El legislador español ¿conserva la más absoluta disponibilidad en lo que a la regulación del sector de las sanciones administrativas se refiere, es libre de elegir cualquiera de las dos opciones doctrinales examinadas o, por el contrario, existe en nuestra Constitución algún mandato de tipo imperativo que le obligue indeclinablemente a decantarse por alguna de aquéllas?

a) No se presenta una pregunta clara con afirmaciones y alternativas definidas.