Para la atención de este derecho, las autoridades administrativas podrán crear grupos especializados encargados de elaborar proyectos de respuesta a los derechos de petición, y de decisión a los recursos de reposición y apelación. Se retomó la facultad otorgada por el legislador en la Ley 1265 del 2010, en el sentido de autorizar la recepción de peticiones por medio electrónico, así como las notificaciones por el mismo.