630065759-Proyecto-Andres-Felipe-Mora-pdf

Vista previa del material en texto

1 
 
Universidad Nacional de Colombia 
Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 
Proyecto de Tesis de Doctorado 
 
 
POLÍTICA SOCIAL Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 
JUSTICIA Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL CAMPO DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 1998-2012 
 
Andrés Felipe Mora Cortés 
Código 7001700 
 
 
RESUMEN: La investigación busca definir y evaluar la incidencia y el potencial 
transformador del Movimiento Estudiantil Colombiano y del Proyecto de Universidad 
Autónoma Indígena Intercultural en el campo de la educación superior en Colombia en 
el periodo 1998-2012. Para tal propósito será tomada como referente una teoría de la 
transformación social desde la política social. Con ello se dejan de lado las visiones 
instrumentalistas y economicistas con que tradicionalmente se ha analizado la cuestión 
social en el país, y se avanza en la corrección de tres importantes deficiencias de los 
estudios sobre la política social en Colombia: i) la excesiva centralidad otorgada a los 
estudios institucionales y elitistas sobre la política social, ii) la marginalidad con que se 
han analizado los vínculos entre las luchas sociales y las reconfiguraciones de la 
política social, y iii) la inexistencia de análisis que indaguen sobre las posibilidades de 
transformación social desde la política social. La investigación permitirá identificar 
aspectos sociales y políticos más allá de lo económico que expliquen la reproducción o 
superación de la pobreza y la desigualdad, y el papel que en este escenario asumen las 
luchas y movimientos sociales. 
 
 
I. Justificación 
 
El modelo neoasistencialista de política social imperante en Colombia puede ser la causa 
fundamental del impacto prácticamente imperceptible de la política económica y social sobre los 
indicadores de empleo, informalidad, concentración del ingreso y falta de oportunidades. 
 
Dicho modelo encuentra sus fundamentos básicos en la teoría del “manejo social del riesgo” y la 
“inversión en recursos humanos”. Y en términos generales, se caracteriza por el carácter procíclico 
del gasto social, la desregulación y precarización de los mercados laborales, la privatización, los 
subsidios focalizados a la demanda, la mercantilización de los derechos de los ciudadanos y el 
debilitamiento de los movimientos sociales que hacen presencia en los conflictos distributivos. 
Estas apuestas son el correlato de un modelo de protección social adecuado a las necesidades de 
fortalecimiento de los mercados financieros, la austeridad fiscal y la defensa de los derechos de 
propiedad. Característico de las prescripciones neoliberales en materia de política social, este 
modelo pronto ha mostrado su precaria idoneidad para mejorar las condiciones de vida de los 
individuos, y su falta de aliento para impulsar el tránsito hacia sociedades más justas, igualitarias y 
garantes de la libertad de las personas en Colombia y en América Latina1. 
 
1 Diversos indicadores apoyan estas afirmaciones, pues aunque entre 2002 y 2011 en Colombia han 
disminuido las tasas de pobreza e indigencia (pasando del 49.4% al 34.1% y del 17.6% al 10.6%, 
Mathew Maussa
Resaltado
2 
 
 
Estas tendencias generales se han reproducido igualmente en el campo específico de la educación 
superior en Colombia. En efecto, en el sistema educativo superior la tasa de cobertura es de 
únicamente el 37% y la tasa de deserción estudiantil alcanza el 46.4%. Por su parte, los recursos 
otorgados por el Estado para el financiamiento de las Universidades Públicas han registrado un 
importante descenso, pues como porcentaje del PIB han pasado del 0.56% en 1995 al 0.38% en 
2011. Estos recursos también han disminuido en términos de su participación en el presupuesto 
total de las Universidades Públicas, pasando del 79% del total del presupuesto en 1993 al 55% en 
20112. 
 
Paradójicamente, la reducción de los aportes gubernamentales en la educación superior ha estado 
acompañada por aumentos notorios en la cobertura. En 2001 se graduaron 43.796 estudiantes de las 
Instituciones de Educación Superior IES Públicas y 94.914 de las privadas. En ese año existían 79 
IES públicas y 189 privadas. En contraste, en el 2010 se graduaron 123.590 estudiantes de las IES 
públicas y 125.433 de las privadas, teniendo 80 IES públicas y 206 privadas. Si se tiene en cuenta 
que el Sistema Universitario Estatal soporta un desfinanciamiento cercano a seis billones de pesos, 
es claro que el aumento de la cobertura del 300% en el sector público se asocia con detrimentos 
significativos en la calidad educativa y la infraestructura física, y con sucesivos recortes al bienestar 
universitario de los estudiantes3. 
 
Sin embargo, la mayor parte de las explicaciones ofrecidas para comprender estos hechos son de 
corte económico. Y muy pocas veces se entiende que estos fenómenos tienen vínculos estrechos 
con variables políticas y sociales asociadas al modelo democrático imperante y al momento 
histórico en que su ubican las luchas sociales. De hecho, cuando se intentan incluir variables 
políticas y sociales para explicar la desigualdad y la injusticia social en el país, los estudios 
realizados muestran tres deficiencias claves: i) la excesiva centralidad otorgada a los estudios 
institucionales y elitistas sobre la política social, ii) la marginalidad con que se han analizado los 
vínculos entre las luchas sociales y las reconfiguraciones de la política social, y iii) la inexistencia 
de análisis que hayan indagado las posibilidades de transformación social desde la política social. 
 
Por lo tanto, es necesario avanzar en la identificación de los determinantes políticos y sociales que, 
a través de la política social, explican el mantenimiento de la mayor parte de la población 
colombiana en condiciones de precariedad, exclusión y falta de oportunidades. El panorama 
 
respectivamente), la distribución del ingreso prácticamente no ha sufrido cambios y el Coeficiente de Gini ha 
pasando de 0.573 en 2002 a 0.548 en 2011. Por su parte, la distribución funcional del ingreso se ha 
deteriorado, pues aunque el PIB se ha incrementado en tasas promedio del 4.5% entre 2002 y 2012, la 
participación de la remuneración de los trabajadores en el PIB pasó del 34% en el 2000 a 33% en 2012. 
Adicionalmente, el desempleo se ha mantenido en niveles cercanos al 11%, la informalidad asciende al 53%, 
y el subempleo ronda el 33%. Asimismo, Colombia es el país con más alta desigualdad en la propiedad rural 
en América Latina y una de las peores del mundo: para el año 2009 el Gini de propietarios era de 0.87 y el de 
tierras de 0.86. Ambos datos son alarmantes si se tiene en cuenta que el 32% de los colombianos son 
pobladores rurales. Al respecto ver: Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y 
Desigualdad. Resultados cifras de pobreza, indigencia y desigualdad. Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación, 2010; Moreno, Álvaro. “Dos años de Santos: la economía”. En: Revista Virtual Razón Pública. 
Bogotá: www.razónpublica.com. Julio, 2011, y PNUD. Colombia rural, razones para la esperanza. Informe 
nacional de desarrollo humano 2011. Bogotá: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011. 
2 Rodríguez, Jorge. “Educación superior pública: alternativas de financiación frente a la Ley 30 y al 
proyecto de Santos”. En: Revista Virtual Razón Pública. Bogotá: www.razónpublica.com. Noviembre, 2011. 
3 Archila, Mauricio. “El movimiento estudiantil en Colombia. Una mirada histórica”. En: Revista 
Observatorio Social de América Latina, Año XII, No. 31, Mayo de 2012, p. 71-103. 
3 
 
general de la cuestión social en Colombia y la situación específica de la educación superior, 
muestran la necesidad de emprender estudios que indaguen en las causas de estas problemáticas 
tomando como referente ópticas que permitan salir de las soluciones tradicionales que se ofrecen, 
relativas a las necesidades de perfeccionamiento y/o profundización del modelo neoasistencialimperante. Las causas estructurales de la producción y reproducción de la pobreza y la desigualdad 
son también políticas y sociales, y únicamente su conocimiento y transformación permitirá la 
construcción de una sociedad más justa e igualitaria en Colombia. 
 
 
II. Problema 
 
Trascender las interpretaciones economicistas, institucionalistas y elitistas de la desigualdad y la 
falta de oportunidades en Colombia es clave para identificar factores de cambio y transformación 
que lleven a la construcción de una sociedad más justa. Es por ello que la investigación evaluará las 
acciones, potencialidades y posibilidades de transformación social producidas por el Movimiento 
Estudiantil Colombiano y por el Proyecto de Universidad Autónoma Indígena Intercultural del 
Consejo Regional Indígena del Cauca en el campo de la educación superior en Colombia, en el 
periodo comprendido entre 1998 y 2012. 
 
Las acciones colectivas alrededor de la política social pueden tomar formas tradicionales de 
movimiento social reivindicatorio con respecto al Estado y formas comunitarias en movimiento no 
necesariamente centradas en el Estado. Por ello, serán analizadas dos lógicas de movimiento social 
diferenciadas en cuanto a sus orígenes, fundamentos, objetivos, repertorios y lógicas de acción 
colectiva: i) el Movimiento Estudiantil Colombiano que a través de sus luchas ha exigido a las 
autoridades políticas y económicas del país intervenciones públicas orientadas a la garantía plena, 
con autonomía e incidencia social del derecho a la educación superior, y el Proyecto de Universidad 
Autónoma Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca, concebido como un 
proceso de educación propia destinado a garantizar la educación superior en las comunidades 
indígenas de dicha región, en un contexto de luchas por el territorio, la autonomía, la resistencia 
cultural y la construcción y desarrollo integral del proyecto y/o plan de vida de de los pueblos 
indígenas en el marco del buen vivir. 
 
De esta forma, se analizará la manera como las luchas sociales han incidido en el campo de la 
educación superior en Colombia, develando factores más allá de lo económico que permitan 
explicar los procesos de producción y reproducción de la pobreza y la desigualdad, y visualizando 
posibilidades de transformación social en y más allá del campo de la educación superior en el país. 
 
 
III. Cuestiones a resolver: 
 
Pregunta eje: 
 
Desde el punto de vista de la política social ¿Cuál es el potencial transformador de los movimientos 
sociales en el campo de la educación superior en Colombia en el periodo 1998-2012? 
 
Preguntas orientadoras: 
 
1. ¿Bajo qué condiciones adquiere la política social un potencial transformador? 
 
Mathew Maussa
Resaltado
Mathew Maussa
Resaltado
Mathew Maussa
Resaltado
Mathew Maussa
Resaltado
Mathew Maussa
Resaltado
4 
 
2. ¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre política social, movimientos sociales y 
transformación social? 
 
3. ¿Cuáles han sido los cambios institucionales generados por los movimientos sociales en el 
campo de la política educativa para la educación superior en Colombia en el periodo 
comprendido entre 1998 y 2012? 
 
4. ¿Los cambios producidos por los movimientos sociales en el terreno específico de la 
educación superior han provocado transformaciones sociales relativas a la modificación de 
las relaciones sociales que producen y reproducen la pobreza y la desigualdad en 
Colombia? 
 
 
IV. Objetivos: 
 
Objetivo general: 
 
Definir y evaluar la incidencia y el potencial transformador en el campo de la educación superior 
del Movimiento Estudiantil Colombiano y del Proyecto de Universidad Autónoma Indígena 
Intercultural en el periodo 1998-2012, con el fin de identificar aspectos sociales y políticos más allá 
de lo económico que expliquen la reproducción o superación de la pobreza y la desigualdad en 
Colombia. 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Postular una teoría general de la transformación desde la política social que sirva de base 
para evaluar el potencial transformador de políticas sociales específicas. 
 
2. Establecer cómo ha sido interpretado teóricamente el potencial transformador de los 
movimientos sociales, con el fin de determinar cuál sería su papel en el impulso de procesos 
de transformación social desde el campo específico de la política social. 
 
3. Presentar un modelo teórico que permita visualizar los cambios institucionales y de las 
políticas públicas en la educación superior en Colombia y analizar el vínculo entre dichos 
cambios y la acción de los movimientos sociales estudiantil y comunitario indígena en el 
periodo comprendido entre 1998 y 2012. 
 
4. Identificar las condiciones históricas y de acción de los movimientos sociales que han 
provocado cambios en las relaciones sociales que producen y reproducen las injusticias 
sociales en el campo de la educación superior en Colombia, con el fin de visualizar 
aspectos más allá de lo económico que expliquen la desigualdad que caracteriza el país. 
 
 
V. Hipótesis 
 
1. La pobreza y la desigualdad son el resultado de relaciones conflictivas de poder reguladas 
por principios de intercambio desigual. La transformación de dichas relaciones sociales en 
una perspectiva de justicia para los sujetos individuales y colectivos dominados es la pista 
clave para encontrar el potencial transformador de la política social. Las políticas sociales 
Mathew Maussa
Resaltado
Mathew Maussa
Resaltado
5 
 
que intentan resolver la cuestión social al interior de las relaciones sociales establecidas 
adquieren un carácter regulador y gubernamental destinado a la contención social. 
 
2. Una definición de justicia social capaz de transformar las relaciones sociales que producen 
y reproducen la desigualdad debe ser trivalente; es decir, debe incluir lógicas de 
redistribución, reconocimiento y justicia cognitiva. En tanto la injusticia o el concepto de 
lo injusto es una construcción social, el capitalismo es tan injusto como lo crítica lo defina. 
La justicia cognitiva es la virtud de la crítica. Por ello, el eterno retorno transformador de la 
política social está garantizado por la puesta en marcha de lógicas de justicia cognitiva que 
faciliten la permanente redefinición de lo injusto en un contexto en que se garantice el 
conocimiento como bien común, se evite la eliminación de saberes y se distribuyan 
equitativamente las capacidades de crítica social entre los actores individuales y colectivos. 
 
3. Las instituciones no son únicamente instrumentos destinados a la coordinación social 
nacidos de procesos de elección racional individual. Son también el resultado de 
compromisos sociales que regulan los conflictos sin hacerlos desaparecer; es decir, son 
formas históricas estabilizadas de relaciones de poder. El pensar la política social desde 
este punto de vista facilita la comprensión de los procesos sociales de producción y 
reproducción de la pobreza, así como el papel que en este campo ocupan las luchas y 
movimientos sociales. Más allá de las cuestiones relativas a los objetivos e instrumentos 
que las visiones instrumentalistas de la política social intentan resolver, es preciso 
establecer cómo los conflictos sociales distributivos y por el reconocimiento configuran los 
entramados institucionales que producen y reproducen la pobreza y la desigualdad. 
 
4. Los cambios institucionales de la política social no deben ser comprendidos únicamente 
como concesiones paternalistas de élites progresistas, ni como el resultado de lógicas de 
anticipación del capital destinadas a garantizar las condiciones adecuadas para la 
reproducción de las relaciones sociales predominantes. Son también el resultado de luchas 
sociales reflexivas, distributivas y por el reconocimiento tendientes a generar 
transformaciones en las relaciones de poder, reposicionamientos en las relaciones de fuerza 
por parte de grupos dominados y cambios institucionales profundosen materia social. 
 
5. La transformación social debe analizarse desde las subjetividades y las relaciones sociales 
que se producen y reconstruyen en el marco de las luchas que emprenden los movimientos 
sociales bajo condicionantes conflictuales, estructurales e institucionales específicos. 
Aunque los movimientos sociales sean reconocidos como productores de una arena política 
más allá del Estado -la arena de los conflictos y las luchas sociales que no encuentran 
solución en los espacios políticos más institucionalizados- el potencial transformador de los 
mismos no puede ser definido a priori, y se requiere reconocer las múltiples dimensiones 
que pueden tomar las dinámicas de transformación y el papel ambivalente que en dichos 
procesos pueden jugar el Estado y las instituciones. 
 
 
VI. Delimitación espacio-temporal 
 
El análisis se realizará a nivel nacional, y tomará como referente la evolución institucional de la 
política para la educación superior. El horizonte temporal escogido es el periodo comprendido 
entre los años1998 y 2012. Esto por cuanto después de la consagración de la Constitución Política 
de 1991 y la redacción de la Ley 30 de 1992 de Educación Superior, se avanza en la formulación e 
implementación de reformas que desembocan en una profunda crisis en 1998, con las propuestas 
Mathew Maussa
Resaltado
Mathew Maussa
Resaltado
Mathew Maussa
Resaltado
Mathew Maussa
Resaltado
Mathew Maussa
Resaltado
Mathew Maussa
Resaltado
Mathew Maussa
Resaltado
Mathew Maussa
Resaltado
6 
 
privatizadoras, de austeridad fiscal y de mercantilización acentuadas por el gobierno de Andrés 
Pastrana Arango (1998-2002). Igualmente, es en el año de 1998 en que el Movimiento Estudiantil 
Colombiano busca recomponerse, después del periodo de fragmentación y debilitamiento observado 
en el primer lustro de la década de 1990, a fin de resistir las apuestas neoliberales impulsadas desde 
el gobierno nacional. 
 
El horizonte se extiende hasta 2012, año en que se hace manifiesta la crisis del modelo de 
financiación, autonomía y gestión propuesto por la Ley 30 de 1992, se presenta una propuesta 
gubernamental de reforma sustentada en el lucro privado, y se produce una importante 
recomposición y rearticulación del movimiento estudiantil colombiano alrededor de la Mesa 
Amplia Nacional Estudiantil MANE. Dicha recomposición se sustenta en el establecimiento de 
vínculos con otros sectores sociales (estudiantes de secundaria, egresados, profesores, padres de 
familia y ciudadanía en general) y en la presentación de un programa mínimo en el que se integran 
aspectos académicos y de bienestar universitario, así como demandas relativas a la participación e 
incidencia de los estudiantes y la juventud colombiana en la construcción de un nuevo país4. 
 
Desde el punto de vista del Proyecto de Universidad Autónoma Indígena Intercultural el periodo 
comprendido entre 1998 y 2012, constituye el espacio en el cual se consolida el propósito de 
creación de una universidad propia en el seno del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, 
creado en 1971. Este es resultado del ejercicio de más de 30 años de búsqueda colectiva de una 
educación ajustada a las necesidades y visión de las comunidades indígenas, que hiciese realidad la 
manifestación de país pluricultural y multilingüe, reconocido por la Constitución Política de 1991. 
 
Igualmente, es durante el periodo 1998-2012 (y específicamente entre los años 2005-2008) en el 
que se advierte la emergencia de un fuerte ciclo de protestas por parte del Movimiento Indígena 
Caucano, similar al pico observado entre 1975 y 1979, en los orígenes del CRIC5. Esto es 
importante debido a la centralidad que se la ha otorgado a la educación propia y al Proyecto de 
Universidad Autónoma como pilares esenciales de las luchas indígenas por el territorio, la 
consolidación de la gobernabilidad interna a través de las autoridades comunitarias, y la 
revitalización de las lenguas originarias, la cultura, las tecnologías y la memoria e historia 
colectivas. 
 
Desde el CRIC la educación ha sido concebida como fuente y finalidad de las luchas indígenas y de 
la resistencia cultural; por ello, el análisis de las luchas y los ciclos de protesta del movimiento 
indígena caucano no puede omitir los vínculos entre dichos procesos y los fundamentos, alcances y 
reconfiguraciones del proyecto de educación propia y de la consolidación de la Universidad 
Autónoma Indígena Intercultural. Los vínculos entre luchas, resistencias y educación quedan claros 
cuando se advierte que para el Movimiento Indígena del Cauca la educación propia constituye “una 
educación para defenderse colectivamente y no una educación para superarse individualmente”6. 
 
 
4 Al respecto ver: Archila, Mauricio. Ibíd. En este documento se presenta una historia del movimiento 
estudiantil colombiano, dividida en seis periodos: i) los primeros pasos del movimiento (1909-1929), ii) 
visibilidad oscilante (1930-1945), iii) resistencia democrática (1946-1957), iv) radicalización contra el 
bipartidismo (1946-1957), v) hacia el movimiento popular (1975-1990) y vi) crisis y recomposición (1991-
2011). 
5 Archila, Mauricio. “Economía y cultura para el buen vivir en el movimiento indígena caucano”. En: 
Revista Controversia, No. 197, Diciembre de 2011, p. 63-100. 
6 Bolaños, Graciela y Tattay, Libia. “La educación propia, una realidad oculta de resistencia educativa y 
cultural de los pueblos”. En: Lola Cendales, Marco Raúl Mejía y Jairo Muñoz (Compiladores y Editores). 
Entretejidos de la educación popular en Colombia. Bogotá: Desde Abajo, 2013, p. 68. 
7 
 
V. Estado del arte 
 
Los estudios sobre la política social en Colombia pueden ser clasificados en tres grandes grupos, 
definidos todos por los intereses de sus indagaciones y por la metodología seguida en el momento 
de abordar su objeto de estudio. En el primer grupo, es posible ubicar los estudios gubernamentales 
que por lo general se encaminan a analizar la eficacia de las políticas implementadas y las 
posibilidades de optimización de los programas en cuanto al uso eficiente de los recursos. Estos 
estudios se han preocupado por la definición de reglas claras para el ingreso de los individuos y las 
familias a los programas gubernamentales en el marco de los dispositivos de focalización, y el 
establecimiento de mecanismos de salida de esos mismos individuos a través de políticas de 
promoción social fundamentadas en mayores oportunidades de empleo, emprendimiento y/o acceso 
a los mercados financieros. 
 
En general, estos estudios se caracterizan porque sus aportes no visualizan la posibilidad de avanzar 
hacia modelos alternativos de política social y terminan, por el contrario, insistiendo en que los 
pobres –como sujetos individuales- se conviertan en gestores de su propia pobreza. Estos estudios 
encuentran su inspiración en las teorías del manejo social del riesgo y la inversión en recursos 
humanos7. 
 
En este contexto, las luchas sociales son concebidas como acciones colectivas tendientes a la 
captura de rentas por parte de ciertos grupos sociales interesados en la sobreexplotación del 
presupuesto público. La solución a los problemas de sobreexplotación del presupuesto pasaría por 
la definición de arreglos institucionales cooperativos que eviten la “tragedia de los comunes” a 
través de la internalización de los costos por parte de cada uno de los grupos que capturan rentas8. 
 
En el segundo grupo de estudios sobre la política social en Colombia se encuentra el conjunto de 
análisis preocupados por realizar una valoración de la política social en términos de sus 
fundamentos, sus objetivos y la eficacia alcanzada en la consecución de los propósitos que se la han 
encomendado. En general, estos estudios han demostrado la ineficacia de la política social para 
avanzar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y sin pobreza. La mayoría ha 
tomado como referente el modelo de protección socialque se ha instaurado desde la Constitución 
Política de 1991, y las tensiones y contradicciones que se presentan entre la consagración de un 
Estado Social y Democrático de Derecho y el impulso a un modelo económico neoliberal. 
 
En el marco de este segundo conjunto de estudios, los análisis pueden ser generales, basados en 
análisis sobre pobreza, indigencia, miseria y concentración del ingreso en Colombia, o concentrarse 
en valoraciones y propuestas sectoriales en los campos de la salud, la educación, el empleo, los 
 
7 Al respecto ver: Holzmann, Robert; Jorgensen, Samuel. Manejo social del riesgo. Un nuevo marco 
conceptual para la protección social y más allá. Washington: Banco Mundial, 2000. Londoño, Juan. 
Pobreza, desigualdad y formación del capital humano en América Latina, 1950-2025. Washington: Banco 
Mundial, 1996. Behrman, Jere. Inversión en recursos humanos. Washington: Banco Interamericano de 
Desarrollo, 1993. Santamaría, Mauricio; Steiner, Roberto; Schutt, Erika. “¿Cómo derrotar el desempleo y la 
informalidad?” En: Roberto Steiner y Víctor Traverso (Editores). Colombia 2010-2014: propuestas de 
política pública. Bogotá: Fedesarrollo, 2010. Marulanda, Beatriz; Paredes, Mariana y Fajury, Lizbeth. 
“Acceso a servicios financieros en Colombia: retos para el siguiente cuatrienio” En: Roberto Steiner y 
Víctor Traverso (Editores). Colombia 2010-2014: propuestas de política pública. Bogotá: Fedesarrollo, 2010. 
Rentería, Carolina. Avances y retos de la política social en Colombia. Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación, 2008. 
8 Echeverry, Juan y Querubín, Pablo. La batalla política por el presupuesto de la nación: inflexibilidades o 
supervivencia fiscal. Bogotá: Documento CEDE 2004-01, Universidad de los Andes, 2004. 
8 
 
salarios, la vivienda, la seguridad alimentaria y la política fiscal9. En este campo igualmente son 
abordados aspectos relativos a dilemas de política pública asociados con la definición de fronteras 
entre lo público, lo privado y lo estatal, la pertinencia de los subsidios focalizados a la demanda, y 
los límites y alcances de la política social en el marco de la globalización10. También se realizan 
evaluaciones desde el punto de vista del reconocimiento a grupos poblacionales tradicionalmente 
excluidos (por razones de raza, género o vínculos con el conflicto armado interno), y análisis sobre 
las relaciones entre la política social y los nuevos modelos de ordenamiento y gestión territorial11. 
 
Las alternativas propuestas desde este tipo de estudios reivindican el modelo de Estado Social de 
Derecho consagrado en la Constitución Política de 1991, y sugieren reformas tendientes a 
materializar un modelo de protección y política social inspirado en objetivos e instrumentos de corte 
socialdemócrata. Las coordenadas de estas propuestas han alcanzado su “fase superior” en 
términos de la defensa del “enfoque de derechos” y la condición de ciudadanía como piedra angular 
de la política social12. 
 
Aunque estos estudios han intentado establecer un vínculo entre los sistemas de protección social y 
el modelo democrático en Colombia, sus aportes se han limitado a exigir una mayor “politización” 
de la política social a través de la comprensión de la política social como un factor que define y 
constituye ciudadanía en el marco del enfoque de derechos13. Así mismo, se han señalado –aunque 
con poca profundidad- las contradicciones y tensiones que caracterizan a la Constitución Política de 
1991 en términos de la definición de un modelo de democracia participativa, la instauración de un 
modelo económico neoliberal y la defensa de principios socialdemócratas en materia de garantías 
sociales14. 
 
En este sentido, las luchas sociales son ignoradas como factores dinamizadores del proceso 
democrático o como elementos indispensables para avanzar en la garantía de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Los sujetos son pensados desde una perspectiva individualista en 
la que prevalece la relación Estado-Ciudadano, y en la que se ignora la importancia de los sujetos 
colectivos en la perspectiva de la edificación de sociedades más justas. 
 
Finalmente, en el tercer grupo de estudios sobre política social, son numerosos los análisis que 
evalúan la política social colombiana desde el punto de vista de su conexión con el modelo 
neoliberal y los determinantes asociados al nuevo régimen de acumulación capitalista. En este 
campo se ha insistido en los vínculos macroeconómicos que se establecen entre un modelo 
 
9 Al respecto ver: Garay, Luis (Compilador). Colombia: Dialogo pendiente I. Educación, salud, pensiones, 
empleo, seguridad alimentaria y política fiscal. Bogotá: Planeta Paz, 2005 y. Garay, Luis (Compilador). 
Colombia: Dialogo pendiente II. Políticas de empleo, salarios y vivienda. Bogotá: Planeta Paz, 2007. 
10 Giraldo, César. Rescate de lo público. Poder financiero y derechos sociales. Bogotá: Ediciones Desde 
Abajo, 2003. 
11 Laguado, Arturo (Editor) (2004). La política social desde la Constitución de 1991 ¿Una década perdida? 
Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, 2004. 
12 Los trabajos de Garay, Luis Op. Cit., y Giraldo, César Op. Cit. son muy reconocidos en este campo. 
También son esenciales los aportes de: Corredor, Consuelo. La política social en clave de derechos. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2010, y de Le Bonniec, Yves y Rodríguez, Oscar (editores). 
Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo modelo sistema de protección social. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2005. 
13 Le Bonniec, Yves y Rodríguez, Oscar. Ibíd. 
14 Misas, Gabriel. La ruptura de los 90. Del gradualismo al colapso Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2002. 
9 
 
económico financiarizado, caracterizado por la volatilidad económica y la mayor vulnerabilidad 
social en el país. 
 
Igualmente, se establecen los rasgos característicos del sistema de protección social neoasistencial 
en comparación con los modelos asistenciales, bismarckianos y beveridgeanos, y se posicionan 
críticas al modelo de protección social neoliberal fundamentado en la “lucha contra la pobreza” y 
las prescripciones relativas a la “inversión en recursos humanos”, el “manejo social del riesgo” y las 
políticas macroeconómicas ortodoxas15. Para sustentar sus conclusiones estos análisis han tomado 
como referentes las transformaciones generales acaecidas en el sistema de protección social en 
Colombia y los cambios sectoriales observados en el terreno de la teoría del desarrollo, la seguridad 
social, la salud, el empleo y el sistema pensional. 
 
En este conjunto de estudios también es común encontrar propuestas de reforma asociadas a la 
creación de regímenes de protección social mutualistas y universalistas, alejados de las 
concepciones individualistas de la pobreza, basados en una nueva reinvención de lo público, críticos 
del proceso de financiarización, y defensores de la recuperación de la soberanía monetaria por parte 
del Estado, del reorientamiento de la política fiscal, de la búsqueda de mecanismos de corrección de 
los desbalances externos de la economía, de la mayor integración regional en América Latina, del 
impulso a modelos de industrialización y de la necesidad ineludible de garantizar el pleno empleo 
de calidad16. 
 
Las pretensiones de estos estudios son más instrumentales y centran su atención en la relación 
macroeconomía-política social desde un punto de vista de objetivos e instrumentos. Esto hace que 
las referencias a las luchas sociales sean mínimas y se reduzcan a apuntes de contexto que señalan 
de manera superficial las condiciones de debilidad de los movimientos sociales que explican la 
aplicación más o menos eficaz de las políticas económicas y sociales neoliberales. 
 
En resumen, los tres grupos de estudio sobre la política social en Colombia han centrado su 
atención en los aspectos de reforma institucional de cara a la mayor eficiencia en el uso de losrecursos públicos, en las exigencias de garantía de los derechos provistos por la Constitución 
Política de 1991 y en la remoción de las restricciones de orden macroeconómico impuestas por el 
ciclo de acumulación capitalista financiarizado. En este contexto, las luchas sociales son analizadas 
como una amenaza al equilibrio fiscal debido a que llevan a la sobreexplotación presupuestal, son 
eclipsadas por las demandas de mayor “politización” de la política social a través de la 
reivindicación del concepto de ciudadanía y los mecanismos de participación definidos por la 
Constitución Política de 1991, o aparecen de manera marginal en tanto se señala el proceso de 
desestructuración de los movimientos sociales y populares en el marco de la agresión neoliberal. 
 
La visualización general de los intereses y coordenadas de los estudios sobre la política social 
permite identificar entonces tres deficiencias, plenamente interrelacionadas: i) existe una excesiva 
centralidad otorgada a los estudios histórico-institucionales y elitistas sobre la política social, ii) los 
estudios realizados abordan de manera marginal las relaciones que se han presentado entre las 
luchas sociales y las reconfiguraciones de la política social; y iii) son inexistentes los análisis que se 
 
15 Giraldo, César. ¿Protección o desprotección social? Bogotá: Ediciones Desde Abajo, 2007. 
16 Rodríguez, Oscar. (Compilador). Sistemas de protección social: entre la volatilidad económica y la 
vulnerabilidad social. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005. 
10 
 
hayan preguntado sobre las posibilidades de transformación social relacionadas con los cambios 
observados en la política social en Colombia17. 
 
Bajo estas coordenadas, debe ser resaltado el estudio de largo aliento realizado por Oscar 
Rodríguez, quien analiza los cambios institucionales de los sistemas de protección social en 
Colombia desde el siglo XIX hasta el modelo neoliberal18. También merecen ser señaladas las 
indagaciones presentadas por Gabriel Misas19 – para el Siglo XX en Colombia- y Darío Restrepo 
para los últimas tres décadas en Colombia, con especial atención en los cambios institucionales 
suscitados por la Constitución Política de 1991 y la implementación del modelo neoliberal20. En 
ellas se resaltan los cambios en el sistema de protección social en Colombia, sus vínculos con el 
nuevo régimen de acumulación y dominación neoliberal, los principios éticos y normativos que 
brindan sustento al modelo neoliberal de política social y los resultados obtenidos en materia de 
indicadores sociales, reconocimiento de poblaciones y autonomía de los entes descentralizados. 
 
En general estos estudios han evaluado los cambios históricos-institucionales de la política social y 
los sistemas de protección social sin establecer un vínculo profundo con las luchas sociales y las 
actividades de los movimientos sociales y populares del país. En general, los acercamientos al tema 
se reducen a anotaciones marginales asociadas con el repliegue de las fuerzas sociales bajo el orden 
neoliberal, los efectos asimétricos que sobre los sectores populares han generado las crisis 
económicas, y la paulatina pauperización y debilitamiento a que han sido sometidos los sectores 
obreros del país. 
 
 
17 También, a nivel de América Latina, varios estudios ofrecen una perspectiva política de la política social, 
tomando como base análisis elitistas. Estos estudios dejan de lado, por lo tanto, las perspectivas de lucha 
social “de abajo arriba” en la definición de las transformaciones institucionales de la política social. En este 
sentido, McLeod y Lustig presentan evidencia econométrica (para 18 países latinoamericanos en el periodo 
comprendido entre 1989 y 2008) que sugiere que los regímenes de izquierda tienden a ser más redistributivos 
que los de derecha. Sin embargo, entre la izquierda, los regímenes “social-democráticos” de Brasil y Chile 
han sido más exitosos en su tarea de reducir la pobreza y la desigualdad que los llamados regímenes de 
izquierda “populistas” de Argentina, Bolivia y Venezuela. McLeod, Donald y Lustig Nora. Inequality and 
Poverty under Latin America's New Left Regimes. New Orleans: Tulane Economics Working Paper Series, 
No. 1117, 2011. Por su parte, Cimoli y Rovira demuestra formalmenten que los países caracterizados por un 
mayor poder y concentración de las élites económicas y políticas, poseen graves restricciones en cuanto a los 
cambios estructurales en los procesos de producción, lo cual explica la perpetuación de la pobreza y la 
desigualdad. Cimoli, Mario y Rovira, Sebastián. “Elites and structural inertia in Latin America: an 
introductory note on the political economy of development”. En: Journal of Economic Issues. Vol. XLII, No. 
2, 2008, p. 327-347. Por último, Filguiera presenta un modelo de análisis elitista en el que define la 
construcción de i) modelos de protección social universalistas-estratificados a partir de élites políticas en 
competencia por el apoyo popular (Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú); ii) modelos duales de 
protección social basados en lógicas de represión y cooptación de grupos populares por parte de élites 
políticas (Brasil, Colombia, Venezuela, Panamá), y iii) modelos excluyentes de protección social 
implementados por élites políticas predatorias (Guatemala, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Honduras, 
Nicaragua). Filgueira, Fernando. Welfare and democracy in Latin America: the development, crises and 
aftermath of universal, dual and exclusionary social states. Geneva: UNRISD, 2005. 
18 Rodríguez, Oscar. “Del patronato al aseguramiento en el sistema de protección social en Colombia: 
asistencia, identificación y legitimidad”. En: Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de 
protección social. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006. P. 281-345. 
19 Misas, Gabriel. Desarrollo económico y social en Colombia: siglo XX. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2001. 
20 Restrepo, Darío (Editor). La falacia neoliberal. Críticas y alternativas. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2003. 
11 
 
Dado este panorama, es claro que se requiere avanzar en estudios profundos de historia social que 
indaguen en la manera como las luchas sociales y populares han configurado los cambios 
históricos-institucionales observados en materia de política social en Colombia. Se requiere, por lo 
tanto, un enfoque de historia social crítica para el análisis de la política social21. Esta perspectiva 
permitirá enfrentar los vacíos que en los análisis de la política social han dejado las perspectivas 
histórico-institucionales y elitistas. 
 
No obstante, este ejercicio ha sido parcialmente emprendido, particularmente en los estudios 
relativos al movimiento obrero y campesino. Francisco Ostau de Lafont, por ejemplo, señala que a 
diferencia de los países industrializados donde la regulación del mundo del trabajo surge de los 
conflictos y las luchas de las organizaciones sindicales, en Colombia la normatividad laboral va a 
corresponder a fenómenos sociales y culturales diferentes, donde las luchas de los trabajadores van 
a jugar un papel menos relevante en la medida en que se cruzan con los discursos del poder 
paternalistas de otros actores sociales en su disputa por el control sobre el trabajo. 
 
De acuerdo con el autor, la política y normatividad laboral en Colombia se ha caracterizado por ser 
el producto del paternalismo clientelista tanto de los empleadores como de los diferentes gobiernos 
y de las organizaciones sindicales en sus distintas épocas. No obstante, a partir de los setentas se 
observa una mayor influencia de las luchas sociales que son contestadas a partir de estrategias 
elaboradas por los sectores dominantes en el contexto de las políticas neoliberales. En este último 
período predominan la tecnocracia y los intereses de los gremios económicos en búsqueda de la 
reducción de costos de la mano de obra22. 
 
Las conclusionespresentadas por Ostau de la Font, merecen ser problematizadas, pues aunque debe 
ser reconocido el papel conservador del bipartidismo en Colombia y el reposicionamiento 
permanente del “partido de clase” fundamentado en la cohabitación de los dos partidos políticos 
tradicionales del país, otras indagaciones realizadas permiten observar cierta relación entre las 
luchas sociales en Colombia y la materialización de algunas reivindicaciones en el plano de lo 
social, lo laboral y lo económico. 
 
En efecto, los repertorios y demandas de la protesta, la construcción de identidades y las relaciones 
establecidas entre acción social colectiva, necesidad y emancipación son aspectos claves que no 
deben ser desconocidos en un balance sobre las conquistas de las luchas sociales y sus pretensiones 
de transformación política y social. De hecho, históricamente es posible establecer un hilo 
conductor entre clase trabajadora, lucha de clases y conciencia que facilita el establecimiento de 
vínculos entre la clase trabajadora en Colombia y conflictos en diferentes ámbitos sociales (salud, 
 
21 Más allá de las transformaciones institucionales y de la atención puesta a las élites o clases dirigentes, la 
historia social crítica intenta avanzar en análisis históricos basados en las luchas sociales insistiendo en la 
necesidad de resaltar los procesos históricos de “abajo a arriba”. Opuesta a la historia escrita desde la 
perspectiva de las clases dirigentes o de élite, la historia social intenta recuperar el pasado que fue hecho por 
las luchas sociales pero que no ha sido escrito por ellas. Busca desentrañar las luchas en sus causas y 
motivos, el modo de sus acciones políticas y sociales, la composición social de quienes han hecho parte de 
ellas y su significación y consecuencias. Así, intenta integrar un análisis de las experiencias horizontales y 
verticales de las luchas sociales aspirando a un análisis total de las mismas. Con ello matiza además las muy 
extendidas ideas de “fracaso” de las luchas sociales que se exponen desde lecturas ortodoxas. Al respecto 
ver: Kaye, Harvey. Los historiadores marxistas británicos. Un análisis introductorio. Zaragoza: Universidad 
de Zaragoza, 1989. 
22 Ostau De Lafont, Francisco. El discurso paternalista en la formación de la norma laboral. Construcción 
histórica. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006. 
12 
 
género, puertos, banca) relativos a salarios, reivindicaciones de pliegos, cláusulas definitivas en las 
convenciones colectivas y aspiraciones del derecho como justicia23. 
 
Estos aspectos han sido centrales dentro de las ideas y discusiones socialistas en Colombia, y han 
desatado debates profundos sobre el carácter meramente reivindicativo y económico de las luchas o 
sobre su carácter político y transformador24. Otros análisis trascienden, incluso, la apropiación de 
categorías convencionales (clases sociales, luchas obreras, capitalismo, socialismo) y reconocen el 
carácter popular de dichas luchas en una perspectiva histórica que comprenda sus ciclos de auge y 
crisis, los efectos que sobre dichas luchas han generado los procesos de represión estatal, violencia 
política y conflicto interno armado25. 
 
Otra pista para avanzar en la indagación sobre los vínculos entre luchas sociales y política social 
puede ser ofrecida por algunos de los estudios sobre violencia, pobreza y desigualdad en Colombia. 
Al respecto, resultan valiosos los aportes de Gabriel Misas quien ha insistido en que la ausencia de 
mecanismos de negociación y de participación, unidos a la incapacidad de la élite en el poder para 
negociar con los grupos subalternos, ha dado lugar a que las tensiones y contradicciones propias del 
desarrollo desemboquen en explosiones generalizadas de violencia. Para Misas, la élite en el poder 
en Colombia se ha caracterizado por llevar a la zona de lo “no negociable” la mayor parte de 
factores de tensión en la sociedad colombiana (acceso a tierras, distribución del ingreso, mayor 
participación política)26. 
 
Por su parte, Alejandro Reyes señala el “error estratégico” de la dirigencia colombiana, que pueden 
servir de base para establecer vínculos directos entre la política social, las luchas sociales y la 
democracia en Colombia: aplastar con represión militar la movilización social, cerrando de esta 
forma la vía reformista para enfrentar, a cambio, la lucha insurgente de las guerrillas. La tesis 
esgrimida por Reyes lo lleva a afirmar que: “La alternativa colombiana no es, como ilusamente se 
piensa, la violencia o la imposición del orden por el Estado. La alternativa es la violencia o la 
movilización social, indispensable motor para librar las grandes batallas democráticas en las cuales 
se plantean y resuelven los conflictos sociales acumulados históricamente”27. 
 
Sin embargo, más allá de anotaciones marginales, de las perspectivas elitistas o de análisis 
concentrados en los sentidos o demandas de las luchas sociales, es necesario establecer un vínculo 
 
23 La literatura en este campo es relativamente amplia e incluye los trabajos de Sánchez, Ricardo. ¡Huelga! 
Luchas de la clase trabajadora en Colombia, 1975-1981. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2009; 
Archila, Mauricio. Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958-1990. Bogotá: 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, 2008; Archila, Mauricio (Compilador). 25 años de 
luchas sociales en Colombia 1975-2000. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular, 2002; 
Archila, Mauricio y Henao, Mario. (Editores). Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – Centro de Estudios Sociales, 2001, y Archila, Mauricio y 
Delgado, Álvaro. ¿Dónde está la clase obrera? Huelga en Colombia 1946-1990. Bogotá: Documentos 
Ocasionales, Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, 1995. 
24 Moncayo, Víctor y Rojas, Fernando. Luchas obreras y política laboral en Colombia. Bogotá: La Carreta, 
1978. Urrutia, Miguel. Historia del sindicalismo colombiano. Bogotá: Editorial la Carreta, 1976. Pecaut, 
Daniel. Política y sindicalismo en Colombia. Bogotá: Editorial la Carreta, 1973. 
25 Múnera, Leopoldo. Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988. 
Bogotá: IEPRI, Universidad nacional de Colombia, 1998. 
26 Misas, Gabriel. Ibíd. 
27 Reyes, Alejandro. Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia. Bogotá: Grupo Editorial 
Norma, 2009, p. 19. 
13 
 
consistente histórica y teóricamente entre las dinámicas de las luchas sociales en Colombia y las 
trasformaciones observadas en la política social. 
 
Más allá de los estudios sobre las reivindicaciones puntuales de las huelgas, las exigencias 
esgrimidas por los movimientos sociales, o el carácter reivindicativo o político de las luchas, es 
necesario valorarlas desde un punto de vista más amplio, que indague sobre los efectos sistémicos 
que dichos procesos han generado sobre los fundamentos, alcances, institucionalidad y objetivos de 
la política social en Colombia. Es preciso, por lo tanto, poner a prueba la afirmación de Pierre 
Bourdieu según la cual “la historia social enseña que no hay política social sin un movimiento 
social capaz de imponerla”28. 
 
Como se anotó anteriormente, este vacío teórico y analítico tiene un vínculo directo con otra de las 
debilidades recurrentes en los estudios sobre la política social en Colombia. En efecto: son 
inexistentes los estudios que se hayan preguntado sobre las posibilidades de configuración de un 
modelo de relación salarial catalizador de procesos de transformación social. Por ello, es común la 
insistencia en que la política social tiene como única función garantizar la reproducción de la 
relación social capitalista en un contexto de relativa armonía y estabilidad social, asegurando el 
“gobierno de las poblaciones” o resolviendo las “cuestiones sociales” que alteran el sostenimiento 
del contrato social29. Difícilmentese indaga sobre las condiciones políticas y de luchas sociales en 
que la política social puede asumir un papel transformador. 
 
 
28 Bourdieu, Pierre. “Dotar de sentido social a la Unión Europea”. www.sociologicus.com. Consultada el 23 
de agosto de 2011. 
29 En el terreno de la teoría política estas aproximaciones pueden ser definidas como regulacionistas, 
biopolíticas o de renovación del contrato social. Desde el punto de vista de la regulación, se insiste en el 
carácter cíclico de la política social: cuando ésta asume una dinámica expansiva, tiene por objeto acallar el 
desorden civil; cuando su forma es restrictiva, intenta reforzar las normas laborales. Así, la política social 
posee un carácter liberal o restrictivo según los problemas con que deba enfrentarse la administración dentro 
del marco general de la sociedad. Esta postura es clara en: Fox, Francis y Cloward, Richard. Regulating the 
poor: the functions of public walfare. New York: Vintage Books, 1971, y O’Connor, James. La crisis fiscal 
del Estado. Barcelona: Ediciones Península, 1994. Por su parte, en las teorías relativas a la biopolítica la 
cuestión consiste en preguntarse por las formas como el Estado garantiza o no la reproducción de las 
poblaciones. En este marco, la profundización del orden neoliberal ha implicado la emergencia de nuevas 
prácticas gubernamentales que, en relación con la fuerza de trabajo y sus condiciones de vida, pueden ser 
comprendidas desde el punto de vista del continnum normalización-exclusión-extinción. Este proceso implica 
el abandono de las formas de normalización antecedentes y el tránsito del Homo Faber al Homo Sacer. Dicho 
continuum entiende el concepto de biopolítica de Foucault, para comprender las regulaciones del hacer vivir y 
dejar morir y para incluir la emergencia de formas tanatopolíticas del hacer extinguir. Con estos enunciados 
se especifica la díada “normalidad-anormalidad” haciendo referencia a las prácticas y procesos sociales en 
donde se gubernamentaliza la imposibilidad de habilitar la fuerza de trabajo empleable. Ello a través de 
procesos de segregación espacial (guetificación), gestión punitiva de la pobreza (gestión penal) y fragilización 
de los cuerpos. Al respecto ver: Bialokowsky, Alberto. “Prácticas gubernamentales en la regulación de 
poblaciones extinguibles”. En: Producción de pobreza y desigualdad en América Latina. Bogotá: Siglo del 
Hombre Editores, 2008, p. 147-190. Finalmente, desde el punto de vista contractualista la atención se fija en 
la nueva forma de comprensión del trabajo, los nuevos conceptos de ciudadanía que esto implica y el papel 
asumido por el Estado en este contexto. Desde esta perspectiva, se insiste en que el contrato social general no 
puede disociarse completamente de los contratos particulares de trabajo ni de los rasgos disciplinarios 
inherentes a la ética del trabajo. Al respecto ver: Rosanvallon, Pierre. La nueva cuestión social. Repensar el 
Estado providencia. Buenos Aires: Editorial Manantial, 2007 y Bauman, Zygmunt. Trabajo, consumismo y 
nuevos pobres. Barcelona: Gedisa Editorial, 2003. 
14 
 
En este sentido, algunos autores críticos han insistido en que el modelo neoasistencialista 
imperante contiene pretensiones de contención social y subordinación política proclives al 
clientelismo y las apuestas “re-centralistas” del régimen político colombiano30. Otros sostienen que 
dicho modelo ha sido clave en los objetivos de “consolidación de territorios” de la política de 
Seguridad Democrática, y en la doctrinas de “Acción Integral” de carácter contrainsurgente que se 
han profundizado durante los últimos 10 años en Colombia31. En términos generales se asume, 
entonces, que la política social constituye en realidad, una salida remedial que se concentra 
únicamente en los procesos de “combate a la pobreza”. 
 
Si se considera que la política social puede modificar las estructuras de la sociedad, afectando las 
contradicciones o problemas que en ella se generan, y si se insiste en que los procesos sociales de 
producción y reproducción de la pobreza están mediados por relaciones sociales de poder y 
dominación situadas en momentos históricos definidos, quedará claro que en los estudios sobre la 
política social en Colombia hace falta analizar cómo los cambios en las correlaciones de fuerza 
pueden provocar cambios en el campo de lo social susceptibles de explicar transformaciones más 
amplias. En este sentido, a la necesidad de establecer un vínculo profundo entre las luchas sociales 
y la política social en Colombia, se une el imperativo de definir en qué circunstancias históricas el 
cruce de estas variables permiten asignarle un papel transformador a la política social. 
 
Finalmente, en el caso específico de los estudios sobre el movimiento estudiantil en el campo de la 
educación superior se han realizado análisis descriptivos relativos a las modalidades de lucha, el 
dinamismo cuantitativo de las protestas estudiantiles y los motivos, adversarios y convocantes de 
las mismas32. También se han resaltado los problemas teóricos y prácticos provocados por la 
catalogación clasista con que se valoró el movimiento estudiantil, desconociendo que lo que une al 
movimiento estudiantil no es una posición de clase o una alianza de ellas sino su paso temporal por 
el sistema educativo, marcada por profundos rasgos transitorios y generacionales33. 
 
En términos históricos, Mauricio Archila presenta una historia del movimiento estudiantil 
colombiano, dividida en seis periodos específicos: i) primeros pasos del movimiento (1909-1929), 
ii) visibilidad oscilante (1930-1945), iii) resistencia democrática (1946-1957), iv) radicalización 
contra el bipartidismo (1946-1957), v) hacia el movimiento popular (1975-1990) y vi) crisis y 
recomposición (1991-2011). Aquí se señalan los avances y retrocesos de un movimiento con 
históricas pretensiones democráticas, inspirado en ideales liberales y de izquierda, que ha 
trascendido las demandas meramente académicas y universitarias exigiendo mayor participación e 
incidencia de los estudiantes y la juventud en la construcción de un país más justo, democrático y en 
paz. Ello en un contexto de cooptaciones, criminalización y represión por parte del Estado y de los 
sectores sociales dominantes34. 
 
Desde el punto de vista del Movimiento Indígena Caucano, los análisis pueden ser generales, en 
términos de un balance histórico de las demandas del movimiento y sus relaciones ambivalentes 
con el Estado colombiano, la consolidación de alternativas postcapitalistas, postliberales y 
 
30 Rodríguez, Oscar. “Las transferencias: entre el sistema de protección social, la gobernabilidad macro y la 
construcción territorial del Estado”. En: Bien-estar y macroeconomía 2007. Más allá de la retórica. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2007, p. 185-132. 
31 Zibechi, Raúl. América Latina: contrainsurgencia y pobreza. Bogotá: Ediciones Desde Abajo, 2010. 
32 Archila, Mauricio (Compilador). Ibíd. 
33 Archila, Mauricio. Op. Cit., 2008. 
34 Archila, Mauricio. Op. Cit., 2012. 
15 
 
postestatistas en sus horizontes de buen vivir, y la consolidación y defensa de ontologías 
relacionales y formas comunales en la vida cotidiana en los pueblos indígenas35. 
 
También pueden ser específicos, en los cuales se insiste en que al interior del Movimiento Indígena 
Caucano la educación superior se ha pensado desde el punto de vista del fortalecimiento y 
consolidación de los procesos de resistencia, de revitalización cultural, de manejo y control 
territorial y de valoración de las cosmovisiones y el pensamiento propios, como un medio para la 
recuperación de la identidad y la generación y sostenibilidad de modelos de desarrollo comunitario 
respetuosos de la vida en todas sus dimensiones. En este contexto, la educación superior se ha 
concebido como un complemento del saber propio (por ejemplo, en cuanto a territorio, 
cosmovisión, producción agrícola u organizaciónsocial y comunitaria), que rechaza críticamente la 
idea de un modelo educativo impuesto basado en planteamientos curriculares descontextualizados, 
que producen la pérdida de valores culturales, ontológicos y epistemológicos36. 
 
 
VI. Marco teórico 
 
Como ya se ha anotado, la historia social crítica intenta avanzar en análisis históricos que resalten 
los procesos de “abajo a arriba” y que integren las experiencias horizontales y verticales de las 
luchas sociales para configurar un análisis total de las mismas. Esta perspectiva historiográfica 
ofrece además claves teóricas relativas a la centralidad que obtienen las luchas sociales en la 
determinación de las relaciones e instituciones sociales, a la estructuración activa y consciente de 
los sujetos colectivos en el proceso mismo de las luchas que emprenden, al carácter contradictorio 
y complejo de los entramados institucionales que se forman al calor de las luchas sociales y al 
rechazo de toda idea de predeterminación del desarrollo histórico37. La extensión y profundización 
de estas apuestas teóricas es clave para superar los enfoques histórico-institucionales y elitistas, 
comprender el papel de las luchas sociales y emprender la búsqueda del potencial transformador de 
la política social. 
 
Tomando como inspiración estos preceptos, las teorías desde las cuales se evaluará el potencial 
transformador del Movimiento Estudiantil y del Proyecto de Universidad Autónoma Indígena 
Intercultural en el campo de la educación superior, defienden: i) una concepción relacional de la 
pobreza, la desigualdad y la política social que trascienda las visiones instrumentalistas y 
economicistas, ii) la comprensión de las instituciones sociales como formas estabilizadas de 
relaciones de poder, iii) la búsqueda de criterios políticos y normativos que definan el potencial 
transformador de la política social, iv) la identificación de las múltiples posibilidades de 
transformación social desde los movimientos sociales, y v) el reconocimiento de nuevas formas de 
acción colectiva, diferentes de las perspectivas tradicionales y sus connotaciones individualistas, 
colectivas y/o estratégicas. 
 
6.1. La política social: hacia una teoría relacional 
 
Teóricamente, es posible distinguir dos definiciones que trascienden la visión economicista de la 
política social como administración pública de la asistencia social, pero que divergen en la cuestión 
relativa al mantenimiento o no del orden existente: la política social puede ser entendida como el 
conjunto de medidas que, afectando las estructuras de la sociedad, intenta modificar las 
 
35 Archila, Mauricio. Op. Cit., 2011. 
36 Bolaños, Graciela y Tattay, Libia. Ibíd. 
37 Al respecto ver: Kaye, Harvey. Ibíd. 
16 
 
contradicciones o problemas que en ella se generan o, por el contrario, como el conjunto de medidas 
que –sin cuestionar el orden presente- intentan amortiguar y hasta resolver los conflictos generados, 
es decir, ayudan a su gobernabilidad. Al establecer un vínculo directo con la preservación o no del 
orden social, ambas perspectivas inducen a un análisis de la política social que subraye sus 
dimensiones políticas y que trascienda los tradicionales acercamientos economicistas que terminan 
por reducirla a un asunto de objetivos e instrumentos38. 
 
La necesidad de visibilizar las dimensiones políticas de la política social ha estado en el centro de 
las preocupaciones de las teorías relacionales de la pobreza y la desigualdad. En efecto, en 
comparación con las perspectivas instrumentalistas de la política social –cuyos análisis intentan 
establecer cuáles son los mejores instrumentos para atacar la pobreza y la desigualdad en el marco 
de una sociedad dada-, las perspectivas relacionales afirman que la pobreza y la desigualdad son 
resultado de la acción de agentes que operan en contextos históricos y estructurales que favorecen 
su producción y reproducción. Dichas teorías son concebidas como relacionales debido a que se 
entiende que la pobreza y la desigualdad son constructos sociales, sostenidos por correlaciones de 
fuerza y dominación que son validados por los Estados a través de sus políticas sociales y 
económicas39. 
 
Aquí “el poder es comprendido como cualquier relación social regulada por un intercambio 
desigual. Es una relación social porque su persistencia reside en la capacidad que tiene para 
reproducir desigualdad, más a través del intercambio interno que por determinación externa. Los 
intercambios pueden abarcar virtualmente todas las condiciones que determinan la acción y la vida, 
los proyectos y las trayectorias personales y sociales, tales como bienes, servicios medios, recursos, 
símbolos, valores, identidades, capacidades, oportunidades, aptitudes e intereses”40. 
 
Estas relaciones sociales de poder no se producen de manera aislada, sino en cadenas o 
constelaciones que se intersectan en el marco de siete conjuntos de relaciones y espacios de 
conflicto: el espacio doméstico, el espacio de la producción, el espacio del mercado, el espacio de la 
comunidad, el espacio de la ciudadanía, el espacio mundial y el espacio epistemológico. Cada uno 
de ellos susceptible de dar origen a diversas lógicas de intercambio desigual: patriarcado, 
explotación, consumismo, racismo, dominación, dependencia y epistemicidio, respectivamente. 
 
Esta aproximación reivindica el carácter histórico de los procesos de producción de pobreza y 
desigualdad, lo cual le permite identificar tanto elementos estructurales que permanecen 
relativamente invariables en el tiempo, como relaciones sociales y agentes que, en el marco de 
dichas estructuras, favorecen su reproducción. La producción de la pobreza constituye, entonces, 
un fenómeno complejo atravesado por dinámicas económicas, políticas, culturales y étnicas que, 
dadas las relaciones de poder y dominación que las sostienen, únicamente pueden ser comprendidas 
desde una visión dialéctica e histórica41. 
 
El fundamento clave de esta apuesta teórica es la comprensión del capitalismo como totalidad 
social, más allá de la pretendida separación o autonomía de la economía con respecto a la política: 
“Si pensamos específicamente en el modo de producción capitalista, a través de este concepto, se 
busca concebir la totalidad social, no como un agregado de prácticas, unas después de otras, o unas 
 
38 Montagut, Teresa. Política social. Una introducción. Barcelona: Editorial Ariel, 2000. 
39 Cimadamore, Alberto y Cattani, Antonio. Op. Cit. p. 19. 
40 Santos, Boaventura de Sousa. Crítica de la razón indolente: contra el desperdicio de la experiencia. 
Volúmen I. Bilbao: Desclée de Brower, 2000, p. 303. 
41 Álvarez, Sonia. Op. Cit. p. 251. 
17 
 
determinantes y otras determinadas, unas principales y otras secundarias, sino como un complejo de 
procesos sociales, todos y cada uno de los cuales contribuyen a producir un efecto de conjunto y a 
constituir una particular forma de producir”42. La pobreza y la desigualdad serían, por consiguiente 
el resultado de la conjugación de múltiples procesos sociales, en el interior de los cuales no pueden 
hacerse gradaciones o jerarquías, ni siquiera ordenaciones de corte temporal, en cuanto a su 
participación en la producción del efecto. 
 
En este marco, por lo tanto, las luchas sociales y de clase pueden ser concebidas como luchas a 
nivel de la totalidad, imposibles de diseccionar en dimensiones políticas, ideológicas o económicas: 
“Independientemente del lugar, propio a la estructura del modo de producción capitalista, donde la 
lucha de clases aflore, la manifestación del enfrentamiento no se restringe, en ningún caso a la 
esfera donde parece ubicarse, sino que, por el contrario, compromete o tiene que ver con todos los 
procesos sociales. En este sentido no hay lucha de clases sectoriales, sino siempre lucha de clases a 
nivel de la totalidad social”43. 
 
6.2. Las instituciones: formas estabilizadas de relaciones de poder 
 
Las perspectivas relacionalesde la pobreza encuentran plena posibilidad de desarrollo sistemático 
en los aportes realizados por la teoría de la regulación44. Alejada del marxismo estructuralista 
ortodoxo, la teoría de la regulación busca comprender cómo persiste la relación social capitalista a 
pesar de los elementos críticos y contradictorios que le son inherentes. La teoría de la regulación 
indaga la manera como se reproduce la estructura determinante de una sociedad en sus leyes 
generales, analizando los cambios en las relaciones sociales que definen la génesis, desarrollo y 
decadencia de diversas formas institucionales y las transformaciones sociales que ello implica. 
 
Entiende el capitalismo como una totalidad estructurada y dinámica en la cual las luchas políticas y 
sociales que explican el surgimiento de compromisos institucionales inestables no están sujetas a las 
dinámicas de acumulación capitalista únicamente. Desde este punto de vista, la regulación puede 
interpretarse como la primacía relativa de la unidad y la reproducción sobre las luchas y las 
contradicciones. Es decir, “la regulación es la regulación de la contradicción a través de la 
contradicción”. 
 
La teoría de la regulación introduce cuatro categorías esenciales para el análisis de las regularidades 
de la relación social capitalista en contextos históricos definidos: 1. El paradigma productivo, 2. El 
modo de regulación y 3. El régimen de acumulación. Estas tres variables intermedias conforman un 
modo de desarrollo; es decir, una formación social específica dentro del capitalismo. Finalmente, la 
teoría de la regulación reconoce que las crisis siempre se hacen presentes en el orden social, político 
y económico capitalista; por ello, considera la existencia de crisis exógenas, endógenas, de modo de 
regulación, de régimen de acumulación y de modo de producción. Dichas crisis conllevan a ajustes, 
cambios o avances hacia otros modos de desarrollo (Ver Cuadro No. 1). 
 
 
 
 
 
42 Moncayo, Víctor y Rojas, Fernando. Op. Cit. p. 19. 
43 Ibíd. p. 21. 
44 Al respeco ver: Boyer, Robert. La teoría de la regulación. Un análisis crítico. Valencia: Edicions Alfons 
El Magnánim, 1992; Jessop, Bob. Crisis del Estado de bienestar: hacia una nueva teoría del Estado y sus 
consecuencias sociales. Bogotá: Siglo del Hombre editores, 1999 y Boyer, Robert y Saillard, Yves. Théorie 
de la régulation. L’état des savoirs. Paris: Editions la Découverte, 2002. 
18 
 
Cuadro No. 1 
 Esquema General de la Teoría de la Regulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Boyer y Saillard. Op. Cit.; Boyer, Robert. Op. Cit.; Jessop, Bob. Op. Cit. y 
Brenner, Robert y Glick, Mark. “La escuela de la regulación: teoría e historia”. En: New Left Review I/188, Londres: 
julio-agosto de 1991, p. 23-96. 
 
 
En este punto vale la pena resaltar la manera como son concebidas las instituciones en este marco 
conceptual. De manera simple, podría afirmarse que las instituciones son mediaciones entre las 
estructuras sociales y los comportamientos individuales y sus formas colectivas de expresión. Las 
instituciones no son identificadas con convenciones de coordinación sino con compromisos sociales 
Fuerza de 
Trabajo 
Medios de 
Producción 
Fuerzas 
productivas 
de Trabajo 
Relaciones de 
Producción 
Modo de 
producción 
Otras formas 
de 
Organización 
Económica 
Organización del 
trabajo 
(nivel micro-social) 
Modo de 
Regulación (nivel 
meso-social) 
 
1. Relación salarial. 
2. Forma Estado. 
3. Formas de 
concurrencia. 
4. Manejo de 
moneda. 
5. Régimen 
internacional de 
comercio y pagos. 
Régimen de 
Acumulación 
 (nivel macro-social) 
 
Modo de 
Desarrollo 
(Formación social – 
Diversas trayectorias 
nacionales dentro 
del capitalismo) 
Nociones Intermedias: Claves del 
cambio institucional. 
Crisis Exógenas, Endógenas, de Modo de Regulación, de Régimen de Acumulación, de Modo de Producción. 
Preeminencia de las luchas sociales en la explicación del origen y desenvolvimiento de las crisis sociales, y de las 
transformaciones institucionales que explican, a su vez los cambios en los modos de desarrollo. 
“La transición de un modo de regulación hacia otro es el resultado de una transformación de las formas 
institucionales, de la emergencia de crisis planteadas a ese nivel, y a menudo provoca una modificación de los 
mecanismos y regularidades económicas. La naturaleza y dimensión de esas crisis son muy heterogéneas, 
porque dependen de la estructura económica de la cual surgen, que es propia de cada formación social (…) Las 
nuevas formas institucionales específicas no surgen de manera mecánica o fatal, ni están necesariamente 
predeterminadas por el régimen de acumulación. Su emergencia y la consolidación de su configuración 
pueden llevar un cierto tiempo y el resultado final pone de manifiesto cuál ha sido la correlación de fuerzas y 
las estrategias y objetivos de los actores sociales involucrados” (Neffa, Julio Op. Cit. p. 77). 
Estructura Económica: Capitalismo comprendido como 
totalidad estructurada y dinámica. 
 
19 
 
que regulan los conflictos sin hacerlos desaparecer; es decir, con formas históricas estabilizadas de 
relaciones de poder45. 
 
Esta visión resulta diferente de a la defendida por el institucionalismo de las decisiones –sustentado 
en las conductas racionales de los agentes-, y por el institucionalismo sociológico –que se concentra 
en las dimensiones cognitivas de las normas y acuerdos. En efecto, desde la perspectiva relacional 
de la pobreza, las instituciones son comprendidas como mecanismos de regulación de las asimetrías 
de poder o las diferencias de intereses, que explican el carácter inherentemente conflictivo de la 
sociedad. 
 
En esta teoría se considera que “los actores calculan sobre la base de sus intereses, pero también 
están equipados con diversas visiones del mundo, según su posición social y los contextos 
societales; sus intereses no están dados sino que se construyen políticamente. Cálculo y cultura se 
combinan en la constitución de actores colectivos que actúan en el marco de macro-instituciones 
heredadas y de relaciones de poder asimétricas”46. 
 
La política social constituye entonces, un entramado institucional mediado por relaciones de poder 
y compromisos sociales inherentemente conflictivos. Pensar la política social desde el punto de 
vista de instituciones que sirven de mediadoras entre estructuras sociales y acciones individuales y 
colectivas que buscan alterar las correlaciones de fuerza, constituye una apuesta teórica 
enriquecedora que facilita la comprensión de los procesos sociales de producción y reproducción de 
la pobreza, así como el papel que en este campo ocupa las luchas sociales. Más allá de cuestiones 
relativas a los objetivos e instrumentos que la visión instrumentalista de la política social intenta 
resolver, es necesario establecer cómo las dinámicas y conflictos de las relaciones sociales producen 
y reproducen aspectos estructurales y coyunturales que explican la persistencia de la pobreza y la 
desigualdad en las sociedades. 
 
6.3. Política social: justicia y transformación social 
 
Desde una perspectiva crítica, y alejada de las teorías contractualistas e individualistas de la 
justicia47, Nancy Fraser insiste en que además de examinar las dimensiones distributivas de la 
 
45 ¿Qué es un compromiso institucionalizado? “En el origen del compromiso nos encontramos con una 
situación de tensión y conflicto entre grupos sociales. El enfrentamiento cambia según los intereses en juego. 
En la medida en que ninguna de las fuerzas es capaz de dominar a sus adversarios al punto de poder imponer 
totalmente sus intereses, surge la necesidad de realizar un compromiso. Los compromisos institucionales se 
diferencian de la institucionalización autoritaria del orden público. La institucionalización se refiere a la 
puesta en marcha de una forma de organizaciónque crea reglas, derechos y obligaciones para las partes 
involucradas, imponiendo una disciplina con respecto a la institución, fijando así un modo de comportamiento 
para cada actor, grupo o individuo, frente al cual adaptan progresivamente sus comportamientos y estrategias. 
No es sorprendente entonces que, esa rigidez en las posiciones e intereses adquiridos en el marco de los 
compromisos institucionales sea objeto de crecientes tensiones con el paso del tiempo”. Misas, Gabriel. Op. 
Cit. p. 310. 
46 Theret, Bruno. “Nueva economía institucional, economía de las convenciones y teoría de la regulación: 
¿hacia una síntesis institucionalista?”. En: Buenos Aires: Punto Crítico, No. 35, Diciembre de 2000, p. 20-
36. 
47 Al respecto ver las discusiones propuestas por Barry, Bryan. La justicia como imparcialidad. Barcelona: 
Paidós, 1997, y por Barry, Bryan. Teorías de la justicia. Barcelona: Gedisa Editorial, 1995. También: Van 
Parijs, Philippe. ¿Qué es una sociedad justa? Introducción a la práctica de la filosofía política. Buenos 
Aires, Ediciones Nueva Visión, 1991; Van Parijs, Philippe. Libertad real para todos. Qué puede justificar el 
capitalismo (si hay algo que pueda hacerlo). Barcelona: Paidós, 1994; Van Parijs, Philippe. Just democracy. 
The Rawls-Machiavelli programme. Colchester: ECPR Press, 2011. 
20 
 
justicia es necesario indagar sobre las exigencias de justicia asociadas al reconocimiento48. En este 
sentido, Fraser establece un vínculo claro entre su concepción de la justicia, el sentido de los 
movimientos sociales y las posibilidades de instauración de una modelo de democracia alternativo. 
Sobre la triada distribución, reconocimiento y participación Fraser intenta desmontar los obstáculos 
que les impiden a las diversas teorías y movimientos sociales contemporáneos desplegarse y hacer 
posible la construcción de una democracia radical49. 
 
En este marco, la virtud de Fraser consiste establecer un vínculo directo entre las teorías de la 
justicia y el concepto de emancipación. Para la autora es claro que este vínculo únicamente puede 
construirse si la justicia es pensada no desde individuos abstractos y despojados de sus raíces 
colectivas, sociales y culturales, sino desde agentes pertenecientes a sujetos colectivos que padecen 
injusticias. 
 
Fraser identifica dos tipos de sujetos colectivos, cada uno de ellos vinculados a formas específicas 
de injusticia: por una parte, señala a las clases sociales como sujetos colectivos que soportan las 
injusticias relativas a la explotación socio-económica; por otra, reconoce a los grupos de posición 
social como sujetos colectivos que sufren las injusticias asociadas a la falta de reconocimiento en el 
marco de patrones culturales predominantes. De esta manera, se establece una relación estrecha 
entre los procesos de injusticia social y los sujetos colectivos que los padecen, y la manera como 
dichas injusticias son el resultado de estructuras u órdenes establecidos socialmente. Es en el 
cuestionamiento y confrontación de estas estructuras u órdenes sociales donde los sujetos colectivos 
encuentran posibilidades de emancipación y, por supuesto, de avanzar hacia una sociedad más justa. 
Según Fraser, es este el sentido de la democracia radical50. 
 
A esta perspectiva puede añadirse el concepto de lo común51 como un elemento clave para 
visualizar el potencial transformador de la política social en el marco de los debates 
contemporáneos sobre el comunismo y las alternativas al capitalismo52. A diferencia de la 
propiedad privada y la propiedad pública, la apropiación de lo común implica acabar con los 
estados de excepcionalidad política propios de la violencia socioeconómica, y desestructurar los 
entramados institucionales que sostienen formas de apropiación de lo común que impidan la 
producción humana de la humanidad; es decir, la producción autónoma de la subjetividad humana53. 
 
48 Los potenciales de transformación social desde el reconocimiento han sido cuestionados y 
reconceptualizados a través de la categoría de reconocibilidad: ¿Qué hace que una persona sea concebida 
como reconocible? Para que una vida sea inteligible y, por lo tanto, reconocible, esta debe conformarse a 
ciertas concepciones relativas a aquello que es concebible como una vida humana; es decir, debe someterse a 
un dispositivo que define qué es humano o qué es una amenaza para la humanidad. Las posibilidades de 
transformación social desde la política social tendrán que ver, entonces, con la redefinición de los cuadros de 
reconocibilidad. Al respecto ver: Guéguen, Haud y Malochet, Guillaume. Les théories de la reconnaissance. 
Paris: La Decouverte, 2011; y Butler, Judith. Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre et le deuil. 
Paris : La Decouverte, 2009. 
49 Fraser, Nancy. “Equality, identity and social justice”. En: Logos: A journal of modern society and cultura. 
Vol 11, Issue 2-3, 2012, New Jersey: William Paterson University, p. 15-34. 
50 Fraser, Nancy. “La justicia social en la época de la política de la identidad: redistribución, 
reconocimiento y participación”. Bogotá: Universidad de los Andes, Estudios Ocasionales Centro de 
Investigaciones Sociojurídicas, 1997, p. 9-30. 
51 Al respecto ver: Negri, Antonio. “La constitución de lo común”. En: Revista Redes.com, No. 3. Sevilla: 
Universidad de Sevilla, 2009, p. 171-178, y Hardt, Michael. “The production and distribution of the 
common”. En: Open: Cahier on art and the public domain, 16, 2009, p. 20-31. 
52 Douzinas, Costas y Zizek, Slavoj (Editors). The idea of communism. London: Verso, 2010. 
53 Hardt, Michael y Negri, Antonio. Commonwealth. Paris: Stock, 2012. 
21 
 
 
El pensar la transformación social, en conjugación con el concepto de lo común, implica el 
reconocimiento de tres elementos: i) la distinción entre la política y lo político, en tanto la política 
se define como los procesos de argumentación y negociación en el marco de balances de fuerza 
predefinidos y difícilmente cambiables, y lo político se concibe como una forma de disrupción con 
el orden establecido a través de la acción colectiva organizada; ii) la distinción entre igualdad 
axiomática e igualdad normativa, pues la igualdad axiomática toma la igualdad como una premisa 
para la acción y no como un objetivo normativo que se debe alcanzar; con ello, se conjuga la 
igualdad con el derecho a la resistencia y a la emancipación, y iii) el pensar la justicia desde el 
punto de vista de la distribución, el reconocimiento y la justicia cognitiva, en tanto la distribución 
ofrece una base material como elemento compartido por los seres humanos, el reconocimiento es la 
base para la liberación y la creación de identidades autónomas, y la justicia cognitiva supone una 
igualdad axiomática en las capacidades reflexivas de los individuos54. 
 
En este punto, vale resaltar que nunca se presentarán lógicas de justicia distributiva y de 
reconocimiento si no se atienden criterios válidos de justicia cognitiva, pues los procesos de 
opresión y explotación, al excluir grupos y prácticas sociales excluyen también los conocimientos 
usados por esos grupos para llevar a cabo sus prácticas. La justicia cognitiva adquiere pues, una 
posición predominante. Una teoría amplia de la justicia implica no sólo recuperar conocimientos 
suprimidos y marginalizados, sino también identificar las condiciones que tornen posible construir 
nuevos conocimientos de resistencia y producción de criterios de justicia que planteen horizontes 
alternativos al capitalismo y el colonialismo55. 
 
“La historia es la lucha de los hombres por las ideas, así como un reflejo de sus entornos 
materiales” dice Eric Hobsbawn. Los seres humanos son constructores activos y conscientes de la 
historia; no son únicamente víctimas pasivas. Las preguntas acerca de la crítica (y de su virtud, la 
justicia cognitiva) como fuente de dinamismo de las teorías de la justicia, conllevan a debates 
interesantes relativos al