Entrevista a Massimo Pavarini - Máximo Sozzo

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 Máximo Sozzo
Entrevista realizada por Máximo Sozzo, 
Profesor investigador de la Universidad del 
Litoral de Argentina, diciembre 2008
PREGUNTA: ¿Cómo intelectual, pero 
también en cierta medida como político, 
has sido un actor en el nacimiento y la 
implementación de las políticas de “nueva 
prevención” en Italia. Nos puedes explicar 
la situación política en general —y en par-
ticular la relacionada con las políticas anti-
delincuenciales— en la cual éstas emergen y 
las razones teóricas y políticas de su partici-
pación en este movimiento?
 
RESPUESTA: Me involucré por primera vez 
en las políticas de seguridad diecisiete años 
atrás, fundando con Cosimo Braccesi y otros 
jóvenes amigos una revista bimestral de divul-
gación política y científica titulada Seguridad 
y Territorio: Por una política de prevención de 
la delincuencia. El primer número de esta 
revista se publica en marzo de 1992. El último 
número (No. 18) se publicó en diciembre de 
1994. En este último año, el nuevo Gober-
nador de la Región Emilia-Romagna, mos-
trando un talento político innegable, encarga 
inicialmente a Braccesi de coordinar un pro-
yecto y, a continuación, a dirigir una oficina 
regional que se ocupará específicamente de las 
políticas de seguridad a nivel local. Ese pro-
yecto-oficina tomará el nombre de Ciudades 
Seguras, la primera experiencia absoluta sobre 
el tema de las políticas locales de seguridad en 
Italia. Braccesi reunirá en diversos niveles, tanto 
a viejos amigos de Seguridad y Territorio, que 
otros nuevos. 
Yo fui llamado a coordinar el comité cien-
tífico de Ciudades Seguras, experiencia excep-
cional para un académico con interés en la 
investigación empírica en la Italia de esos años: 
por primera vez en mi vida pude contar con 
un financiamiento adecuado para finalmente 
realizar una investigación de un buen nivel, 
es decir, al nivel en donde hacer investigación 
cuesta, y mucho. Durante siete años coordiné 
un comité de búsqueda integrado por los 
mejores exponentes en criminología de mi gene-
ración (Alessandro Baratta, Barbagli Marzio, 
Darío Melossi, Joseph Mosconi, Tamar Pitch, 
Antonio Roversi, Salvatore Palidda y muchos 
otros). Una oportunidad realmente fantástica. 
En esos años de duro trabajo se ponen a prueba 
decenas y decenas de investigaciones empíricas: 
desde los temas clásicos de las alarmas sociales 
y de los asentamientos en el territorio regional 
de fenómenos de la delincuencia organizada, 
pasando por temas que van sobre los riesgos 
de la victimización hasta los problemas relacio-
nados con el comercio abusivo y la prostitución 
callejera; desde los problemas de las personas 
sin hogar hasta la violencia en los estadios; de 
la violencia de género hasta aquella juvenil; 
desde los procesos de nuevas migraciones a las 
políticas para la prevención en los distritos; a 
las reformas policiales; a las investigaciones de 
evaluación, etc. En resumen: les invito a visitar 
la página Web de Ciudades Seguras: <www.
regione.emilia-romagna.it/sicurezza> y serán 
abrumados por unos cuarenta extensos volú-
Entrevista a
Massimo Pavarini
 
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menes que podrán fácilmente y de forma gra-
tuita descargar desde sus hogares. El lema de 
nuestra empresa “conocer primero para después 
actuar política y administrativamente” puedo 
decir que ha sido honrado con diligencia. Al 
menos en esa primera fase. 
Mientras tanto, para avanzar desde 1995, 
fui elegido para el Consejo Municipal de 
Bolonia, y por un período de cinco años fui 
parte del parlamento ciudadano, ocupándome 
principalmente de difundir una cultura 
político-administrativa de la seguridad. En 
tanto, la oficina de Ciudades Seguras se 
amplía, y su acción abarca casi todas las capi-
tales de provincia en Emilia-Romagna. El 
interés de los gobiernos locales por el tema 
de la seguridad se extiende y llega definitiva-
mente a todas las ciudades italianas. El pro-
yecto Ciudades Seguras se hace promover 
por la constitución del Foro Italiano sobre la 
Seguridad, que reúne centenares de ciudades 
italianas, y que posteriormente se adherirá al 
Foro Europeo sobre la Seguridad Local. Sin 
ninguna retórica ésta fue para mí la década 
de los noventa, vivida con gran empeño cien-
tífico, y también político, en lo que respecta a 
las políticas locales de seguridad.
Bueno: mirando retrospectivamente, ¿qué 
puedo decir hoy acerca de las razones de peso 
y decisivas de mi aventura? A pesar de que 
hoy soy crítico de las políticas locales de segu-
ridad que se han impuesto, aunque no par-
ticularmente en las ciudades regidas por par-
tidos de izquierda, intuyendo desde el inicio 
los riesgos políticos asociados a una deriva 
con la seguridad, no tengo ningún remordi-
miento o replanteamiento por el compromiso 
adquirido, aún cuando las cosas hayan ter-
minado como no quería que terminasen. Pero 
honestamente no me siento un “aprendiz de 
brujo”, en el cual ha estallado, entre las manos 
muy inexpertas y presuntuosas, la magia que 
quería producir. Las cosas, con la ciencia del 
después, habrían de todas formas terminado 
mal, independientemente de mi compromiso. 
Sin embargo, las fuertes razones para ocu-
parse de las políticas locales de seguridad me 
parecen todavía válidas: yo he luchado para 
que el gobierno local de la seguridad fuese 
del tipo inclusivo, desde el principio, justo 
porque desde el inicio temía una inclinación 
a favor de la exclusión social. Y como me han 
enseñado, “no se hacen sólo son las guerras 
que uno está seguro de ganar”. La moral 
obliga a combatir incluso cuando la derrota es 
muy probable.
PREGUNTA: En el nacimiento de éstas 
políticas, el concepto de “prevención inte-
grada” busca reunir a diferentes tipos de 
estrategias de prevención (social, comuni-
taria, situacional) ¿Cómo valora usted en la 
perspectiva de “prevención integrada”, las 
políticas de prevención de la delincuencia 
ya ejecutada en Italia? ¿Es posible afirmar 
en Italia que al final dominaron solas las 
políticas de prevención situacional?, en 
caso afirmativo, ¿por qué?
 
RESPUESTA: Incluso hoy en día creo que es 
correcto que una administración local se com-
prometa en una estrategia integrada de pre-
vención, en el sentido de tratar de encontrar 
el justo equilibrio entre las políticas sociales 
de ayuda, políticas de aseguramiento de tipo 
comunitario y políticas dirigidas a reducir las 
“ocasiones” de la delincuencia, precisando aún 
más, en el concepto de política integrada yo 
siempre he aceptado incluso un espacio de 
legitimidad a políticas reactivas y, por tanto, 
predominantemente represivas que deberían 
integrarse con políticas pro-activas, es decir 
preventivas.
Nunca he sido afectado por pensamientos 
utópicos: de frente a muchos fenómenos abe-
rrantes, en la realidad no se puede prescindir 
de una cierta fuerza represiva. La cuestión es 
otra: aplicar al mínimo posible la represión 
para hacer más eficaz la política de prevención, 
es decir, a la inclusión social de la mayoría de 
los portadores del malestar y de los actores 
del conflicto. Pero incluir a todos y siempre, 
no es de este mundo. Un cierto porcentaje, 
el mínimo posible (se espera), de represión 
Entrevista a Massimo Pavarini
Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana. No. 6, Quito, Enero 2009, pp. 135-141
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es inevitable. Pero las cosas resultaron muy 
diferente de lo que, aunque realista, tomé en 
cuenta. De prevención social se ha hecho muy 
poco y durante el tiempo cada vez menos, 
cómplice incluso la crisis económica que, de 
hecho, ha cortado las bases de muchas polí-
ticas de “bienestar”. El uso del capital social 
de nuestras comunidades en las políticas de 
control social ha sido al final retórico, en parte 
porque éste mismo se ha venido reduciendo 
con el tiempo. Y, por lo tanto, invocar el ahora 
ausente, ha alentado la aparición de senti-
mientos artificiales, capaces de inventar identi-
dades comunitarias en contraposición a nuevas 
figuras calificadas como enemigas. Pienso en 
los inmigrantes y a los crecientes y difundidos 
sentimientos de xenofobia y del uso racista que 
de este proceso han hecho y están haciendo 
algunas fuerzas políticas. Al final, no se ha 
logrado hacer algo mejor que gastar millones 
de euros para poner bajo video-vigilancia gran 
parte del territorio metropolitano. Pero aun en 
este caso sin valorizar mayormente esta herra-
mienta. Potencialmente a través de la video-
vigilancia se puede hacer mucho, pero en la 
práctica muy poco, porque las misma policías 
de Estado se han lamentado de no tener sufi-
ciente personal capaz de aprovechar de mejor 
manera esta tecnología. Justificación risible. 
Ciertamente en Italia, de frente a la obligación 
de las fuerzas del orden de intervenir siempre 
y de todas formas ante cualquier incidente de 
la delincuencia, la video-vigilancia arriesga de 
poner a la policía en frente a una situación 
paradójica, de conocer tal cantidad de actos 
ilegales que materialmente no podría actuar 
represivamente en todas. Mejor entonces des-
conectar los monitores, y dejar que las cámaras 
graben las tomas en el disco duro. En resumen: 
en la mayoría de los casos el uso de la video-
vigilancia ha quedado “pasivo”, como eventual 
documentación utilizable bajo solicitud de los 
órganos de investigación después de que el 
delito ha sido cometido. El uso “activo” de la 
video-vigilancia como una herramienta para la 
prevención y represión “en tiempo real” se ha 
visto muy poco.
PREGUNTA: ¿Qué relación existe entre 
las políticas de prevención de la delincuencia 
y la centralidad de los gobiernos locales en 
las políticas de seguridad en Italia? ¿Cómo 
valora hoy el papel de los gobiernos locales 
en las políticas de seguridad? ¿Hoy en día, 
en Italia, que tipo de relación existe entre el 
Gobierno central y los gobiernos locales en 
las políticas de seguridad?
 
RESPUESTA: Es una relación que en 
Italia viene dado de la realidad normativa. 
Los gobiernos locales nunca han tenido 
poderes de orden público, que también cons-
titucionalmente son reservadas sólo para 
la policía nacional y policía de Estado. Las 
policías locales tienen únicamente facultades 
de policía administrativa y, sí se le han enco-
mendado, de policía judicial. Al menos así ha 
sido hasta esta última primavera.
Pero para entendernos, tenemos que dar 
una un paso atrás: partamos de un breve 
reconocimiento de la situación antes de esta 
reciente Ley/125/2008.
La cuestión de seguridad se plantea ini-
cialmente en Italia, no diferentemente que en 
otros lugares, a nivel ciudadano. En cuanto el 
alcalde sea llamado a responder únicamente 
a lo que institucionalmente requerido, por 
lo menos, desde hace una década que el per-
sonero municipal de hecho responde polí-
ticamente en temas de seguridad, siempre y 
en cualquier caso. Una suerte de responsabi-
lidad objetiva, porque poderes efectivos para 
gobernar los diferentes problemas de segu-
ridad urbana, el alcalde siempre ha tenido 
muy pocos, hasta mayo de este año.
De las plausibles razones políticas de este 
proceso de asignación política de responsa-
bilidades mucho más allá de los límites de 
competencia institucional, dos me parecen 
decisivas: la primera, estructural, que hace 
que si las causas o motivos determinantes o 
influyentes sobre la cuestión de seguridad se 
encuentran, cuando lo son, en procesos his-
tórico-económicos y políticos que superan la 
misma extensión de los Estado nacionales, 
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a menudo aunque no siempre, los efectos a 
nivel de inseguridad objetiva y subjetiva se 
hacen “sentir” y toman un carácter específico a 
nivel local, y en particular, a nivel ciudadano. 
Y la segunda, más conectada, ya sea a la crisis 
de liderazgo político en general ya sea a la 
reforma electoral a nivel local, que permitió 
por primera vez a los ciudadanos elegir “direc-
tamente” a su alcalde, y por tanto, de ver en 
él, el único interlocutor capaz de dar solución 
a los problemas más frecuentes de la comu-
nidad, aun cuando, paradójicamente, sobre 
la simple cuestión no tenía facultades institu-
cionales para poder actuar, como se ha deter-
minado común en el tema de inseguridad y el 
deterioro ciudadano.
En resumen: desde hace tiempo se lamenta 
un déficit de poder sindical en temas de polí-
ticas de seguridad a nivel comunal. Hasta el 
momento, de hecho, la situación italiana 
nunca ha sido radicalmente diferente de lo 
que se definía en otros países. Salvo en una 
cuestión crucial: en Italia el Gobierno central 
siempre y enérgicamente ha negado que a los 
alcaldes se puedan transferir poderes de orden 
público, determinando así que éstos deben 
permanecer estrictamente en reserva al Estado.
 Y entonces en la lógica de las cosas 
que, este cierre perentorio e incluso a nivel 
constitucional de cualquier participación 
en el poder del orden público por parte del 
alcalde, se determina la distinción entre la 
política pública y la política de seguridad a 
nivel nacional. Cosa difícil a nivel teórico.
La cultura de la seguridad a nivel local 
surge porque la comunidad percibe y por 
ende se lamenta de la presencia y la difusión 
de desórdenes que no pueden ser controlados 
de quien tiene el poder, sólo a través de las 
políticas de orden público. Si todo esto se 
determina en contextos nacionales, en los 
que el alcalde es responsable tanto del orden 
público ciudadano como de las políticas 
de prevención, el Gobierno de la seguridad 
pública indicará precisamente un enfoque 
más amplio de aquel que sería posible sólo en 
el contexto de la política pública, pero, por 
supuesto, incluyendo en su interior y en tér-
minos no problemáticos cuotas consistentes 
de políticas tradicionales de orden público. 
Y esto es lo que se determina, por ejemplo, 
en los EE.UU. En la práctica, sin embargo, 
cuando la titularidad de las competencias de 
orden público no pertenece a los que tienen el 
gobierno democrático de la ciudad, como en 
Italia, como dramáticamente se ha confundido 
a menudo la cuestión de la “integración” de las 
competencias, los servicios y la cultura no sólo 
diferentes, sino funcionalmente “distintas”. Y 
aquí surgen los problemas: cualquier gobierno 
del bien público de la seguridad tiene la nece-
sidad de cuotas más o menos consistentes de 
“orden público”. Quiero decir que cualquier 
política de orden público que pretenda ser 
eficaz, necesita ser integrada por cuotas más o 
menos significativas de “seguridad ciudadana”. 
Y la distinción maniquea que tiende a pro-
poner entre la represión y la prevención —la 
primera a la cabeza de las fuerzas policiales y 
la magistratura y la segunda a la cabeza de los 
servicios de la administración municipal— no 
acoge la esencia de las cosas. La policía estatal 
de hecho y de derecho es también agente de 
prevención; quien opera en los departamentos 
de la municipalidades de hecho y de derecho 
actúa también en una perspectiva de control 
social.
Las distinciones“jurídicas” se desvanecen 
en la acción concreta. Y lo mismo pasa con la 
distinción entre “combate de la criminalidad” 
y “lucha contra la degradación”. Estas distin-
ciones son posibles, pero sólo en teoría. En la 
situación anteriormente descrita, los límites 
de la distinción de facultades y funciones han 
pasado a ser “elásticos” en la acción cotidiana 
del gobierno de una ciudad.
El frente más abierto a posibles fric-
ciones ha sido aquel de la Policía Municipal: 
de hecho un cuerpo de policía en todos los 
aspectos (burocratico, de misión, etc.), que 
puede adoptar competencias en materia penal. 
Es por lo tanto, un cuerpo policial armado y si 
es comandado puede trabajar en cooperación 
con la policía estatal en actividades de orden 
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público y de represión de la delincuencia. 
La única fuente de “poder represivo” que el 
alcalde, autónomamente, siempre ha podido 
disponer. Es comprensible entonces que en 
muchas realidades la policía municipal se haya 
convertido en el centro gravitacional alre-
dedor del cual se ha construido el gobierno 
local de la seguridad pública.
En cambio, haciendo una referencia 
implícita a la elección original en sentido 
centralizado del Estado unitario, las nuevas 
competencias se han trasferido al alcalde —
que por siempre hemos sabido que tienen un 
carácter híbrido, por un lado de administrador 
local elegido directa y democráticamente por 
los ciudadanos y, por el otro, de funcionario 
de Gobierno— sólo como funcionario de 
Gobierno, subordinado bajo este perfil y para 
éstas facultades al prefecto.
Por lo tanto, decidiendo por reformar, 
se hubiera debido nominar las cosas como 
son y que el alcalde, como funcionario del 
Gobierno, se le han transferido importantes 
competencias incluso si no principalmente, de 
orden público y que estas se suman a las que 
ya tiene como responsable político de la muni-
cipalidad nombrado democráticamente por la 
ciudadanía, que en conjunto ahora en manos 
del alcalde le permite garantizar “la seguridad 
urbana”. Pero, en lo que respecta al orden 
público, no se dice nada, como si eso conti-
nuara a permanecer de exclusiva responsabi-
lidad del Estado. La “seguridad urbana” como 
la “seguridad pública” pueden ser, en virtud 
del principio de subsidiariedad, asignada en el 
poder municipal referido en el artículo 118 de 
la Constitución.
Pero, ¿qué es entonces la “seguridad 
urbana”? La nueva ley la define como “bien 
público a ser protegido a través de actividades 
de defensa, en el ámbito de las comunidades 
locales, del respeto a las normas que rigen la 
vida civil, a fin de mejorar las condiciones de 
vida de los centros urbanos, la convivencia 
civil y la cohesión social”. Por lo tanto, el 
alcalde interviene para “prevenir” y “com-
batir” las situaciones de degradación o de ais-
lamiento que favorezcan la aparición de fenó-
menos delincuenciales como el tráfico ilícito 
de drogas, la explotación de la prostitución, 
los fenómenos de violencia vinculados al uso 
indebido de alcohol y la mendicidad con la 
utilización de menores de edad y discapaci-
tados, además de las situaciones en las que se 
comprueba conductas que dificultan la acce-
sibilidad del patrimonio público y privado, y 
que determinan el deterioro, el descuido y la 
degradación de la calidad urbana o que com-
prometen al decoro urbano; y, por último, las 
conductas, como la prostitución callejera y 
la mendicidad atroz, que pueden ofender la 
decencia pública o poner en grave peligro la 
libre utilización de los espacios públicos.
Las notas que se destacan en la definición 
de seguridad urbana son: a) la constante refe-
rencia al tamaño de la ciudad; b) la incapa-
cidad de diferenciación de los contenidos más 
“policiales” de orden público, dado que la 
referencia a las tipologías de los sujetos desti-
natarios de la acción de seguridad urbana son 
—en definitiva— siempre las viejas figuras 
de la delincuencia social del siglo XIX, tales 
como la inactividad, los vagabundos, las pros-
titutas, los borrachos y los mendigos, etc. 
c.) un obsesivo insistir en una idea de orden 
urbano principalmente “estética” (léase: “la 
degradación”, “disminución de la calidad 
urbana”, “negligencia”, “decencia”, “decoro”).
PREGUNTA: ¿Qué relación se ha esta-
blecido entre las diferentes fuerzas de 
policía en Italia y las políticas locales de 
seguridad? ¿Y la policía local qué papel 
ha desempeñado en las políticas de pre-
vención?
 
RESPUESTA: Yo diría que de alguna manera 
ya he respondido, por lo menos en lo que res-
pecta a la situación definida en el pasado.
Hoy en día, en virtud de esta nueva ley 
que transfiere al alcalde (como funcionario 
de gobierno) precisas competencias de orden 
público, puedo solamente imaginar que pro-
gresivamente se llegará a “cargar” a la policía 
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local de funciones de orden público y de 
control del territorio y que luego, poco a 
poco, se tendrá que profesionalizarla a estas 
nuevas tareas. Pero el camino no será fácil y 
sin obstáculos. Por un lado me imagino resis-
tencias comprensibles por parte de la policía 
local, ya que no todos los agentes de la policía 
municipal aceptarán las nuevas competencias, 
y por otro lado, es de esperarse que los pre-
fectos, cuestores y la policía nacional serán 
conducidos a marcar las distancias y las dife-
rencias entre ellos y la policía local, en un 
cambio lógico para reafirmar su supremacía 
en la esfera de la política pública. Por lo tanto, 
ha llegado el momento para que se adopten 
medidas para reformar finalmente la ley que 
rige la policía local. Sin embargo, la situación 
sigue siendo muy comprometida y ahora me 
temo que para llegar a un nivel satisfactorio de 
integración y colaboración entre las diferentes 
policías se tenga que esperar aún un largo 
tiempo. No hay que olvidar que la ley sobre la 
fuerza policíal en Italia es la más irracional que 
se puede imaginar. Se puede imaginar la pre-
sencia de dos fuerzas policiales nacionales —
policía de Estado y el cuerpo de carabineros— 
con responsabilidades de orden público 
generales e idénticas. Una cara y absurda 
duplicación, sin que entre los dos cuerpos 
de policía se logre producir un mínimo de 
relación funcional. Cada uno celoso de sus 
prerrogativas y siempre en competencia con 
el otro. Si esta integración todavía no se ha 
dado entre los dos cuerpos policiales de orden 
público general, mucho menos todavía con 
la policía municipal. Honestamente, en el 
mediano y corto plazo no tengo muchas 
expectativas.
PREGUNTA: ¿En estos quince años de 
políticas de prevención de la delincuencia 
se ha buscado algún tipo de evaluación? 
Si es afirmativo, ¿de qué tipo? Si no es así, 
¿cuáles son las razones de esta ausencia?
Las únicas que conozco son las de auto-
evaluación manejadas por algunos organismos 
responsables de las políticas de control social. 
Los servicios sociales que reflexionen sobre sí 
mismos y su trabajo; las comunidades tera-
péuticas que evalúan sus esfuerzos para pre-
venir y combatir las adicciones tóxicas, etc. 
Búsquedas sin duda útiles, si son bien reali-
zadas, para medir el nivel de satisfacción de 
los operadores en comparación con su misión. 
Pero, que en última instancia, no dicen nada 
sobre el grado efectivo de funcionamiento del 
servicio en comparación con los objetivos ins-
titucionales.
En verdad, cuando en el pasado tuve que 
afrontar la cuestión de la evaluaciónde las 
políticas de seguridad, mirando alrededor, en 
la literatura internacional, nunca he encon-
trado nada que me haya satisfecho mucho. 
Puede ser que haya sido superficial en la bús-
queda, pero confieso que siempre he tenido 
un buen olfato para entender si detrás de la 
“charla” hay por lo menos “sustancia”. Y en 
este sector de importancia estratégica, siempre 
he escuchado muchas “charlas” y poca, muy 
poca, “sustancia”.
Por otro lado, no soy tan ingenuo como 
para creer que se puedan “medir” los efectos de 
una determinada política de seguridad local, 
demostrando que efectivamente el fenómeno 
que se pretendía evitar o contrarrestar se ha, 
por ejemplo, reducido. Sé muy bien que apro-
vechar una relación entre fenómenos, no sig-
nifica todavía explicar una dependencia causal 
entre ellos. La realidad es mucho, mucho más 
compleja, especialmente para quien, como 
yo, proviene culturalmente de una crítica al 
paradigma etiológico y estuve siempre a favor 
de la “construcción social de los problemas”. 
Y por otro lado, en la mejor y más especia-
lizada literatura internacional, nunca nadie 
se ha atrevido a apoyar científicamente la 
certeza de que, cuanto más policía hay en una 
zona determine una reducción segura de la 
delincuencia, al menos en la contención de 
la “cifra en rojo”. Por no hablar de demostrar 
algo todavía más complejo, tales como la 
reducción de los parámetros de criminalidad 
de una política de prevención social de la 
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desviación juvenil, a nivel local, a través de 
cursos de formación del profesorado sobre la 
problemática de los adolescentes. De ninguna 
manera: ¡tomemos las cosas en serio!
Y repito: sería de vital importancia poder 
“evaluar” la eficacia de las políticas de segu-
ridad. Pero me temo que en el estado actual 
todavía sea, no digo posible, pero “conve-
niente” invertir en una sería búsqueda de 
evaluación de más recursos (incluidos los 
financieros) a los utilizados al proyecto mismo 
de seguridad. En resumen: la dimensión 
local no ofrece, y difícilmente ofrecerá en 
el futuro, suficientes recursos para aplicar 
investigaciones fiables científicamente de eva-
luación en la eficacia de su propio trabajo. 
Aquí, por ejemplo, advierto la necesidad de 
una conexión entre la dimensión local y la 
dimensión nacional de la política de segu-
ridad. A nivel central, el Estado, o mejor 
todavía, en la dimensión supranacional como 
la Comunidad Europea, deberían invertir 
recursos suficientes para poner bajo obser-
vación algunas políticas locales de seguridad 
ampliamente ejecutadas en los distintos países 
o en Europa. Creo que, por ejemplo, en la 
cuestión de la video-vigilancia, hoy en día 
toda Europa está bajo el control atento del ojo 
electrónico. Sobre este punto, sabemos que 
especialmente en los EE.UU. existen serios 
investigadores que dicen que ésta tecnología 
de prevención situacional es relativamente 
ineficaz en la prevención y la lucha contra la 
delincuencia (¡de hecho, para algunos hechos 
ilícitos, el control electrónico puede servir a 
su difusión!), mientras que, al menos inicial-
mente, sea muy útil para tranquilizar a la colec-
tividad. Del mismo modo hay muchos cientí-
ficos calificados de la “ciencia policial” que nos 
advierten que la elección a favor del policía 
de barrio y sus alrededores es irrelevante en la 
lucha contra la delincuencia callejera, si bien 
es una política que reúne el consenso social de 
la comunidad. Y estos son sólo dos ejemplos y 
muchos otros podrían hacerse.
En resumen: el riesgo de aplicar acciones 
no sólo inútiles sino también perjudiciales 
en lo que respecta a la seguridad es muy 
alta ¿Se acuerdan de la teoría de la “ventana 
rota”? Durante al menos 15 años ésta ha 
sido aceptada como una verdad indiscutible 
para las políticas de “tolerancia cero”: si una 
ventana rota atrae otra ventana rota, hasta que 
el barrio es calificado como degradado y, por 
tanto, no frecuentado y esto determina que 
sea ocupado por sujetos peligrosos, etc.; ergo: 
una ventana rota significa más delincuencia, 
entonces se debe contrarrestar a toda forma de 
degradación, etc. Bueno, finalmente, algunos 
investigadores serios han tratado de verificar si 
este “efecto dominó” efectivamente es deter-
minado y ha descubierto que una ventana rota 
al máximo puede atraer algunas ventanas rotas 
más, que una cabina telefónica abandalizada 
favorece, tal vez, que otra cabinas en la zona 
sean abandalizadas, pero que el efecto dominó 
se detendrá aquí y no irá más allá. 
Si es así, entonces es necesario comprobar 
cuidadosamente lo que se hace en la materia. 
Pero tenga en cuenta: debido a los costos 
elevados que implican estas evaluaciones, 
si se quiere ser científicamente fiable, mejor 
invertir por lo menos a nivel nacional y, a 
continuación, socializar a nivel local los resul-
tados. 
Máximo Sozzo
Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana. No. 6, Quito, Enero 2009, pp. 135-141
© FLACSO Sede Ecuador • ISSN: 1390-3691