnerado las libertades de opinión y de 
comunicación en aquel país.
Hay un consenso entre los académicos que tratan el tema, convergen en que las tensas 
relaciones entre el Estado y los medios privados de comunicación comenzaron en Abril 
de 2002 cuando ocurrió el Golpe de Estado contra Hugo Chávez (presidente desde 1998) 
después de una grave falta de legitimidad que tuvieron tanto los partidos políticos como 
el gobierno y los mismos medios privados, que controlaban casi toda la radio y la tele-
visión (Castillo Briceño, 2003; Campbell, 2012). Después de lo ocurrido, el mandatario 
acusó a estos de ser parte del golpe debido a que realizaron un “falso” cubrimiento de los 
hechos y legitimaron al gobernante interino, Pedro Carmona –que por cierto, solo duró 
en su cargo unas 48 horas– (Castillo Briceño, 2007). Desde ese entonces empezaron a 
aplicarse una serie de mecanismos que tenían como objetivoreal la limitación de la liber-
tad de expresión y de comunicación hacia la oposición. Según los autores consultados, 
básicamente son: leyes, creación de nuevos medios e investigaciones individuales.
Leyes
Una primera medida que adoptó la Asamblea Nacional de Venezuela fue la aprobación y 
promulgación de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión –más conocida 
como “Ley Resorte”–, que prohíbe la transmisión de contenidos que: primero, hagan 
apología al delito; segundo, muestren imágenes obscenas que puedan afectar la salud 
mental de los menores de edad; tercero, que inciten a las alteraciones del orden público; 
y cuarto, que no reconozcan a las autoridades democráticamente establecidas. En 2010 
fue ampliado el alcance de esta ley, que ya involucra también al internet y a la censura 
previa, que puede ser ejercida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CO-
NATEL) (Campbell, 2012).
A lo largo de casi nueve años de su promulgación, y casi tres de su ampliación, esta 
ley ya ha sido aplicada no tanto a los medios que están al servicio del chavismo, sino 
sustancialmente a la oposición. Un informe de la ONG Human Rights Watch publicado 
en 2012 llamado Concentración y abuso de poder en la Venezuela de Chávez revela que 
varios medios que tenían una línea editorial crítica al gobierno fueron multados y/o clau-
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surados por la Comisión. Dos casos son los más relevantes: Radio Caracas Televisión y 
Globovisión, que fue hasta hace unas pocas semanas el único canal de televisión que se 
oponía al chavismo. Todo en función de dicha ley.
El primero, que durante más de cincuenta años fue el canal más visto en Venezuela, 
fue clausurado en mayo de 2007 y reemplazado por la televisora estatal Tves por publicar 
una noticia en la que el Ministro de Energía de Chávez del momento aparecía ante los 
empleados de la compañía de petróleos del Estado (Petróleos de Venezuela S.A., PDV-
SA) advirtiéndoles que debían apoyar las políticas del gobierno, o de lo contrario debe-
rían renunciar a sus empleos (Human Rights Watch, 2012). Durante los años siguientes, 
este canal transmitía por señal de cable, llamándose Radio Caracas Televisión Interna-
cional. Este también fue clausurado por el gobierno debido según este, a que violaba 
la normatividad adoptada por CONATEL, específicamente a aquella que determinaba 
que los canales de producción nacional debían ajustarse a dichas normas. Como RCTV 
Internacional lo era, según una determinación de la comisión, tuvo que suspender su 
transmisión en 2010 y desde ese entonces solo se puede ver a través de internet (Ibídem).
El segundo fue hasta hace unas semanas el único canal de televisión con línea crítica 
del gobierno venezolano ya que fue comprado por un empresario afín al chavismo (El 
Espectador, 2 de Mayo de 2013; El Tiempo, 13 de Mayo de 2013). Globovisión, que fue, 
al igual que el anterior, uno de los más vistos, no ha sido clausurado –y es poco probable 
que lo sea, por obvias razones–, pero si ha tenido que pagar multas por, simplemente, 
violar la Ley Resorte. Todo empezó en 2011 cuando hubo un motín en la cárcel El Ro-
deo, cerca de Caracas, en la que hubo tensión ya que la fuerza pública y los manifestantes 
se enfrentaron fuertemente, provocando varios muertos. El cubrimiento que se hizo por 
parte de este canal se consideró por el gobierno como algo que hacía apología al delito, 
provocaba inestabilidad en la población y la incitaba al desorden público; el reportero 
del canal mostró varias imágenes en las que la policía ejercía la fuerza y disparaba gases 
lacrimógenos, y entrevistó a varias personas que estaban preocupadas por los hechos 
y el estado de sus familiares internos. Según la ley, si un medio la violaba debía pagar 
una multa equivalente al 7.5% de la ganancia obtenidas ese año. En efecto, Globovisión 
debido a una sentencia de la Fiscalía General de Venezuela, pagó 2.2 millones de dólares 
al gobierno del país (Human Rights Watch, 2012).
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Creación de nuevos medios
Una de las características del régimen de Hugo Chávez a lo largo de su mandato fue la 
creación de nuevos medios controlados por el Estado. Antes de su llegada al poder en 
1998, casi todo el espectro de radio y televisión fue controlado por el sector privado; este 
oligopolio, junto con la crisis política que se vivía en ese entonces, permitió que estos se 
convirtieran en actores políticos muy influyentes en la medida en que imponían la agenda 
política del país (Bacalao, 2009). Así permanecieron las cosas hasta 2002, cuando ocu-
rrió el mencionado golpe de Estado.
Acompañado por la clausura y las sanciones monetarias que se aplicaron a los medios 
opositores, el gobierno venezolano creó varios medios “alternativos” de comunicación que 
son controlados totalmente por el Estado. En la televisión, solo había un canal estatal impor-
tante, Venezolana de Televisión (VTV). Según Emilia Bermúdez, en 2007 habían ya cuatro 
televisoras más en manos del Estado, que son, aparte del anterior: Asamblea Nacional Te-
levisión (ANTV), Ávila TV, TVES, y el caso más conocido, Televisión del Sur (Telesur) 
que es un canal internacional que se emite en América Latina, parte de los Estados Unidos 
y Asia y Europa Occidental (Bermúdez, 2007; García Nivia, 2008). Todos ellos se han 
caracterizado, por tener una línea editorial plenamente a favor del gobierno de Chávez. De 
hecho, una de las críticas que hacen varios académicos venezolanos es que el presidente ha 
utilizado estos medios para ser el que más aparece en televisión, con un total de 90 minutos 
diarios desde 2007 (Pasquali, 2007). Una de las posibles razones para esta crítica es que 
desde allí ha pronunciado diatribas en contra de la oposición y ha tomado medidas a partir 
de ello. En la radio, el régimen ha realizado una política que promueve la creación de radios 
comunitarias, a la vez controladas por este. En los últimos años se han creado más de 15 
emisoras de radio comunitarias a favor del gobierno (Bermúdez, 2007).
Investigaciones individuales
En parte, de acuerdo con la Ley Resorte, pero también apelando a otros argumentos, las 
instituciones judiciales de Venezuela han investigado individualmente a personas que 
trabajan en o para los medios opositores. Según el informe mencionado de Human Rights 
Watch, tres son los casos más importantes, todos de Globovisión: Guillermo Zuloaga, 
presidente del canal, Nelson Mezerhane, propietario, y Oswaldo Álvarez, comentarista.
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El primero ha sido el más grave porque ha involucrado delitos graves, en cuyo caso 
se remite a la inflación de precios de varios automóviles comprados, según el gobier-
no, por él y su hijo. El informe menciona que las investigaciones individuales en su 
contra se iniciaron en 2010 cuando Zuloaga, en una conferencia de la Sociedad Inte-
ramericana de Prensa (SIP), condenó las medidas tomadas por el presidente Chávez 
sobre la televisora Radio Caracas Televisión (RCTV), su intento de monopolizar los 
medios de comunicación, y su reacción durante el golpe de Estado de 2002. Unos días 
después hubo una respuesta oficial de la Asamblea Nacional, en la que se acusaba a 
él y a Globovisión de haber participado en ese acontecimiento y de realizar acusa-
ciones falsas en contra del presidente. La Fiscalía General empezó inmediatamente 
una investigación y levantó un pliego de cargos por delitos, tales como la difusión 
de información falsa y las ofensas al jefe de Estado. Dos días después fue arrestado. 
Posteriormente fue acusado de otros delitos como la cacería ilegal de animales y, yamencionado, la venta irregular de automóviles. En la actualidad, ellos viven exiliados 
en los Estados Unidos (Human Rights Watch, 2012). 
Nelson Mezerhane también fue investigado, como el anterior, por realizar un co-
mentario en contra del gobierno venezolano. Como propietario de un banco, fue en-
trevistado por un diario especializado en temas financieros en el que elogió la política 
monetaria del gobierno pero afirmó que varios de sus miembros difundieron rumores 
que provocaron el retiro masivo de ahorros bancarios. Luego de la entrevista, el pre-
sidente Chávez dijo en un discurso que esta persona no tenía el derecho de transmitir 
mensajes que eran irresponsables y muy graves, y solicitó una investigación contra él. 
La Fiscalía lo acusó de delitos bancarios como la difusión de información falsa, cons-
piración y malversación de fondos públicos. Además, embargo todas sus propiedades 
y cuentas bancarias (Ibídem).
Oswaldo Álvarez Paz, antiguo gobernador del estado Zulia, afirmó en un programa 
de Globovisión que el gobierno venezolano debía investigar los vínculos existentes en-
tre varios de sus miembros y los grupos terroristas ETA y FARC, aunque el implicado 
resulte el mismo jefe del Estado. Hizo este comentario porque, en aquel momento, una 
sentencia de un tribunal español mencionaba que había posibles vínculos entre estos 
grupos armados y el gobierno venezolano, y en varios medios apareció el presidente de 
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España, José Luis Rodríguez Zapatero, exhortando a Venezuela a realizar las investi-
gaciones pertinentes. Luego de sus afirmaciones, dijo que Chávez no era un demócrata 
y su comportamiento era subversivo. Después sostuvo que el territorio venezolano se 
había convertido en un sitio importante para el narcotráfico. Posteriormente al programa, 
el presidente dijo en televisión que las acusaciones del comentarista no se podían per-
mitir, y pidió apoyo a los poderes del Estado para investigarlo y sancionarlo. Unos días 
después, Álvarez Paz fue arrestado y acusado de conspiración, difusión de información 
falsa, e instigación pública a delinquir. Fue condenado a dos años pero podía cumplirlos 
bajo el régimen de libertad condicional (Ibídem).
Lo que se puede deducir y afirmar de estas investigaciones individuales es que par-
tieron de un comentario que fue considerado como amenazante por parte del gobierno 
venezolano. A partir de eso se realizaron varias acusaciones que, en cierto modo, se 
basaron en lo establecido por la Ley Resorte. En el caso de Guillermo Zuloaga y de 
Nelson Mezerhane hubo otras que no tenían nada que ver con la vulneración de la liber-
tad de expresión. El informe de la ONG no explica las razones por las que se hizo esto, 
pero se podría sostener que, en gran medida, lo que se buscabanen con estas era hacer 
ver a los acusados como peligrosos delincuentes, lo que les restaría legitimidad ante las 
audiencias y así, los medios de la oposición se debilitarían. Además, conseguirían que 
se consideren las investigaciones como corrientes, omitiéndose de esta manera su verda-
dero trasfondo político.
Los medios de comunicación y su vinculación con el poder
Al principio del anterior apartado se mencionó una contradicción entre las medidas adop-
tadas por el gobierno venezolano y la realidad política del país. Para entenderla simple-
mente hay que partir de sus objetivos; de su lectura se deduce que, para el mismo régi-
men, se buscan varias cosas, como la protección de la niñez y garantizar el orden público 
y la estabilidad, como también crear un clima de respeto hacia las autoridades y de tole-
rancia política –hay que tener en cuenta que una de las disposiciones de la Ley Resorte 
es impedir la emisión de contenidos que fomenten el odio (Ibídem)–, pero la realidad es 
muy diferente: simplemente basta con leer la prensa escrita o digital, ver los noticieros 
de televisión y escuchar programas de análisis en la radio, especialmente cuando hay una 
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situación en Venezuela, para darse cuenta que el discurso que manejan los funcionarios 
estatales está en contra de los objetivos que buscan alcanzar ya que muestran a la oposi-
ción como un enemigo al que hay que combatir –y viceversa–. Esta es la razón principal 
por la que, durante más de diez años, esta ha estado en un relativo silencio: porque, a 
partir de las medidas adoptadas para los medios de comunicación y su aplicación, se ha 
intentado acallar la voz de la oposición.
Hay que distinguir tres puntos de vista para sustentar esto: por un lado, hay que 
analizarla desde los estudios que se han realizado desde hace más de cincuenta años 
sobre los efectos que tienen los medios de comunicación sobre las audiencias, sin 
dejar de lado aquellos que pueden ser provocados por la vinculación con el Estado; 
por otro, se debe tomar en cuenta en qué consisten las libertades de expresión y de 
comunicación, tanto en la teoría existente como a la luz del derecho internacional, 
especialmente este último ya que ha sido, en cierto modo, más explícito al respecto; 
y por último, a partir de los dos anteriores puntos, se puede responder mediante un 
estudio del contexto mediático y político que ha caracterizado a ese país desde, antes 
de la llegada al poder del presidente Chávez.
Los estudios sobre los efectos de los medios de comunicación son relativamente re-
cientes debido a que, en parte, la televisión y la radio son los medios de comunicación 
que aparecieron en las sociedades occidentales hace poco tiempo, tomando en cuenta la 
antigüedad que tiene la prensa escrita –a pesar de todo, el primer estudio fue hecho en 
1940–. Según el autor francés Francis Balle, desde el principio, hubo una división entre 
los académicos que afirmaban que, gracias a la pasividad de las audiencias frente a los 
medios de comunicación, desarrollados junto con la cultura de las masas, su objetivo pri-
mordial era homogeneizar a las sociedades en torno a esta, y otros que los pueden utilizar 
para desafiar al orden establecido (Balle, 1994). La divergencia a esta tesis vino de un 
autor citado por Enrique Sánchez Ruiz quien sostiene que, citando a varios autores, en 
muchos casos, la influencia de los medios de comunicación sobre las masas es inexisten-
te, o por lo menos es indirecta (Sánchez Ruiz, 2005).
El primero de estos tipos de estudios fue desarrollado principalmente, según el autor 
francés, por Jacques Ellul. Él propone en su texto que el propósito de los medios masivos 
de comunicación es crear una masa homogénea que comparta los ideales de consumismo 
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que impone el capitalismo, y para ello requiere de la difusión de la propaganda la cual 
es susceptible de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Para alcanzar este obje-
tivo, se deben tener ciertas condiciones: primero, debe haber un régimen que favorezca 
el individualismo, por otro lado, que no impida a las personas pertenecer a unos grupos 
específicos, esto sucede porque a los individuos se les puede transmitir la propaganda 
fácilmente, y porque estos grupos la pueden utilizar para difundir sus ideas. Además, 
también debe existir un régimen capitalista que no solo permita sino que garantice una 
equitativa redistribución de la riqueza, y por tanto, la reproducción y estabilidad de las 
clases medias; para Ellul, estas son más susceptibles de ser influenciadas por la propa-
ganda de la comunicación de masas porque poseen más tiempo para dedicar a los asuntos 
políticos y las clases populares no tienen ni la capacidad intelectual ni la disponibilidad 
de tiempo para esto (Balle, 1994). 
Analizando este párrafo, el autor se equivoca en varias cosas:primero, en el aspec-
to económico es posible que la propaganda de los medios de comunicación de masas 
llegue más a las clases medias y altas, pero no por estas razones, sino porque tienen la 
disponibilidad de recursos monetarios para consumir los productos que son ofrecidos 
mediante la publicidad; si se habla en términos políticos, es menos probable que eso 
ocurra, porque, al ser clases con mejor acceso a la educación y a la cultura, no pue-
den ser tan fácilmente manipuladas por la propaganda, pero si pueden ser parte de la 
discusión de los asuntos políticos. Y segundo, relacionado con lo anterior, las clases 
populares, al poseer pocos recursos económicos, no tener un acceso fácil a la educa-
ción y a la cultura –o en otros casos, no poseer ninguna posibilidad– y mucho menos 
una cultura política racional pueden ser fácilmente influenciados por una propaganda 
política que sea básicamente demagógica. Todo ello ocurre especialmente en los paí-
ses subdesarrollados, donde la historia ha comprobado no solo la existencia de líderes 
carismáticos –en términos weberianos– y desigualdad en la educación, sino también 
la estrecha relación entre estos y los medios de comunicación.
Pero si hay un aspecto que cabe resaltar muy bien, y es el objetivo de la homoge-
neización de las sociedades. Cuando los medios de comunicación son monopolizados 
por uno u otro actor, puede ocurrir que, si este es privado, se trivialice la información 
para hacer que crezca el número de espectadores en búsqueda de mayores ganancias 
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monetarias, y si este es el Estado, y además concentra más y más su monopolio, solo 
quiere imponer una ideología y una forma de pensar a la población (Gómez Buendía, 
2004). Sánchez Ruiz resalta que eso ocurre solamente en los países cuyas democracias 
son débiles porque en estos, los medios de comunicación se convierten en instrumen-
tos de poder de los gobernantes, mas no en las democracias fuertes porque en ellas si 
hay la posibilidad de que estos sean independientes aunque sean controlados por el 
mismo Estado (Sánchez Ruiz, 2005).
Una democracia débil, partiendo de lo que dice Guillermo O’Donnell sobre lo que 
es una democracia fuerte, se puede caracterizar por tener instituciones estatales poco 
eficaces y marcadas por la corrupción; inestabilidad política, manifestada en un frecuen-
te cambio de gobiernos o en alteraciones al orden público por motivaciones políticas 
(O’Donnell, 2007); no necesariamente una economía débil, pero si una fuerte desigual-
dad social; falta de libertades políticas, como la libertad de expresión (Ibídem); y un 
aspecto muy importante: una cultura política en la población que sea tradicional, es decir, 
que sea favorable a la legitimidad carismática y no a la racional, que no preste atención a 
la libre y racional elección ni a lo establecido por la ley, sino al carisma que puede tener 
cierto líder (Weber, 1987).Cuando un país tiene tal contexto, también puede tener una 
fuerte influencia de los medios de comunicación que, en muchos casos, son controlados 
por gobiernos autoritarios o democracias débiles con dichas características.
Los principios básicos de la teoría liberal de los medios de comunicación afirman que 
estos tienen la función principal de ser el espacio en el cual las personas tengan la posibili-
dad de discutir las problemáticas que más aquejan a sus respectivas sociedades, y además, 
puedan emitir libremente su opinión (Gómez Buendía, 2004). Todo lo contrario ocurriría 
cuando existe un monopolio por parte de los consorcios privados o del Estado, ya que estos 
tratarán de imponer los contenidos que beneficien al mercado o al régimen de turno. Si su 
concentración se hace de manera muy fuerte, los medios de comunicación ya dejarían de ser 
los espacios de discusión que deberían sino que se convierten en simples instrumentos de 
poder (Ibídem). Ya la gente no tendrá la posibilidad de manifestarse sin temor a represalias; 
pero estas pueden ser diferenciales ya que la naturaleza de la concentración en si misma lo 
es: en cuanto al Estado, si este funciona en una democracia débil o en un régimen totalitario, 
lo que ocurriría, probablemente, es la aplicación medidas que restrinjan dicha posibilidad. 
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Ese es un punto primordial: para que los medios masivos de comunicación sean, los espa-
cios en los cuales las personas puedan manifestarse y discutir debe haber no solo un Estado 
liberal en términos formales, sino también una democracia fuerte que no solo promueva 
sino que garantice dos libertades fundamentales: la libertad de expresión y la libertad de 
comunicación. Sin ellas, no puede existir todo lo dicho.
Un autor argentino, profesor de la Universidad de Buenos Aires, llamado Damián 
Loreti, hace una suerte de recopilación de casi todo lo que se ha escrito sobre estas dos 
libertades, tanto en la teoría como a la luz del derecho internacional, haciendo énfasis 
en lo que se ha hecho en América Latina. En varios tratados sobre derechos humanos 
que se han firmado hasta los años noventa, el principio de la libertad de expresión 
incluye otras como la libertad de prensa y la libertad de información, pero todos ellos 
tienen aspectos comunes: la primera consiste en la libre escogencia de los medios 
para manifestar alguna información o ideología sin ninguna dificultad, y esta última 
consiste, básicamente, en la libertad de difundir, recibir y escoger información sin 
ningún tipo de presiones que hagan agentes externos (Loreti, 2005). El autor reconoce 
que esta es más completa porque, a pesar de que la primera las incluye a casi todas, 
el desarrollo del derecho internacional en materia de comunicación se ha desarrollado 
al respecto desde la década de los años sesenta. Aunque eso es cierto, hay autores que 
sostienen que hacen faltas algunas cosas que se han omitido a lo largo de los años. Por 
ejemplo, uno de los autores más reconocidos en Venezuela que habla sobre el tema, 
Antonio Pasquali, afirma que a los conceptos de libertad de expresión y de informa-
ción deben complementarse e incluir la igualdad de condiciones para recibir, difundir 
y escoger información; él dice esto con el argumento de que no hay dicha igualdad 
porque hay actores que son tan poderosos que llegan, incluso, a tener más posibilida-
des de gozar esta libertad que las demás personas (Pasquali, 2007). En pocas palabras, 
terminan limitando dichas libertades, como ya se había dicho anteriormente.
A pesar de que la teoría y el derecho internacional manejan conceptos amplios, tam-
bién imponen límites que son similares a los de la legislación venezolana debido a que 
afirman que las libertades también implican responsabilidad en su atribución: la infor-
mación no debe favorecer las alteraciones del orden público; se debe tomar en cuenta 
otros derechos fundamentales como la honra y el buen nombre; hay prevalencia en los 
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derechos de la infancia y adolescencia; se considera a la propaganda que promueve la 
intolerancia por motivos de raza, religión, lengua u origen nacional como un acto que 
puede ser castigado por la ley (Loreti, 2005). Lo que se puede decir al respecto de manera 
resumida es que la libertad de expresión y de información no puede ser absoluta porque, 
en términos de lo dicho, pondría en riesgo los regímenes democráticos, o peor aún, crea-
ría un ambiente de hostilidad dentro o entre los países.
¿Por qué el gobierno de un país impondría límites a la libertad de expresión? En sí, 
se podría decir que hay dos objetivos primordiales: impedir que los grupos opositores 
utilicen los mediosde comunicación para tener influencia en la población, y así, 
determinado régimen esté en riesgo de ser desafiado y/o derrocado; y garantizar la impo-
sición de una ideología política a la población sin mayores dificultades. Ahí el contexto 
político, social y económico de un país, junto con la cultura política de la ciudadanía, se 
convierten en variables determinantes para saber si los controles a los medios de comu-
nicación ejercidos por las democracias débiles y/o los regímenes totalitarios han dado 
resultado para alcanzar estos objetivos. 
Esa es la contraparte a los estudios de medios que concluyen que es estos no tienen 
ninguna influencia o la tienen de manera indirecta:2 en los años cuarenta y cincuenta, 
los análisis realizados por un autor alemán de apellido Tchakothine afirman que en los 
países donde hay dictaduras, tomando como ejemplo la Alemania Nazi, los medios de 
comunicación, que son controlados por el Estado, tienen mayores efectos directos ya 
que utilizan aspectos cotidianos –de hecho, también instintivos, propios de la naturaleza 
humana– y discursos más irracionales que argumentativos para hacer que la gente, guián-
dose por sus sentimientos y no por la razón, adopten una ideología (Balle, 1994). Sin 
embargo, lo que los autores no toman en cuenta es, primero, que la erradicación de las 
formas de pensar diferentes a la predominante sería efectiva con la prohibición de la libre 
expresión y comunicación, como en efecto ocurrió en Alemania, y segundo, el por qué 
2 Los estudios más relevantes fueron hechos entre los años 40 y 60 del siglo pasado. El más importante, 
el de Paul Lazarsfeld que analizó a una población de un estado de los Estados Unidos en época electoral, concluyo 
que la influencia de los medios de comunicación la ejercían de manera indirecta, es decir, las personas que más 
están atentas a estos adquieren un conocimiento tal que pueden convencer a otros de lo que escucharon en la radio 
o leyeron en el periódico. En los 60’s las conclusiones de los estudios que ya involucraban a la televisión sostienen 
conclusiones similares.
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esas ideologías fueron adoptadas en ese momento y no en otro; para ello es importante 
analizar el contexto del país donde una ideología política es diseminada de manera viral 
entre la gente y las posibles causas por las cuales surgen los líderes carismáticos que son 
capaces de mover a las masas.
En Venezuela, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, este contexto, tan favo-
rable al surgimiento de este tipo de personalidades, es ilustrativo: aquel país, según los 
autores citados al principio, pasó por una crisis económica en los años ochenta que hizo 
que aumentara la inflación y la pobreza, provocando un acontecimiento en la que la gente 
salió a protestar por la situación en 1989, un evento conocido como el Caracazo (Castillo 
Briceño, 2003); después, en 1992, Chávez, que en aquel momento era oficial del ejér-
cito, comandó un golpe de Estado en contra del presidente Carlos Andrés Pérez, el cual 
fracasó, por lo que los golpistas tuvieron que pasar algún tiempo en la cárcel, hasta que 
fueron indultados por el siguiente gobernante; y a finales de la década de los noventa, 
los partidos tradicionales –la Alianza Democrática (AD) y el Comité de Organización 
Política Electoral Independiente (COPEI)– tenían una mala reputación entre la ciudada-
nía ya que no habían logrado solucionar los problemas que aquejaban la gente como el 
desempleo, la corrupción y la desigualdad social (Ibídem).3 Incluso, ante todo esto, los 
medios de comunicación, que en esa época estaban controlados por el sector privado, 
también estaban deslegitimados porque, ante la debilidad del gobierno y de los partidos 
políticos, se convirtieron en actores políticos que imponían la agenda que se debía tratar 
en el país (Bermúdez, 2007).
No se puede decir que todo cambió con la llegada al poder de Chávez porque, en un 
principio, solo fue elegido por la falta de alternativas en las elecciones de 1998. Además, 
los medios de comunicación ofrecieron cierto apoyo al nuevo gobierno. Como se men-
cionó al principio, todo empezó en 2002 con el golpe de Estado en su contra. Por ello, el 
contexto mencionado anteriormente sirvió para que él subiera al poder, pero este, junto 
con el control a los medios de comunicación que se desarrollarían desde 2004 con la 
promulgación de la Ley Resorte, sirvieron –y aún sirven– para mantener tanto a Chávez 
como a la “revolución bolivariana” en el poder por mucho tiempo. 
3 Para mayor información sobre la ruptura del sistema de partidos, ver Alejandra Arias García (2012).
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Es cierto, y hay que admitir, que las limitaciones a las libertades de prensa y co-
municación no han sido las únicas formas en las que se ha intentado acallar a la oposi-
ción; una de las formas más importantes, y en las que el gobierno venezolano ha tenido 
un relativo éxito, es el apoyo de la gente al régimen chavista mediante una serie de 
programas que han reducido la pobreza y la desigualdad en la población como la esta-
tización de empresas para la obtención de ingresos públicos –como la petrolera estatal 
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)– para financiar programas sociales (BBC, 7 de 
Marzo de 2013). Lo que han logrado estos programas son la participación de la gente 
en la política, la reducción de la pobreza, y por supuesto, el apoyo de las personas al 
régimen de Chávez tanto en las elecciones de 2006 como en las de 2012, en las que 
este ganó por un amplio margen (El País, 9 de Octubre de 2012). También vale la pena 
recordar que hace unos meses, después de la polémica elección de Nicolás Maduro 
como presidente de Venezuela, hubo una seria denuncia por parte de la oposición, que 
decía que se hizo fraude, partiendo del hecho que la diferencia entre este y el candi-
dato opositor Henrique Capriles fue de tan solo 250 mil votos, es decir, poco más del 
1% de los obtenidos en la elección. A partir de ese entonces, la Asamblea Nacional, 
controlada por el chavismo, ha impedido que los diputados opositores se manifiesten 
ahí (El País, 1 de Mayo de 2013).4
A pesar de estas y otras medidas adoptadas, el silencio de los grupos opositores ha sido 
relativo por las siguientes razones: primero, porque estos han buscado la forma de hacerse 
escuchar, así sea por medio de las redes sociales –en las que el líder opositor, Capriles, tiene 
más de tres millones de seguidores en Twitter (El Espectador, 12 de Julio de 2013)– o acu-
diendo a otros gobiernos para manifestarse –aquí es relevante resaltar la visita del líder opo-
sitor a Bogotá para buscar apoyo por parte del gobierno colombiano, algo que desató una 
crisis diplomática que se resolvió la semana pasada sin ningún contratiempo (El Tiempo, 23 
de Julio de 2013)–. Además, han utilizado los pocos medios que tienen para expresarse ante 
la ciudadanía venezolana –los periódicos opositores más importantes han sido El Universal 
y El Nacional, ambos de Caracas, que, a pesar de las medidas adoptadas por la Asamblea 
4 De hecho, unos días después de la elección de Maduro como presidente, luego de que la oposición 
expusiera una pancarta que decía “Golpe al parlamento” en la Asamblea Nacional, empezó una gresca en la que un 
diputado chavista golpeó a varios colegas de la oposición. Al final, fueron heridas once personas.
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Nacional, han seguido funcionando– En pocas palabras, el gobierno venezolano ha utiliza-
do varios mecanismos para convertirse en una fuerza política hegemónica en su país, pero 
los resultados solo han sido relativos, solo .Basta con analizar un poco la situación actualen 
Venezuela para darse cuenta que, a pesar de dichos mecanismos, el país está polarizado en 
dos bandos que al parecer no se reconciliarán pronto.
Para eso se han restringido las libertades de expresión y de comunicación: para ex-
pandir sin mayores dificultades el “socialismo del siglo XXI” y no dejar que la oposición 
gane terreno. Por supuesto, esto ha traído consecuencias que pueden hacer mucho daño 
a la democracia como tal en el país, como las siguientes:
1. La gente ya no podrá tener la posibilidad de obtener información veraz e imparcial. 
De la lectura del informe mencionado de Human Rights Watch, y de otros publica-
dos por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) se deduce 
que lo que está ocurriendo en Venezuela tiene una implicación inmediata, y es que, 
al solo haber información sesgada por parte del oficialismo –y también de la opo-
sición– la gente ya no tiene acceso a la información veraz y objetiva: por un lado, 
la oposición ya no posee la capacidad de cubrimiento de las noticias importantes, 
y por su mismo sesgo ya no hablan con imparcialidad, por lo que se hace difícil 
hablar sobre hechos concretos, y por otro, el chavismo trata de impedir que surjan 
informaciones que pongan en “riesgo” su proyecto político (Campbell, 2012). Esto 
es peligroso para la democracia porque las personas no sabrán cual es la gestión 
de su gobierno, y claro, al no tener la información completa no existirá ese debate 
para la solución de los problemas que aquejan al país sino que todo, como se dice 
comúnmente, se impondría “desde arriba”.
2. Se promueve un proyecto político hegemónico que puede cultivar un terreno suficien-
te para que haya intolerancia política. Este concepto es muy poco trabajado desde la 
ciencia política pero si ha sido tratado, en cierto modo, por las ciencias de la comuni-
cación desde la misma vinculación entre los medios y las ideologías totalitarias. Según 
un profesor alemán, Iring Fetscher, la intolerancia se produce básicamente porque las 
personas poseen ciertas creencias políticas o religiosas que en sí mismas no se cons-
tituyen en un hecho verídico, por lo que no las tienen lo suficientemente arraigadas, 
y así, cualquier forma de pensar que sea diferente produce inseguridad, provocando 
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su odio para reafirmarlas (Fetscher, 1999). Sin embargo, esa explicación es, en cierto 
modo, equivocada; la corrección proviene de una profesor de la Universidad de los 
Andes, quién en su conferencia sobre la tolerancia desde la perspectiva liberal dice 
acertadamente que la intolerancia se produce porque las personas que son adeptas a 
cierta ideología o religión creen que esta es la verdad única e indiscutible, por lo que 
entrarán en conflicto ante los contradictores (Jaramillo Uribe, 2002). Eso es exac-
tamente lo que ocurre en Venezuela: las partes son tan radicales que piensan que la 
contraparte es el enemigo que hay que combatir. Lo que no ha pasado –por ahora– es 
que el ambiente político en el país desemboque en violencia, que, por decirlo así, es la 
forma extrema en la que se manifiesta la intolerancia política.
3. El mismo Estado venezolano puede convertirse en un Estado autoritario. Formal-
mente, aún se puede decir que Venezuela es una democracia liberal porque hay 
elecciones, cierta participación de grupos opositores –aunque se ha reducido desde 
la elección de Maduro como presidente–, legislaciones y división tripartita del poder 
–a pesar de que estos están controlados por el chavismo– pero, por la ambigüedad 
misma del concepto de “democracia”, no se puede admitir que estas son las únicas 
formas en las que se manifiesta. Por ello se dice que el Estado puede convertirse en 
uno de corte autoritario: en su afán de extender la “revolución bolivariana”, quizá, 
las autoridades pueden ir más allá de las limitaciones a la libertad de expresión y a 
la manifestación en la Asamblea Nacional y actuar de la manera propia en la que lo 
hacen los regímenes autoritarios mediante persecuciones, desapariciones, espiona-
je, entre otros. Aunque el ambiente lo amerita, es poco probable que ocurra a corto 
plazo porque cualquier acto de esta naturaleza podría provocar violencia política 
entre las partes, y además, caería en el extremo de la contradicción al conocer sobre 
la “defensa” que los chavistas han hecho de la democracia.
Conclusiones
¿Por qué las limitaciones a las libertades de expresión y de comunicación son la razón 
principal del intento de acallar a la oposición? sería bueno decir por qué estas limitacio-
nes e intentos de monopolio son la razón principal por la que el gobierno venezolano ha 
intentado acallar a la oposición:
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1. Los medios de comunicación venezolanos han tenido una influencia tan fuerte que 
incluso se puede decir que es mayor que el de los partidos políticos y del mismo go-
bierno venezolano. Como se mencionó anteriormente, antes de la llegada de Hugo 
Chávez al poder, el sector privado, que era su mayor propietario, imponía la agenda 
política del país y por ello la información que transmitían era sesgada y poco obje-
tiva. El régimen chavista aprovechó, casi con eficacia, dicha influencia y la utilizó 
en beneficio propio; no ha cambiado para nada esta imposición de la agenda, sino 
quien la realiza, y además, se ha hecho con las limitaciones y restricciones mencio-
nadas anteriormente.
2. Como se explicó a lo largo de este texto, los medios de comunicación pueden ser 
útiles para extender una ideología política en toda la población, pero para ello se 
debían tener ciertas condiciones como la debilidad de la democracia, un contexto 
de crisis política y una cultura política favorable al surgimiento de líderes carismá-
ticos. Todas estas las tenía Venezuela; en los ochenta y los noventa atravesó por un 
crisis económica que aumento los índices de pobreza y de desigualdad social, los 
partidos tradicionales eran deslegitimados por no cumplir con las expectativas de 
las ciudadanía y el gobierno era poco eficaz. De nuevo, el chavismo utilizó casi con 
eficacia todo esto para extender su ideología política dentro de la población, pero 
su objetivo solo se ha cumplido posiblemente a la mitad.
3. Las limitaciones a las libertades de expresión y de comunicación han buscado im-
pedir que los opositores tengan un espacio para manifestarse y así lograr los ob-
jetivos anteriores. Hay que admitir que estos tienen cierta responsabilidad por la 
situación de los medios ya que han publicado informaciones que son similares a las 
del gobierno, en tanto que han promovido la intolerancia política (Human Rights 
Watch, 2012). Pero también ha sido responsabilidad del oficialismo ya que busca 
implantar una ideología que, para su infortunio, no la comparte la mitad de la so-
ciedad del país.
Los medios de comunicación, por las razones mencionadas, ya no cumplen su fun-
ción de ser los espacios de discusión sobre las problemáticas de la sociedad, sino que 
han entrado a ser solo el instrumento de una ideología para imponer el “socialismo del 
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siglo XXI”, y hacer que todos, sin condición, la acepten como la única forma legítima –y 
quizá, hasta legal– de pensar. En este artículo no se realiza propuesta alguna de solución 
porque las partes son irreconciliables y el problema es tan fuerte que, quizá, ninguna otra 
pueda ser útil para ser aplicada. Los analistas de nuestro país han dicho que la situación 
es completamente ilegitima, pero hay que aceptar que ello depende de los mismos vene-
zolanos hacer que los medios sirvan a los intereses de la gente, como deberíaser, o dejar 
que sigan siendo solo un instrumento del poder de algunos.
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