Esta dinámica favorece los apoyos mutuos entre políticos y empresas para que cada uno apoye el programa de los demás y hacerse con los recursos púb...

Esta dinámica favorece los apoyos mutuos entre políticos y empresas para que cada uno apoye el programa de los demás y hacerse con los recursos públicos. Según Lowi, la imagen del "comedero de cerdos" es la que mejor caracteriza este tipo de programas ya que cada actor tiene interés en vaciar el comedero sin preocuparse por los recursos. Las políticas reguladoras son otra vía de entrada de los intereses privados en el sistema de toma de decisiones colectivas. Estas políticas regulan un cierto ámbito, como el derecho del trabajo o las reglas de emisión de CO2. Constriñen la acción individual y colectiva autorizando o desautorizando ciertas clases de comportamiento. Por ello, tienden a generar ganadores y perdedores. Por ejemplo, un simple cambio de norma de seguridad en la legislación sobre el equipamiento de los coches puede tener grandes consecuencias sobre los costes de producción de las empresas fabricantes. Las que consigan imponer sus normas como normas estándar no tendrán que modificar nada, mientras que las que tengan que realizar cambios en sus procesos de fabricación perderán tiempo y dinero. Por ello, las políticas reguladoras suelen generar coaliciones de grupos de interés y negociaciones para presionar directamente al legislador para que adopte reglas a favor de las compañías implicadas. Por su parte, los legisladores no siempre disponen de la información necesaria y se dejan influenciar por los grandes grupos que les presionan. Al final, las decisiones suelen tomarse por consenso; lo que no significa que se trate de decisiones que beneficien necesariamente a la ciudadanía. Por último, las políticas redistributivas son las políticas que permiten repartir mejor la riqueza entre ciudadanos. En este caso interviene otro factor, que son los grupos de interés de clase y/o étnicos que piden mejoras para sí mismos. El carácter ideológico del debate suele ser más pronunciado que en los dos primeros casos, y los bienes redistribuidos no tienen por qué ser únicamente monetarios: los derechos civiles, el reconocimiento de grupos específicos o la mejora del sistema de salud entran también en este marco. Estas políticas suelen ser gestionadas de forma más centralizada. En este caso, el gobierno actúa más por motivos ideológicos que bajo la presión de un grupo concreto. A diferencia de las políticas distributivas, tanto el coste de los programas redistributivos como el de sus beneficios son difusos. Por una parte, se basan en la recaudación de los impuestos y de las tasas y, por otra, están pensados para ayudar a colectivos amplios (mujeres, inmigrantes, negros).