La legislación debe considerar los derechos establecidos por la constitución nacional y las obligaciones que tiene un Estado en virtud de tratados nacionales ratificados, incluidos los Convenios de la OIT. La nueva legislación debe tomar también en cuenta las leyes existentes salvo, por supuesto, que la intencionalidad sea cambiar aquellas leyes que ya existen. El propósito de la legislación. La legislación que tenga por finalidad establecer una autoridad independiente de gestión de conflictos debe tener un propósito claro y objetivos relacionados a fin de reflejar la intencionalidad de la política. Una declaración clara del propósito y de los objetivos de la legislación “une” a los legisladores y a las partes que se verán afectadas por dicha legislación y favorece también a los organismos administrativos y judiciales responsables en la interpretación y aplicación de la misma. La participación de las partes interesadas. Al igual que en la formulación de la política misma, el proceso de redacción de legislación requiere la participación de las partes interesadas que se ven afectadas por la ley, como así también de las personas con intereses especiales y experiencia. La participación se puede realizar por medio de un grupo de trabajo ad hoc que represente a todas las partes interesadas, creado para dicho fin específico, o bien, mediante un organismo tripartita o probablemente un comité cuya existencia sea permanente. Las modalidades reales de participación se pueden dar en forma de participación detallada y constante de las partes interesadas en la redacción propiamente dicha de cada sección y subsección de la ley. Por otra parte, la participación se puede enfocar más en la consulta con las partes interesadas luego de que el proyecto de ley haya sido redactada por los expertos técnicos. Una combinación de estos enfoques parece ser la manera adecuada para asegurar que las partes interesadas estén involucradas en todas las etapas del proceso de redacción. Un lenguaje sencillo y fácil de entender. Se debe fomentar el uso de un lenguaje sencillo al redactar la legislación. Este enfoque no tiene por finalidad comprometer los conceptos ni la intencionalidad, sino, en cambio, facilitar la comprensión de la legislación para el usuario final (o el “público”) sin cambiar su significado.