ZIMMERMANN Los intelectuales y la reforma social

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“Los liberales reformistas” – Zimmermann
3. LOS INTELECTUALES Y LA REFORMA SOCIAL
Reforma moral, reforma política y reforma social
La crisis política y económica de 1890 y los síntomas de una declinación moral generalizada hicieron que surja una necesidad de superar el sórdido materialismo y el insaciable mercantilismo imperantes en la sociedad argentina. Se percibe una declinación de la vida familiar, una relajación en las reglas morales, y una falta de sobriedad en las costumbres y hábitos sociales. Desde el punto de vista católico, el liberalismo desató un proceso de secularización. “Hemos realizado más o menos bien las aspiraciones sociales fundamentales de seguridad personal y bienestar económico, y empezamos a suspirar por lo superfluo y más elevado”. Hay una necesidad de transformar las instituciones y hábitos políticos del país, e introducir una política de principios. 
Rodolfo Rivarola postula la necesidad de poner punto final al experimento federalista, y de adoptar un régimen unitario basado en la centralización política y la descentralización administrativa. Esta reforma estaba vinculada a otras reformas institucionales, dirigidas a transformar el régimen electoral y el sistema presidencialista, y a reformas de tipo moral que apuntaban a una modificación de la cultura cívica local.
José Nicolás Matienzo, primer presidente del Departamento Nacional del Trabajo (1907), establece puntos de contacto entre la reforma moral, social y política. En su análisis del sistema político argentino de 1910, culpa al sentimiento oligárquico por el deterioro de la moral pública a través de las pensiones, los subsidios y otras formas de ayuda con que se recargan los presupuestos. Según él, el papel que le cabía a la nueva generación se basaba en consolidar las instituciones republicanas sobre la base de la pureza y libertad del sufragio popular, realizando una revolución pacífica complementaria de la de 1852; y asegurar el reinado de la justicia en la producción y distribución de la riqueza, evitando la explotación del débil por el fuerte. 
Estanislao Zeballos determinó los orígenes de la cuestión social en la desorganización social, política y administrativa en que se vivía hacía treinta años, en plena desmoralización irrespetuosa de toda disciplina. La solución residía en tornar la vieja disciplina que habían relajado la licencia y el sensualismo de los últimos treinta años. 
La solución de la cuestión social fue percibida como otra faceta del proceso de regeneración moral y política que debía sanear al país. Esta generación que impulsaría la reforma moral, política y social del país se identificó con los claustros académicos y la actividad intelectual.
El papel de los intelectuales
Se dio un paralelo con las tendencias reformistas de los intelectuales norteamericanos a fin de siglo. Richard Hofstadter habló de que un sentimiento de humillación compartido y una oposición común contra la plutocracia, empujó a numerosos intelectuales norteamericanos hacia posiciones reformistas. Estos intelectuales tuvieron también un interés positivo en la expansión del movimiento de la reforma social.
En la Argentina, en 1914, los intelectuales aparecían como un grupo encargado de llevar adelante la transformación institucional del país. Esta identificación era compartida por el reformista español Adolfo Posada, quien en 1912 sostenía que, en el país, a personas de mucha lectura y de aspiración científica no les asustaba la reforma social.
En 1905, Juan Alsina se dirigía a quienes estudiaban Derecho y Ciencias sociales, y les solicitaba dirigir sus actuales abstracciones hacia la práctica. Gregorio Aráoz Alfaro insistía en la necesidad de que la enseñanza universitaria se oriente a las necesidades sociales.
Muchos académicos o intelectuales interpretaron como parte de su deber el llevar sus ideas a la práctica a través de la creación y dirección de nuevas instituciones estatales dedicadas a distintas áreas de la reforma social. José María Ramos Mejía y Emilio Coni participaron en la creación y dirección de la Asistencia Pública de Buenos Aires; Augusto Bunge y José Ingenieros dirigieron la Sección de Higiene Industrial del Departamento Nacional de Higiene, y el Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional; José Matienzo y Marco Avellaneda fueron los primeros dos presidentes del Departamento Nacional del Trabajo. Alejandro Ruzo y Alejando Unsain ingresaron al DN, el primero siendo luego secretario a cargo de la presidencia, y el segundo, especialista en la legislación laboral del país. Federico Figueroa estudió las huelgas en el país y recomendó la creación de una oficina del trabajo como un mecanismo adecuado para solucionar los conflictos laborales. Pablo Storni hizo investigaciones sobre las relaciones laborales, que sirvieron de base al proyecto de código laboral de Joaquín González.
Joaquín González ejemplificó destacadamente la vinculación entre el mundo universitario y la reforma social. Se preocupó por elevar el debate al más alto nivel. Creó y fue primer presidente de la Universidad Nacional de La Plata en 1905, uno de los centros del reformismo. Ésta se vinculó con la Universidad de Oviedo, invitando especialistas como Rafael Altamira y Adolfo Posada.
Las universidades y las nuevas instituciones estatales, sin embargo, no fueron los únicos centros de atracción para los intelectuales con inclinaciones reformistas: se destacó la institución del Museo Social Argentino.
Museo Social Argentino
Fundado en 1911 por Tomás Amadeo como una institución que se dedicara a la investigación de problemas vinculados a la cuestión social. Sus primeras autoridades fueron el presidente Emilio Frers, el vicepresidente Rivarola, y el secretario general, el mismo Amadeo. 
En su primer Boletín, se habló de que la Argentina había alcanzado un estadio de desarrollo similar al de las naciones más avanzadas, y era inevitable encontrar similares problemas en materia social y económica. Los remedios debían inspirarse en la experiencia de los países más desarrollados: una institución que se refiera a la cuestión social. Su existencia será financiada por donaciones y contribuciones de sus miembros, con eventuales aportes del gobierno. Entre sus objetivos estaba la realización de una campaña de divulgación internacional sobre la Argentina, y la vinculación del reformismo social argentino con las instituciones internacionales dedicadas a estos temas. 
Estaba inspirado en el Musée Social francés, fundado en París como un centro de estudios y de recolección de datos sobre la cuestión social. Por eso se establecieron contactos con los colegas franceses, invitando especialistas como Leopold Mabilleau, Enrique Ferri, Max Nordau, Adolfo Posada y Edmond Contand Delpech. 
Se destacó la invitación de Theodore Roosevelt, quien dio dos conferencias en 1913 y se declaró en favor de la acción positiva del Estado en materia social. Insistió en que sólo la combinación de un individualismo altruista y un moderado colectivismo podía dar respuestas al conflicto social. 
A partir de eso, el MSA apoyó fuertemente a la difusión del mutualismo, tanto que para 1914 existían más de 1200 sociedades con más de medio millón de asociados, como señal del avanzado desarrollo social del país. Mabilleau colaboró con Carlos Ibarguren en la redacción de un proyecto de ley sobre la organización y reconocimiento legal de las asociaciones mutuales, primer paso hacia la organización de un sistema universal de seguro social y una forma de completar la democracia política con la democracia social.
La campaña del MSA en favor del mutualismo alcanzó su pico en 1916, cuando Buenos Aires fue sede del Congreso Internacional de Mutualidad y Previsión Social, organizado en tres secciones: mutualidad, cooperativas y previsión social. Belisario Montero, quien presidió las sesiones, destacó la importancia del papel preventivo de la ayuda social, diciendo que la verdadera asistencia consiste en proporcionar al pobre los medios de independizarse de ella. 
En 1918, Carlos Ibargurenpresidió un nuevo Congreso de Mutualidad organizado por el MSA, insistiendo en la necesidad de otorgar apoyo a los principios del mutualismo como un camino para remediar el conflicto social, percibido como una amenaza grave por la Revolución Rusa.
4. EL REFORMISMO EN LAS CIENCIAS SOCIALES
La sociología y la nueva “economía social”
El surgimiento de la sociología como disciplina científica ocupó un lugar de preponderancia en la conformación intelectual del reformismo social. La necesaria participación de la sociología en la elaboración de un programa de reforma social había sido establecida por el sociólogo norteamericano Lester Ward, quien habló de que ningún legislador está calificado para proponer o votar medidas destinadas a afectar los destinos de millones de unidades sociales si no domina todo lo conocido por la ciencia de la sociedad. 
Adolfo Posada, en su artículo “La idea moderna del Estado”, interpretó al Estado como expresión e instrumento de la solidaridad social. 
En la Argentina, la nueva ciencia fue proclamada como la clave para el entendimiento y la dirección racional del desarrollo social. La primera cátedra de sociología fue inaugurada en 1904 por Ernesto Quesada en la Facultad de Filosofía de la UBA. En 1905 el mismo inauguró su curso defendiendo las credenciales científicas de la sociología.
Hacia 1913, J. A. Ferreyra elevaba a los sociólogos al rango de filósofos-reyes, proclamando que el aprovechamiento integral de las energías humanas sólo es dable a los sociólogos teóricos y prácticos. Para él, sólo la sociología producitía las bases científicas de una nueva moral, superando las pretensiones de las ciencias biológicas. 
Varios condenaron a las ciencias sociológicas por su falta de rigor científico a la hora de las decisiones propias de las instituciones democráticas. “Quizá fuera más eficaz la labor legislativa si se la confiara a sociólogos en lugar de políticos. (...) Pero no debemos olvidar que si hombres de ciencia podrían decretar mejores leyes, carecerían de autoridad para imponerlas al pueblo.”
Se recalcaron dos puntos con respecto a las ciencias sociales. Primero, las ciencias sociales debían tener un carácter nacional, con proposiciones limitadas por y dependientes de las características propias de cada nación. Paul Groussac decía que esta pretensión de dictar leyes universales sería gradualmente superada a medida que se impusiera la “economía política nacional” de List o el enfoque historicista de Roscher. Marco Avellaneda dectacó la necesidad de estudiar los nuevos problemas sociales de acuerdo a nuestras modalidades y con un criterio y espíritu genuinamente argentinos. 
El segundo punto distintivo fue que la solución de la cuestión social resifía en un moderado programa de reformas elaborado a la luz de la moderna ciencia social, que implicaba el abandono tanto del laissez faire ortodoxo como del socialismo de Estado. 
Ernesto Quesada declaró que la solución de la cuestión social dependía de la orientación sociológica y de las leyes que la nueva ciencia pueda formular. El término de “economía política” se reemplazaría por el de “economía social”, dada la modalidad sociológica. Se reconoció que cada nación, dadas sus peculiaridades étnicas y geográficas, presenta un aspecto propio del fenómeno económico. 
El enfoque sociológico implicaba la superación del abuso deductivo de la escuela smithiana inglesa y del inductivo de la escuela cameralista alemana. Sin embargo, las preferencias de Quesada por el enfoque sociológico se ubicaban muy cerca de los fines y métodos de los economistas de la escuela histórica alemana. La búsqueda de un camino entre los dos extremos explica la elección de una de las obras escogidas por Quesada, los Principios de la Economía Política de Charles Gide, economista francés, promotor del mutualismo y el cooperativismo en su país. Otra obra seleccionada por Quesada fue una de Seligman, parte de un grupo de quienes, tras haber estudiado en Alemania, introdujeron en los Estados Unidos las ideas de la escuela histórica, impulsando así el abandono del método deductivo y de los principios del laissez faire como fundamentos de la ciencia económica. Las demás obras destacadas por Quesada fueron el proyecto González de código del trabajo, el Informe de Bialet Massé, entre otros. 
Quesada, además, veía como totalmente inadecuado un análisis marxista de la evolución histórica argentina, ya que las riquezas están todavía en proceso de formación y cambian fácilmente de manos. Consideraba que los tres pilares sobre los que tiene que descansar toda organización social civilizada son la libertad, la propiedad y la concurrencia. 
Se alarmaba ante el peligro de que el proceso de intervención estatal en materia social avanzara demasiado ambiciosamente. “Bien está que prime el criterio colectivo y solidarista sobre el individualismo nato, pero hay que cuidarse de las exageraciones.”
Para Marco Avellaneda, la cuestión social debía interpretarse como una etapa más de una eterna lucha. “Mientras existan en el mundo pobres y ricos, ella señala hoy la emancipación del obrero, como en su momento anunció también la libertad del siervo y la abolición de la esclavitud”. La solución se centraba en el desarrollo de nuevas instituciones, para encauzar los nuevos conflictos sociales por vías pacíficas. “La huelga es la guerra y puede evitarse con (...) el arbitraje y la transacción”.
La economía política, para Avellaneda, además de su función científica, cumplía con una función militante, defensora del orden social.
Enrique Ruiz Guiñazú mantuvo los libeamientos trazados por Quesada. Marcó la distinción entre la vieja economía política y la economía social, hacía hincapié en el carácter científico que debía tener la reforma social. Desestimaba las posibilidades de un análisis marxista estricto a las condiciones argentinas ya que se democratiza la propiedad a tal punto que es incalculable la proporción de proletarios convertidos en pequeños burgueses.
Distinguía tres corrientes importantes en las ideologías obreras: el sindicalismo revolucionario, antisocial y despótico; el sindicalismo reformista, variante del socialismo bersteniano; y el sindicalismo conservador, que preveía una progresiva sustitución del Estado y de la lucha de clases por una sociedad constituida por sindicatos descentralizados. Se inclinaba por el reconocimiento legal de sindicatos, que eventualmente actuarían como uno de los factores preponderantes de la organización económica existente.
El derecho y la cuestión social
Existió una conexión entre la cuestión social y el derecho criminal en el impacto que la escuela italiana de criminología positiva tuvo en la Argentina. Si la criminalidad se originaba por factores que estaban más allá del control de los actores individuales, como su constitución biológica o el ambiente social, el castigo sólo podía fundamentarse en razones de defensa social, acompañado por políticas sociales que apuntaran a modificar aquellos factores determinantes.
En materia civil, la responsabilidad de los empleadores por los accidentes de trabajo, o la sustitución de la noción tradicional del contrato por mecanismos de negociación colectiva, promovieron un activo debate sobre la forma en que las instituciones jurídicas debían adaptarse a los nuevos fenómenos sociales. 
Carlos Larreta pronosticó que se cierne sobre el derecho civil el peligro de una gran revolución, originada en el vínculo que liga al positivismo con la reforma social. 
Entre 1898 y 1916, más de 80 tesis doctorales trataron sobre temas relacionados a la cuestión social, como la responsabilidad legal en accidentes laborales, la naturaleza jurídica del contrato laboral, arbitraje y conciliación en los conflictos laborales.
Carlos Ibarguren advirtió en 1912 a los graduados de la Facultad de Derecho de la UBA que no teman a la lucha social y democrática, si hay fuerzas compensadas y medios de refrenar sus excesos.
Se fueron elaborando las nociones de obligación social y riesgo profesional. Este último concepto significabaque la responsabilidad por accidentes en el lugar de trabajo no se interpretaba como el resultado de una falta de parte del empleador o del empleado, sino como una consecuencia de la inevitable inseguridad e impredecibilidad introducidas por la era industrial. La solución recaía en un sistema de compensación que reconocía responsabilidad sin atribuir falta. El primer proyecto argentino de legislación sobre el tema fue presentado en 1902 por Belisario Roldán y Marco Avellaneda, y consagraba el principio del riesgo profesional. También se dectacó el proyecto de Joaquín González de 1904 para un código laboral. 
Para otros era preferible una interpretación más amplia de las normas existentes, antes que la introducción de nuevos principios en la legislación y jurisprudencia argentinas. Para Ernesto Quesada, las normas de responsabilidad del Código Civil permitían la aplicación de las doctrinas más avanzadas. Juan Bialet Massé elaboró una doctrina sobre la responsabilidad patronal basada en las normas del Código Civil, por la cual ha sido señalado como uno de los precursores del derecho laboral en la Argentina. Sin embargo, la ley 9688 substituyó la noción tradicional de responsabilidad limitada de los empleadores por accidentes de trabajo, por la más amplia concepción del “riesgo profesional”. 
El Congreso Americano de Ciencias Sociales
En 1916, como parte de los festejos del Centenario de la Declaración de la Independencia, el gobierno argentino organizó en Tucumán un Congreso Americano de Ciencias Sociales. 
El comité organizador fue nombrado por decreto presidencial, integrado por nombres del mundo intelectual: Carlos Bunge, Alfredo Ferreyra, Joaquín González, Carlos Ibarguren, José Ingenieros, Juan B. Justo, José Matienzo, Ernesto Quesada, Rodolfo Rivarola, Enrique del Valle Iberlucea y Estanislao Zeballos fueron algunos de ellos. 
Se organizó en once secciones: derecho civil, criminal y comercial, economía y finanzas públicas, relaciones internacionales, inmigración, historia y sociología, higiene y medicina social, moral pública, trabajo y asistencia pública. 
En la sección sobre Trabajo, Previsión y Asistencia Social, Ernesto Quesada y José Ingenieros fueron designados presidente y secretario, aunque Ingenieros renunció y fue reemplazado por Alejandro Bunge. La comisión se dedicó al estudio del nivel de vida de las “clases obreras” y su mejoramiento a través de la legislación social. Se discutió también el problema del desempleo, las huelgas, mecanismos de conciliación y arbitraje, la vivienda obrera, el papel que las sociedades de ayuda mutua y el seguro social obligatorio podían desempeñar como herramientas de política social, y los mestizos, la emigración europea, el peligro amarillo.