Bloqueio Econômico e Crise Venezuelana

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
PROYECTO DE CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA
UNIDAD CURRICULAR FINANZAS PÚBLICAS
SEMESTRE VI – SECCIÓN 01
¿Bloqueo Económico y Comercial?
Venezuela desde hace algún tiempo presenta un alto nivel de crisis, tanto social como económica, por lo que la comunidad internacional le ha puesto interés en los problemas socioeconómicos del país. Como respuesta a la represión de las distintas protestas ocurridas en los años 2014 – 2017 – 2019 y 2020, así como las distintas imposiciones sobre la comunidad venezolana, como una Asamblea Nacional Constituyente, medidas económicas sin éxito, anticipación de elecciones presidenciales ilegítima, usurpación y expropiaciones sin justificación, todo eso y más hizo que el gobierno estadounidense decidiera tomar acciones sobre distintas personalidades pertenecientes a este movimiento “revolucionario”.
La Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela (en inglés, Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014) es una ley aprobada en Estados Unidos y usada para imponer sanciones específicas a determinados individuos en Venezuela que fueron responsables, según el gobierno de Estados Unidos, de violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014 en dicho país.
La pregunta que nace es la siguiente, ¿Por qué se tomaron estas acciones en contra del gobierno venezolano y además emitir una ley para aplicarlas? La respuesta es sencilla, el gobierno estadounidense cree que el gobierno venezolano es hostil, calificándolo igual que al gobierno de cubano, debido a sus repetitivas formas de ir en contra de los derechos humanos de su pueblo lo cual se consideraría como delitos de lesa humanidad.
El 19 de enero el Departamento de Tesoro de EE.UU. sancionó a 3 personas relacionadas con la venta de petróleo de PDVSA a México, ellos son: Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D’Agostino Casado y Philipp Paul Vartan Apikian. Además a 14 entidades y seis embarcaciones considerados dentro de una red más amplia involucrada en la venta de petróleo venezolano con sede en México dirigidas por Libre Abordo, S.A. sancionado en junio de 2020.
Estas medidas contra el gobierno venezolano son las últimas de una serie de sanciones que se ha venido imponiendo como parte de una estrategia estadounidense para forzar la salida del poder del presidente venezolano, al que Estados Unidos considera un gobernante ilegítimo.
Además, en el 2019 se emitió una orden ejecutiva firmada por el gobierno estadounidense que no solo prohíbe todas las transacciones e impone un "bloqueo total" a los bienes del gobierno venezolano en EE.UU, sino que autoriza a imponer sanciones secundarias a personas y compañías extranjeras que lo apoyen.
Aunque en las sanciones hacia Venezuela hay excepciones para la ayuda humanitaria y en la importación de bienes esenciales de comida y medicina, habrá una tendencia entre las instituciones financieras de ir más allá de lo que dice la ley de las sanciones, lo que se denomina "sobrecumplimiento". Eso se da, por ejemplo, cuando un banco o empresa de seguros limita sus actividades en el terreno, en lugar de corregir y revisar cada transacción para curarse en salud y no correr el riesgo de violar la ley estadounidense, y esto a su vez, afecta el acceso a medicamentos y alimentos de primera necesidad para la población venezolana.
Las sanciones contra Venezuela tienen un grave efecto sobre los venezolanos, debido a que es un país que depende de sus importaciones de alimentos, medicinas y maquinaria para su producción interna. 
Las importaciones dependen de los recursos por la venta de petróleo, que también es restringido por el bloqueo de EE.UU. Venezuela no puede vender su petróleo porque los compradores podrían ser sancionados. De hecho, las presiones del Gobierno estadounidense contra la India inhibieron que se duplicara los despachos de crudo a la nación asiática. 
Las sanciones impiden importar medicinas que no se hacen en el país ni la materia prima para producirla. El 7 de septiembre de 2017, el presidente Nicolás Maduro denunció ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el "congelamiento" en un puerto internacional de un cargamento con más de 300 mil dosis de insulina.
A pesar de que el bloqueo de propiedades no es exactamente un embargo, los que más les afecta es a la mayoría de los ciudadanos que de por sí ya se vive una crisis muy grave, lo que, a consecuencia de esto, el gobierno culpe directamente a estas sanciones internacionales por toda la crisis económica actual incluso cuando la crisis comenzó antes de la implementación de las mismas debido a que en realidad fue originalmente causada por una mala gestión de gobierno.
En el primer trimestre de 2019 la economía venezolana caminaba al borde de la implosión. Las cuentas en divisas del gobierno estaban exhaustas, el financiamiento internacional había cerrado sus puertas, las continuas fallas eléctricas disminuían la exigua producción de las empresas y el desabastecimiento alcanzaba niveles críticos. Solo entonces, el gobierno venezolano permitió una dosis moderada de libre mercado.
El mandatario venezolano no cambió la ley, pero dejó a un lado la aplicación sistemática del control de precios; flexibilizó el control de cambio, toleró la libre circulación del dólar y permitió que el sector privado importara sin restricciones con sus propias divisas. El tratamiento acabó con el desabastecimiento, en buena medida, gracias a los productos importados que surten las tiendas; produjo un impulso en el comercio y la industria siguió operando, aunque a la cuarta parte de su capacidad.
La Venezuela consumista, repleta de petrodólares y ventas en vehículos, electrodomésticos, ropa de marca, calzado y celulares de última generación, permanece en el recuerdo. Por ahora, el brote verde en el comercio tiene como emblema los bodegones, los nuevos establecimientos que en las principales ciudades del país venden productos importados como cereales, golosinas, licores y frutos secos. Al mismo tiempo, en Caracas surgen algunos restaurantes y centros nocturnos que captan clientela en el estrato de alto ingreso, que solo incluye a una décima parte de la población.
Sin embargo a pesar de todo ese “avance” de todas esas políticas siguen sin surtir efecto a largo plazo, aligerando una carga momentánea pero haciendo que la economía empeore con el tiempo debido a la constante devaluación de la moneda y a las medidas para intentar salvarla.
Venezuela es un país con mucho potencial económico, ya que, al ser un territorio muy variado posee distintas maneras de sacar provecho a distintas actividades económicas, lo que necesita es una reestructuración total de la economía, una mejora total a la política de gobierno y en general un cambio político-social-económico para que el país pueda prosperar. Por ahora, las soluciones parecen muy sencillas de decirlas, pero la implementación será difícil y necesitara de mucho tiempo y apoyo financiero para que todo vuelva a ser relativamente estable. Se necesita más inversiones en empresas petroleras, mejora de espacios públicos para el desarrollo del turismo, reactivar empresas nacionales evitando la constante importación de medicinas y alimentos, entre otras, hacer un esfuerzo para ayudar a la economía es esencial para el resurgimiento de un país en ruinas.