De la mano de esta experiencia inicial, la radio se fue convirtiendo en el principal medio de desarrollo de los medios comunitarios o alternativos, tanto en Colombia como en América Latina, entendiendo que “una radio ciudadana tiene un enfoque de desarrollo humano local porque cree en la ciudadanía y su capacidad de propuesta como base de la democracia” (Hoeberichts, 2001). Reflexiones sobre periodismo ciudadano y narrativa transmedia. Así pues, en Colombia se empezaron a generar con rapidez redes como La Red de Emisoras Comunitarias del Caribe, que empiezan a registrarse desde 1975 en el cinep, y se han mantenido a lo largo del tiempo en su labor de construir información periodística para las comunidades; es decir, realizando un periodismo ciudadano (Alvarado, 1992). A pesar de esta evidente existencia de medios comunitarios desde los años sesenta y setenta del siglo xx, fue la Constitución de 1991 y su orientación hacia la democracia, el pluralismo y la descentralización, un motor fundamental para su desarrollo, al reconocer derechos como la libertad de expresión desde su artículo 20,5 la protección a la actividad periodística en su artículo 736 y su disposición de garantizar el pluralismo informativo desde la administración del espectro electromagnético, tanto para radio como para televisión, como se expone en los artículos 75, 76 y 77. A partir de la Constitución de 1991 se generó una serie de decretos que reconocieron tanto la radio como la televisión comunitarias, para 1995. Originalmente fue el Capítulo V del Decreto 1447 el que consagró el concepto de radio comunitaria y fijó los mecanismos para la concesión de las respectivas licencias, y a través del cual se adjudicaron cerca de 600 emisoras. Luego de 8 años dicha norma fue revisada y reemplazada por el Decreto 1981 de 2003, donde se confirman los fines de esta actividad a través de su Capítulo II. La radio comunitaria en el país ha permitido la expresión y la reflexión de muchas localidades, y ha generado importantes experiencias de comunicación en el ámbito cultural, como ocurre con las actuales 29 emisoras indígenas registradas (Colombia, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC], 2010), así como en los ámbitos social y democrático, a través de emisoras que como Radio Carmen, del Carmen de Bolívar, la cual, junto a la Red de Emisoras del Caribe, se han convertido en estrategias de paz y de construcción de tejido social. Así habla el investigador Mauricio Álvarez, en su trabajo sobre las emisoras comunitarias del Valle de Aburrá respecto a las emisoras en Colombia: “En un primer nivel, las emisoras rescatan las tradiciones del barrio o del municipio; potencian y rescatan los valores, la participación, la solidaridad, la honradez, la veeduría, la vida y el trabajo en equipo, en resumen, ponen ante el micrófono a los personajes y las noticias locales, generando debates y discusiones en torno a las necesidades y problemáticas sentidas de la comunidad” (Álvarez, 2008). En el mismo sentido, se ha venido desarrollando el proyecto Radios Ciudadanas: espacios para la Democracia, generado desde el Ministerio de Cultura a partir de 2004, como “[…] un proyecto nacional que genera diálogo, discusión y deliberación respecto a temas de interés público en los municipios y departamentos de Colombia. Mediante la realización de programas radiales en torno a ejes temáticos que se emiten en franja (diariamente y en el mismo horario), se generan reflexiones y debates que contribuyen a la transformación de la cotidianidad en los municipios del país” (Colombia, Ministerio de Cultura, 2012). No obstante lo anterior, estas reglamentaciones y proyectos no eliminan los problemas de sostenibilidad y de mantenimiento que viven diariamente las emisoras comunitarias del país, pues, de todos modos, su funcionamiento implica unos costes de equipos y personal que debe suplir totalmente la comunidad dueña de su medio. Por otro lado, a pesar de que el Estado ha dado prioridad en el otorgamiento de licencias para estas emisoras, las posibilidades de su espectro electromagnético se quedan cortas ante las muchas expresiones que un país diverso y lleno de historias, como Colombia, puede tener. Urge, entonces, nuevas posibilidades de producir informaciones y medios alternativos para esta multiplicidad de comunidades. Parte de la respuesta que se buscó para tal necesidad durante los años noventa del siglo xx fue el gran desarrollo de los primeros canales comunitarios, impulsados tanto por la Constitución de 1991, como por la proliferación de antenas parabólicas, que para entonces hacían más posible el acceso de las comunidades a la producción de comunicación audiovisual; de ahí que su sistema se centró en la televisión por cable. La normatividad se produce desde la Ley 182 de 1995, que reglamenta el servicio de televisión en el país, y donde se define la actividad de los llamados canales comunitarios a través del artículo 37, con lo cual se dio un paso importante en la democratización y el derecho a fundar medios masivos de comunicación en Colombia (Crawford, 2002). Para finales de 1998 ya existían en el país 265 canales comunitarios; especialmente, en la zona de Antioquia y el Eje Cafetero, teniendo en cuenta que su montaje se hizo más fácil en zonas productivas y de mayor actividad urbana. En general, se organizaron alrededor de una antena parabólica con un canal local, que mantenía una serie de abonados o de suscriptores conectados a través de cable, y, en algunos casos, irradiada. Aunque la gran mayoría dependían de organizaciones comunitarias, también se dieron casos en que los que dependían de las alcaldías, las empresas de comunicación, ong y, en mucha menor proporción, de grupos privados, como congregaciones religiosas (cinep, 1998). Con ello se perdía un poco de su definición realmente comunitaria. Pero frente a la interesante oportunidad de comunicación que planteaban los canales de televisión para las comunidades, su carácter de autoinanciados trajo muchos problemas económicos.