2- ANSALDI, Waldo_Matriuskas de Terror

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ÍNDICE 
 
pág. 
MATRIUSKAS DE TERROR… 01 
por WALDO ANSALDI 
1. UNA METÁFORA COMO PUNTO DE PARTIDA “ 
2. LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL, FUNDAMENTO IDEOLÓGICO DE 
LAS DICTADURAS 03 
3. LAS DICTADURAS, SIMILARES Y DISÍMILES 05 
4. LA BÚSQUEDA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LEGITIMIDAD DE EJERCICIO 10 
5. EL MODELO ECONÓMICO, CAMPO DE DIFERENCIACIÓN CLAVE ENTRE LAS 
DICTADURAS 13 
-. COLOFÓN 16 
-. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS “ 
 
 
 
 
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 1 
 
 
MATRIUSKAS DE TERROR. 
ALGUNOS ELEMENTOS PARA ANALIZAR LA DICTADURA ARGENTINA 
DENTRO DE LAS DICTADURAS DEL CONO SUR * 
 
por WALDO ANSALDI 
 
UNA METÁFORA COMO PUNTO DE PARTIDA 
 
 Según es bien conocido, la matriuska 
es una popular muñeca rusa caracteri-
zada por el hecho de ser, en realidad, 
no una sino varias, cada una de ellas 
contenida en una de mayor tamaño o, 
para decirlo en sentido inverso, dentro 
de cada muñeca se encuentra una de 
menor tamaño. Al desplegarlas sobre 
una mesa, todas las muñecas se apre-
cian similares en diseño y colores, va-
riando tan sólo sus respectivas dimen-
siones físicas. 
Al igual que las matriuskas, las dic-
taduras instauradas en países de Amé-
rica del Sur en las décadas de 1960 y 
1970 –y prolongadas hasta fines de la 
de 1980- se observan similares en su 
aspecto y diferentes en su tamaño (en 
este caso, mejor, su dimensión tempo-
ral o duración, pero también sus conte-
nidos). Pueden verse como unidades 
independientes, pero sólo se explican 
como conjunto. La metáfora, entonces, 
alude a esta cuestión, es decir, no debe 
tomarse literalmente y creer que lo úni-
 
* 
Agradezco a Alfredo Pucciarelli la cor-
dial invitación para compartir este vo-
lumen. 
[Este artículo fue publicado origina-
riamente en soporte papel en Alfredo 
Pucciarelli, coordinador, Empresarios, 
tecnócratas y militares. La trama cor-
porativa de la última dictadura, Siglo 
Veintiuno Editores, Buenos Aires, 
2004, pp. 27-51. ISBN 987-1105-72-X ] 
Waldo Ansaldi, Matriuskas de te-
rror... 
co que diferencia a la dictadura brasile-
ña de la argentina, la chilena y/o la uru-
guaya es sólo una cuestión de tamaño. 
Por otra parte, tal metáfora es útil 
también para plantear una cuestión im-
portante: el análisis comparado de las 
dictaduras sudamericanas extendidas 
entre mediados de los años sesenta y 
finales de los ochenta es, todavía, una 
asignatura pendiente, ya que no abun-
dan los trabajos al respecto. 
1 
Es cierto 
que las dictaduras instauradas y ejerci-
das en América Latina en el tiempo se-
ñalado han sido objeto de numerosos 
estudios –muchos de muy buena inves-
tigación periodística-, aunque tal vez 
menos que los procesos de transición 
de ellas a las democracias. La mayoría 
de los estudios académicos son políti-
cos y económicos. Son menos los so-
 
1 
Él análisis comparado de las dictaduras 
militares de período indicado será obje-
to de una investigación a realizar duran-
te el bienio 2004-2005, por un equipo 
bajo mi dirección. El proyecto –Los so-
nidos del silencio. Dictaduras y resis-
tencias en América Latina, 1964-1989- 
es de una sociología histórica del tiem-
po presente dedicado a analizar las dic-
taduras institucionales de las Fuerzas 
Armadas instauradas, entre 1964 y 
1976, en Brasil, Argentina, Chile y 
Uruguay, comparándolas entre sí y con 
la larga dictadura sultanística-
prebendaria paraguaya (1954-1989). 
WALDO ANSALDI 2 
ciológicos y mínimos, sobre todo en Ar-
gentina, los históricos. 
2 
 
Nuestra hipótesis es que las dicta-
duras institucionales de las Fuerzas 
Armadas, en América Latina, pretendie-
ron ser correctivos de lo que considera-
ban “vicios de la democracia”, particu-
larmente los generados por el populis-
 
2 
Entre los trabajos más importantes pue-
den citarse, a modo ilustrativo, los de 
Hugo Quiroga (1984), Enrique Vázquez 
(1985), María de los Ángeles Yannuzzi 
(1996), Marcos Novaro y Vicente Pa-
lermo (2003)-, en Argentina; Alfred 
Stepan (1974), Maria Helena Moreira 
Alves (1984) y Thomas Skidmore 
(1988) en Brasil; Genaro Arraigada 
(1998) y Carlos Huneuus (2000), en 
Chile, y Gerardo Caetano y José Rilla 
(1987), en Uruguay. Puede citarse, tam-
bién, el estudio de los partidos en situa-
ción de dictadura –en los casos de Ar-
gentina, Brasil y Uruguay- realizado por 
un equipo dirigido por Silvia Dutrénit 
(1996). La larga dictadura de Stroessner 
(1954-1989) sigue siendo un tema poco 
conocido, al igual que las de Bolivia y 
Guatemala. En cambio, reitero, es casi 
inexistente el análisis comparado de 
ellas como expresión de dictaduras ins-
titucionales de las Fuerza Armadas y/o 
como confrontación entre éstas y las 
más clásicas, de tipo sultanístico-
prebendario (caso paraguayo) y sólo re-
cientemente se han conocido los prime-
ros estudios sobre la acción represiva 
conjunta que los dictadores realizaron 
mediante el “Plan Cóndor”, tales los de 
Stella Callón (1999 y 2001), Francisco 
Martorell (1999) y Alfredo Buccia Paz 
et all (2002). También hay un amplio 
campo de análisis en materia de resis-
tencias a las dictaduras por parte de or-
ganizaciones de la sociedad civil, donde 
existen numerosos trabajos dedicados a 
movimientos y acciones puntuales, mas 
no a todos ellos como totalidad. 
mo (Brasil, Argentina), el reformismo 
socialista (Chile) y/o la amenaza poten-
cial de la izquierda revolucionaria (Uru-
guay, Argentina). En su práctica, terro-
rismo de Estado incluido, llegaron a una 
coordinación supranacional de la repre-
sión, incluso por encima de diferencias 
importantes en otros campos (como las 
vinculadas a las hipótesis de guerra en-
tre sí). Esa pretensión nació de la au-
sencia de un principio de legitimidad 
propio, específico, no cubierto por la 
apelación a la Doctrina de la Seguridad 
Nacional. Más tarde o más temprano, 
las respectivas sociedades civiles gene-
raron acciones que, rompiendo el mie-
do, recuperaron la primacía de la políti-
ca mediante demandas, movilizaciones 
y acciones de diferente índole, limitadas 
a los espacios nacionales y sin co-
nexión supranacional. La forma en la 
que se resolvió la dialéctica entre dicta-
duras y resistencias condicionó la pos-
terior transición a la democracia políti-
ca. 
El presente capítulo es, entonces, 
apenas una primera aproximación a 
una cuestión que será objeto de estudio 
pormenorizado en el próximo bienio. A 
los efectos del caso, aquí considerare-
mos sólo las cuatro dictaduras institu-
cionales de las Fuerzas Armadas esta-
blecidas en Brasil (1964-1985), Argen-
tina (1976-1983), Uruguay (1973-1985) 
y Chile (1973-1990). 
3 
El objetivo es 
ofrecer un marco comparativo que per-
mita comprender mejor, dentro de un 
contexto regional, el tema central del li-
bro, la dictadura miliar argentina, con-
forme los resultados obtenidos por el 
 
3 
En nuestro proyecto de investigación, 
también analizaremos la dictadura ar-
gentina de 1966-1973, la cual dejamos 
de lado en este capítulo por razones que 
hacen a la estructura y los contenidos 
propios del libro. 
MATRIUSKAS DE TERROR 3 
equipo liderado por Alfredo Pucciarelli. Las lectoras y los lectores y los lectores en-
contrarán, entonces, el planteamiento de problemas a investigar más que respues-
tas más o menos contundentes. 
 
LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL, 
FUNDAMENTO IDEOLÓGICO DE LAS DICTADURAS 
 
Las dictaduras son la negación de la 
política y se caracterizan por eliminar 
toda forma de disenso. Son la reduc-
ción de la polifonía a una única voz 
monocorde e incluso al silencio. De allí 
que el punto de inflexión de la historia 
delas dictaduras suele encontrarse en 
el momento en el cual sectores impor-
tantes de la sociedad pierden el miedo, 
salen a la calle y hacen oír sus voces, 
hecho ya señalado en algunos textos 
de Norbert Lechner, Guillermo 
O’Donnell y Juan Rial. 
Las dictaduras carecen de principio 
de legitimidad y se colocan en la para-
dójica situación de pretender legitimar-
se con el argumento de ser restaurado-
ras de las democracias conculcadas 
por las prácticas viciadas de los malos 
políticos. La cuestión de la búsqueda 
de legitimidad de ejercicio para suplir la 
ilegitimidad de origen tiene un compo-
nente importante en la fundamentación 
ideológica. Las que analizaremos recu-
rrieron, en ese sentido, a la Doctrina de 
la Seguridad Nacional, aun con diferen-
cias, incluso sustanciales, en su aplica-
ción nacional. 
En efecto, una de las características 
comunes de las dictaduras instituciona-
les de las Fuerzas Armadas fue la de 
intentar constituir un fundamento ideo-
lógico a partir de la Doctrina de la Se-
guridad Nacional (en adelante, DSN). 
Permítaseme una digresión respecto de 
ésta. Maria Helena Moreira Alves 
(1984: 33) señala que, según Margaret 
E. Crahan, los antecedentes más leja-
nos de la DSN se encuentran en Brasil, 
ya en el siglo XIX, y en Argentina y Chi-
le, a comienzos del XX. Comenzó a 
elaborarse a partir de teorías geopolíti-
cas, antimarxistas y de las tendencias 
conservadoras o de extrema derecha 
del pensamiento social católico de or-
ganizaciones tales como el Opus Dei, 
en España, y Action Française. 
4 
Con el 
comienzo de la Guerra Fría, elementos 
de la guerra total y de la confrontación 
inevitable entre las dos superpotencias 
–los Estados Unidos de Norteamérica y 
la Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas- y sus respectivos bloques mili-
tares –la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN o NATO, según 
sus siglas en inglés) y el Pacto de Var-
sovia)- se incorporaron a la ideología 
de la seguridad nacional en América 
Latina. La forma específica asumida por 
ella, en la región, enfatizaba la “seguri-
dad interna” frente a la amenaza de 
“acción indirecta” del comunismo. Así, 
mientras los teóricos norteamericanos 
de la seguridad nacional privilegiaban el 
concepto de guerra total y la guerra nu-
clear, y los franceses, envueltos en la 
guerra contra los guerrilleros comunis-
tas en Indochina, primero, y en la Gue-
rra de Argelia (por la independencia), 
después, concentraban su atención en 
la guerra limitada como respuesta a la 
“amenaza comunista”, los latinoameri-
canos, preocupados por el crecimiento 
de movimientos sociales de clase obre-
ra, enfocaban la amenaza de la subver-
 
4 
Margart E. Crahan, “National Security 
Ideology and Human Rights”, ponencia 
presentada en el X Congreso Interna-
cional de Filosofía, organizado por la 
Sociedad Interamericana de Filosofía y 
la American Philosophical Association, 
Florida State University, Tallahassee, 
18-23 de octubre de 1981, 
WALDO ANSALDI 4 
sión interna y de la guerra revoluciona-
ria. 
Para los teóricos de la DSN, la bipo-
laridad del mundo constituida tras la 
Segunda Guerra Mundial llevaba a la 
desaparición de las guerras convencio-
nales y a su reemplazo por guerras 
ideológicas disputadas dentro de las 
fronteras nacionales de cada país. A 
escala mundial, la confrontación entre 
el “mundo libre, occidental y cristiano” y 
el “totalitarismo comunista ateo” dejaba 
en las fuerzas armadas norteamerica-
nas la responsabilidad de evitar even-
tuales conflictos armados entre sus 
aliados y encabezar una confrontación 
con la URSS y el Pacto de Varsovia. En 
esa escala, la guerra sería, entonces, 
una guerra contra el comunismo inter-
nacional y se entablaría en todos los 
frentes: militar, político, económico, cul-
tural e ideológico. En cada uno de ellos, 
las fuerzas armadas debían combatir y 
para hacerlo debían prepararse para un 
enfrentamiento no convencional, puesto 
que la subversión internacional actuaba 
en todos esos frentes. Esa tarea exigía 
una actitud vigilante y una preparación 
o capacitación especial, de la cual ca-
recían, a juicio de los ideólogos de la 
DSN, los políticos y la propia democra-
cia. 
La DSN comenzaba con una teoría 
de la guerra. Al respecto, definía cuatro 
tipos de guerra: 1) guerra total; 2) gue-
rra limitada y localizada; 3) guerra sub-
versiva o revolucionaria; y 4) guerra in-
directa o psicológica. En la guerra revo-
lucionaria no había más línea del frente 
de batalla pues el enemigo estaba en 
todas partes. 
La teoría de la guerra total, en tanto 
se basaba en la estrategia de la Guerra 
Fría, concebía al conflicto armado mo-
derno como total y absoluto. Habida 
cuenta del inmenso poder destructivo 
de las armas nucleares y de la inevita-
ble confrontación entre las dos super-
potencias, decían los teóricos de la 
guerra total, la guerra no se limitaba al 
territorio de los países beligerantes, o a 
sectores específicos de la economía o 
de la población. En palabras del gene-
ral do Couto e Silva, de guerra estric-
tamente militar se pasó a guerra total, 
tanto económica, financiera, política, 
psicológica y científica como guerra de 
ejércitos, escuadras y aviaciones; de 
guerra total a guerra global; y de guerra 
total a guerra indivisible y permanente. 
5 
 
En rigor, la formulación más elabo-
rada de la DSN, tal como se la conoció 
y aplicó en las décadas de 1960 y 1970 
(sobre todo, pero no exclusivamente), 
comenzó con la experiencia de los mili-
tares franceses en sus guerras colonia-
les en Indochina y Argelia, la primera 
desarrollada sobre todo en terreno sel-
vático y la segunda, en urbano. Ambas 
terminaron con el fracaso de Francia, 
quien perdió ambas colonias La “técni-
ca” de desaparición de personas y el 
accionar de los “escuadrones de la 
muerte”, usuales en la América Latina 
de dichas décadas, fueron “invencio-
nes” de los militares franceses que 
combatían al Frente de Liberación Na-
cional, en Argelia. Desde mayo de 
1958, los procedimientos aplicados por 
las tropas colonialistas francesas se 
convirtieron en materia de enseñanza y 
estudio en el Centro de Entrenamiento 
en Guerra Subversiva, creado por el 
ministro de Defensa galo, Jacques Cha-
ban-Delmas, participando de los cursos 
oficiales de su país, a los que luego se 
sumaron portugueses (en guerra contra 
los independentistas en sus colonias 
africanas, como Angola, Mozambique, 
Guinea-Cabo Verde), israelíes, nortea-
mericanos y latinoamericanos, entre 
otros. Los cursos incluían un mes de 
práctica en territorio argelino. Un coro-
 
5 
Golbery do Couto e Silva, Conjuntura 
política nacional. O Poder Executivo & 
Geopolítica do Brasil, , Rio de Janeiro, 
Libraría José Olimpo Editora, 1981, p. 
24. 
MATRIUSKAS DE TERROR 5 
lario de los mismos fue la firma de 
acuerdos de cooperación militar que so-
lían incluir la creación de una misión mi-
litar francesa en el país contraparte. 
Las derrotas francesas en Indochina 
y Argelia significaron un traspaso de la 
influencia en la formación de oficiales 
de Francia a Estados Unidos, en mo-
mentos en que este país comenzaba a 
involucrarse en la que será la Guerra 
de Vietnam y enfrentaba, en América 
Latina, los múltiples desafíos genera-
dos por la Revolución Cubana. Ahora 
bien, los militares norteamericanos fue-
ron instruidos por colegas franceses, 
tras los acuerdos alcanzados con el mi-
nistro de Defensa de Francia, Pierre 
Messner, en 1960. Por ellos, el país eu-
ropeo envió a Estados Unidos oficiales 
en calidad de asesores en materia de 
guerra revolucionaria. Actuaban en Fort 
Bragg y entre ellos se destacaba el ge-
neral Paul Aussaresses, considerado 
uno de los mejores agentes galos en la 
materia.
 6 
 
Finalmente, la tarea formativa de los 
franceses fue transferida en América 
Latina a los norteamericanos. Éstos 
realizaron parte de su tarea en la Es-
cuela de las Américas,establecida, en 
1946, en la zona estadounidense del 
Canal de Panamá y especializada, a 
partir de mediados de los años sesenta, 
en la guerra antisubversiva. Se estima 
en 60.000 el número de oficiales de los 
ejércitos latinoamericanos que recibie-
ron entrenamiento. Se la conoce tam-
bién como “Escuela para dictadores”. 
 
LAS DICTADURAS, SIMILARES Y DISÍMILES 
 
 En el sur de América Latina, las dicta-
duras fueron ejercidas con notables di-
ferencias, pese a tener como común 
denominador sus fundamentos en la 
 
6 
El general Paul Aussaresses publicó, en 
2001, un libro de contenido terrible, 
Services spéciaux. Algérie 1955-1957, 
Perrìn, Paris (200 páginas). Presentado 
como “mi testimonio sobre la tortura”, 
renovó el debate sobre la cuestión. Dos 
años después, en 2003, se conoció el vi-
deo documental Escuadrones de la 
Muerte. La Escuela Francesa, realizado 
por la periodista Marie-Monique Robin, 
de alto impacto en países europeos y la-
tinoamericanos. El film se difundió por 
primera vez el 1 de septiembre de 2003, 
a través del canal Plus, de Francia, en 
este país y en otros once de Europa. En 
Argentina se conocieron fragmentos del 
mismo a través del diario Página 12 y 
el canal 11 de televisión abierta, quienes 
prestaron mayor atención a los segmen-
tos que implicaban a militares argenti-
nos. 
Doctrina de la Seguridad Nacional. En 
efecto, las cuatro siguieron rumbos dife-
rentes en política económica, en el tra-
tamiento de la oposición política y so-
cial y en la magnitud de violación de de-
rechos humanos y ejercicio del terro-
rismo de Estado. El contraste es nota-
ble entre la dictadura brasileña (política 
económica desarrollista mediante una 
alianza tecnoburocrático-militar, con 
importante intervención estatal; ejerci-
cio de la dictadura con formato repre-
sentativo; menor grado de violencia en 
la represión de los opositores) y las res-
tantes, pero también en éstas se en-
cuentran, pese a mayores niveles de 
coincidencia, algunas diferencias signi-
ficativas (por ejemplo, el éxito en la 
aplicación de políticas neoconservado-
ras en Chile, y su fracaso en Argentina 
y Uruguay). 
En materia de aplicación de la vio-
lencia sobre los opositores, las dictadu-
ras argentina y chilena, en ese orden, 
fueron las más duras, aunque sin al-
canzar, pese a su magnitud, los niveles 
WALDO ANSALDI 6 
terribles de Guatemala. 
7 
En el caso chi-
leno, impactó el alto número de victima 
iniciales, en los primeros días del golpe 
de septiembre: más de dos mil muertos, 
prisión, fuga o exilio de unos 9.000 diri-
gentes y simples partidarios de la Uni-
dad Popular (Gazmuri, s.f.: 2 y 5). En el 
argentino, el de desaparecidos (30.000, 
aunque este proceso comenzó, de ma-
nera sistemática, casi dos años antes 
del golpe y se prolongó más allá del 
primer año de dictadura). Las cuatro 
dictaduras coincidieron en la coordina-
ción de la persecución de los disiden-
tes, a través de la Operación Cóndor, 
un plan secreto que coordinó tareas de 
inteligencia, persecución y asesinatos 
de opositores a las dictaduras realiza-
das por organismos represivos de Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay –el Mercosur de la muerte, 
según la ajustada expresión de Martín 
Sivak, o una corporación internacional 
de la muerte, si se prefiere la de Jack 
Anderson-, pero que incluso actuó fuera 
de las fronteras de estos seis países. 
Stella Calloni (2001: 21) sostiene que 
“Estados Unidos proporcionó inspira-
ción, financiamiento y asistencia técnica 
a la represión, y plantó la semilla de la 
Operación Cóndor. La CIA promovió 
una mayor coordinación entre los servi-
cios de inteligencia de la región. Un his-
toriador estadounidense atribuye a un 
 
7 
Las cifras del genocidio guatemalteco 
son escalofriantes: 200.000 personas 
muertas, en su mayoría asesinadas, 
70.000 desaparecidos, 1.000.000 de 
desplazados, más de 600 masacres rea-
lizadas por el ejército en aldeas indíge-
nas y campesinas. Para comprender me-
jor la magnitud de estas cifras, digamos 
que Guatemala, un país de sólo 108.889 
km
2 
(un poco menos que la provincia 
argentina de Catamarca, que mide casi 
111.000 km
2
) tenía, en 1994, 
10.322.000 habitantes. 
operativo de la CIA la organización de 
las primeras reuniones entre funciona-
rios de seguridad uruguayos y argenti-
nos para discutir la vigilancia de los exi-
liados políticos. La CIA también actuó 
como intermediaria en las reuniones 
entre los dirigentes de los escuadrones 
de la muerte brasileños y los argentinos 
y uruguayos (...) La división de servicios 
técnicos de la CIA suministró equipos 
de torturas eléctrica a brasileños y ar-
gentinos, y ofreció asesoramiento sobre 
el grado de shock que el cuerpo huma-
no puede resistir”. 
8 
 
En lo atinente a la organización del 
ejercicio del poder político, las diferen-
cias fueron más que las coincidencias, 
si bien unas y otras se dieron dentro del 
compartido carácter de dictaduras insti-
tucionales de las Fuerzas Armadas. 
Carlos Huneeus afirma que los militares 
debieron definir un problema recurren-
te, el del establecimiento de una estruc-
tura política apta para un largo ejercicio 
del poder. Se trata de una situación 
común a los cuatros casos que anali-
zamos aquí. Huneeus (2000: 267-268), 
siguiendo a Juan Linz, sostiene que los 
militares golpistas tenían ante sí tres al-
ternativas de institucionalización políti-
ca: 1) la legitimación carismática; 2) al-
guna fórmula corporativista, como la 
“democracia orgánica”, sin organizar un 
partido único; 3) un sistema de partidos, 
sea unipartidario o multipartidario; en la 
segunda variante, mediante un partido 
oficial, dominante, y uno, o más, expre-
sión de una oposición consentida y 
marginal dentro del régimen político. La 
primera de las opciones era objetada 
por los militares debido a “la excesiva 
personalización del poder en un indivi-
duo y por ser incompatible con su alto 
nivel profesional”, mientras la tercera 
 
8 
El historiador al que alude Calloni es A. 
J. Langguth, autor del libro Hidden Te-
rrors New York, New York, Pantheon, 
1978, que sirve de fuente a la autora. 
MATRIUSKAS DE TERROR 7 
generaba recelos por la mala imagen 
que los militares tenían de los partidos 
políticos (posición que compartían los 
militares argentinos y chilenos, y con la 
que discrepaban los uruguayos y brasi-
leños). 
Las Fuerzas Armadas chilenas op-
taron, dice Huneeus, “por un régimen 
militar tradicional, con una Junta de 
Gobierno como autoridad máxima, pero 
con un importante grado de concentra-
ción del poder en el general Pinochet, 
quien ejerció simultáneamente las fun-
ciones de Presidente de la República, 
presidente de la Junta de Gobierno 
hasta 1980 y comandante en jefe del 
Ejército” (Huneeus, 2000: 268). El De-
creto-Ley Nº 572, del 26 de junio de 
1974, otorgó a Pinochet el título de Jefe 
Supremo de la Nación, denominación 
que en diciembre fue suprimida, retor-
nándose al tradicional de Presidente de 
la República. Meses después, el 4 de 
diciembre del mismo año, el Decreto-
Ley Nº 788 dispuso que la Junta de 
Gobierno tenía potestad de modificar, a 
su arbitrio y retroactivamente, la Consti-
tución Nacional de 1925. La Junta ad-
quiría, así, funciones de Poder Legisla-
tivo y Constituyente (Gazmuri, s.f.: 3) 
La personalización en el ejercicio del 
poder, característico de la dictadura chi-
lena, no le quita a ésta, según mi pare-
cer, el carácter de institucional de las 
Fuerzas Armadas. 
En Argentina, el Estatuto para el 
Proceso de Reorganización Nacional, 
dado a conocer el mismo día del golpe, 
el 24 de marzo de 1976, creó una Junta 
Militar, integrada por el comandante en 
jefe de cada una de las tres armas 
(Ejército, Marina y Aviación), y depositó 
en ella la condición de “órgano supremo 
del Estado”. 
9 
En tal calidad, le asignó el 
poder de elegiral Presidente de la Re-
 
9 
El texto del Estatuto puede verse en 
Clarín, Buenos Aires, 25 de marzo de 
1976. 
pública –que debía ser un oficial supe-
rior- y de revocar su mandato “cuando 
por razones de Estado lo considerara 
conveniente, designando a su reempla-
zante”. La Junta también concentró al-
gunos poderes y funciones asignados 
por la Constitución Nacional a Presi-
dentes de derecho (entre ellas, la con-
ducción de las Fuerzas Armadas), e in-
cluso se convirtió en el órgano que de-
bía dar acuerdo a la decisión presiden-
cial de designación de ministros del 
Ejecutivo, gobernadores de provincias y 
jueces ordinarios. El Estatuto estable-
ció, a modo de reemplazo del disuelto 
Congreso Nacional, una Comisión de 
Asesoramiento Legislativo (CAL), inte-
grada por tres oficiales de cada una de 
las fuerzas, uno de los cuales ejercía la 
presidencia, anual y rotativa. La CAL 
tenía como función preparar los proyec-
tos de ley. Las Fuerzas Armadas se 
distribuyeron en partes iguales (un ter-
cio para cada una) todos los espacios 
de poder y administración que ocupa-
ron. 
10 
Empero, la presidencia de la Re-
pública siempre fue ejercida por un ofi-
cial del Ejército, sumando cuatro jefes, 
de los cuales sólo uno –Jorge Rafael 
Videla, el primero- completó su manda-
to, dos –Roberto Eduardo Viola y Leo-
poldo Fortunato Galtieri- fueron releva-
dos y el cuarto –Reynaldo Bignone- fue 
 
10 
Marcos Novaro y Vicente Palermo 
(2003: 49-50) acotan: “La decisión de 
militarizar casi todos los niveles y ám-
bitos del Estado (a excepción de los 
municipios, que en gran parte siguieron 
administrados por civiles), constituyen-
do un gobierno directo y efectivo de las 
Fuerzas Armadas, y de lotizar entre las 
fuerzas las áreas de influencia, los car-
gos y las funciones, era algo inédito en 
la historia de las intervenciones milita-
res argentinas. Y completaba un diseño 
tendiente a establecer una separación ta-
jante entre los militares y los actores so-
ciales”. 
WALDO ANSALDI 8 
designado tan sólo para administrar la 
transición a la democracia. A diferencia 
del caso chileno –y al igual que el brasi-
leño y el uruguayo-, el argentino puso 
especial énfasis en eludir la personali-
zación del poder, insistiendo en el ca-
rácter institucional que las Fuerzas Ar-
madas daban a una crisis también insti-
tucional. 
Las Fuerzas Armadas uruguayas se 
diferenciaron de las otras en materia de 
ejercicio del poder, en tanto no ejercie-
ron el formal de manera directa, al me-
nos durante los dos primeros tercios de 
la duración de la dictadura. Fue sólo en 
el tercio final cuando un oficial (del 
Ejército) accedió a la jefatura del Esta-
do: el elegido fue un oficial retirado. En 
efecto, el teniente general Gregorio Ál-
varez –Comandante del Ejército en 
1978-1979, condecorado con la “Gran 
Cruz del Libertador Bernardo 
O’Higgins” y la “Orden Libertador Gene-
ral San Martín”, por los dictadores Pi-
nochet y Videla, respectivamente- re-
cién fue designado Presidente, por la 
Junta de Oficiales Generales, en sep-
tiembre de 1981, con la misión de llevar 
adelante un proceso de transición a la 
democracia que debía culminar (como 
efectivamente ocurrió) en la realización 
de elecciones libres el 25 noviembre de 
1984 y la asunción del nuevo presiden-
te electo en ellas el 1 de marzo de 
1985. Incluso el golpe de Estado –que, 
en rigor, se ejecutó en dos momentos, 
febrero y junio de 1973- no fue perpe-
trado directamente por los militares, si-
no por el propio presidente constitucio-
nal, José María Bordaberry. El 27 de 
junio de 1973, éste decretó la disolu-
ción del Congreso bicameral, el cual fue 
reemplazado por un novel Consejo de 
Estado, permaneciendo él en el ejerci-
cio de la presidencia, a la cual había 
accedido al ganar las elecciones de no-
viembre de 1971, con apenas 22.8 % 
de los votos y en medio de una fuerte 
crisis partidaria. 
11 
Tras el golpe de 
1973, la base programática adoptada 
fue, también aquí, la Doctrina de la Se-
guridad Nacional. La primera etapa de 
la dictadura uruguaya –el período de la 
llamada, por Luis Eduardo González, 
dictadura comisarial- duró tres años. La 
segunda, denominada por el mismo au-
tor la del ensayo fundacional, se exten-
dió entre 1976 y 1980; durante ella la 
presidencia fue ejercida brevemente 
por el doctor Alberto Demichelli y, des-
de el 1 de septiembre de 1976, por el 
doctor Aparicio Méndez, un viejo políti-
co de larga militancia en el Partido Na-
cional, circunstancia que no fue óbice 
para que firmara, el mismo día, un de-
creto prohibiendo, durante quince años, 
todas las actividades políticas autoriza-
das por la Constitución Nacional. Álva-
rez gobernó durante la fase de la dicta-
dura transicional (1980-1984/1985). 
En el caso brasileño, una de las 
primeras disposiciones de la dictadura 
militar fue la promulgación del Ato Insti-
tucional Nº 1, el 9 de abril de 1964. Me-
diante él se procuró dotar de bases le-
gales a la nueva situación política e ins-
titucionalizar la "revolución": se mante-
nían la Constitución del mismo año 
1964, salvo en materia de los poderes 
del Presidente de la República, y el fun-
cionamiento de los partidos y el Con-
greso Nacional -cuya legitimidad ema-
naba, ahora, del propio Ato Institucional 
y era resultado "del ejercicio del Poder 
Constituyente, inherente a todas las re-
voluciones"-, si bien aquél fue depurado 
en su composición y limitado drástica-
 
11 
Bordaberry, del Partido Colorado, in-
tentó inicialmente lograr un amplio 
acuerdo político que garantizase la go-
bernabilidad del país, pero fracasó. Sólo 
le acompañaron la fracción colorada 
quintista, de Jorge Batlle –que aportó 
los tecnócratas neoliberales encargados 
de la economía-, y minoritarios sectores 
de la derecha nacionalista. 
MATRIUSKAS DE TERROR 9 
mente en el ejercicio de sus facultades. 
El Presidente asumía importantes facul-
tades, arrebatadas al Legislativo. El ins-
trumento legal apuntaba a una nueva 
centralización y concentración de poder 
en el Ejecutivo, medida estimada nece-
saria para "la reconstrucción económi-
ca, financiera, política y moral de Brasil" 
y para alcanzar el objetivo de "la res-
tauración del orden interno y del presti-
gio internacional de nuestro país", so-
cavados por la acción del gobierno de-
rrocado, que "estaba deliberadamente 
intentando bolchevizar el país" [sic!]. 
El 27 de octubre de 1965 se firmó el 
Ato Institucional Nº 2 (válido hasta el 15 
de marzo de 1967, fecha de finalización 
del mandato del presidente Castelo 
Branco), instrumento que introdujo nue-
vas enmiendas constitucionales y pro-
fundizó el proyecto gubernamental de 
institucionalización del Estado. En su 
parte resolutiva, el instrumento legisla-
ba sobre tres áreas, dos de ellas ati-
nentes a las relaciones entre los tres 
Poderes del Estado: 
1. el control del Poder Legislativo por 
el Ejecutivo, que fue reforzado aún 
más; 
2. el incremento del número de miem-
bros del Supremo Tribunal Federal, 
incorporando ministros favorables a 
las posiciones del Ejecutivo, y la 
transferencia de los procesos judi-
ciales por razones políticas a los 
Tribunales Militares; 
3. el control de la representación polí-
tica. 
En materia de representación políti-
ca, el AI-2 eliminó la elección directa 
del presidente y el vicepresidente de la 
república, reemplazándola por la indire-
cta a través de un Colegio Electoral in-
tegrado por la mayoría absoluta de 
miembros del Congreso Nacional y re-
unido en sesión pública, en la cual los 
electores emitirían su voto nominal y 
públicamente. 
Finalmente, por su artículo 18º, el 
AI-2 dispuso la extinción de los partidos 
políticos existentes (que por entonces 
eran trece) y la observancia de rígidas 
exigencias para constituir nuevos parti-
dos, fijadas por el Estatuto de los Parti-
dos (ley Nº 4.740, del 15 de juniode 
1965) y Actos Complementarios. El 20 
de noviembre del mismo año fue pro-
mulgado el Ato Complementar Nº 4, el 
cual estableció las reglas o normas pa-
ra la creación de nuevos partidos políti-
cos, que no podían llevar denominacio-
nes de antiguos partidos. Los nuevos 
partidos se formaron de arriba hacia 
abajo, a partir de una situación dada 
(representación parlamentaria previa), y 
no a la inversa, según movimientos en 
el interior de la sociedad civil: fueron 
partidos del Estado. Así surgieron la 
Aliança Renovadora Nacional (ARE-
NA), el partido oficial, y el Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB), de opo-
sición. Ambos existieron hasta 1979, 
cuando una nueva resolución los disol-
vió para dar lugar a un sistema pluripar-
tidario. 
Un tercer Ato Institucional, el AI-3, 
del 5 de febrero de 1966, dispuso que 
de ahí en más los gobernadores esta-
duales se elegirían indirectamente por 
mayoría absoluta de votos de las res-
pectivas asambleas legislativas, me-
diante votación pública y nominal. A su 
vez, la designación de los prefectos de 
todas las capitales estaduales sería pri-
vativa de cada gobernador, mientras 
que en las restantes prefecturas podrí-
an serlo por voto popular secreto. 
La dictadura militar brasileña pre-
senta, pues, sus singularidades respec-
to de las otras tres. Una de ellas es su 
opción por un régimen político que in-
cluyó, al menos como petitio principii, el 
funcionamiento de partidos políticos y el 
Congreso y la periódica convocatoria a 
elecciones. Dicho de otra manera, fue 
una dictadura que no negó totalmente 
la política y que, al dejar un pequeño 
espacio para ésta, no radicalizó la in-
WALDO ANSALDI 10
compatibilidad entre dictadura militar y 
política. Es cierto que la actividad parti-
daria estuvo fuertemente condicionada 
(sobre todo hasta 1979-1980) y que las 
reglas del juego electoral fueron modifi-
cadas toda vez que ellas mismas se 
volvían contra el propio partido oficial y, 
por ende, la dictadura. Con todo, puede 
decirse que se trató de una dictadura 
con formato representativo. Es posible 
que esa opción, manifestada como una 
preocupación a veces obsesiva por la 
legitimidad, guarde alguna relación -a 
modo de "enseñanza"- con la experien-
cia del Estado Novo y su esfuerzo por 
encontrarle una al régimen, al menos 
"para uso externo", como ha sugerido 
Aspásia Camargo, o bien a la "inaltera-
ble veneración por las formalidades le-
gales" o la "propensión de los militares 
brasileños por la legitimidad formal", 
como prefieren Alves (1984: 144, n. 5) y 
Skidmore (1988: 170). No deben subes-
timarse razones de otra índole, como 
las características personales de los 
principales jefes militares con poder de 
decisión. En este plano, las variables 
micropolíticas no son desdeñables: así, 
las posiciones del general Humberto 
Castelo Branco, en Brasil, explícitamen-
te favorables a la democracia (o a su 
retorno) o, en Argentina, las apetencias 
personales del almirante Emilio Masse-
ra por construir un soporte político apto 
para llegar a la presidencia (más que 
para instaurar la democracia). Por otra 
parte, en el caso brasileño, tampoco 
debe olvidarse que la opción por la vi-
gencia electoral no fue de aceptación 
unánime dentro de las Fuerzas Arma-
das, donde se impuso como conse-
cuencia de una correlación de fuerzas 
favorable y mediante la resolución de 
conflictos de diferente magnitud y fre-
cuencia. 
En cuanto a duración, las dictaduras 
militares argentinas fueron las más bre-
ves: las dos duraron sólo siete años 
cada una, menos que los doce de la 
uruguaya, los diecisiete de la chilena y 
los veintiuno de la brasileña. Y suman-
do las dos, apenas superan la duración 
de la uruguaya. No deja de ser curioso 
que, en los cuatro países objeto de 
nuestra atención, los militares con ma-
yor tradición golpista –esto es, con más 
golpes de Estado en su haber- sean, al 
mismo tiempo, los que registran el me-
nor tiempo de ejercicio de la dictadura 
(desde 1930 hasta 1983, nunca supe-
rior a los siete años y meses). ¿Fortale-
za de la sociedad civil y capacidad de 
resistencia de sus organizaciones? 
¿Debilidad e incapacidad de los milita-
res? No hay una respuesta única y las 
que se puedan formular no son simila-
res para la autodenominada “Revolu-
ción Argentina” y para el también auto-
denominado “Proceso de Reorganiza-
ción Nacional”. Tampoco, claro está, 
para las dictaduras anteriores. En con-
traste con la mayor participación de los 
militares argentinos en la interrupción 
de la vida constitucional, sus camara-
das uruguayos, chilenos y brasileños 
tuvieron, a lo largo del siglo XX, menor 
incidencia, aún más baja en ejercicio di-
recto del gobierno. 
 
LA BÚSQUEDA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LEGITIMIDAD DE EJERCICIO 
 
He dicho antes que las dictaduras no 
tienen un principio de legitimidad propio 
y, paradójicamente, tienden a autofun-
damentarse precisamente en aquello 
que su práctica niega, la democracia: 
las dictaduras se instalan, dicen los dic-
tadores y sus intelectuales, para restau-
rar las democracias conculcadas por 
las prácticas corruptas, demagógicas y 
degeneradoras de los políticos, las cua-
les habían devenido creadoras de con-
diciones para la “subversión marxista”, 
o bien para instaurar una nueva demo-
cracia. Los testimonios no son escasos. 
Aquí sólo citaré unos pocos, a modo 
ilustrativo. 
MATRIUSKAS DE TERROR 11 
En Chile, el mismo 11 de septiembre de 1973, el Decreto-Ley Nº 1, hacía saber 
que el propósito del golpe era “restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionali-
dad quebrantada”. El general Augusto Pinochet prometió, unos días después: 
“Chile volverá a su tradicional sistema democrático” 
12 
 
En Argentina, el general Jorge Videla expresaba, en los inicios de la dictadura: 
Si hubiera que definir el aspecto negativo más importante contra el cual de-
bemos luchar todos, que ha ensombrecido el panorama argentino en los úl-
timos años, podríamos hacerlo con una sola palabra, según mi punto de vis-
ta: demagogia (...) La demagogia, agitada con fines puramente electorales a 
través de slogans, rótulos y frases hechas, no hizo más que enfrentarnos en 
antinomias estériles y confundirnos profundamente, al punto tal que es difícil 
distinguir dónde está el bien y dónde está el mal. Esa demagogia, además, 
por ser complaciente dio origen a la corrupción (...) Esta corrupción -
justamente por ser generalizada- motivó el trastrocamiento de los valores 
tradicionales, es decir, subversión. Porque subversión no es más ni menos 
que eso: subversión de los valores esenciales del ser nacional. 
13 
En el verano de 1977, el mismo dictador aseguraba que el objetivo final del Pro-
ceso de Reorganización Nacional –eufemismo inventado para ocultar la dictadura- 
era alcanzar “un régimen político democrático capaz de gobernar, durante un largo 
futuro, una sociedad abierta y pluralista”. 
14 
 
En Uruguay, los militares justificaron el desplazamiento del presidente Juan Ma-
ría Bordaberry, a mediados de 1976, con estos argumentos: 
1 [E]l presidente de la República no acepta el futuro funcionamiento de los 
Partidos Políticos Tradicionales. Entiende que éstos no tienen cabida en el 
Uruguay del futuro (...) En cambio, las FF. AA: no quieren compartir el com-
promiso, la responsabilidad histórica de suprimir los Partidos Políticos Tra-
dicionales. 
2 El señor Presidente de la República no acepta el pronunciamiento popular a 
través del voto, porque considera que esa práctica de las democracias ac-
tuales es algo superado (...) En contraposición a esto, las FF. AA. sostienen 
que la soberanía está radicada en la Nación y que, entre otras cosas, una 
forma auténtica de expresión de esa soberanía, es el voto popular. 
3 El señor Presidente de la República intenta responsabilizar a los Partidos 
Políticos del menoscabo moral y material de la Nación, y no a los hombres 
que fueron directamente responsables de ese menoscabo, para satisfacer 
sus apetitos de poder. Las FF.AA., por el contrario, entienden que no debe 
trasladarse al sistema la responsabilidad de errores y desviaciones persona-
les, sino que, en vez, deben administrarse las medidas que impidan que 
esas influencias negativas continúen en el futuro. 
15 
 
12 
El Mercurio, Santiago, 17 de septiembre de 1973. 
13 
Clarín, Buenos Aires, 25 de mayo de 1976 (las cursivas son mías). 
14 
Clarín, Buenos Aires, 30 de enero de 1977. 
15 
Comunicado político emitido por las Fuerzas Armadas el 12 de junio de 1976. Citado 
por Caetano y Rilla (1987: 56-57). 
WALDO ANSALDI 12
La señalada apelación a la restau-
ración de la democracia no debe velar 
un cambio significativo que, en mayor o 
menor medida, comparten las cuatro 
dictaduras: la de proponerse como 
momento fundacional de un nuevo ré-
gimen político. Ya a comienzos de los 
setenta, Alfred Stepan (1974: 315-316) 
había advertido que las experiencias 
brasileñas y peruana, iniciadas en 1964 
y 1968 respectivamente, sugerían que 
las nuevas intervenciones de los milita-
res latinoamericanos en la política se 
orientaban ya no en la antigua dirección 
de custodios del sistema, sino en la de 
“encargados de su transformación”. Las 
dictaduras de esa década ratificarán el 
diagnóstico, con independencia del 
hecho de sus disímiles, y a veces men-
guados, resultados inmediatos. 
Los militares uruguayos se plantea-
ron fundar una democracia limitada y 
tutelada, a la cual le dieron forma cons-
titucional y sometieron el proyecto –
siguiendo el procedimiento exitoso de 
sus camaradas chilenos en 1977 y el 
mismo 1980- a un plebiscito, realizado 
el 30 de noviembre de 1980, que per-
dieron en una proporción de 3 a 2 (58 
% de los votantes lo hizo en contra y 42 
%, a favor, concurriendo a votar el 85 % 
del padrón). La derrota abrió el camino 
de la transición a la democracia. A jui-
cio de Luis Eduardo González (1984: 
28], “[e]l resultado del plebiscito de 
1980 fue fundamentalmente un voto po-
lítico. No una reacción (favorable o no) 
frente a los resultados de la política 
económica del gobierno, y en términos 
relativos las opciones fueron claras: el 
«sí» fue un voto a favor del orden auto-
ritario, y el «no» fue un voto por la re-
democratización”. 
Las Fuerzas Armadas chilenas, a su 
vez, abandonaron pronto la supuesta 
pretensión restauradora de la democra-
cia. Cristián Gazmuri (s.f.: 1) ha seña-
lado que, desde octubre de 1973, el sis-
tema democrático chileno fue conside-
rado por los militares golpistas “la cau-
sa misma de la crisis política” del país. 
El nuevo rumbo quedó fijado por dos 
documentos, la “Declaración de princi-
pios” y el “Objetivo nacional”, dados a 
conocer por Pinochet el 11 de marzo de 
1974. El primero daba cuenta, funda-
mentalmente, de la “suspensión de la 
institucionalidad jurídica consagrada en 
la Constitución de 1925; intervención y 
control de la prensa y las universida-
des; estado de sitio; toque de queda; 
persecución de los funcionarios del ré-
gimen de la Unidad Popular; prohibición 
de cualquier manifestación social; 
prohibición de la actividad sindical; 
mantención del exilio”. El segundo, en 
cambio, apuntaba al nuevo modelo 
económico: el neoliberal impulsado por 
los Chicago boys chilenos, economistas 
que llegaron a cargos ministeriales en 
julio de 1974. La nueva institucionalidad 
a la que aspiraban las Fuerzas Arma-
das era la de una democracia protegida 
y autoritaria, la cual incluía componen-
tes corporativistas tomados del fran-
quismo español y fue consagrada en la 
Constitución nacional de 1980. 
Huneeus (2000: 39) señala que el nue-
vo orden político “tuvo la pretensión de 
ser una alternativa a la democracia oc-
cidental, descalificada por obsoleta de-
bido a su incapacidad para «defender-
se» de «la amenaza comunista»”. La 
dictadura chilena prohibió la actividad 
de los partidos políticos pero no pres-
cindió por completo de las elecciones, 
aun cuando las mismas fueron no com-
petitivas (tales, la consulta del 4 de 
enero de 1978, el plebiscito constitucio-
nal del 11 de septiembre de 1980 y el 
decisivo plebiscito del 5 de octubre de 
1988). 
 
MATRIUSKAS DE TERROR 13 
EL MODELO ECONÓMICO, 
CAMPO DE DIFERENCIACIÓN CLAVE ENTRE LAS DICTADURAS 
 
Si bien la DSN fue el sustento ideológi-
co de las dictaduras institucionales de 
las Fuerzas Armadas latinoamericanas, 
en un marco de notable coherencia, sus 
contenidos y aplicación no fueron simi-
lares en todos los países en los cuales 
fue utilizada como tal soporte. 
16 
En ese 
 
16 
Un caso diferente es el de las Fuerzas 
Armadas peruanas, que también desa-
rrollaron, durante las décadas del cin-
cuenta y, sobre todo, del sesenta, una 
doctrina de “progreso social y desarro-
llo integrado” de contenido nacionalista 
y reformista, en la cual se apreciaba la 
influencia de las posiciones de la Comi-
sión Económica para América Latina 
(CEPAL) sobre la dependencia y el 
subdesarrollo. La doctrina de los milita-
res peruanos –que se autoconsideraban 
“combatientes contra el subdesarrollo” 
al lado del pueblo- fue elaborada en el 
Centro de Altos Estudios Militares 
(CAEM) y tenía como nota distintiva 
concebir la seguridad nacional en tér-
minos no sólo militares sino también 
económicos y sociales, en lo cual coin-
cidía con la de los brasileños. Tal doc-
trina sirvió de fundamento a la denomi-
nada Revolución Peruana, el proceso de 
reformismo militar encabezado por el 
general Juan Velasco Alvarado, tras la 
toma del poder mediante un golpe de 
Estado perpetrado el 3 de octubre de 
1968. La experiencia se prolongó hasta 
el 29 de agosto de 1975, cuando el pre-
sidente fue derrocado por otro golpe mi-
litar, encabezado por el general Francis-
co Morales Bermúdez. En el ínterin se 
tomaron decisiones tales como la nacio-
nalización de la norteamericana Interna-
tional Petroleum Company, la reforma 
de los aparatos estatales, la reforma 
agraria, la expropiación de las propie-
dades de los grandes terratenientes y la 
creación del Sistema Nacional de Apo-
sentido, es interesante constatar la va-
riante brasileña de tal doctrina, caracte-
rizada por el énfasis puesto en la rela-
ción entre desarrollo económico y segu-
ridad interna y externa, tanto que fue 
conocida como Doutrina de Segurança 
e Desenvolvimento (Seguridad y Desa-
rrollo). 
17 
Esta diferencia se aprecia en 
la disímil política económica impulsada 
por las Fuerzas Armadas brasileñas, 
claramente contrastante con la ad-
hesión a las posiciones del llamado, 
más tarde, Consenso de Washington, 
de ajuste estructural, neoliberales o ne-
oconservadoras, característica de las 
otras dictaduras del Cono Sur, muy es-
pecialmente la chilena. Es cierto que la 
dictadura brasileña se instauró antes de 
 
yo a la Movilización Social (SINA-
MOS). Ciertamente, el reformismo mi-
litar peruano no postulaba construir el 
socialismo sino terminar con la domina-
ción oligárquica y desarrollar una de-
mocracia con amplia base participativa. 
Ha sido caracterizado como un proceso 
autoritario de incorporación de las cla-
ses sociales populares urbanas y rurales 
en pos del objetivo del desarrollo del 
país. La experiencia peruana comenzó 
cuando ya estaban instaladas dos dicta-
duras institucionales de las Fuerzas Ar-
madas en el Cono Sur, la brasileña 
(1964) y la primera argentina (1966). 
Significativamente, como señalara Al-
fred Stepan en su momento, el CAEM 
no contó con militares norteamericanos 
en su cuerpo de profesores, a diferencia 
de otros países (en Brasil, la misión nor-
teamericana se extendió entre 1948 y 
1960). 
17 
El texto más importante para entender la 
posición de los militares brasileños en 
la materia es el Manual Básico da Esco-
la Superior de Guerra, publicado por su 
Departamento de Estudios en 1976. 
WALDO ANSALDI 14
la aparición de esas posiciones, pero 
también lo es que ellase prolongó has-
ta 1985, tiempo para el cual ya se habí-
an llevado adelante las experiencias 
chilena, argentina y uruguaya. Pero el 
modelo económico de éstas no sirvió 
de estímulo a la introducción de cam-
bios por parte de los dictadores brasile-
ños. Es claro que éstos optaron, tam-
bién ellos, por una fuerte apertura a la 
inversión de capital extranjero, pero no 
debilitaron al Estado. Así, una de las 
primeras medidas tomadas por el go-
bierno del general Humberto Castelo 
Branco (el primero de los dictadores) 
fue –en el marco de la llamada Reforma 
Administrativa- la creación del Ministe-
rio de Planeamiento y Coordinación 
Económica, al que se encargó coordi-
nar y aplicar el modelo económico, faci-
litando la inversión extranjera y aumen-
tando la tasa de acumulación de capi-
tal. 
El programa económico global de la 
dictadura brasileña formulaba como ob-
jetivos la racionalización de la econo-
mía por la concentración del capital en 
las industrias más eficientes y el estí-
mulo a la penetración del capital multi-
nacional más moderno y productivo, en 
total correspondencia con una de las 
premisas de la Doctrina de la Seguridad 
Nacional y Desarrollo en cuanto a los 
efectos considerados benéficos de la 
inversión multinacional: la mejor mane-
ra de desarrollar a Brasil consistía en 
transformar a la economía del país en 
área prioritaria para la inversión extran-
jera. 
Para los teóricos de la Doutrina de 
Segurança Nacional e Desenvolvimento 
-elaborada en la Escola Superior de 
Guerra (ESG) a lo largo de veinticinco 
años y entre cuyos autores descolló 
largamente el general Golbery do Couto 
e Silva 
18
- no podía haber seguridad 
 
18 
La ESG brasileña fue creada en abril de 
1949, mediante un decreto del presiden-
nacional sin un alto grado de desarrollo 
económico, el cual debía incluir la in-
dustrialización, el efectivo aprovecha-
miento de los recursos naturales, la 
construcción de una extensa red de 
transporte y comunicaciones (con la 
función de integrar el territorio nacional, 
tarea en la cual se asignaba destacada 
importancia a las autovías y los ferroca-
rriles), el entrenamiento de una fuerza 
de trabajo altamente calificada y el de-
sarrollo científico y tecnológico. Para el 
logro de estos objetivos, en definitiva, la 
construcción de un “capitalismo moder-
no”, los teóricos de la Escuela Superior 
de Guerra brasileña consideraban clave 
la fuerte intervención del Estado en el 
planeamiento económico nacional, en 
la inversión en infraestructura e incluso 
no desdeñaban la eventual apropiación 
directa de los recursos naturales por 
parte del propio Estado. Alves (1984: 
50) considera que los militares de su 
país fueron, a lo largo del ejercicio de la 
dictadura, notablemente coherentes 
con esos principios. Así, es posible 
constatar que la participación del Esta-
do en el planeamiento y la regulación 
de la economía alcanzó “niveles inédi-
tos de centralización” a partir de 1964, 
aumentando también considerablemen-
te la intervención del Estado en la pro-
ducción directa en la explotación de re-
cursos naturales mediante empresas de 
su propiedad (esto es, el Estado como 
propietario de medios de producción). 
Trátase, pues, de un modelo de de-
sarrollo capitalista fundado o basado en 
una alianza entre capitales estatales, 
privados multinacionales y privados 
brasileños (o locales y/o nacionales, si 
 
te de la República, el general Eurico 
Dutra. En ella siempre fue importante el 
papel de los civiles, incorporados por su 
formación profesional en las áreas de la 
industria, la educación, las comunica-
ciones y la actividad bancaria. Debían 
poseer título universitario o equivalente 
y probada capacidad de liderazgo. 
MATRIUSKAS DE TERROR 15 
se prefiere). No es sólo una alianza 
económica, sino también una alianza 
política entre la tecnoburocracia y el 
capital industrial. Según Luíz Carlos 
Bresser Pereira (1985: 103), ella "da 
especificidad (y fuerza política) al régi-
men militar brasileño”. Como alianza, 
ella “no se vuelve bien definida hasta 
aproximadamente 1967. Los militares, 
bajo la influencia de la UDN [Unión 
Democrática Nacional, el partido de la 
derecha liberal creado en 1945], bus-
can inicialmente, por un lado, aliarse a 
la tecnoburocracia civil estatal y, por el 
otro, encontrar apoyo en las clases me-
dias pequeño burguesas (tradicionales) 
y en la burguesía agrario-mercantil. Pe-
ro después perciben que la fuerza es-
taba con el capital industrial y con el 
capital bancario, y ambos se alían de 
forma decisiva". 
Pereira añade que "el pacto político 
autoritario y excluyente" se conforma 
entre 1964 y 1968, basado en la triple 
alianza de la tecnoburocracia estatal, la 
burguesía local y las empresas multina-
cionales. "La fuerza de ese pacto reside 
en la circunstancia de que la tecnobu-
rocracia en el poder haya sabido reco-
nocer el hecho de que, tanto el capital 
local como el multinacional eran ya pre-
dominantemente industriales. Su carác-
ter excluyente se traduce en la exclu-
sión radical, de carácter económico y 
político, de los trabajadores y de am-
plios sectores de la clase media asala-
riada y de la pequeña burguesía" (Pe-
reira, 1985: 104; las cursivas son mí-
as). 
19 
A juicio de Luiz Bresser Pereira, 
esa triple alianza es tan importante, es-
tratégicamente, que la ruptura, dentro 
de ella, entre la burguesía local y la 
 
19 
Curiosamente, en este aspecto el mode-
lo económico de la dictadura brasileña, 
más allá de las sustanciales diferencias 
estratégicas, anticipa una coincidencia, 
también de carácter estratégico, con el 
de las otras tres del Cono Sur. 
tecnoburocracia, a fines de los años se-
tenta, constituye un aspecto clave para 
el proceso de democratización (Pereira, 
1978). 
20 
 
La economía pergeñada por la dic-
tadura brasileña se diferenció, enton-
ces, de las otras tres. En efecto, el mo-
delo llevado adelante por ella se inscri-
bió dentro del llamado nacional-
desarrollista (cuyos mayores logros se 
alcanzaron, aun sin romper la depen-
dencia ni instaurar un capitalismo autó-
nomo, en Brasil, precisamente, y en 
México, más allá de las diferencias en-
tre una y otra experiencia). En Brasil, 
ese modelo se prolongó a lo largo de 
unos veinticinco años (circa 1955-
1980), y tal vez diez más, hacia atrás, si 
se atienden a ciertas características de 
la década que sigue a la caída del Es-
tado Novo. Sus características principa-
les fueron cuatro: 
1. El Estado fue el principal sujeto del 
desarrollo, cumpliendo diferentes 
funciones (planificación, ejecución 
de políticas, productor directo); 
2. El énfasis fue puesto en la industria-
lización del país, dando prioridad al 
mercado interno, al cual se blindó 
mediante barreras arancelarias y no 
arancelarias y un rígido control esta-
tal del comercio exterior; 
3. Se apeló al endeudamiento externo 
–en fuentes “multilaterales” (orga-
nismos internacionales) y privadas- 
para cubrir la aducida insuficiencia 
de recursos internos; 
 
20 
La alianza entre tecnócratas y militares 
estuvo presente en los cuatro casos, 
aunque no se expresó de la misma ma-
nera, o con los mismos sujetos. En Ar-
gentina, por caso, la burguesía nacional 
fue excluida del bloque de poder). El es-
tudio comparado de ella(s) constituye 
un punto central de nuestra investiga-
ción 
WALDO ANSALDI 16
4. La política industrialista fue sosteni-
da por un trípode constituido por 
empresas estatales, multinacionales 
y privadas de capital brasileño (na-
cional o local). 
La dictadura brasileña modificó par-
cialmente el modelo al redefinir sobre 
todo el cuarto componente de la estra-
tegia, el que adquirió la forma indicada 
por Luiz Carlos Bresser Pereira. SI se 
presta atención, se advertirá inmedia-
tamente que las dos primeras caracte-rísticas del modelo nacional-
desarrollista fueron cuestionadas radi-
calmente por las dictaduras argentina, 
chilena y uruguaya, en distinta magni-
tud y también con distinto resultado. 
Como se sabe, Chile avanzó más que 
ningún otro país –en la etapa de las dic-
taduras institucionales de las Fuerzas 
Armadas- en la desarticulación del Es-
tado, aunque conservó para éste el 
control de un recurso estratégico como 
el cobre, por ejemplo. La tercera –el 
endeudamiento externo- se mantuvo e 
incluso acrecentó, y la cuarta, la alianza 
entre clases y Estado, se redefinió de 
diferentes maneras en cada uno de los 
casos. 
 
COLOFÓN 
 
En el tiempo y el espacio dados para 
esta contribución, he querido plantear 
algunas –y sólo algunas- grandes lí-
neas para un futuro análisis de sociolo-
gía histórica analítica, explícitamente 
comparativa, de las dictaduras institu-
cionales de las Fuerzas Armadas. No 
ha sido mi intención dar cuenta de to-
das las cuestiones, ni establecer un or-
den de prelación de las mismas. Las 
aquí tratadas, aún con sus límites, sur-
gen del nivel actual de conocimiento 
que tenemos de un problema a investi-
gar. Aun así, pueden resultar útiles y 
estimulantes para una mejor compren-
sión de todas y cada una de esas dic-
taduras y del papel que jugaron en el 
cambio del patrón de acumulación del 
capital, y con él, en las formas de ac-
ción y resistencia de las clases subal-
ternas. 
 
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CÓMO CITAR 
 
Si usted cita este texto, por favor siga la siguiente indicación para una correcta re-
ferencia bibliográfica: 
ANSALDI, Waldo: ““Matriuskas de terror. Algunos elementos para 
analizar la dictadura argentina dentro de las dictaduras del Cono 
Sur”, en Alfredo R. Pucciarelli, coordinador, Empresarios, tecnócratas 
y militares. La trama corporativa de la última dictadura, Siglo Veintiu-
no Editores, Buenos Aires, 2004, pp. 27-51. 
Muchas gracias por su observancia. 
http://www.hist.puc.cl